viernes, 22 de febrero de 2013

Retos de la Provincia en un Encuentro de Dirigentes

ESCRITO POR CARTAS PROVINCIALES

In memoriam: Los pobladores y las comarcas de El Peñol, fueron un capítulo fundamental en el proyecto de vida del periodista Emiro Marín. Su labor infatigable para advertir sobre la realidad y los impactos del megaproyecto de energía; y su labor infatigable para describir las verdades del conflicto armado, las víctimas y los derechos humanos, hacen parte de la Agenda Regional del Oriente.
Que el presidente Santos haya informado en días pasados la decisión del Gobierno de revisar titulaciones y licenciamientos de explotación minera en el país, abre una luz para la acción ciudadana por el desenfreno con que avanza esta locomotora, así  la decisión la motivaran los hechos de Cerrejón y la Drummond.
Que el gobernador Fajardo insista que el Oriente antioqueño presente siquiera un acuerdo sobre un proyecto común entre los alcaldes, para tener su atención sobre la propuesta de Provincia del Oriente, es igualmente un reto y tal vez una oportunidad, para los procesos estratégicos de la Región.
En el mismo sentido, saber alcaldes hoy trabajando con “La Nueva Energía Paisa”, de la consultora “En Ciudad”, como propuesta de gestión para contratos de obras civiles y posicionar imagen pública, también envía una señal sobre acuerdos supramunicipales.
El reto ahora consiste en sensibilizar a los sectores empresarial y gremial, cuya postura radical entorno a la competitividad, como proyecto exclusivo y excluyente, hará trisas una propuesta de desarrollo integral sostenible. 
Esas ventanas de oportunidad y este reto, nos ponen frente a una voluntad política que puede concretar acciones de articulación. Que puede agregar contenidos y decisión a la Agenda regional; por ejemplo acogiendo propuestas responsables y de impacto, que se han construido de manera concertada en el Proceso Estratégico Regional PER, y en la Mesa de Articulación Institucional MAI, del Oriente.
En la misma dirección pero de mayor exigencia estratégica, la construcción social y política de la Provincia del Oriente antioqueño, interpela las acciones dirigidas a la explotación intensiva de recursos naturales; interpela la afectación de biodiversidad y sistemas boscosos vulnerables; o la intensificación de microcentrales de energía; o las concesiones mineras; la extracción maderera; la ganadería intensiva; y los cultivos ilícitos. La Provincia tampoco acepta figuras administrativas y de planificación, que la reduzcan       -como es el caso de las Asociaciones de municipios- a instrumentos de mera contratación de obras civiles o consultoría inocua. La Provincia dispone además, una plataforma de gobierno para la equidad territorial; donde la función social es un atributo de la propiedad de la tierra y de la generación de riqueza, conforme se contiene en la Constitución Política de Colombia CPC.
Así, gremios e instituciones no debieran temer a estas propuestas y a estos escenarios, pudiendo ser más los avances que los trastornos, si abordamos el debate de la Agenda dura, que se merece este generoso y profundo territorio. En consecuencia y sin rodeos, decimos al Encuentro de dirigentes del Oriente:
1. En este Encuentro debe quedar claro a los Dirigentes del Oriente, por tratarse de un escenario que privilegia y direcciona pulso político, que este territorio contiene ahora mismo: a. Concentración histórica de la propiedad de la tierra;  b. Concentración de la generación de riqueza; c. Costos en vidas, víctimas, expulsión, y abandono del territorio; y d. Pobreza acumulada que esa realidad histórica ha producido, y se expresa además, en décadas de conflicto armado en la región. 
2. Conocemos sobre los planes estratégicos, el ordenamiento territorial, la fuerte  inversión de recursos públicos y privados en megaproyectos. Conocemos también la imposición que tienen definida sectores de poder del gobierno, empresarios y centros de conocimiento, para que ese estado de inequidad vigente, no se transforme y por el contrario se instale -al menos para las próximas tres décadas-. Entonces, las comunidades de este territorio, constructoras de Planes de vida y gestoras de desarrollo integral sostenible; junto a procesos históricos de movilización cívica e iniciativas locales de paz, están informadas de esa agenda de los gobiernos y de la competitividad, diseñada para la explotación intensiva de los recursos y renta de la región. Y como sector social organizado, declara públicamente que no está de acuerdo con ella.
3. Como proceso de desarrollo regional, con respeto y claridad, presentamos la propuesta de constitución de la Provincia del Oriente antioqueño. Propuesta que se caracteriza, en tanto construcción social y política de ordenamiento territorial, sobre principios constitucionales de autonomía, dignidad, desarrollo y reconciliación. Propuesta que se dibuja sobre una ruta integral donde se contienen: a. La movilización organizada de los pobladores; b. La reparación a las víctimas del conflicto armado y la reconstrucción territorial; c. El respeto por los Derechos Humanos y la vigencia del Estado Social de Derecho; d. La gestión del conocimiento auténtico y la vocación productiva de los pobladores de la región (que en estos diez años confecciona un importante portafolio de proyectos); e. La distribución de riqueza para la equidad, desde una visión compartida de desarrollo.
Marinilla, febrero 21 de 2013
Información tomada de Inforiente: http://inforiente.info

Concejo exaltó labor de Tierra y Vida y Forjando Futuros


Por su labor de acompañamiento a las víctimas del conflicto armado en Colombia y especialmente en Antioquia, el Concejo de Medellín exaltó la labor de la Asociación Tierra y Vida y de la Fundación Forjando Futuros otorgándoles la Orden al Mérito Juan del Corral[i].
El reconocimiento se suma al Premio Nacional de Paz que recibieron ambas organizaciones el 26 de noviembre de 2012 en Bogotá. La lucha ha sido implacable pero cada día surgen más aliados y hay un mayor el respaldo a los derechos de las víctimas.
El concejal Carlos Mario Mejía Múnera calificó como “justo y merecido” el homenaje del Concejo, dada la gestión de estas organizaciones “visibilizando el problema de las víctimas en el territorio nacional y el despojo de tierras en las diferentes regiones del país.”
Según el edil, este tipo de reconocimientos son “supremamente importantes para que las víctimas se vean reflejadas en estas organizaciones civiles (…) y para visibilizar cada vez más a las víctimas y menos a los victimarios.

La batalla de Don Quijote y Sancho Panza
Recibir la orden Juan del Corral le hizo sentir a Carmen Palencia, directora de la Asociación Tierra y Vida, que no estaba loca. Y es que según ella  “el reconocimiento es gratificante no por vanidad, sino porque el camino fue de adversidades”, pues victimarios,  empresarios y hasta dirigentes políticos se opusieron a su labor e, incluso, la tildaron de loca.
“Hoy veo que Gerardo y yo no estábamos locos, que no éramos Don Quijote y Sancho Panza peleando contra molinos de viento, aunque la tarea fue así de dura”, afirmó Carmen durante su intervención en el Concejo. 
Tierra y Vida surgió en el año 2005 en la región del Urabá Antioqueño con el propósito de apoyar y acompañar a todas las víctimas de despojo de tierras. Luego, relató Carmen, la organización creció en Antioquia y de allí se extendió a todo el país. En este momento la asociación tiene 14 capítulos en 12 departamentos de Colombia.
En el proceso fue muy importante el apoyo de la Fundación Forjando Futuros, dirigida por Gerardo Vega Medina, que desde el inicio acompañó la labor de Tierra y Vida y luego la ayudó a extenderse al nivel nacional con el apoyo del Instituto Popular de Capacitación, Rede Paz, la Corporación Nuevo Arco Iris y CODHES.
Y aunque su organización ha crecido y en ese camino ha conocido la experiencia de otras regiones del país, Antioquia sigue siendo un departamento significativo para Carmen porque es allí donde “nació ese liderazgo de acompañamiento y organización de las víctimas”, pero también porque es la zona donde “hubo la mayor tragedia humanitaria, la mayor cantidad de gente despojada, desplazada, asesinada…”
De igual forma, en la lucha por reclamar 150 mil hectáreas de tierra despojadas en Urabá, donde hasta el momento el INCODER reconoce 98.292 hectáreas[ii]abandonadas, Carmen sufrió seis atentados contra su vida y perdió a varios de sus compañeros más cercanos; pues entre 2005 y 2012 fueron asesinados 12 reclamantes de tierras en esa región y, en total, 60 en todo el país[iii].
Ahora, cuando mira hacia el pasado, Carmen siente que el panorama para las víctimas ha empezado a mejorar y por eso en su intervención agradeció el apoyo de Gerardo Vega y también de Martha Peña y Diego Herrera, socia y presidente del Instituto Popular de Capacitación respectivamente. Incluso, agradeció al gobierno del presidente Juan Manuel Santos por el respaldo y las muestras de voluntad en pro de los derechos de las víctimas.

Las alianzas por las víctimas
La de Carmen y Gerardo fue una alianza por las víctimas y, principalmente, por la restitución de tierras. Una amistad que nació en Urabá, en el año 1992 en el barrio Obrero del municipio de Turbo, y luego se consolidó con la creación de ASOVIRESTIBI, una asociación de reclamantes de tierras que abriría el camino para lo que hoy es Tierra y Vida.
El compromiso de Gerardo con las víctimas del conflicto armado lo motivó a crear la Fundación Forjando Futuros, con el propósito de ayudar a las personas en sus procesos de reclamación, y a su vez lo llevó a buscar el apoyo de otros aliados que también trabajan por ese sueño de verdad, justicia, reparación y no repetición.
Para Gerardo uno de los momentos más significativos de este proceso fue la marcha “Por la Tierra, la Vida y la Paz” realizada en Necoclí, Urabá Antioqueño, el 11 de febrero de 2012.  Esa movilización, que congregó a más de 30 mil personas, fue trascendental por el mensaje de apoyo a las víctimas de todo el país y porque recibió “el respaldo del Gobierno Nacional (…) Curiosamente desde que se realizó la marcha no han ocurrido nuevos asesinatos de reclamantes en Urabá”.
Sin embargo Gerardo es consciente, y abiertamente crítico, de que el proceso de atención y reparación a víctimas no avanza al ritmo deseado. Por eso no se cansa de afirmar que la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras podría la mejor ley o, en su defecto, la peor, si no se llegara a aplicar adecuadamente; pues “sería una frustración para la sociedad y causaría más desesperanza.”
Aún así, la apuesta es sacar adelante la Ley 1448 de 2011 y, para ello, Forjando Futuros se ha integrado a otras organizaciones en una nueva coalición: la alianza por las víctimas “Colombia sin Heridas”, cuyos objetivos principales son el apoyo y veeduría a la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, el respaldo a la solución del conflicto armado colombiano por la vía negociada y la necesidad de darles voz y participación a todas las víctimas.[iv]
Actualmente la alianza Colombia sin Heridas está conformada por 20 organizaciones, entre ellas: la Asociación de Discapacitados de Tibú, la Alianza Social Independiente, la Campaña Colombiana contra las Minas, la Campaña Internacional contra la Violencia Sexual y de Género en el Conflicto, el Codhes, la Corporación Compromiso, la Confederación General del Trabajo, la Corporación Nuevo Arco Iris, la Fundación Forjando Futuros, la Fundación Restrepo Barco, la Fundación Visión y Gestión, la Iniciativa de Mujeres por la Paz, el Instituto Popular de Capacitación, la Liga de Mujeres Desplazadas, el Partido Liberal, la Fundación Progresar, el Movimiento Progresistas, la Red de Mujeres Tejedoras de Vida del Putumayo, Redepaz y la Asociación Tierra y Vida.
Este tipo de coaliciones y reconocimientos, como los otorgados a la Asociación Tierra y Vida y a la Fundación Forjando Futuros, reflejan claramente que las víctimas tienen cada día más aliados y mayor respaldo en el proceso de verdad, justicia, reparación y no repetición; para el cual requieren del apoyo de toda la sociedad.


[i] “La Orden al Mérito Juan del Corral, es la orden suprema que entrega el Concejo de Medellín a organizaciones o personas que hagan el bien por la sociedad tanto de Medellín como del departamento y del país. Esta orden se somete a consideración de los honorables concejales y, en el caso de la Asociación y la Fundación, fue aprobada por unanimidad entregarles la distinción a estas dos organizaciones sociales.” Concejal, Carlos Mario Mejía Múnera, uno de los proponentes de este reconocimiento a Tierra y Vida y Forjando Futuros. 
[ii] “La extensión de la región es de 1´166.400 hectáreas; según el INCODER, allí se han registrado 3.185 predios como abandonados los cuales contienen una extensión de 98.292 hectáreas, es decir, el 8.4% del área del territorio.” Restitución Colectiva de Tierras en Colombia, 2012, primera edición, Fundación Forjando Futuros – Instituto Popular de Capacitación, Medellín, p. 66. Publicación apoyada por Misereor y la Asamblea de Cooperación por la Paz. 
[iii] Ibídem, p. 7. 
[iv] Redepaz, 2013, 19 de febrero, “COLOMBIA SIN HERIDAS: Acción ciudadana para la defensa y la reparación de las víctimas”, sitio en Internet: Redepaz, disponible en: http://www.redepaz.org.co/COLOMBIA-SIN-HERIDAS-Accion 

miércoles, 13 de febrero de 2013

BACRIM mantienen tensión en el Bajo Cauca


Dos situaciones generan tensión entre la población del Bajo Cauca Antioqueño por una posible reactivación de la violencia entre bandas criminales. La primera: las disputas internas entre miembros de Los Urabeños y, la segunda: un aparente intento de Los Rastrojos de ingresar a la región por El Bagre y Zaragoza; como se puede inferir tras las dos masacres este año en esos municipios.
Sobre la primera situación, el comandante de la Policía de Antioquia, coronel Gustavo Chavarro Romero, confirmó que existió una disputa entre los cabecillas de Los Urabeños en el Bajo Cauca: Rafael Álvarez Pineda, alias Chepe, y Jacinto Nicolás Fuentes Germán, alias Don Leo, este último capturado recientemente en Perú. Dicha diferencia habría originado algunas muertes en Caucasia.
“Nosotros tuvimos conocimiento por inteligencia policial de que alias Chepe y Don Leo tenían una disputa interna por la pérdida de un dinero. Por ese motivo hubo en las últimas semanas una serie de asesinatos selectivos en el sector urbano de Caucasia. A cuenta de eso han fallecido algunas personas que han tenido que ver directa o indirectamente con la disputa de Los Urabeños”, explicó el oficial.
Un líder civil de esa población reveló que luego de la discordia Chepe habría forzado a Don Leo a salir del Bajo Cauca y “fue ahí cuando empezaron los tropiezos, él se fue y Chepe les dijo a los BACRIM urbanos que él iba a coger la zona. Resulta que a Don Leo le mataron uno, alias Caliche, y ahora vinieron y le mataron a Chepe uno de confianza.”
Esta persona indicó que Don Leo controlaba las poblaciones de El Bagre, Zaragoza, Nechí, Caucasia y el corregimiento La Apartada en el departamento de Córdoba, mientras que Chepe manejaba Tarazá y Puerto Valdivia.
Y aunque Don Leo ya no se encuentra en la región y permanece detenido por las autoridades, en la zona aún se estarían librando rencillas internas por el control de las rentas ilegales, según indicó este líder, al señalar que el negocio de las extorsiones estaría siendo disputado por alias “100” quien al parecer proviene del municipio de El Bagre.
“A nivel urbano ahora en estos momentos está alias 100 que es el que está presionando y está extorsionando a los comerciantes, pero está en un comportamiento que tiene a la gente asustada con esa forma de meterles terrorismo psicológico”, relató el líder civil.
El coronel Chavarro Romero, confirmó que efectivamente estaría ocurriendo un reacomodamiento de Los Urabeños en el Bajo Cauca y agregó que además hay una parte de la región “que tiene incidencia no sólo de las –guerrillas- FARC y el ELN sino también de bandas criminales de la disidencia de Los Rastrojos como en El Bagre y Zaragoza.”

Rastrojos insistirían en ingresar al Bajo Cauca
La masacre de cinco personas ocurrida recientemente en el corregimiento Puerto Claver del municipio de El Bagre, nuevamente apunta a que Los Rastrojos tendrían la intención de recuperar territorios en el Bajo Cauca Antioqueño. Esto después de que se deshiciera el pacto que habían hecho con Los Urabeños para dividirse territorios en el país.
Desde finales de 2012, el líder civil de Caucasia aseguró que Los Rastrojos trataban de ingresar al Bajo Cauca por la vía que comunica a Zaragoza con el municipio de Segovia, en el Nordeste Antioqueño.[i] Lo cual adquiere mayor relevancia si se tiene en cuenta que las cinco víctimas de El Bagre al parecer eran miembros de esa banda criminal.

Según el coronel Gustavo Chavarro, los cinco fallecidos, cuyos cadáveres fueron hallados el  pasado 11 de febrero en avanzado estado de descomposición, “eran personas de piel morena que habían llegado desde la Costa Norte de Colombia. Llegaron y en ese sitio de Puerto Claver y sus alrededores, según lo que nosotros entendemos hasta el momento, se hicieron pasar como banda criminal de Los Rastrojos.”
De acuerdo con la versión del oficial, estos hombres habrían sido asesinados por guerrilleros de la compañía Gerardo Guevara, al mando de alias Gustavo, la cual pertenece al Frente Unidad Centro de las FARC. Su muerte se habría producido porque esa guerrilla mantiene una alianza con la banda Los Urabeños.
Al recordar que en El Bagre ya está operando un grupo especial de la policía contra las bandas criminales, el coronel Chavarro Romero, precisó que sobre los hechos recientes aún existen incógnitas por aclarar.
“Ha sido materia de investigación saber si es verdad que ellos estaban actuando como banda criminal o si eran una banda delictiva que se estaba haciendo pasar como BACRIM y, también, qué nivel de entendimiento tenían esas personas que habían llegado de la Costa Atlántica a un sitio como es Puerto Claver”, indicó el oficial.
Sin embargo cabe recordar que el 27 de enero de 2013 también ocurrió un hecho similar al de Puerto Claver. Ese día, en la vereda La Palizada del municipio de Zaragoza, la policía descubrió los cadáveres de cuatro personas.
Según la información inicial de las autoridades, los hombres asesinados eran presuntos integrantes de la banda Los Rastrojos, tres de ellos procedentes del departamento del Valle del Cauca y uno más del municipio de La Virginia en Risaralda.
Este tipo de situaciones le dan solidez a la versión de que Los Rastrojos tratarían de recuperar los territorios que cedieron en el Bajo Cauca, los mismos que se habían disputado con Los Urabeños y Los Paisas entre los años 2008 y 2011, luego de la extradición de los principales jefes paramilitares, en una guerra que dejó miles de víctimas. La guerra y sus alianzas en el Bajo Cauca
Una vez más, la violencia empieza a hacer de las suyas en algunas poblaciones de la región y aunque los habitantes no estaban del todo tranquilos, porque seguían siendo víctimas de extorsiones e intimidaciones por parte de Los Urabeños, la posible llegada de otro actor armado les termina de robar la efímera calma de la que estaban gozando.


[i] Efectivamente en la región del Nordeste Antioqueño habría pervivido una disidencia de Los Rastrojos que se negó a hacer parte del mencionado pacto y que continúo disputándose el control del tráfico de drogas y las extorsiones con Los Urabeños.



Organizaciones defensoras de víctimas declaradas objetivo militar


 * Por razones de seguridad se protegen las identidades de las fuentes consultadas
A través un panfleto un grupo armado ilegal declaró objetivo militar a varios líderes de Organizaciones Defensoras de los Derechos de las Víctimas (OVD´s) en Colombia. En el documento también fueron amenazadas tres organizaciones sindicales de Bolívar y Atlántico, así como la Corporación Jurídica Yira Castro.
La denuncia fue hecha por las OVD´s del país que mediante un comunicado rechazaron esta nueva agresión contra el proceso de verdad, justicia y reparación a las víctimas y contra el proceso de restitución de tierras en Colombia.
En el panfleto, firmado por el comandante alias “Papito” o “Camilo”, del Comando Urbano de las Águilas Negras, se declara “objetivo militar a las ONGS que motivan a los desplazados a reclamar sus tierras.”
Las organizaciones señaladas son la Corporación Territorium, la Federación Nacional de Organizaciones de Víctimas, la Fundación Luz de Esperanza del Futuro, la Asociación para la Vida Digna y Solidaria (ASVIDAS) y la Fundación Infancia Feliz a cuya sede, en Barranquilla, llegó el panfleto.
Según el director de una de las OVD´s amenazadas, llama la atención “la forma como trazan el territorio nacional en materia de participación. Allí están las organizaciones que se han destacado en cada uno de estos departamentos por defender e impulsar los derechos de las víctimas en cada región: Costa Atlántica, Santanderes, centro del país, Eje Cafetero, Cauca y Valle del Cauca.”
Es de resaltar que las OVD´s amenazadas son a su vez delegadas a la Mesa Nacional de Participación Transitoria, en desarrollo de la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras – Ley 1448 de 2011. Lo cual para este defensor también da a entender que los autores del panfleto conocen bien los procesos y las organizaciones.
Señalan de manera puntual el espacio transitorio, o sea lo declaran anti espacio transitorio; y el lenguaje es muy manejado dentro de las organizaciones y dentro de la Ley 1448, o sea que quien hizo esto tiene conocimiento de la ley, de los espacios, de las dinámicas de cada una de las organizaciones y de dónde nos ubicamos”, explicó el defensor de derechos humanos.
En el panfleto el grupo armado ilegal también se atribuye el homicidio del defensor de los derechos de las víctimas, Miller Angulo, ocurrido el primero de diciembre de 2012 en Tumaco, Nariño. “Recuerden ya hicimos presencia en la Guajira y Nariño, también Miller sufrió las consecuencias, ahora vamos por ustedes…”, señala el volante.
Para la delegada de otra organización defensora de los derechos de las víctimas, esta agresión contra los representantes a la Mesa Nacional de Participación Transitoria es grave porque el sistema de participación es fundamental en el proceso de reparación y restitución de tierras, propuesto en la Ley 1448.
“Sin condiciones reales  de protección para los líderes y lideresas que participamos en los escenarios donde se discute la política pública, el camino será muy difícil de andar y la ley corre el riesgo de quedar como mucha otras, como letra muerta y esto es precisamente lo que buscan quienes amenazan, asesinan y persiguen a las organizaciones de víctimas, a sus líderes y a las organizaciones defensoras”, afirmó la delegada.
Por eso, la defensora insistió en que las autoridades deben avanzar en las investigaciones y las sanciones contra los autores materiales e intelectuales de este tipo de agresiones y, a la vez, “desmontar la estructura criminal que hace posible esta situación de inseguridad.”
Además agregó que es necesario exigirle al Gobierno se generen todas las garantías de protección y seguridad para que los delegados puedan ejercer su derecho de participación, pues “no basta con los análisis de riesgo y con mejorarles los esquemas de seguridad a los amenazados.”
Esta agresión contra las OVD´s muestra que quienes se oponen al proceso de verdad, justicia y reparación, “pretenden silenciar a las víctimas y a las organizaciones defensoras para que no existan acuerdos colectivos ni haya incidencia política, buscando que la reparación integral no se realice y que, en definitiva, no haya transición de la guerra hacia la paz, que es lo que tanto anhelamos los sectores democráticos del país”, concluyó la delegada.

Boletín Nº15 del Observatorio de DDHH del IPC


En su versión número 15, el boletín del Observatorio de Derechos Humanos del Instituto Popular de Capacitación (IPC), realiza un complejo análisis sobre la situación de vulneración de Derechos Humanos en la que desarrollan su labor los reclamantes de tierras de la región de Urabá, Antioquia.
Reclamante de Tierras en Urabá: actividad de alto riesgo, es una investigación que se construye a partir de casos documentados de víctimas que han sido amenazadas durante la reclamación de sus predios, lo cual atenta contra el proceso de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

viernes, 8 de febrero de 2013

Minas antipersonal, una guerra que se mueve por Antioquia


Siete víctimas han dejado las minas antipersonal en Antioquia en el primer mes del año 2013. Los casos ocurrieron en Apartadó, Cáceres, Yarumal y Briceño, donde los afectados fueron tres menores de edad. Preocupa que este flagelo tienda a afectar a más poblaciones porque el uso de estos artefactos, para proteger cultivos ilícitos, ha expandido el problema a varias regiones.

De las 10.160 personas que entre 1990 y 2012 han sido víctimas de minas antipersonal en Colombia, Antioquia tiene el 22,2% de los casos, 2.263 afectados, según cifras del Sistema de Gestión de Información sobre Actividades relativas a Minas Antipersonal (IMSMA, por sus siglas en inglés) del Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal (Paicma).

SITUACIÓN  GENERAL DE LAS VÍCTIMAS DE MAP 1990- 2012

Fuente: IMSMA, procesado por el Observatorio Departamental de Víctimas del Conflicto Armado y Derechos Humanos


Tanto en el país como en el departamento este fenómeno se ha asociado principalmente a la lucha entre guerrillas y fuerzas militares. En Antioquia la problemática más difícil la ha sufrido la región del Oriente que entre 1990 y 2012 reportó 360 víctimas civiles y 432 de la fuerza pública.

Pero en los últimos años el fenómeno se ha incrementando en las regiones del Norte, Nordeste y Bajo Cauca donde, además de la guerrilla, las bandas criminales también están utilizando las minas antipersonal para impedir la destrucción de los cultivos ilícitos.

“la información que tenemos es que en algunos sitios hay una convivencia entre las FARC y el ELN con las bandas criminales alrededor del tema de los cultivos ilícitos y el manejo de los insumos para el narcotráfico, por ende el minar estos cultivos está beneficiando también a los que hacen parte de toda la cadena”, reveló el secretario de Gobierno de Antioquia, Santiago Londoño.

El funcionario reseñó que incluso se han presentado accidentes por minas antipersonales en poblaciones de las cuales no se tenía registro anteriormente, como es el caso del municipio de Turbo, en el Urabá Antioqueño. “Allá hay una zona de cultivo cerca de Córdoba, pero es tráfico, para proteger rutas y espacios.”

Sin embargo, la guerrilla sigue liderando la utilización de estos artefactos principalmente en la región del Norte donde en la actualidad se concentran las acciones de los frentes 18 y 36 que se han especializado en la utilización de explosivos.

De ahí que la Gobernación de Antioquia esté preparando una propuesta para presentarle a la mesa de negociación, entre el Gobierno Nacional y las FARC en La Habana, Cuba, con el propósito de que la problemática de minas anitpersonal sea un tema prioritario.


El tema de minas a la mesa de diálogo

Consideradas por muchos como una estrategia de guerra sucia, las minas antipersonal violan el principio de distinción del Derecho Internacional Humanitario al no diferenciar entre civiles y combatientes. Una muestra de ello es que en Antioquia el 45% de las víctimas (1.029) son civiles y el 11% (245) son menores de edad.

Por eso que la Gobernación de Antioquia pretende llamar la atención en la mesa de negociación para que en el segundo punto de la agenda de paz se empiece por el tema de la identificación y erradicación de los campos minados en Colombia.

“Si no se toca este tema y si el tema además persiste, lo que tenemos en el resto del país y lo que vamos a tener, así se llegue a acuerdos en la mesa, es unos campos minados esperando que lleguen los civiles a detonarlos y vamos a tener un conflicto a 35 ó 40 años no importando las decisiones que se tomen allá”, declaró el secretario Santiago Londoño.

De acuerdo con las estadísticas en Antioquia los 10 municipios más afectados por las minas antipersonal son: Ituango, Tarazá, San Carlos, Anorí, San Francisco, Dabeiba, Valdivia, Sonsón, San Luis y Granada, los cuales concentran un total de 1.261 víctimas entre 1990 y 2012.

Indudablemente la guerrilla debería tener un gran compromiso con este tema, partiendo de que el problema de las minas antipersonal se ha movido por el departamento a la par con el conflicto, aumentando el número de víctimas en las zonas donde la disputa y el control subversivo son mayores.

Así lo explicó el secretario, Santiago Londoño: “La guerra de minas va de la mano del conflicto y de la agresividad del conflicto. El Oriente fue un espacio entre los años 80´s y principios del siglo XXI, de mucha actividad de los frentes 47 y Noveno de las FARC y del Carlos Alirio Buitrago del ELN, y la guerra de minas fue una de sus armas predilectas (…) En este momento el conflicto está muy vivo y muy agresivo en las zonas de Ituango, Toledo, Briceño, Tarazá y parte de Cáceres, allí estamos viendo que el número de víctimas está creciendo.”



A esto se suma que las minas están siendo instaladas en caminos rurales que son paso obligado para las tropas del ejército pero también para los campesinos, que se dirigen a sus lugares de siembra o tala de árboles, y para los niños que van a estudiar a sus escuelas, por lo que se viene avanzando en materia de prevención con la población civil. 

Habrá que ver entonces la voluntad de la guerrilla para ponerle fin a una estrategia en la que se han hecho cada vez más expertos, en la fabricación y detonación de las minas, utilizando materiales plásticos o de vidrio que impiden la detección de los artefactos y usando cada vez más explosivos para generar daños mayores.

Así lo reflejó el incidente ocurrido el pasado 13 de enero en la vereda Pueblo Nuevo del municipio de Briceño, en el Norte de Antioquia. Ese día tres adolescentes regresaban hacia sus viviendas en horas de la noche cuando de manera accidental uno de los jóvenes detonó una mina antipersonal. La explosión le causó la muerte instantánea a un menor de 15 años de edad y heridas a sus dos compañeros de 17 años.

De acuerdo con información del Batallón de Desminado Humanitario Nº 60 del Ejército “Coronel Gabino Gutiérrez”, los artefactos que está construyendo actualmente la guerrilla no corresponden a minas convencionales; las cuales tienen la capacidad de mutilar la pierna de un ser humano a la altura del tobillo, por lo que son conocidas como “quiebra patas”.

“Normalmente una mina convencional tiene entre 60 y 80 gramos de explosivo en cualquier parte del mundo. Pero aquí estamos hablando de aparatos improvisados con aproximadamente entre 1.200 y 1.500 gramos de explosivo. Esto no es una quiebra patas. Eso es lo que causa la mutilación de las dos piernas por encima de la rodilla”, explicó un uniformado del ejército de quien se omite su nombre por seguridad.

Dado el riesgo que representan este tipo de artefactos, no sólo para las tropas sino también para la población civil, y de acuerdo con el tratado de Ottawa mediante el cual Colombia se comprometió a destruir todas las minas antipersonales que existan en el país, en Antioquia las autoridades le apuestan al desminado humanitario en regiones como el Oriente, donde hay menor intensidad del conflicto, y al “desminado en caliente” en las zonas del Norte, Nordeste y Bajo Cauca.

Este año se espera que el municipio de San Francisco, sea el segundo municipio del Oriente libre de amenaza de minas, después de San Carlos. La meta es que estas trampas mortales no destruyan más vidas en Antioquia, porque en palabras del Secretario de Gobierno, “un campo minado es una declaratoria de guerra perpetua.” 

jueves, 7 de febrero de 2013

Temor rodea colegios de la comuna 8


El temor se ha convertido en una constante para docentes, alumnos y padres de familia de la institución educativa Villa Turbay, comuna 8 de Medellín, debido a la marcada delimitación de fronteras ilegales, impuestas por los combos en esa zona del oriente de la ciudad.

Esta problemática ya cobró la vida de un ex alumno y de un estudiante del colegio Villa Turbay, según recordó Martha Rocío Alfonso Bernal, miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Institutores de Antioquia, ADIDA.

El primer hecho ocurrió el pasado viernes 25 de enero cuando fue asesinado Santiago González, de 18 años de edad, quien se movilizaba en un bus de servicio público y vestía uniforme del Metro. Este joven había sido reconocido como uno de los 10 mejores bachilleres de Villa Turbay en el 2012, por la cual era aprendiz del Metro.

Un habitante del sector[i] lamentó la muerte de Santiago González al señalar que era un joven de bien y recordar que “él bajaba diario en el bus para ir a capacitarse en el Metro. Salía entre las cuatro y las cinco de la mañana y ese día se montaron al bus y le dispararon.”

Este caso afectó mucho a los profesores de Villa Turbay, quienes recientemente le habían hecho un homenaje a Santiago poniéndolo como ejemplo en la institución, indicó Martha Rocío.

“Los golpeó mucho porque todo el enorme esfuerzo que significa invertir en sacar una posibilidad de vida, un proyecto diferente… una familia pensando en otras cosas y que la destruyan en un momento, es un golpe muy duro”, concluyó la docente.

El segundo hecho ocurrió el pasado fin de semana, el sábado 2 de febrero, cuando un estudiante de octavo grado del colegio Villa Turbay fue baleado en el sector de Tres Esquinas. Al parecer, según explicó Martha Rocío, el joven había bajado hasta esa zona a comprar repuestos para una bicicleta, traspasando una de las fronteras impuestas por los grupos ilegales.

La muerte de estos dos adolescentes y, al parecer, algunas situaciones de intimidación a docentes de la zona, motivaron una reunión entre la comunidad educativa y representantes  de las secretarías de Educación y Gobierno de Medellín para analizar la problemática. Sin embargo quedó un sin sabor, originado por la ausencia de la secretaria de Educación, Luz Elena Gaviria.

“Se disculparon porque tenían una situación de emergencia, pero que más situación de emergencia que tener dos instituciones Loma Hermosa –comuna 13- y Villa Turbay, que están con este problema”, afirmó Martha Roció.

Entre las medidas que se definieron para la comunidad educativa del sector, la docente explicó que “la Secretaría de Educación les puso transporte para subir y bajar, pero digamos que ellos tienen que trabajar en unas condiciones muy difíciles porque ha habido muchas balaceras, permanentemente hay bala, (…) eso genera mucha angustia. –Con los docentes- la Secretaría se comprometió a hacer acompañamiento de educación, de bienestar docente, de psicólogo de atención y, aparte de eso, lo que tiene que hacer con la comunidad.”

La situación de violencia que padece esta comuna afecta tanto a maestros como estudiantes y padres familia y, contrario a lo que parece, no se concentra únicamente en La Sierra, aclaró Martha Rocío. “O sea La Sierra tiene su problemática pero también Caicedo, Villatina y Ocho de Marzo, que son los barrios que están complejos y ahí está el conflicto.”

El habitante consultado por esta agencia de prensa reveló que su hijo, que cursa la primaria, vive atemorizado por las continuas balaceras y confirmó que las fronteras y los grupos ilegales, en la zona donde reside, están ubicados en Villatina, Tres Esquinas, La Sierra y Ocho de Marzo.

“Yo disque hago parte de uno de esos grupos porque vivo en el territorio de ellos, entonces ellos dicen que yo pertenezco a ese combo, ¡como si uno les perteneciera!”, denunció este ciudadano con enojo, al rechazar esta aparente estrategia de los combos de buscar capital social entre la población que no pertenece al conflicto.

“El problema de la institución allá es que la gente mientras está en la zona –La Sierra y Villa Turbay- no tiene problema, el problema es cuando baja. Entonces mientras que estén ahí ellos se quedan en la institución educativa”, afirmó Martha Rocío.

De esta forma, las fronteras ilegales se convierten en una de las situaciones que más vulneran el derecho a la educación, generando ausencias, deserción escolar y traslados, particularmente en el caso de alumnos que viven en La Sierra y Villa Turbay pero estudian en el sector de Tres Esquinas, o viceversa.

“De conformidad con la información suministrada en la comuna, como resultado de la confrontación armada la deserción escolar llego a un 40%1, debido entre otras cosas a la imposibilidad de movilizarse libremente ante la existencia de fronteras invisibles.” Así lo reseñó el Observatorio de Seguridad Humana en su informe de Derechos Humanos en la comuna 8, presentado el 10 de diciembre de 2012.[ii]

En toda la ciudad la deserción escolar sería del 4.4%, según estudios de la Personería de Medellín, en los cuales se revela que “las principales causas de este fenómeno son: la falta de oferta institucional; la situación económica de las familias y los estudiantes, que los llevan a abandonar el estudio y empezar a trabajar; y el conflicto armado (especialmente en las comunas 8, 13, 9, 16 y los corregimientos de Altavista y San Antonio de Prado), entre otras situaciones.”[iii]

Según datos de la Personería, en el año 2012 fueron asesinados 5 estudiantes en la Comuna 8, como lo publicó el diario ADN de Medellín, al indicar que “entre los colegios más afectados se encuentran la Escuela Empresarial Esfuerzos de Paz 2, la Corporación Latina, de la Comuna 8; Cedepro, de Belén Altavista; los colegios Blanquizal, Creadores del Futuro y Fundadores, de la Comuna 13; el colegio Fe y Alegría Corvide, y el Cooperativo San Antonio de Prado.”[iv]

Lo más lamentable de la situación que viven estas instituciones educativas, es en muchos de los casos la vulneración del derecho a la educación por parte de los grupos armados ilegales es un problema de vieja data, que aumenta o disminuye, ligado a las dinámicas del conflicto urbano.

En desarrollo…

Artículos relacionados:



[i] Nombre omitido por razones de seguridad

[ii] El informe del Observatorio de Seguridad Humana también reseñó una alta problemática de reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes en la comuna 8. “Reclutamiento forzado: 440 casos de reclutamiento forzado de NNA, cooptados por los Gaitanistas o Urabeños y La Oficina, vinculándolos a catorce combos delincuenciales ubicados en los barrios Villatina, San Antonio, Las Estancias, La Sierra, Villa Liliam Parte Alta y sectores como Las Mirlas, Esfuerzos de Paz, La torre San Antonio, Finquita, La Bombonera, Los Charcos, Tres Esquinas, La Cañada, La Aguinaga, La Esperanza, La Granja, La Torre Villatina, Santa Lucia y El Ventiadero. Estos barrios y sectores cuentan con una población de 36.000 habitantes. 
[iii] Personería de Medellín,2013, “Aclaración porcentaje de deserción escolar en la ciudad”, Sitio Web Personería de Medellín¸ actualizado a enero de 2013, disponible en: http://www.personeriamedellin.gov.co/index.php/sala-prensa/comunicados/340-aclaracion-porcentaje-de-desercion-escolar-en-la-ciudad acceso 06/02/13 acceso 05 de  febrero de 2013

[iv] Gallego, Lina Marcela, 2013, 28 de enero, “Aulas, más vacías este año en Medellín”, ADN, edición regional, Medellín, disponible en sitio Web: http://diarioadn.co/medell%C3%ADn/mi-ciudad/deserci%C3%B3n-escolar-en-medell%C3%ADn-1.43526 acceso 06 de febrero de 2013

miércoles, 6 de febrero de 2013

Violencia causa deserción y ausencia escolar en comunas 8 y 13


Preocupadas están las directivas de la Institución Educativa Eduardo Santos, en la comuna 13, occidente de Medellín, por la elevada tasa de movilidad o deserción escolar que se ha registrado este año, en la mayoría de los casos a causa del conflicto entre combos.

Las fronteras ilegales, las amenazas y los desplazamientos forzados intraurbanos, serían algunas de las principales razones que estarían motivando esta situación. Sólo entre el 14 y el 31 de enero de este año 256 estudiantes cancelaron matrícula.

Además de los dos mil 200 alumnos, que en promedio estudian cada año en esa institución, apenas mil 800 iniciaron el año escolar. Y aunque a la fecha ya se contabilizan mil 880 estudiantes, aún habría un déficit cercano a los 300 escolares.

El revelador balance fue presentado por las directivas de la institución, que prefirieron les fueran omitidos sus nombres. “Diariamente cancelan estudiantes por alguna razón. El 90% cancelan por razones que atizan la violencia”, señaló un funcionario del colegio.

Para realizar estas estadísticas los directivos han indagado a los padres y los estudiantes, que cancelan matrícula, sobre las razones reales por las que abandonan el plantel educativo.

El problema “es generado por amenazas a las familias o a algún integrante de la familia, por miedo a cruzar las fronteras ilegales y, a esas mismas razones de amenazas y miedos, hay que agregarle una situación de órdenes directas que reciben algunas familias para desalojar sus viviendas. Ese es el 90%, nueve de cada 10 estudiantes nos manifiestan eso. A dónde se van, la gente no nos dice”, reveló el funcionario.

A estas situaciones podría sumarse la baja asistencia a clases, en algunas fechas, a causa de los enfrentamientos armados entre combos del sector. Aunque esta problemática, afirman las directivas, ha sido denunciada ante las autoridades, hasta el momento, al parecer, las medidas no han sido suficientemente efectivas.

“Ocasionalmente hay un servicio de patrulleros de la policía que dan vueltas por la zona. En cuanto a la Secretaría de Educación, la secretaria y la vice alcaldesa no se cansan de decir que a la gente le gusta cambiar de colegio, que la gente no deserta sino que cambia de colegio porque les gusta cambiar de domicilio y, en atención, la Secretaría siempre manda a un compañero de convivencia, Fernando Betancur, a que capotee todos los problemas pero no hay poder de decisión”, denunció el funcionario.

Lo que sí destacan las directivas, es la implementación de un transporte escolar que beneficia a cerca de 600 estudiantes de los sectores La Loma, El Salado y La Caseta; gracias a este servicio, aseguran, la situación no ha sido peor.

Sin embargo, desde hace un tiempo la institución educativa solicitó acompañamiento de las autoridades en las rutas de buses, lo cual no ha sido posible. El año pasado, relató el funcionario, ocurrió un caso en el que un bus fue detenido por un grupo de jóvenes que obligó a descender del vehículo a algunos estudiantes para intimidarlos.

La agencia de prensa del IPC buscó a la Secretaría de Educación de Medellín, Luz Elena Gaviria, para conocer las acciones que, frente a este problema, viene realizando su dependencia, sin embargo hasta el momento no se ha recibido una respuesta de su parte.

Pero también en la comuna 8, oriente de la ciudad, se viven situaciones similares donde la violencia generada por los grupos ilegales vulnera el derecho a la educación. En ese sector estudiantes y docentes han sido víctimas de agresiones por parte de los combos.

En desarrollo…