Segundo capítulo
Oro en el Bajo Cauca, una suma de intereses y una lucha por lo legal
*
Los nombres de varias fuentes citadas fueron omitidos por razones de seguridad.
“La minería es una
actividad económica como lo es la ganadería, el comercio y la agricultura, sólo
que por favorecer intereses foráneos, de un momento a otro nosotros pasamos de
ser un gremio respetable y honorable, a ser unos bandidos.” Esto fue lo que expresó
el presidente de la Confederación Nacional de Mineros de Colombia (CONALMINERCOL),
Ramiro Restrepo Guerrero, al analizar la situación de la pequeña y la mediana
minería en el país.
El dirigente de
esta confederación, que hace presencia en 18 departamentos de Colombia y agrupa
a trabajadores de oro, carbón y material de arrastre, explicó que los mineros
informales viven una encrucijada, porque son extorsionados por los grupos
criminales y, a la vez, son acosados por las autoridades que cierran sus minas
tratándolos de ilegales.
Debido a esta
paradójica situación, en el Bajo Cauca Antioqueño como en otras regiones de
Colombia, los pequeños y los medianos mineros se sienten perseguidos,
estigmatizados e intimidados. Por eso han recurrido a las protestas para exigirle
soluciones a un gobierno que, según ellos, favorece a las multinacionales y
perjudica a los informales.
El panorama contrasta
con la política minera nacional que promueve al sector minero energético como
motor de desarrollo, pero que al parecer carece de propuestas eficaces para
capacitar y legalizar a los obreros tradicionales.
La problemática
de los pequeños y los medianos mineros, quienes generalmente han desarrollado
su actividad de manera informal, se agudizó cuando entró en vigencia la Ley
1450 de 2011, por la cual se expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014.
“Esa ley, en el artículo 106, prohíbe la actividad minera, en todo el
territorio nacional, sino hay de por medio un título debidamente registrado en
el Catastro Minero Colombiano”, señaló Ramiro Restrepo.
Bajo la
directriz de hacer cumplir esta norma, la fuerza pública desarrolla operativos
contra la minería informal en todas las regiones del país. En los
procedimientos las autoridades detienen a los obreros, les inmovilizan su
maquinaria y les imponen millonarias sanciones; situación que ha sido rechazada
por los mineros, quienes argumentan que son víctimas de una persecución en la cual
les violan sus derechos.
Según Ramiro
Restrepo la fuerza pública “ha hecho capturas masivas, arbitrarias y ha llegado
al extremo de quemar la maquinaria, cuando no existe ninguna norma que les
permita hacer una acción de esas vandálicas, como la que hicieron en Norosí,
departamento de Bolívar, donde le quemaron una máquina a un compañero.”
El
problema es que “se habla de la minería de acuerdo con el interés que se
defienda”, aseguró un líder minero del Bajo Cauca, quien agregó que “el
gobierno dice que la minería es un desastre con la naturaleza y que alimenta a
los grupos armados, porque tiene el interés de meter a las multinacionales.”
Este
dirigente reveló que desde el año 2007, el senador Jorge Robledo había alertado
a los mineros de la región sobre la situación que se avecinaba. En esa época
les advirtió que “las multinacionales estaban haciendo lobby en el Senado y que
(…) desde la reforma al Código Minero ya se estaba legislando para la gran
minería con suficiencia financiera y capacidad técnica.”
Al
principio hubo poca credibilidad en las advertencias, sin embargo los obreros comenzaron
a organizarse. En el 2010 la presión de la fuerza pública comenzó a sentirse y ese
año las dudas quedaron despejadas cuando, según el líder gremial, “el Gobierno Nacional
empezó a hablar de minería ilegal y a meter en el mismo saco a mineros con
guerrilleros y grupos de BACRIM.”
Al 27 de
noviembre de 2010, de acuerdo con el balance de la entonces ministra de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Beatriz Uribe, las autoridades
habían cerrado 50 minas ilegales en todo el territorio nacional[i].
Pero
sólo fue hasta el 2011 cuando los mineros demostraron que no resistían más
persecuciones, realizando una protesta que obligó al gobierno nacional a
sentarse en una mesa de negociación.
La persecución y la protesta minera
Una tensa
situación se vivió en el municipio de Caucasia durante el mes de septiembre de
2011, cuando más de 4 mil 500 mineros, del Bajo Cauca Antioqueño y del Sur de
Córdoba, se congregaron en esa población para exigirle al gobierno que
suspendiera los operativos contra las minas informales. Los obreros bloquearon
la troncal a la Costa Atlántica y se enfrentaron con la fuerza pública en
varias oportunidades.
En medio de este
paro, los mineros pidieron que se reanudara el proceso de trámite de títulos
para la minería de hecho, el cual se
había suspendido desde febrero de ese año cuando el elevado número de solicitudes
colapsó la capacidad de atención del Ministerio de Minas.
El enojo de los
obreros era comprensible, pues aunque ellos no podían adelantar el trámite de
titulación minera, por el inconveniente en el ministerio, la Policía si
continuaba realizando operativos de control. De enero a abril de 2011 ya habían
“cerrado 55 minas en Antioquia, capturado a 132 personas e incautado 32
retroexcavadoras”[ii],
según un balance de esa institución.
Las manifestaciones
en el Bajo Cauca, dejaron varias personas heridas y daños en vehículos y
locales comerciales. Durante los días de paro la mayoría de los negocios
estuvieron cerrados y los moto taxistas suspendieron sus actividades para
unirse a la protesta. Este caldeado ambiente obligó al Gobierno Nacional a negociar
con los obreros, implementando mesas de trabajo, que ayudaron a levantar la
protesta, y concretando posteriormente un acuerdo de seis puntos.
Del acuerdo se
destacan el compromiso de los mineros de presentar planes de cumplimiento
ambiental, ante las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), y la
responsabilidad del Viceministerio de Protección Laboral de tramitar la
vinculación de trabajadores artesanales en las Aseguradoras de Riesgos
Profesionales (ARP).
Sin duda, el ítem principal
del acuerdo era el compromiso de que la fuerza pública suspendería los
operativos contra las minas informales por un periodo de seis meses. El
convenio consistía en que las autoridades respetarían las explotaciones mineras
tradicionales que fueran validadas por el Ministerio de Minas, con base en la
información de la Confederación Nacional de Pequeños Mineros. Irónicamente este
pacto resultó contraproducente para los obreros.
“Como parte del
acuerdo que se firmó el 30 de noviembre de 2011, nosotros entregamos un listado
geo referenciado de minas. Desafortunadamente, y no sabemos de qué manera, ese
listado terminó en manos de la fuerza pública. Entonces lo que pasó fue que ya ellos
tenían las coordenadas y los lugares exactos dónde estábamos ejerciendo nuestra
actividad y llegaban allá a capturarnos la gente, poniendo presos a
trabajadores y empresarios”, denunció Ramiro Restrepo.
El directivo de
CONALMINERCOL, informó que los diálogos se rompieron en enero de 2012, porque no
vieron suficiente voluntad del gobierno para buscarle solución al problema y
denunció que las autoridades estarían tratando de estigmatizar al movimiento
minero.
“El gobierno
quiere hacer parecer que nuestra protesta está infiltrada por grupos al margen
de la ley, de pronto por alguna situación de grupos de izquierda, pero no es
así; nosotros estamos prácticamente salva guardando nuestra libertad, seguridad
y patrimonio, porque con esa ley que fue ratificada por la Corte estamos en un
peligro inminente de ir a la cárcel y de perder lo que hemos conseguido,
durante toda la vida, con un gran esfuerzo”, aclaró Restrepo Guerrero.
Para el líder
minero del Bajo Cauca, la estigmatización hace parte de la estrategia para
sacar del camino a los informales y abrirles paso a las multinacionales. Según
él, “las grandes empresas mineras, aprovechando nombres como el camaleón, han
gestionado títulos de manera extensiva. Entonces el pequeño minero se vuelve un
estorbo y antes de reprimir empieza la difamación. Eso lo han utilizado en todo
el mundo.”
Pese a que el
gobierno colombiano se ha comprometido a respetar la minería tradicional,
facilitando su formalización, el líder del Bajo Cauca manifestó que “cuando
empieza la legalización comienzan los traumatismos, porque la gente no cumple
las condiciones.”
El escabroso camino hacia la legalización
“El trabajo de
esta región es la minería y la minería está generando empleo desde los
lancheros hasta los moto taxistas, los arrieros, los tenderos y la comunidad,
porque varios de la comunidad vienen a rebuscarse aquí al rescoldo de la
máquina.” Este es el panorama que describió Edwin, un minero informal del
Bajo Cauca, quien afirmó que está dispuesto a formalizarse pero no encuentra
las condiciones necesarias para hacerlo.
Edwin es un
mediano minero porque tiene dos minas, cada una con dos retroexcavadoras. La primera veta emplea a 18 trabajadores y
funciona desde hace 10 meses, la segunda tiene 11 obreros y lleva dos meses de
funcionamiento. En promedio este minero saca una libra de oro semanal en cada
mina.
De acuerdo con
Ramiro Restrepo, presidente de CONALMINERCOL, “los mineros pueden clasificarse, según la
tecnología que poseen, en: artesanales, quienes utilizan bateas y palas para el
barequeo; pequeños mineros, los que usan una motobomba, una retroexcavadora o
un buldócer; y medianos mineros, quienes poseen más de dos retroexcavadoras,
dos buldócer y dos volquetas.”
Edwin explicó que
en una excavación normal “hay dos máquinas, cuatro operadores, cuatro
auxiliares, dos motoristas, cuatro chorreros y dos achicadores que mantienen el
hueco seco. Además hay un administrador, un jefe de corte, un garitero y una
señora del servicio.” El sueldo de los obreros rasos ronda los 800 mil pesos
mensuales y el de los trabajadores calificados supera los dos millones al mes.
“Un mecánico se
está ganando un sueldo de 3 millones de pesos; un soldador lo mismo; un
operador de retro, 2 millones 200 mil pesos; y los trabajadores ganan a
porcentaje según lo que uno venda mensual. Aproximadamente, yéndoles muy mal a
los muchachos, sacando una libra de oro semanal, que en este momento vale 35
millones de pesos, en promedio les estarían quedando a ellos 800 mil pesos
mensuales; fuera de alimentación, porque nosotros les damos equipo de aseo y
comida”, explicó Edwin, al señalar que las personas de la región obtienen mejores
ingresos con la minería que con la agricultura.
Pero para este
minero los problemas comienzan desde el momento en que contrata el personal, pues
por tratarse de una mina informal las aseguradoras se niegan a vincular a los empleados.
“Para meter a los trabajadores a la seguridad social hubo que hacer un pequeño
crucecito porque no los querían recibir. Esto se volvió así desde que el
gobierno le puso el ojo a la inversión extranjera para trabajar estos terrenos.
En sí al minero cada día le estrecharán más las puertas para seguir
trabajando”, afirmó Edwin.
Y es que según el
líder obrero del Bajo Cauca, las condiciones para los mineros tradicionales cambiaron
en varios países de la región desde que las multinacionales se interesaron en
la minería extractiva en Suramérica. “Las multinacionales eligieron a países
como Perú, Chile y Colombia para invertir a gran escala. Es decir que esa
minería extractiva se traslada del África a Suramérica. Pero como fracasó el
Acuerdo de Libre Comercio de las Américas, optaron ahora por el libre comercio
individual. Hubo países que se prestaron para eso. Chile, Perú y Colombia que
firmaron ya los tratados de libre comercio. Con eso ellos garantizaron
modificar la legislación y la legalidad para proteger sus inversiones, de tal
manera que esto no es nuevo.”
En la actualidad mientras
las multinacionales avanzan en la adquisición de títulos mineros y en la
apertura de grandes socavones, los informales tratan de reunir las condiciones
mínimas para mantener abiertas sus explotaciones y para cumplir con los
requerimientos ambientales.
Edwin explicó que
para constituir una empresa minera hay una documentación que cualquier persona saca
en un día, como el registro de cámara de comercio y el Registro Único Tributario.
“Hasta ahí vamos bien, pero ese permiso de la Dirección Nacional de Estupefacientes
para el transporte del combustible ¿dónde lo saco? O ¿a dónde voy a hacer las diligencias
del famoso PIN? ¿Usted sabe cuántas personas fueron engañadas para sacarlo? Y
ahora ese permiso ambiental, eso no se consigue así tan fácil, esos son papeles
más de exigencia que de trabajo.”
Según el líder
obrero del Bajo Cauca, es muy difícil para los informales cumplir con los
requisitos necesarios para obtener la licencia ambiental y el título minero,
“porque tienen que contratar un abogado y hacer un plano firmado por un geólogo
o un ingeniero de minas. Además tienen que demostrar que llevan 10 ó más años
trabajando la minería en un solo sitio. Pero resulta que ahí no se ha hecho la
distinción, porque hay unas minas que son de veta y otras de aluvión, y la mina
de veta es la estable pero la de aluvión es la nómada, la inestable, y un tipo
no se queda tanto tiempo en una mina de esas.”
A parte de esto,
habría que tener en cuenta que en la mayoría de los casos los mineros
informales no son los dueños del terreno, pues ha existido una forma
tradicional de contratar el uso de la tierra con los campesinos, otorgándoles
un porcentaje del oro extraído.
Según Edwin, “la
gente por acá tiene estas tierras y realmente no tienen sino rastrojo. Entonces
llegamos nosotros con estas pequeñas minas y pagamos el 10% sobre lo neto
sacado, o sea que si usted vende 100 millones de pesos al mes le paga 10
millones de utilidad al dueño de la tierra –puede ser en oro o en efectivo-.
Luego el terreno se le deja recuperado al campesino, se llena el hueco que
excavaron las retros y se siembran maticas de plátano.”
Sobre la
recuperación del suelo habría que señalar se trata de una actitud reciente que asumieron
los mineros, quienes no siempre desarrollaron estas prácticas ambientales. El
presidente de CONALMINERCOL, Ramiro Restrepo, reconoció que “en el pasado los
mineros de la zona trabajaban de manera desordenada y no cumplían las
condiciones mínimas para mitigar el impacto que toda actividad minera ejerce
sobre el medio ambiente. Además las autoridades ambientales tampoco tomaban las
medidas necesarias ni ejercían los controles debidos para mitigar ese daño.”
Restrepo Guerrero
agregó que “hoy día ha habido un cambio de actitud en los mineros, porque
nosotros hemos venido trabajando duro para cambiar esa mentalidad y enseñarles
que si es posible hacer una minería responsable con el medio ambiente. Estamos
haciendo unos programas y estamos elaborando unos proyectos para recuperar las tierras degradas en el
pasado, sin importar quien las degradó. Esto es con recursos de la federación.”
Pero vale señalar
que las exigencias del gobierno trascienden la recuperación de la tierra e
incluyen aspectos como la prohibición del uso de mercurio, para separar el oro
de otros elementos, y la implementación de estrategias de producción que eviten
la contaminación de ríos y quebradas.
Lo difícil es que
para cumplir estas condiciones los mineros requieren capacitación y tecnología,
como expresó el líder obrero del Bajo Cauca. “Lo que más se necesita es asesoría
técnica para mirar otros procesos productivos. Hay mineros que se pagan sus asesorías porque tienen con qué pagar
ingenieros de minas, geólogos o ingenieros ambientales. Pero hay otros que no.
Y necesariamente el Estado tendría que capacitarlos a través del SENA, de las
instituciones o del municipio.”
Este líder gremial
agregó que para los informales las dos condiciones más difíciles de cumplir, cuando
tramitan el título minero, son la suficiencia financiera y la capacidad técnica.
Según él, estos dos requisitos ponen a la pequeña y la mediana minería “en una
competencia desigual y asimétrica” con la minería a gran escala. Por eso el dirigente
sostiene que las autoridades no deben reprimir, sino orientar y capacitar a los
informales para que trabajen de manera sostenible.
Aunque Edwin no es
partidario de las asociaciones mineras, porque piensa que no se requieren alianzas
para trabajar de manera formal, si comparte la idea de que los mineros
necesitan una orientación adecuada para formalizar su actividad.
“Si el gobierno da
las pautas para que la pequeña minería trabaje libremente, haciendo unos
reglamentos según los cuales si mi mina no cumple esos requisitos se cierra,
creo que podríamos hacer muchas cosas. Inclusive se podrían hacer de tal manera
que no saliéramos perjudicados ni nosotros los mineros, ni las comunidades ni
el gobierno; porque prácticamente el
gobierno es el que se siente perjudicado con la actividad que nosotros
ejercemos”; explicó Edwin.
Infortunadamente
en el país ha faltado una legislación acorde a la realidad minera colombiana. Así lo manifestó el senador, Jorge Robledo, quien
criticó la forma como los gobiernos nacionales han abordado el tema de la
minería informal en Colombia. Estas críticas fueron hechas durante la audiencia pública que realizó la Comisión
de Derechos Humanos del Senado, el pasado 14 de julio, en el municipio de
Caucasia.
“Yo diría que la solución a este problema de
la pequeña y la mediana minería en Colombia (…) debe partir de un asunto en el
que a mi juicio están desenfocadas las autoridades, empezando por el Presidente
de la República. En Colombia hay que diseñar una política minera que garantice
que todas las minerías tengan un sitio en el país. Es decir que aquí pueda
haber gran minería, pequeña y mediana minería de tipo empresarial, y por
supuesto minería artesanal. Esas son las tres realidades del país. Yo creo que
se equivoca quien pretenda excluir alguna de estas tres formas de minería...”
Explicó Robledo durante su intervención.
El senador también
criticó la ausencia de altos funcionarios del Gobierno Nacional en la audiencia
pública. “Sin querer devaluar la representación que hay aquí, tengo que
lamentar que no haya ministros del despacho y lamentar todavía más que no haya
ni siquiera representación, a nivel de vice ministerios, de parte de los ministerios
de Minas y de Medio Ambiente que se supone son los directamente interesados (…)
a mi juicio, eso lanza un mensaje equivocado.”
Sin duda este tipo
de ausencias incrementan la distancia entre el Gobierno y los mineros, quienes
piensan que en Colombia ha faltado voluntad política para legalizar la minería
informal. Por eso parecen dispuestos a recurrir nuevamente a las protestas,
para presionar alternativas de legalidad.
Legislación minera: ¿A la medida de Colombia?
“El discurso del
Gobierno es viejo, desde 1994 venimos con tres procesos de legalización con un
denominador común: el fracaso. Todos fracasaron porque no hay ni suficiente
voluntad, ni recurso humano, ni recurso técnico.” Este planteamiento fue hecho
por el presidente de CONALMINERCOL, Ramiro Restrepo, quien señaló que hasta
ahora ninguna ley ha logrado favorecer a los mineros informales.
Según el dirigente
gremial, “fracasó La Ley 141 de 1994 -que a través del decreto 2636 de 1995 buscó
legalizar las explotaciones de hecho de la pequeña minería-. También fracasó,
por diferentes razones, la Ley 685 de 2001 –por la cual se expidió el Código de
Minas-. Para mí el artículo 165 de esa ley fue el más favorable y también el
más generoso de todos los procesos de legalización, porque era gratuito y el
Estado, supuestamente, ponía al servicio de los mineros toda su infraestructura.”
Sin embargo la Ley
685 de 2001 fue criticada porque “para su elaboración, el estado estuvo
asesorado directamente por una firma de abogados que, en ese momento,
representaban a la mitad de las compañías inscritas en el registro minero
nacional y por empresas mineras canadienses con grandes intereses en el
territorio como demuestra el hecho de que actualmente el 43,41% de las empresas
mineras en Colombia sean de esta procedencia.”[iii]
Además “por
recomendación del Banco Mundial, el Código Minero eliminó el papel del Estado
en la intervención directa. Es decir, suprimió la posibilidad que existía hasta
ese momento de que el estado participara en la explotación de estos recursos,
dejándole tan sólo un papel de regulador y fiscalizador. Así, se eliminó la posibilidad
de obtener los ingresos netos de la extracción de recursos naturales y sus
beneficios económicos se reducen casi totalmente a los ingresos obtenidos de
las regalías y del canon superficiario que las empresas deberían pagar durante
la fases de explotación y exploración respectivamente.”[iv]
En general, una de
las grandes críticas a la legislación minera colombiana indica que “bajo la
excusa de aumentar la competitividad de Colombia, en comparación con otros
países de Latinoamérica, se han promovido reglas favorables para los
inversionistas extranjeros: se establecieron regalías más bajas que en la
década de los 90; y los impuestos fueron disminuidos llegando incluso a superar
el monto de las regalías que se quedan en el país, entre otras medidas. Tal y
como afirman diferentes expertos, las exenciones son tan altas y los daños
ambientales y sociales de tal magnitud, que en realidad Colombia paga a las
multinacionales para que extraigan sus recursos.”[v]
Para el presidente
de CONALMINERCOL “el fracaso más rotundo -en materia de legislación minera-,
fue el de la Ley 1382 de 2010[vi] que reformó el Código de
Minas” y fijo un término de dos años para legalizar las explotaciones sin
título minero. Pero la avalancha de solicitudes saturó la capacidad de atención
del Ministerio de Minas y el proceso tuvo que ser suspendido.
“En la última
oportunidad que se presionó a través de marchas y con unos senadores orientados
por Robledo, se logró meter un artículo de legalización minera donde se daba un
plazo de 2 años para que la gente gestionara su título. Inmediatamente eso
colapsó. Ya había casi 20 mil solicitudes y el argumento del Ministerio de
Minas fue que el sistema colapsó y por eso cerraron la ventanilla de
legalización”, explicó el líder minero del Bajo Cauca.
Efectivamente el 2
de febrero de 2011 el Ministerio expidió una resolución a través de la cual
suspendía por seis meses el proceso de recepción y trámite de solicitudes para
legalizar explotaciones mineras de hecho; medida que luego se amplió por seis
meses más, mediante resolución del 29 de julio del mismo año. Esa situación,
unida a los operativos de la fuerza pública contra las minas informales, desencadenó
la protesta minera de septiembre de 2011 en el Bajo Cauca Antioqueño.
Y aunque los
mineros han anunciando un paro nacional, la iniciativa no ha podido concretarse
y ha sido aplazada en dos oportunidades, la primera en diciembre de 2011 y la
segunda en agosto de 2012. No obstante los obreros siguen denunciando
públicamente que el gobierno está incumpliendo los acuerdos y que insiste en
continuar los operativos contra la minería informal en los departamentos de
Antioquia, Chocó, Bolívar y Valle del Cauca.
Según un comunicado
de CONALMINERCOL[vii],
publicado el 31 de agosto de 2012, el doble aplazamiento del paro minero se
debe a que “...en ambas ocasiones, se firmaron acuerdos y los mineros
suspendimos el cese de actividades o paro, porque creímos en la seriedad del
gobierno. Además, porque tuvimos amenazas en el sentido de que si no
firmábamos, el ministerio informaría a la opinión pública que ellos tenían la
voluntad del acuerdo y que nosotros, los negociadores, no.”
Estas diferencias
dejan entrever que en Colombia la problemática en torno a la minería informal
se prolongará y que seguramente la tensión con los mineros podría agudizarse,
si el gobierno no implementa buenas estrategias de formalización y
capacitación, a la vez que adecúa la legislación minera a la realidad
colombiana.
El panorama pone a
las instituciones en la difícil tarea de erradicar problemáticas como las
extorsiones, la contaminación ambiental y, en algunos casos, el deterioro
social. El Bajo Cauca no ha sido ajeno a estos flagelos y son grandes los retos
que deben enfrentar las autoridades.
En Desarrollo....
Algunos retos frente al impacto de la minería en el
Bajo Cauca
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Anexo
ARTÍCULO 106. CONTROL A LA
EXPLOTACIÓN ILÍCITA DE MINERALES.
A partir de la vigencia de la presente ley, se prohíbe en todo el
territorio nacional, la utilización de dragas, minidragas, retroexcavadoras y
demás equipos mecánicos en las actividades mineras sin título minero inscrito
en el Registro Minero Nacional.
El incumplimiento de esta prohibición, además de la acción penal
correspondiente y sin perjuicio de otras medidas sancionatorias, dará lugar al
decomiso de dichos bienes y a la imposición de una multa hasta de mil salarios
mínimos legales mensuales vigentes, que impondrá la autoridad policiva
correspondiente. El Gobierno Nacional reglamentará la materia.
Las solicitudes que actualmente se encuentren en trámite para legalizar la
minería con minidragas a que se refiere el artículo 30 de la Ley 1382 de 2010, serán rechazadas de plano por la autoridad
minera.
PARÁGRAFO. El Gobierno
Nacional reorganizará los municipios verdaderamente explotadores de oro y
tomará medidas para aquellos municipios que usurpan y cobran por conceptos de
regalías en esta materia sin tener derechos por este concepto; igualmente
aquellos excedentes que se demuestren del resultado del uso indebido de estas
regalías serán utilizadas como indexación e indemnización a los municipios
afectados por la minería ilegal de acuerdo a la reglamentación que para tal
efecto expida el Gobierno Nacional.
[iii]
Peace Brigades International, boletín informativo Nº 18, noviembre de 2011,
“Minería en Colombia: ¿A qué precio?”, Sitio
Web PBI-Colombia, disponible en sitio Web:
[iv]
Peace Brigades International, boletín informativo Nº 18, noviembre de 2011,
“Minería en Colombia: ¿A qué precio?”, Sitio
Web PBI-Colombia, disponible en sitio Web:
[v]
Peace Brigades International, boletín informativo Nº 18, noviembre de 2011,
“Minería en Colombia: ¿A qué precio?”, Sitio
Web PBI-Colombia, disponible en sitio Web:
[vi] “Los explotadores, los grupos y las asociaciones de
minería tradicional que exploten minas de propiedad estatal sin título inscrito
en el Registro Minero Nacional, deberán solicitar, en el término Improrrogable
de dos (2) años contados a partir de la promulgación de la presente ley, que la
mina o minas correspondientes le sean otorgadas en concesión llenando para el
efecto todos los requisitos de fondo y de forma y siempre que el área
solicitada se hallare libre para contratar, y se acredite que los trabajos
mineros se vienen adelantando en forma continúa desde antes de la vigencia de
la ley 685 de 2001.”
Colombia, Presidencia de la República,
2010, Ley 1382, por la cual se modifica la Ley 685 Código de Minas, disponible
en sitio Web:
