miércoles, 26 de septiembre de 2012

BACRIM en el Bajo Cauca: un pacto débil y parcial

* Por razones de seguridad se omiten los nombres de algunas de las fuentes.


En Caucasia se registraron 217 homicidios
 en el 2009, año crítico de la guerra
entre "Rastrojos" y "Urabeños"
Un reducto de “Los Rastrojos” que al parecer se negó a entregar las armas para acogerse a un pacto con “Los Urabeños”, sería el eslabón por donde se rompió en Antioquia el acuerdo de no agresión entre ambas bandas criminales. La ruptura incrementó la violencia en el Nordeste del departamento, donde se concentra el grupo disidente, y atenta con reactivar los enfrentamientos en el Bajo Cauca.

Al parecer, desde los inicios de la negociación, el acuerdo causó malestar entre los miembros de “Los Rastrojos” en Antioquia, según reveló un funcionario público de Caucasia; quien explicó algunos por menores de la orden que recibió esa agrupación.

Yo me reuní con un comandante de 'Los Rastrojos', él me dice que a ellos los engañaron, que él nunca tuvo acceso a hablar con los patrones porque los patrones están en Calí. Entonces a ellos les dicen que deben entregar las armas, es más, vienen y les recogen las armas y les dicen que deben abandonar la zona porque se la van a entregar a otro grupo”, relató el funcionario.

La negociación entre las dos bandas criminales se habría concretado en diciembre de 2011. Según la versión revelada el 15 de febrero de 2012, por el diario El Tiempo[i], representantes de los hermanos “Comba”, Javier y Luis Enrique Calle Serna, jefes de “Los Rastrojos”, habrían negociado con delegados de Dairo de Jesús Usuga David, máximo líder de “Los Urabeños”, para detener la guerra y repartirse las principales zonas del narcotráfico en Colombia.

De acuerdo con lo pactado los departamentos de Antioquia y Córdoba serían territorios de “Los urabeños”, mientras Nariño y Valle corresponderían a “Los Rastrojos”; esta última banda también controlaría las zonas de Santander y Norte de Santander, donde al parecer tiene una alianza con la guerrilla de las FARC en la región del Catatumbo, según la información de El Tiempo.

Justamente a los integrantes de “Los Rastrojos” en el Bajo Cauca, les dieron la orden de prepararse para ser trasladados a zonas como El Catatumbo y el sur del país, develó el funcionario público de Caucasia. “A ellos les recogen las armas y desintegran por completo el grupo. Les dicen que estén pendientes que más tarde los están llamando para ver a dónde los van a mandar. Pero a los poquitos días cogieron en Bello al segundo después de “Sebastián”, y ya prácticamente este grupo que estaba aquí perdió contacto con los jefes. Por eso ellos dicen que los traicionaron y que se sienten engañados.”

El hombre capturado en el municipio de Bello, norte del Valle de Aburrá, era Wílmer de Jesús Méndez González, alias “Brandon”, quien presuntamente lideraba el enlace de “Los Rastrojos” con las FARC para el comercio de base de coca.

Al parecer alias “Brandon” controlaba el cobro de las extorsiones a los mineros, tras la muerte de Ángel de Jesús Pacheco Chancy, alias “Sebastián”, quien era el jefe de esa banda en el Bajo Cauca y fue asesinado por sus escoltas en el año 2010.

Méndez González fue detenido en una vivienda del barrio Niquía, desde donde al parecer se trasladaría al departamento de El Valle para reunirse con los hermanos comba, jefes de “Los Rastrojos”. Al momento de su detención, las autoridades le incautaron a un lingote de oro y 159 millones de pesos en efectivo, según informó el comandante de la Policía de Antioquia, coronel José Gerardo Acevedo Ossa.

Pero mientras “Los Rastrojos” del Bajo Cauca perdieron el contacto con sus jefes y quedaron a la deriva, siendo asesinados algunos y otros reclutados, los del Nordeste Antioqueño empezaron a delinquir por cuenta propia cuenta, como expresó el funcionario público de Caucasia.

“Ellos comentaban que el único grupo que no quiso desmovilizarse ni entregar las armas fue el de Vegachí, en el Nordeste. Ellos no les comieron cuento a los jefes y se quedaron con las armas y se quedaron operando en esa zona. Entonces comenzaron a pelear con otros grupos. Tanto es que esta situación se está visualizando con el conflicto que hay en Remedios y Segovia”, aclaró el funcionario.

La disidencia de “Los Rastrojos” en el Nordeste Antioqueño es liderada por Walter Manuel Ramos Soto, alias “Alex 15”, quien fue hombre de confianza del ex jefe paramilitar Carlos Mario Jiménez, alias “Macaco”, y también de alias “Sebastián”, el asesinado jefe de la banda criminal.

El comandante de la Regional 6 de la Policía, general José David Guzmán Patiño, afirmó que la disidencia de “Los Rastrojos” está conformada por 150 hombres y tiene una alianza con las guerrillas de las FARC y el ELN para combatir a “Los Urabeños” en el Nordeste. La disputa principal sería por el tráfico de drogas y el cobro de extorsiones a los mineros.

Según cifras de la Policía de Antioquia, publicadas por el diario El Colombiano, el 17 de julio del presente año[ii], los  homicidios en el Nordeste Antioqueño se incrementaron en un 192%. Hasta el primer semestre de 2012 las autoridades registraron 170 muertes violentas en esa región, atribuidas en su mayoría a la confrontación entre bandas criminales.

La situación es similar a la que sufrió el Bajo Cauca entre 2008 y 2011. Sólo en Caucasia, en el año 2009, fueron asesinadas 217 personas, de acuerdo con las cifras del Instituto Colombiano de Medicina Legal. Esa guerra, que al parecer se detuvo tras el acuerdo de no agresión entre “Urabeños” y “Rastrojos”, fue el escenario de varias de alianzas entre bandas criminales, derivadas en su mayoría de la desmovilización paramilitar.

En desarrollo…
La guerra y sus alianzas


Artículos relacionados:




[i] Artículo de periódico: sda, 2012, 15 de febrero, “'Urabeños' y 'Rastrojos' se repartieron las narcozonas de Colombia”, El Tiempo, edición nacional, Bogotá. Disponible en sitio Web: http://www.eltiempo.com/justicia/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-11147601.html  acceso 24 sept 2012
[ii] Artículo de periódico: Macías, Javier Alexánder, 2012, 17 de julio, “En 192% aumentó homicidio en el Nordeste Antioqueño”, El Colombiano, edición regional, Antioquia. Disponible en sitio Web: http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/E/en_192_aumento_homicidio_en_el_nordeste_antioqueno/en_192_aumento_homicidio_en_el_nordeste_antioqueno.asp acceso 25 sept 2012

viernes, 21 de septiembre de 2012

¿Hasta cuándo estarán desaparecidos?



Cuz Amparo con la foto de su compañero Ómar de Jesús Correa
“Debido a la desaparición de mi compañero yo he estado en tratamientos psicológicos y psiquiátricos al igual que mi hijo menor, Carlos Andrés. A él ese día el papá le dijo que lo acompañara al INEM, pero el niño le dijo: 'no papá váyase usted solo'. Tres años después Carlos Andrés reventó. Decía que si él hubiera ido no se habrían llevado a su papá o se los habrían llevado a los dos; y que él preferiría eso, que se los hubieran llevado a los dos, a vivir la vida que tenemos ahora, porque la depresión uno no la puede controlar, así tome la droga psiquiátrica que sea, eso lo ataca a uno de un momento a otro.”

El drama de Cruz Amparo Zapata representa el de decenas de víctimas que, con cartel y retrato en mano, marcharon por las principales calles del centro de Medellín el pasado 30 de agosto, cuando se conmemoró el Día Internacional del Detenido Desaparecido.

Cruz Amparo es integrante del Movimiento de Víctimas de Crímenes del Estado Colombiano. Ella va a ajustar 10 años buscando a su compañero Omar de Jesús Correa Isaza, desaparecido el 20 de noviembre de 2002, cuando fue visto por última vez cerca de la estación Acevedo del Metro de Medellín.

Ese día Omar se dirigía al Metro para viajar hasta el colegio INEM del barrio El Poblado, donde estudiaba su hijo Carlos Andrés, para solicitar una prórroga de pago de la pensión estudiantil, porque él y su esposa se encontraban desempleados. “Esta es la hora que no se sabe nada de él –expresó Cruz Amparo-. A mí me tocó ir tres días después al colegio para informar que a él lo habían desaparecido y para pedir un nuevo formulario de prórroga.”

Desde que desapareció Omar, Cruz Elena tuvo que empezar a trabajar como empleada doméstica para sostener a sus tres hijos, Carlos Andrés, entonces con 11 años; Pablo, con 15; y Gabriel con 20. Luego Gabriel se casó y Pablo comenzó a laborar como mensajero para ayudar con los gastos del hogar y costearle los estudios a Carlos Andrés, quien cursa cuarto semestre de licenciatura en Ciencias Sociales en la Universidad de Antioquia.

Y aunque en la actualidad el panorama ha cambiado un poco la familia Correa Zapata aún sufre el tormento de no saber dónde está Omar. “Van casi 10 años y hasta el momento no se sabe nada. Por eso yo estoy marchando para reclamar Verdad, Justicia y Reparación Integral”; expresó Cruz Elena mientras enseñaba el cartel negro con la foto de su esposo: un hombre trigueño, de cabello ondulado, nariz achatada, cejas pobladas y ojos rasgados.

Como Cruz Elena, decenas de víctimas marcharon en Medellín exhibiendo retratos con los rostros de sus parientes desaparecidos, portando mensajes alusivos de rechazo a la desaparición forzada y agitando figuras humanas, hechas en cartulina negra, como símbolo del incesante duelo que origina la ausencia de los seres queridos cuando no se sabe que ocurrió con ellos.

“La marcha fue una manera de continuar visibilizando la problemática de la desaparición forzada y la  impunidad que está rondando a la mayoría de estos crímenes, porque las investigaciones definitivamente no avanzan”, expresó la abogada de la Corporación Jurídica Libertad, Liliana María Uribe Tirado.

La jurista reveló que “el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado calcula que en Colombia hay más de 50 mil casos de desaparición forzada. De hecho la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que abrió la base de datos para ese delito desde el año 2008, ya tiene más de 40 mil casos registrados. Este es un problema gravísimo que el país no ha dimensionado y sobre el cual hay mucha indiferencia.”

En Antioquia, de acuerdo con las cifras del Grupo de NN y Desaparecidos del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, reveladas por la Gobernación Departamental, se registraron 4 mil 845 casos de desaparición entre enero de 1990 y agosto de 2012. De esa cifra, 949 personas fueron halladas vivas y 303 muertas. Este año, entre el primero de enero y el 22 de agosto, se han reportado 355 casos de personas desaparecidas.

Y aunque dada la magnitud del problema, el Gobierno creó la Unidad Nacional de Desaparición Forzada y Desplazamiento Forzado, la cual tiene fiscales delegados para estos delitos en varias zonas del país, el panorama sigue siendo desolador porque apenas hay 23 fiscales que tienen a su cargo cerca de 30 mil investigaciones de desaparición y desplazamiento forzados. La pregunta es ¿cuándo van a investigar 30 mil casos?, de los cuales unos 16 mil corresponderían a desaparición forzada”; indagó Liliana Uribe.

Por esta situación algunas de las principales consignas, expresadas durante la marcha en Medellín, exigían celeridad para resolver los procesos de desaparición forzada en el país y hacían un énfasis esencial en los casos que involucran a miembros de la fuerza pública.

“Por casos como el del general (r) Santoyo ¡NO! al fuero militar”

'General' Santoyo: ¿dónde están Ángel Quintero y Claudia Monsalve? Por casos como este no al fuero penal militar” Esto decía una de las pancartas que encabezó la movilización del Día Internacional del Detenido Desaparecido realizada en Medellín.

El reclamo involucra al general (r) de la Policía Nacional, Mauricio Santoyo Velasco, quien recientemente fue extraditado a Estados Unidos, donde la corte Este de Virginia lo solicitó por el delito de conspiración, acusándolo de nexos con grupos de narcotráfico y paramilitares.

Lo paradójico es que en Colombia, el general Santoyo fue absuelto de los procesos adelantados en su contra, los cuales además de presuntos nexos con narcotraficantes y paramilitares, también incluían acusaciones por violaciones a los derechos humanos, al parecer producto de interceptaciones ilegales realizadas por el Gaula de Antioquia durante la época en que el oficial comandaba esa institución.

En total habrían sido 1.808 interceptaciones ilegales, según pudo establecer en su momento la agencia de prensa del IPC, realizadas en su mayoría a integrantes de organizaciones sociales, líderes de oposición y defensores de derechos humanos. http://bit.ly/LGwV3g

Por esa razón, durante la marcha, los familiares de los desaparecidos gritaron consignas exigiendo que el general investigado responda ante la justicia colombiana y que diga lo que sabe sobre la desaparición de Ángel y Claudia, quienes eran activistas de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (ASFADDES) y fueron vistos por última vez el 6 de octubre del año 2000, cerca de la estación San Antonio del Metro de Medellín.

En días pasados el coordinador de ASFADDES en Medellín, Javiera Barrera,  expresó que en Colombia “se deberían reabrir los procesos por interceptaciones ilegales que dieron como resultado la desaparición forzada de Ángel y Claudia, quienes al parecer fueron detenidos por hombres del Guala cuando el general Santoyo era comandante de esa institución.”

Para Liliana Uribe, el caso del general (r) Santoyo, quien fue jefe de seguridad del ex presidente, Álvaro Uribe Vélez, sería una muestra de que la justicia colombiana avanza muy poco en los crímenes que involucran a funcionarios del Estado. Por eso, en la marcha por los desaparecidos también se rechazó la posible reforma al Fuero Penal Militar, que podría dificultar aún más el esclarecimiento de las desapariciones que implican a miembros de la fuerza pública.

“Yo creo que uno de los elementos por los que se está promoviendo la reforma al fuero penal militar se debe, no a la preocupación de que se condene a soldados rasos por falsos positivos, sino a la preocupación de que la Justicia logre llegar a funcionarios de alto nivel. Ahí es donde el Estado necesita proteger a los militares de alto rango. En ese contexto es en el que nosotros vemos el tema de la reforma al Fuero Penal Militar”, explicó la abogada de la Corporación Jurídica Libertad.

Liliana Uribe agregó que los crímenes de desaparición forzada “generalmente se asocian con estructuras militares y paramilitares, por lo que no tienen la suficiente relevancia social y mediática. (…) Entonces la sociedad y los medios de comunicación tienen un déficit grandísimo con las víctimas de desaparición forzada, en términos de visibilizar el drama que eso representa para ellos y de develar que hay detrás de este flagelo.”

Justamente la desaparición de Omar de Jesús Correa, habría sido producto de una persecución política, según afirmó Cruz Elena Zapata, al explicar que en 1988 su compañero era vicepresidente del sindicato de Cementos Nare y, al  parecer, fue víctima de un complot, mediante el cual lo detuvieron en la cárcel de Puerto Nare, acusándolo de atentar contra el escolta que le asignó la policía.

“A Omar lo tuvieron detenido ocho días pero la intención era desaparecerlo, pero eso no ocurrió porque los del sindicato y yo nos quedamos en la puerta de la cárcel para no dejarlo desaparecer. Es que así hicieron allá con un compañero de Cementos Nare, Víctor Isaza. A él, hace casi 25 años, lo sacaron de la cárcel y lo desaparecieron”; relató Cruz Elena.

Luego de ese incidente la familia Correa Zapata se desplazó hacia Medellín desde el corregimiento La Sierra de Puerto Nare. Sin embargo, “15 años después quienes perseguían a Omar lograron el objetivo en Medellín”, aseguró Cruz Elena, quien con voz entrecortada y ojos lagrimosos dijo que si al menos le dijeran donde está su compañero iría por él para darle cristiana sepultura y de esa forma acabar con la incertidumbre que le atormenta la vida.

“Cuando vengo a estas marchas siento mucha tristeza, mucha impotencia y mucha angustia, de ver que todos estamos luchando por una misma causa y no encontramos la verdad”, concluyó Cruz Elena.

Alias “Berna” debe revelar toda la verdad sobre las agresiones al IPC

Secuestro extorsivo agravado con fines políticos, terrorismo y desplazamiento forzado, fueron los tres delitos que un fiscal de Justicia y Paz le imputó en Medellín al ex jefe paramilitar Diego Fernando Murillo Bejarano, alias “Berna”, por las agresiones de las autodefensas al Instituto Popular de Capacitación (IPC), ocurridas entre los años de 1999 y 2000. 

Los hechos por los cuales se responsabilizó a “Berna”, bajo la modalidad de autoría mediata, fueron el secuestro de cuatro miembros del IPC, el atentado con carro bomba a la sede de la ONG y las amenazas a los integrantes del Observatorio de Derechos Humanos de esta organización.

La imputación de cargos, 32 en total, se realizó entre los días 4 y 5 de septiembre de 2012, en una audiencia en la que las víctimas clamaron toda la verdad de parte del ex comandante de los bloques Cacique Nutibara, Héroes de Granada y Héroes de Tolová, especialmente en los casos de desaparición forzada.

Por su parte los abogados, Óscar Correa, en representación del IPC, y Omaira Gómez, representando a los familiares de los investigadores del CINEP y del periodista Jaime Garzón, asesinados en Bogotá, sugirieron que los cargos contra “Berna” se imputaran bajo la modalidad de coautoría en vez de autoría mediata.

El propósito de esta modalidad es que la verdad vaya más allá de conocer cómo ocurrieron los hechos y facilite la investigación de las autoridades civiles y militares que estarían implicadas en varios delitos, para así develar la estructura real de lo que sería un aparato organizado de poder. “(…) Creemos que en estos casos se ha presentado un acuerdo de voluntades entre los autores materiales e intelectuales concurriendo todos en la comisión de estos hechos”, señaló el abogado Óscar Correa.

Para el representante del IPC, está claro que el accionar de las estructuras paramilitares, en relación con las organizaciones de derechos humanos, “estuvo encaminado no a deslegitimar, como dijo el señor fiscal, sino a impedir que realizáramos nuestro trabajo. Y si miramos los móviles, o sea el para qué, de las acciones perpetradas en contra del CINEP, del IPC, del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, de la ex senadora Piedad Córdoba y del periodista Jaime Garzón, encontramos un elemento común: silenciar voces de la comunidad que denunciaban políticas estatales que iban en contravía de los derechos fundamentales de los asociados.”

Omaira Gómez estuvo de acuerdo con el planteamiento del jurista Óscar Correa y, además, solicitó que sean investigados los generales en retiro, Enrique Mora Rangel, Harold Bedoya y Rito Alejo del Río, este último recientemente condenado a 25 años de prisión por el homicidio de un campesino de Chocó.

Según la abogada, “si el señor Diego Fernando Murillo era tan cercano a Carlos Castaño y, como dice, llevaba las órdenes a la banda “La Terraza” para que cumplieran una u otra masacre, también debe conocer todos los vínculos de las personas que estaban detrás, porque esos hombres de atrás ya empiezan a revelarse y se empieza a hablar del general Mora Rangel y del general Harold Bedoya. Como Comisión Colombiana de Juristas y representante de víctimas en este caso, solicitamos que se investigue a estos militares, que se compulsen copias a las autoridades respectivas...”

Olimpo Castaño, el magistrado de Justicia y Paz que presidió la diligencia, reiteró que era muy importante avanzar en las investigaciones contra estos miembros de la fuerza pública, lo cual permitió conocer durante la audiencia que las autoridades ya habían compulsado copias en los casos de Mora Rangel y Harold Bedoya.

Sin embargo el penalista difirió de la solicitud de responsabilizar a “Berna” bajo la modalidad de coautoría, por los hechos relacionados con defensores de derechos humanos, apoyando el argumento que presentó el Fiscal 45 de Justicia y Paz, Albeiro Chavarro.

Según el ente acusador, se escogió la autoría mediata “con base en la sentencia que ha proferido la Corte Suprema de Justicia, con el radicado 32805, de segunda instancia en contra del congresista Álvaro García Romero, del 23 de febrero de 2010. Refrendo esta forma de culpabilidad utilizando la autoría mediata como instrumento responsable cuando se trata de aparatos de poder organizados”[i]

El Fiscal 45 agregó que esta modalidad de culpa “no soslaya responsabilidad, ni de un momento a otro destaca –a “Berna”- como mayor o menor responsable, sino que lo mete dentro de esa cadena criminal con fines y objetivos claros, para el caso que nos ocupa, de atacar los defensores de derechos humanos con el fin de que no prosigan con sus actividades legales dentro de la ciudad.”

Al final de la audiencia el Magistrado de Justicia y Paz le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario a Diego Fernando Murillo, alias “Berna”, quien actualmente está preso en Estados Unidos, donde purga una condena de 31 años por narcotráfico.

A través de su defensora, Consuelo Parra, el postulado informó que estaba satisfecho con las aclaraciones que había hecho la Fiscalía y manifestó que “en versiones posteriores, tal y como lo dijo el señor Fiscal, ampliará las informaciones que tenga que ampliar, respecto de estas participaciones”, refiriéndose a la presunta implicación de miembros de la fuerza pública en algunos de los delitos que se le imputaron.

Entre los 32 cargos imputados a “Berna”, además de los relacionados con defensores de derechos humanos, se encuentran la masacre de ocho personas ocurrida en San José de Apartadó, el 21 de febrero de 2005; la desaparición y el homicidio de nueve presuntos integrantes de la banda “La Terraza”, el 3 de agosto de 2000 en Tierra Alta, Córdoba; y las muertes selectivas de 12 agentes del CTI, quienes según la Fiscalía adelantaban investigaciones contra las AUC y “La Oficina”.

En desarrollo…



[i] El Fiscal 45 agregó: “La Corte señaló en ese momento: 'ciertamente cuando se está ante el fenómeno delincuencial derivado de estructuras o aparatos de poder organizado, los delitos ejecutados son imputables tanto a sus dirigentes, gestores, patrocinadores o mandantes a título de autores mediatos; a sus coordinadores, en tanto dominan la función encargada, comandantes, jefes de grupo, a título de coautores; y a los directos ejecutores o subordinados: soldados, tropa, patrulleros, guerrilleros o milicianos. Pues toda la cadena actúa con un verdadero conocimiento y un dominio del hecho'”.

Hackeo a la página Web del IPC


Instituto Popular de Capacitación - IPC

Comunicado a la opinión publica
07 de septiembre de 2012

Hackeo a la  página Web del IPC

Al asalto realizado al Instituto Popular de Capacitación, conocido por nosotros y denunciado a la opinión pública el día lunes 3 de septiembre de 2012, se suma hoy 7 de septiembre el jaqueo de nuestra página Web, de la que han sido borrados todos sus contenidos.

Creemos que no son hechos aislados y están conectados de manera directa con el propósito de frenar nuestra incidencia en los debates por la búsqueda de la Verdad, la Justicia y la Reparación.

Como lo ha planteado el Fiscal General de la Nación, estas búsquedas implican que sean develados los “aparatos organizados de poder” que han estado detrás de todas estas actuaciones criminales, en las que el reconocimiento de los hechos por los comandantes paramilitares, como es el caso de  Diego Fernando Murillo Bejarano, Alias “Don Berna”, es apenas una parte de la verdad.

Como lo denunciamos  el lunes 3 de septiembre, el IPC condena este tipo de actos y llama la atención porque esta situación se da en el contexto de la audiencia de imputación de cargos al ex jefe paramilitar, Diego Fernando Murillo Bejarano, Alias “Don Berna”, en un proceso en el cual el IPC ha sido víctima y denunciante, en virtud de los hechos en los que fueron secuestrados 4 miembros del equipo de trabajo en 1999,  del atentado con explosivos ocurrido ese mismo año contra la sede de la organización, ubicada en el barrio Prado Centro, y de las posteriores amenazas al Equipo de Derechos Humanos, que generaron su  exilio en el año 2000.

Por los nuevos ataques a nuestra organización elevamos una alerta por nuestra protección y nuestro derecho irrenunciable a aportar a esta sociedad en los derechos de verdad, justicia y la reparación.

Demandamos ante las autoridades competentes las investigaciones respectivas y que se habiliten con celeridad y sin burocratismos las medidas cautelares y de protección colectivas e individuales para continuar con nuestra labor en la defensa de los derechos humanos.

Igualmente, solicitamos a todas las organizaciones y redes de derechos humanos, así como a la Comunidad Internacional, su solidaridad y su apoyo en la difusión del presente comunicado.

JUNTA DIRECTIVA
INSTITUTO POPULAR DE CAPACITACIÓN IPC

En vísperas de la Audiencia contra “Don Berna” asaltan el IPC para robar información



Instituto Popular de Capacitación – IPC

Comunicado a la opinión publica
03 de septiembre de 2012



En vísperas de la Audiencia contra “Don Berna” asaltan el IPC para robar información

Con el presente comunicado las directivas del Instituto Popular de Capacitación rechazan el asalto a la sede de la organización, ubicada en San Benito, centro de Medellín, para sustraer información sobre violaciones de derechos humanos. 

En las horas de la mañana de hoy lunes 3 de septiembre, nos percatamos de que la oficina de sistemas, la presidencia y dos oficinas más donde se concentra información sobre derechos humanos de nuestro observatorio, estaban desordenadas y con los cajones abiertos, hechos demostrativos de que los invasores buscaban información, aclarando que toda la sede fue desordenada y fueron cortadas la redes de telefonía e Internet.

El IPC condena este tipo de actos y llama la atención porque esta situación haya sucedido en la víspera de la audiencia de formulación de cargos al ex jefe paramilitar, Diego Fernando Murillo Bejarano, Alias “Don Berna”, en un proceso en el cual el IPC ha sido denunciante, en virtud del atentado con explosivos ocurrido en 1999 contra la sede anterior de la organización, ubicada en el barrio Prado Centro.

A lo cual se suma, un hecho de mayor gravedad en 1999 en el que fueron secuestrados 4 miembros del equipo de trabajo de nuestra institución, luego de que integrantes de la banda “La Terraza” incursionaran a la sede del IPC siguiendo órdenes de “Don Berna” y Carlos Castaño. Posteriormente se incrementaron las amenazas al Equipo de Derechos Humanos lo que generó su  exilio en el año 2000.

También permite colegir el origen de la incursión a la sede principal del IPC, el artículo publicado por el diario El Tiempo, titulado “Cinta enreda a hermano del general Santoyo”, en su edición del día domingo 2 de septiembre del presente año, pagina 7, de la primera sesión. Uno de los párrafos de esta publicación dice lo siguiente: “… Y aunque a EEUU no ha llegado la cinta, si tienen la versión del juzgado. Coinciden plenamente. Además, vamos a entregar la grabación a la fiscalía, para que verifique su autenticidad y, de haber merito, se revivan esos procesos”, dice una ONG de derechos humanos de Medellín.

Es nuestro deber aclarar que siendo nosotros una ONG de derechos humanos de Medellín, no disponemos del original ni de copia alguna de la citada cinta. Sin embargo inferimos que el asalto a nuestra sede tiene relación directa con lo dicho en el artículo de El Tiempo, dado que en los últimos meses el IPC ha participado públicamente en las denuncias contra el general (r) Mauricio Santoyo Velasco, por las 1.808 interceptaciones ilegales realizadas a ONG´s, defensoras de derechos humanos y líderes de oposición entre 1996 y 2001, época en la cual el entonces coronel Santoyo comandaba el Gaula de la policía del Valle de Aburrá.

Se presume que  en virtud de sus relaciones con grupos ilegales, en este caso con la banda “La Terraza”, el General Santoyo haya participado en estos delitos cometidos contra el IPC. Más si se tiene en cuenta que la Corte Este de Virginia, Estados Unidos, acusa al general Santoyo del delito de conspiración, sindicándolo de nexos con narcotraficantes y paramilitares, a los cuales les filtraba información que obtenía a través de las interceptaciones ilegales.

Es cada día más evidente el juego de diversos actores legales e ilegales en la perpetración de este tipo de actos delincuenciales dirigidos a mantener la impunidad de lo acontecido en las dos últimas décadas, configurando lo que el Fiscal general de la nación denomina el aparato organizado de poder, línea doctrinal demostrativa de la cooptación de entidades del Estado por parte de la delincuencia organizada, lo que claramente se configura con este asalto a la sede del IPC.

Por lo anterior enviamos nuestro más enérgico rechazo a este tipo de actos y exigimos de las autoridades competentes los niveles de garantía para continuar ejerciendo nuestra labor de defensa y de lucha contra la impunidad.

El igual sentido, invocamos el acompañamiento y la solidaridad de las organizaciones de la sociedad civil y de la comunidad internacional para rechazar estos actos que vulneran las acciones  de las organizaciones de derechos humanos en Colombia.

INSTITUTO POPULAR DE CAPACITACION  IPC
JUNTA DIRECTIVA 

Restitución colectiva: una alternativa macro para un proceso enorm

Seis millones 500 mil hectáreas de tierra por devolver, 60 reclamantes asesinados y una avalancha de solicitudes[i]; son algunas de las situaciones que generan incertidumbre sobre la posibilidad de cumplir con la restitución de tierras en Colombia. La magnitud de la tarea supera la vía de los procesos individuales y por eso la Fundación Forjando Futuros y el Instituto Popular de Capacitación promueven la ruta de las restituciones colectivas para lograr con éxito la devolución de predios en el país.
La propuesta de Restitución Colectiva de Tierras en Colombia, será presentada el próximo 15 de agosto en el Palacio Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá, donde se darán a conocer los detalles de esta iniciativa que recopiló información, municipio a municipio, en las 12 zonas de mayor despojo en el país. El estudio contiene cifras y datos puntuales sobre los predios despojados, las personas desplazadas, el fenómeno paramilitar y los funcionarios públicos vinculados a la para política.
El interés es promover una alternativa que asegure la viabilidad de la devolución de predios, porque las dos organizaciones sociales temen que el proceso de restitución termine colapsado; como ocurrió con la Ley de Justicia y Paz que facilitó la desmovilización de los paramilitares.
Tras siete años de vigencia de esa ley, las víctimas registradas en Justicia y Paz superan las 352 mil personas, pero hasta la fecha sólo se han logrado tres sentencias en firme y siete en primera instancia. El principal inconveniente es que los casos se han adelantado mediante procesos individuales, desbordando la capacidad de la justicia.
Lo mismo podría ocurrir con la devolución de predios, pues según la Unidad Especial de Restitución de Tierras se calcula que en Colombia habría unos 360 mil casos para resolver. Y aunque el gobierno aseguró que para el 2014 habrá 134 jueces y 60 magistrados dedicados a la restitución, seguramente las dificultades continuarán porque, según Forjando Futuros y el IPC, cada funcionario tendrá que conocer 2 mil 687 casos lo que hace inviable la restitución judicial.
Por eso toma fuerza la ruta colectiva de restitución de tierras, contemplada en el parágrafo único del artículo 82 de la Ley de Víctimas, Ley 1448 de 2011. Este parágrafo, según Gerardo Vega Medina, presidente de la fundación Forjando Futuros, se refiere a la restitución en territorios vecinos, en zonas donde haya ocurrido un daño colectivo, en una misma época y por un mismo victimario.”

Para Vega Medina esta es una de las tres rutas que deberían priorizarse para garantizar la restitución. Las otras dos serían: “las adjudicaciones masivas o por barrido geográfico a través del INCODER, en las zonas de violencia generalizada o sistémica; y las macro-restituciones gestionadas por la fiscalía ante los tribunales de Justicia y Paz”.

De acuerdo con lo anterior, las devoluciones colectivas podrían realizarse en las 12 zonas priorizadas por el Gobierno Nacional, que son: Catatumbo, Magdalena, Cesar, Montes de María, Nariño, Putumayo, Sur de Córdoba, Urabá, Bajo Cauca Antioqueño, Resto de Antioquia, Sur del Meta y Tolima. Estas áreas representan casi el 50% del territorio afectado por despojo o abandono forzado en el país.

Adicionalmente la propuesta de las organizaciones sociales incluye recomendaciones para contribuir con el éxito de la restitución, según afirmó Diego Herrera Duque, presidente del Instituto Popular de Capacitación, quien piensa que la protección de los reclamantes de tierras es un tema clave.


Algunas recomendaciones para el éxito de la restitución

En materia de seguridad, Diego Herrera expresó que se han hecho propuestas tan básicas como “la prohibición del porte de armas en las zonas de restitución, incluso de aquellas armas que tengan salvo conducto porque todos sabemos que en su momento las Convivir era unas instituciones legales que favorecieron el despojo y a los actores ilegales.”

Hasta la fecha han sido asesinados 60 reclamantes y por eso, aunque ya fue creada la Unidad de Protección del Ministerio del Interior, Herrera Duque piensa que es necesario “mantener una política de seguridad para las víctimas reclamantes de tierra en aquellas zonas donde el despojo ha sido más crítico y donde se aspira a que la restitución colectiva sea el medio más eficaz para devolver predios.”

Otra sugerencia es que el gobierno nacional debería hacer públicos los nombres de los políticos, empresarios o ilegales, que están o estuvieron vinculados a procesos de testaferrato y apropiación ilícita de tierras.

Según Herrera Duque se busca hacer público lo que hoy es privado, para que “haya mayor transparencia frente a los procesos judiciales y las investigaciones. Digamos que para nosotros es lamentable que haya un manto de impunidad y que mucha parte de la sociedad no conozca quiénes son realmente los que están investigados, en qué van sus procesos judiciales y efectivamente cómo ha operado la justicia, en estos casos, para salvaguardar a las víctimas y garantizarles la realización de sus derechos, entre ellos el derecho a la tierra.”

De igual forma, el líder social manifestó que el gobierno debería fortalecer las labores de inteligencia para tratar de desenmascarar a quienes dirigen el “aparato organizado de poder en el país. O sea que son estructuras mucho más complejas y que no es solamente la acción detrás de quien ejecuta el acto, sino que detrás de eso hay otros actores con mucho peso que también hacen parte de esa estructura criminal que está entre la legalidad y la ilegalidad.”

Finalmente Diego Herrera aseguró que la seguridad jurídica es un aspecto muy importante en el proceso de restitución, por lo que es indispensable que la inversión de la carga de la prueba no pierda peso como instrumento jurídico. “Un principio fundamental es la buena fe de los despojadas, o sea hay que creerle primero a las víctimas antes que a los victimarios o a quienes comenzaron con esa práctica de despojo.”

Con este tipo de recomendaciones, en la propuesta de Restitución Colectiva de Tierras en Colombia, se espera que la devolución de predios pueda ser una realidad y un proceso construido entre el gobierno y la sociedad civil, para que no termine causando desesperanza entre los colombianos y esencialmente entre las víctimas del conflicto armado.


Artículo relacionado:






[i] Cerca de 15 mil 500 solicitudes de restitución, hasta el primer semestre de 2012, según cifras de la Unidad Especial de Restitución de Tierras.

El codiciado oro y el bajo Cauca

Segundo capítulo 
Oro en el Bajo Cauca, una suma de intereses y una lucha por lo legal



* Los nombres de varias fuentes citadas fueron omitidos por razones de seguridad.


“La minería es una actividad económica como lo es la ganadería, el comercio y la agricultura, sólo que por favorecer intereses foráneos, de un momento a otro nosotros pasamos de ser un gremio respetable y honorable, a ser unos bandidos.” Esto fue lo que expresó el presidente de la Confederación Nacional de Mineros de Colombia (CONALMINERCOL), Ramiro Restrepo Guerrero, al analizar la situación de la pequeña y la mediana minería en el país. 

El dirigente de esta confederación, que hace presencia en 18 departamentos de Colombia y agrupa a trabajadores de oro, carbón y material de arrastre, explicó que los mineros informales viven una encrucijada, porque son extorsionados por los grupos criminales y, a la vez, son acosados por las autoridades que cierran sus minas tratándolos de ilegales.

Debido a esta paradójica situación, en el Bajo Cauca Antioqueño como en otras regiones de Colombia, los pequeños y los medianos mineros se sienten perseguidos, estigmatizados e intimidados. Por eso han recurrido a las protestas para exigirle soluciones a un gobierno que, según ellos, favorece a las multinacionales y perjudica a los informales.

El panorama contrasta con la política minera nacional que promueve al sector minero energético como motor de desarrollo, pero que al parecer carece de propuestas eficaces para capacitar y legalizar a los obreros tradicionales.

La problemática de los pequeños y los medianos mineros, quienes generalmente han desarrollado su actividad de manera informal, se agudizó cuando entró en vigencia la Ley 1450 de 2011, por la cual se expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014. “Esa ley, en el artículo 106, prohíbe la actividad minera, en todo el territorio nacional, sino hay de por medio un título debidamente registrado en el Catastro Minero Colombiano”, señaló Ramiro Restrepo.

Bajo la directriz de hacer cumplir esta norma, la fuerza pública desarrolla operativos contra la minería informal en todas las regiones del país. En los procedimientos las autoridades detienen a los obreros, les inmovilizan su maquinaria y les imponen millonarias sanciones; situación que ha sido rechazada por los mineros, quienes argumentan que son víctimas de una persecución en la cual les violan sus derechos.  

Según Ramiro Restrepo la fuerza pública “ha hecho capturas masivas, arbitrarias y ha llegado al extremo de quemar la maquinaria, cuando no existe ninguna norma que les permita hacer una acción de esas vandálicas, como la que hicieron en Norosí, departamento de Bolívar, donde le quemaron una máquina a un compañero.”

El problema es que “se habla de la minería de acuerdo con el interés que se defienda”, aseguró un líder minero del Bajo Cauca, quien agregó que “el gobierno dice que la minería es un desastre con la naturaleza y que alimenta a los grupos armados, porque tiene el interés de meter a las multinacionales.”

Este dirigente reveló que desde el año 2007, el senador Jorge Robledo había alertado a los mineros de la región sobre la situación que se avecinaba. En esa época les advirtió que “las multinacionales estaban haciendo lobby en el Senado y que (…) desde la reforma al Código Minero ya se estaba legislando para la gran minería con suficiencia financiera y capacidad técnica.”

Al principio hubo poca credibilidad en las advertencias, sin embargo los obreros comenzaron a organizarse. En el 2010 la presión de la fuerza pública comenzó a sentirse y ese año las dudas quedaron despejadas cuando, según el líder gremial, “el Gobierno Nacional empezó a hablar de minería ilegal y a meter en el mismo saco a mineros con guerrilleros y grupos de BACRIM.”

Al 27 de noviembre de 2010, de acuerdo con el balance de la entonces ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Beatriz Uribe, las autoridades habían cerrado 50 minas ilegales en todo el territorio nacional[i].

Pero sólo fue hasta el 2011 cuando los mineros demostraron que no resistían más persecuciones, realizando una protesta que obligó al gobierno nacional a sentarse en una mesa de negociación.

La persecución y la protesta minera

Foto Radiomúnera
Una tensa situación se vivió en el municipio de Caucasia durante el mes de septiembre de 2011, cuando más de 4 mil 500 mineros, del Bajo Cauca Antioqueño y del Sur de Córdoba, se congregaron en esa población para exigirle al gobierno que suspendiera los operativos contra las minas informales. Los obreros bloquearon la troncal a la Costa Atlántica y se enfrentaron con la fuerza pública en varias oportunidades.

En medio de este paro, los mineros pidieron que se reanudara el proceso de trámite de títulos para  la minería de hecho, el cual se había suspendido desde febrero de ese año cuando el elevado número de solicitudes colapsó la capacidad de atención del Ministerio de Minas.

El enojo de los obreros era comprensible, pues aunque ellos no podían adelantar el trámite de titulación minera, por el inconveniente en el ministerio, la Policía si continuaba realizando operativos de control. De enero a abril de 2011 ya habían “cerrado 55 minas en Antioquia, capturado a 132 personas e incautado 32 retroexcavadoras”[ii], según un balance de esa institución.

Las manifestaciones en el Bajo Cauca, dejaron varias personas heridas y daños en vehículos y locales comerciales. Durante los días de paro la mayoría de los negocios estuvieron cerrados y los moto taxistas suspendieron sus actividades para unirse a la protesta. Este caldeado ambiente obligó al Gobierno Nacional a negociar con los obreros, implementando mesas de trabajo, que ayudaron a levantar la protesta, y concretando posteriormente un acuerdo de seis puntos.

Del acuerdo se destacan el compromiso de los mineros de presentar planes de cumplimiento ambiental, ante las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), y la responsabilidad del Viceministerio de Protección Laboral de tramitar la vinculación de trabajadores artesanales en las Aseguradoras de Riesgos Profesionales (ARP).

Sin duda, el ítem principal del acuerdo era el compromiso de que la fuerza pública suspendería los operativos contra las minas informales por un periodo de seis meses. El convenio consistía en que las autoridades respetarían las explotaciones mineras tradicionales que fueran validadas por el Ministerio de Minas, con base en la información de la Confederación Nacional de Pequeños Mineros. Irónicamente este pacto resultó contraproducente para los obreros.

“Como parte del acuerdo que se firmó el 30 de noviembre de 2011, nosotros entregamos un listado geo referenciado de minas. Desafortunadamente, y no sabemos de qué manera, ese listado terminó en manos de la fuerza pública. Entonces lo que pasó fue que ya ellos tenían las coordenadas y los lugares exactos dónde estábamos ejerciendo nuestra actividad y llegaban allá a capturarnos la gente, poniendo presos a trabajadores y empresarios”, denunció Ramiro Restrepo.

El directivo de CONALMINERCOL, informó que los diálogos se rompieron en enero de 2012, porque no vieron suficiente voluntad del gobierno para buscarle solución al problema y denunció que las autoridades estarían tratando de estigmatizar al movimiento minero.

“El gobierno quiere hacer parecer que nuestra protesta está infiltrada por grupos al margen de la ley, de pronto por alguna situación de grupos de izquierda, pero no es así; nosotros estamos prácticamente salva guardando nuestra libertad, seguridad y patrimonio, porque con esa ley que fue ratificada por la Corte estamos en un peligro inminente de ir a la cárcel y de perder lo que hemos conseguido, durante toda la vida, con un gran esfuerzo”, aclaró Restrepo Guerrero.

Para el líder minero del Bajo Cauca, la estigmatización hace parte de la estrategia para sacar del camino a los informales y abrirles paso a las multinacionales. Según él, “las grandes empresas mineras, aprovechando nombres como el camaleón, han gestionado títulos de manera extensiva. Entonces el pequeño minero se vuelve un estorbo y antes de reprimir empieza la difamación. Eso lo han utilizado en todo el mundo.”

Pese a que el gobierno colombiano se ha comprometido a respetar la minería tradicional, facilitando su formalización, el líder del Bajo Cauca manifestó que “cuando empieza la legalización comienzan los traumatismos, porque la gente no cumple las condiciones.”

El escabroso camino hacia la legalización

Foto Conalminercol
“El trabajo de esta región es la minería y la minería está generando empleo desde los lancheros hasta los moto taxistas, los arrieros, los tenderos y la comunidad, porque varios de la comunidad vienen a rebuscarse aquí al rescoldo de la máquina.” Este es el panorama que describió Edwin[1], un minero informal del Bajo Cauca, quien afirmó que está dispuesto a formalizarse pero no encuentra las condiciones necesarias para hacerlo.

Edwin es un mediano minero porque tiene dos minas, cada una con dos retroexcavadoras.  La primera veta emplea a 18 trabajadores y funciona desde hace 10 meses, la segunda tiene 11 obreros y lleva dos meses de funcionamiento. En promedio este minero saca una libra de oro semanal en cada mina.

De acuerdo con Ramiro Restrepo, presidente de CONALMINERCOL, “los mineros pueden clasificarse, según la tecnología que poseen, en: artesanales, quienes utilizan bateas y palas para el barequeo; pequeños mineros, los que usan una motobomba, una retroexcavadora o un buldócer; y medianos mineros, quienes poseen más de dos retroexcavadoras, dos buldócer y dos volquetas.”

Edwin explicó que en una excavación normal “hay dos máquinas, cuatro operadores, cuatro auxiliares, dos motoristas, cuatro chorreros y dos achicadores que mantienen el hueco seco. Además hay un administrador, un jefe de corte, un garitero y una señora del servicio.” El sueldo de los obreros rasos ronda los 800 mil pesos mensuales y el de los trabajadores calificados supera los dos millones al mes.

“Un mecánico se está ganando un sueldo de 3 millones de pesos; un soldador lo mismo; un operador de retro, 2 millones 200 mil pesos; y los trabajadores ganan a porcentaje según lo que uno venda mensual. Aproximadamente, yéndoles muy mal a los muchachos, sacando una libra de oro semanal, que en este momento vale 35 millones de pesos, en promedio les estarían quedando a ellos 800 mil pesos mensuales; fuera de alimentación, porque nosotros les damos equipo de aseo y comida”, explicó Edwin, al señalar que las personas de la región obtienen mejores ingresos con la minería que con la agricultura.

Pero para este minero los problemas comienzan desde el momento en que contrata el personal, pues por tratarse de una mina informal las aseguradoras se niegan a vincular a los empleados. “Para meter a los trabajadores a la seguridad social hubo que hacer un pequeño crucecito porque no los querían recibir. Esto se volvió así desde que el gobierno le puso el ojo a la inversión extranjera para trabajar estos terrenos. En sí al minero cada día le estrecharán más las puertas para seguir trabajando”, afirmó Edwin.

Y es que según el líder obrero del Bajo Cauca, las condiciones para los mineros tradicionales cambiaron en varios países de la región desde que las multinacionales se interesaron en la minería extractiva en Suramérica. “Las multinacionales eligieron a países como Perú, Chile y Colombia para invertir a gran escala. Es decir que esa minería extractiva se traslada del África a Suramérica. Pero como fracasó el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas, optaron ahora por el libre comercio individual. Hubo países que se prestaron para eso. Chile, Perú y Colombia que firmaron ya los tratados de libre comercio. Con eso ellos garantizaron modificar la legislación y la legalidad para proteger sus inversiones, de tal manera que esto no es nuevo.”

En la actualidad mientras las multinacionales avanzan en la adquisición de títulos mineros y en la apertura de grandes socavones, los informales tratan de reunir las condiciones mínimas para mantener abiertas sus explotaciones y para cumplir con los requerimientos ambientales.

Edwin explicó que para constituir una empresa minera hay una documentación que cualquier persona saca en un día, como el registro de cámara de comercio y el Registro Único Tributario. “Hasta ahí vamos bien, pero ese permiso de la Dirección Nacional de Estupefacientes para el transporte del combustible ¿dónde lo saco? O ¿a dónde voy a hacer las diligencias del famoso PIN? ¿Usted sabe cuántas personas fueron engañadas para sacarlo? Y ahora ese permiso ambiental, eso no se consigue así tan fácil, esos son papeles más de exigencia que de trabajo.”

Según el líder obrero del Bajo Cauca, es muy difícil para los informales cumplir con los requisitos necesarios para obtener la licencia ambiental y el título minero, “porque tienen que contratar un abogado y hacer un plano firmado por un geólogo o un ingeniero de minas. Además tienen que demostrar que llevan 10 ó más años trabajando la minería en un solo sitio. Pero resulta que ahí no se ha hecho la distinción, porque hay unas minas que son de veta y otras de aluvión, y la mina de veta es la estable pero la de aluvión es la nómada, la inestable, y un tipo no se queda tanto tiempo en una mina de esas.”

A parte de esto, habría que tener en cuenta que en la mayoría de los casos los mineros informales no son los dueños del terreno, pues ha existido una forma tradicional de contratar el uso de la tierra con los campesinos, otorgándoles un porcentaje del oro extraído.

Según Edwin, “la gente por acá tiene estas tierras y realmente no tienen sino rastrojo. Entonces llegamos nosotros con estas pequeñas minas y pagamos el 10% sobre lo neto sacado, o sea que si usted vende 100 millones de pesos al mes le paga 10 millones de utilidad al dueño de la tierra –puede ser en oro o en efectivo-. Luego el terreno se le deja recuperado al campesino, se llena el hueco que excavaron las retros y se siembran maticas de plátano.”

Sobre la recuperación del suelo habría que señalar se trata de una actitud reciente que asumieron los mineros, quienes no siempre desarrollaron estas prácticas ambientales. El presidente de CONALMINERCOL, Ramiro Restrepo, reconoció que “en el pasado los mineros de la zona trabajaban de manera desordenada y no cumplían las condiciones mínimas para mitigar el impacto que toda actividad minera ejerce sobre el medio ambiente. Además las autoridades ambientales tampoco tomaban las medidas necesarias ni ejercían los controles debidos para mitigar ese daño.”

Restrepo Guerrero agregó que “hoy día ha habido un cambio de actitud en los mineros, porque nosotros hemos venido trabajando duro para cambiar esa mentalidad y enseñarles que si es posible hacer una minería responsable con el medio ambiente. Estamos haciendo unos programas y estamos elaborando unos proyectos  para recuperar las tierras degradas en el pasado, sin importar quien las degradó. Esto es con recursos de la federación.”

Pero vale señalar que las exigencias del gobierno trascienden la recuperación de la tierra e incluyen aspectos como la prohibición del uso de mercurio, para separar el oro de otros elementos, y la implementación de estrategias de producción que eviten la contaminación de ríos y quebradas.

Lo difícil es que para cumplir estas condiciones los mineros requieren capacitación y tecnología, como expresó el líder obrero del Bajo Cauca. “Lo que más se necesita es asesoría técnica para mirar otros procesos productivos. Hay mineros que se pagan sus asesorías porque tienen con qué pagar ingenieros de minas, geólogos o ingenieros ambientales. Pero hay otros que no. Y necesariamente el Estado tendría que capacitarlos a través del SENA, de las instituciones o del municipio.”

Este líder gremial agregó que para los informales las dos condiciones más difíciles de cumplir, cuando tramitan el título minero, son la suficiencia financiera y la capacidad técnica. Según él, estos dos requisitos ponen a la pequeña y la mediana minería “en una competencia desigual y asimétrica” con la minería a gran escala. Por eso el dirigente sostiene que las autoridades no deben reprimir, sino orientar y capacitar a los informales para que trabajen de manera sostenible.

Aunque Edwin no es partidario de las asociaciones mineras, porque piensa que no se requieren alianzas para trabajar de manera formal, si comparte la idea de que los mineros necesitan una orientación adecuada para formalizar su actividad.

“Si el gobierno da las pautas para que la pequeña minería trabaje libremente, haciendo unos reglamentos según los cuales si mi mina no cumple esos requisitos se cierra, creo que podríamos hacer muchas cosas. Inclusive se podrían hacer de tal manera que no saliéramos perjudicados ni nosotros los mineros, ni las comunidades ni el gobierno;  porque prácticamente el gobierno es el que se siente perjudicado con la actividad que nosotros ejercemos”; explicó Edwin.

Infortunadamente en el país ha faltado una legislación acorde a la realidad minera colombiana.  Así lo manifestó el senador, Jorge Robledo, quien criticó la forma como los gobiernos nacionales han abordado el tema de la minería informal en Colombia. Estas críticas fueron hechas durante la audiencia pública que realizó la Comisión de Derechos Humanos del Senado, el pasado 14 de julio, en el municipio de Caucasia.

Yo diría que la solución a este problema de la pequeña y la mediana minería en Colombia (…) debe partir de un asunto en el que a mi juicio están desenfocadas las autoridades, empezando por el Presidente de la República. En Colombia hay que diseñar una política minera que garantice que todas las minerías tengan un sitio en el país. Es decir que aquí pueda haber gran minería, pequeña y mediana minería de tipo empresarial, y por supuesto minería artesanal. Esas son las tres realidades del país. Yo creo que se equivoca quien pretenda excluir alguna de estas tres formas de minería...” Explicó Robledo durante su intervención.

El senador también criticó la ausencia de altos funcionarios del Gobierno Nacional en la audiencia pública. “Sin querer devaluar la representación que hay aquí, tengo que lamentar que no haya ministros del despacho y lamentar todavía más que no haya ni siquiera representación, a nivel de vice ministerios, de parte de los ministerios de Minas y de Medio Ambiente que se supone son los directamente interesados (…) a mi juicio, eso lanza un mensaje equivocado.”

Sin duda este tipo de ausencias incrementan la distancia entre el Gobierno y los mineros, quienes piensan que en Colombia ha faltado voluntad política para legalizar la minería informal. Por eso parecen dispuestos a recurrir nuevamente a las protestas, para presionar alternativas de legalidad.

Legislación minera: ¿A la medida de Colombia?

Foto Conalminercol
“El discurso del Gobierno es viejo, desde 1994 venimos con tres procesos de legalización con un denominador común: el fracaso. Todos fracasaron porque no hay ni suficiente voluntad, ni recurso humano, ni recurso técnico.” Este planteamiento fue hecho por el presidente de CONALMINERCOL, Ramiro Restrepo, quien señaló que hasta ahora ninguna ley ha logrado favorecer a los mineros informales.

Según el dirigente gremial, “fracasó La Ley 141 de 1994 -que a través del decreto 2636 de 1995 buscó legalizar las explotaciones de hecho de la pequeña minería-. También fracasó, por diferentes razones, la Ley 685 de 2001 –por la cual se expidió el Código de Minas-. Para mí el artículo 165 de esa ley fue el más favorable y también el más generoso de todos los procesos de legalización, porque era gratuito y el Estado, supuestamente, ponía al servicio de los mineros toda su infraestructura.”

Sin embargo la Ley 685 de 2001 fue criticada porque “para su elaboración, el estado estuvo asesorado directamente por una firma de abogados que, en ese momento, representaban a la mitad de las compañías inscritas en el registro minero nacional y por empresas mineras canadienses con grandes intereses en el territorio como demuestra el hecho de que actualmente el 43,41% de las empresas mineras en Colombia sean de esta procedencia.”[iii]

Además “por recomendación del Banco Mundial, el Código Minero eliminó el papel del Estado en la intervención directa. Es decir, suprimió la posibilidad que existía hasta ese momento de que el estado participara en la explotación de estos recursos, dejándole tan sólo un papel de regulador y fiscalizador. Así, se eliminó la posibilidad de obtener los ingresos netos de la extracción de recursos naturales y sus beneficios económicos se reducen casi totalmente a los ingresos obtenidos de las regalías y del canon superficiario que las empresas deberían pagar durante la fases de explotación y exploración respectivamente.”[iv]

En general, una de las grandes críticas a la legislación minera colombiana indica que “bajo la excusa de aumentar la competitividad de Colombia, en comparación con otros países de Latinoamérica, se han promovido reglas favorables para los inversionistas extranjeros: se establecieron regalías más bajas que en la década de los 90; y los impuestos fueron disminuidos llegando incluso a superar el monto de las regalías que se quedan en el país, entre otras medidas. Tal y como afirman diferentes expertos, las exenciones son tan altas y los daños ambientales y sociales de tal magnitud, que en realidad Colombia paga a las multinacionales para que extraigan sus recursos.”[v]

Para el presidente de CONALMINERCOL “el fracaso más rotundo -en materia de legislación minera-, fue el de la Ley 1382 de 2010[vi] que reformó el Código de Minas” y fijo un término de dos años para legalizar las explotaciones sin título minero. Pero la avalancha de solicitudes saturó la capacidad de atención del Ministerio de Minas y el proceso tuvo que ser suspendido.

“En la última oportunidad que se presionó a través de marchas y con unos senadores orientados por Robledo, se logró meter un artículo de legalización minera donde se daba un plazo de 2 años para que la gente gestionara su título. Inmediatamente eso colapsó. Ya había casi 20 mil solicitudes y el argumento del Ministerio de Minas fue que el sistema colapsó y por eso cerraron la ventanilla de legalización”, explicó el líder minero del Bajo Cauca.

Efectivamente el 2 de febrero de 2011 el Ministerio expidió una resolución a través de la cual suspendía por seis meses el proceso de recepción y trámite de solicitudes para legalizar explotaciones mineras de hecho; medida que luego se amplió por seis meses más, mediante resolución del 29 de julio del mismo año. Esa situación, unida a los operativos de la fuerza pública contra las minas informales, desencadenó la protesta minera de septiembre de 2011 en el Bajo Cauca Antioqueño.

Y aunque los mineros han anunciando un paro nacional, la iniciativa no ha podido concretarse y ha sido aplazada en dos oportunidades, la primera en diciembre de 2011 y la segunda en agosto de 2012. No obstante los obreros siguen denunciando públicamente que el gobierno está incumpliendo los acuerdos y que insiste en continuar los operativos contra la minería informal en los departamentos de Antioquia, Chocó, Bolívar y Valle del Cauca.

Según un comunicado de CONALMINERCOL[vii], publicado el 31 de agosto de 2012, el doble aplazamiento del paro minero se debe a que “...en ambas ocasiones, se firmaron acuerdos y los mineros suspendimos el cese de actividades o paro, porque creímos en la seriedad del gobierno. Además, porque tuvimos amenazas en el sentido de que si no firmábamos, el ministerio informaría a la opinión pública que ellos tenían la voluntad del acuerdo y que nosotros, los negociadores, no.”

Estas diferencias dejan entrever que en Colombia la problemática en torno a la minería informal se prolongará y que seguramente la tensión con los mineros podría agudizarse, si el gobierno no implementa buenas estrategias de formalización y capacitación, a la vez que adecúa la legislación minera a la realidad colombiana.

El panorama pone a las instituciones en la difícil tarea de erradicar problemáticas como las extorsiones, la contaminación ambiental y, en algunos casos, el deterioro social. El Bajo Cauca no ha sido ajeno a estos flagelos y son grandes los retos que deben enfrentar las autoridades.

En Desarrollo....
Algunos retos frente al impacto de la minería en el Bajo Cauca










****
Anexo


ARTÍCULO 106. CONTROL A LA EXPLOTACIÓN ILÍCITA DE MINERALES. 


A partir de la vigencia de la presente ley, se prohíbe en todo el territorio nacional, la utilización de dragas, minidragas, retroexcavadoras y demás equipos mecánicos en las actividades mineras sin título minero inscrito en el Registro Minero Nacional.

El incumplimiento de esta prohibición, además de la acción penal correspondiente y sin perjuicio de otras medidas sancionatorias, dará lugar al decomiso de dichos bienes y a la imposición de una multa hasta de mil salarios mínimos legales mensuales vigentes, que impondrá la autoridad policiva correspondiente. El Gobierno Nacional reglamentará la materia.

Las solicitudes que actualmente se encuentren en trámite para legalizar la minería con minidragas a que se refiere el artículo 30 de la Ley 1382 de 2010, serán rechazadas de plano por la autoridad minera.

PARÁGRAFO. El Gobierno Nacional reorganizará los municipios verdaderamente explotadores de oro y tomará medidas para aquellos municipios que usurpan y cobran por conceptos de regalías en esta materia sin tener derechos por este concepto; igualmente aquellos excedentes que se demuestren del resultado del uso indebido de estas regalías serán utilizadas como indexación e indemnización a los municipios afectados por la minería ilegal de acuerdo a la reglamentación que para tal efecto expida el Gobierno Nacional.




[1] Nombre cambiado para proteger la identidad de la fuente



[i] Artículo de periódico: sda, 2010, 27 de noviembre, “Gobierno ha cerrado 50 minas ilegales en todo el país”, El Espectador, edición nacional, Bogotá. Disponible en sitio Web: http://www.elespectador.com/articulo-237325-gobierno-ha-cerrado-50-minas-ilegales-todo-el-pais, acceso 28 de agosto de 2012

[ii] Artículo de periódico: Benavides, Guillermo, 2011, 01 de abril, “La escurridiza minería ilegal”, El Mundo, edición regional, Antioquia. Disponible en sitio Web: http://www.elmundo.com/portal/pagina.general.impresion.php?idx=175119, acceso 30 de agosto de 2012

[iii] Peace Brigades International, boletín informativo Nº 18, noviembre de 2011, “Minería en Colombia: ¿A qué precio?”, Sitio Web PBI-Colombia, disponible en sitio Web:

[iv] Peace Brigades International, boletín informativo Nº 18, noviembre de 2011, “Minería en Colombia: ¿A qué precio?”, Sitio Web PBI-Colombia, disponible en sitio Web:

[v] Peace Brigades International, boletín informativo Nº 18, noviembre de 2011, “Minería en Colombia: ¿A qué precio?”, Sitio Web PBI-Colombia, disponible en sitio Web:

[vi] “Los explotadores, los grupos y las asociaciones de minería tradicional que exploten minas de propiedad estatal sin título inscrito en el Registro Minero Nacional, deberán solicitar, en el término Improrrogable de dos (2) años contados a partir de la promulgación de la presente ley, que la mina o minas correspondientes le sean otorgadas en concesión llenando para el efecto todos los requisitos de fondo y de forma y siempre que el área solicitada se hallare libre para contratar, y se acredite que los trabajos mineros se vienen adelantando en forma continúa desde antes de la vigencia de la ley 685 de 2001.”
Colombia, Presidencia de la República, 2010, Ley 1382, por la cual se modifica la Ley 685 Código de Minas, disponible en sitio Web:

[vii] Confederación Nacional de Mineros de Colombia, comunicado, agosto 31 de 2012,”Una vez más, el gobierno viola los acuerdos”, Sitio Web Confederación minera, disponible en sitio Web: http://www.confederacionminera.org/2012/09/una-vez-mas-el-gobierno-viola-los.html