BACRIM mantienen tensión en el Bajo Cauca

Dos situaciones generan tensión entre la población del Bajo Cauca Antioqueño por una posible reactivación de la violencia entre bandas criminales. La primera: las disputas internas entre miembros de Los Urabeños y, la segunda: un aparente intento de Los Rastrojos de ingresar a la región por El Bagre y Zaragoza; como se puede inferir tras las dos masacres este año en esos municipios.

Sobre la primera situación, el comandante de la Policía de Antioquia, coronel Gustavo Chavarro Romero, confirmó que existió una disputa entre los cabecillas de Los Urabeños en el Bajo Cauca: Rafael Álvarez Pineda, alias Chepe, y Jacinto Nicolás Fuentes Germán, alias Don Leo, este último capturado recientemente en Perú. Dicha diferencia habría originado algunas muertes en Caucasia.

“Nosotros tuvimos conocimiento por inteligencia policial de que alias Chepe y Don Leo tenían una disputa interna por la pérdida de un dinero. Por ese motivo hubo en las últimas semanas una serie de asesinatos selectivos en el sector urbano de Caucasia. A cuenta de eso han fallecido algunas personas que han tenido que ver directa o indirectamente con la disputa de Los Urabeños”, explicó el oficial.

Un líder civil de esa población reveló que luego de la discordia Chepe habría forzado a Don Leo a salir del Bajo Cauca y “fue ahí cuando empezaron los tropiezos, él se fue y Chepe les dijo a los BACRIM urbanos que él iba a coger la zona. Resulta que a Don Leo le mataron uno, alias Caliche, y ahora vinieron y le mataron a Chepe uno de confianza.”

Esta persona indicó que Don Leo controlaba las poblaciones de El Bagre, Zaragoza, Nechí, Caucasia y el corregimiento La Apartada en el departamento de Córdoba, mientras que Chepe manejaba Tarazá y Puerto Valdivia.

Y aunque Don Leo ya no se encuentra en la región y permanece detenido por las autoridades, en la zona aún se estarían librando rencillas internas por el control de las rentas ilegales, según indicó este líder, al señalar que el negocio de las extorsiones estaría siendo disputado por alias “100” quien al parecer proviene del municipio de El Bagre.

“A nivel urbano ahora en estos momentos está alias 100 que es el que está presionando y está extorsionando a los comerciantes, pero está en un comportamiento que tiene a la gente asustada con esa forma de meterles terrorismo psicológico”, relató el líder civil.

El coronel Chavarro Romero, confirmó que efectivamente estaría ocurriendo un reacomodamiento de Los Urabeños en el Bajo Cauca y agregó que además hay una parte de la región “que tiene incidencia no sólo de las –guerrillas- FARC y el ELN sino también de bandas criminales de la disidencia de Los Rastrojos como en El Bagre y Zaragoza.”

Rastrojos insistirían en ingresar al Bajo Cauca

La masacre de cinco personas ocurrida recientemente en el corregimiento Puerto Claver del municipio de El Bagre, nuevamente apunta a que Los Rastrojos tendrían la intención de recuperar territorios en el Bajo Cauca Antioqueño. Esto después de que se deshiciera el pacto que habían hecho con Los Urabeños para dividirse territorios en el país.

Desde finales de 2012, el líder civil de Caucasia aseguró que Los Rastrojos trataban de ingresar al Bajo Cauca por la vía que comunica a Zaragoza con el municipio de Segovia, en el Nordeste Antioqueño.[i] Lo cual adquiere mayor relevancia si se tiene en cuenta que las cinco víctimas de El Bagre al parecer eran miembros de esa banda criminal.

Según el coronel Gustavo Chavarro, los cinco fallecidos, cuyos cadáveres fueron hallados el  pasado 11 de febrero en avanzado estado de descomposición, “eran personas de piel morena que habían llegado desde la Costa Norte de Colombia. Llegaron y en ese sitio de Puerto Claver y sus alrededores, según lo que nosotros entendemos hasta el momento, se hicieron pasar como banda criminal de Los Rastrojos.”

De acuerdo con la versión del oficial, estos hombres habrían sido asesinados por guerrilleros de la compañía Gerardo Guevara, al mando de alias Gustavo, la cual pertenece al Frente Unidad Centro de las FARC. Su muerte se habría producido porque esa guerrilla mantiene una alianza con la banda Los Urabeños.

Al recordar que en El Bagre ya está operando un grupo especial de la policía contra las bandas criminales, el coronel Chavarro Romero, precisó que sobre los hechos recientes aún existen incógnitas por aclarar.

“Ha sido materia de investigación saber si es verdad que ellos estaban actuando como banda criminal o si eran una banda delictiva que se estaba haciendo pasar como BACRIM y, también, qué nivel de entendimiento tenían esas personas que habían llegado de la Costa Atlántica a un sitio como es Puerto Claver”, indicó el oficial.

Sin embargo cabe recordar que el 27 de enero de 2013 también ocurrió un hecho similar al de Puerto Claver. Ese día, en la vereda La Palizada del municipio de Zaragoza, la policía descubrió los cadáveres de cuatro personas.

Según la información inicial de las autoridades, los hombres asesinados eran presuntos integrantes de la banda Los Rastrojos, tres de ellos procedentes del departamento del Valle del Cauca y uno más del municipio de La Virginia en Risaralda.

Este tipo de situaciones le dan solidez a la versión de que Los Rastrojos tratarían de recuperar los territorios que cedieron en el Bajo Cauca, los mismos que se habían disputado con Los Urabeños y Los Paisas entre los años 2008 y 2011, luego de la extradición de los principales jefes paramilitares, en una guerra que dejó miles de víctimas. La guerra y sus alianzas en el Bajo Cauca

Una vez más, la violencia empieza a hacer de las suyas en algunas poblaciones de la región y aunque los habitantes no estaban del todo tranquilos, porque seguían siendo víctimas de extorsiones e intimidaciones por parte de Los Urabeños, la posible llegada de otro actor armado les termina de robar la efímera calma de la que estaban gozando.

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[i] Efectivamente en la región del Nordeste Antioqueño habría pervivido una disidencia de Los Rastrojos que se negó a hacer parte del mencionado pacto y que continúo disputándose el control del tráfico de drogas y las extorsiones con Los Urabeños.

Organizaciones defensoras de víctimas declaradas objetivo militar

 * Por razones de seguridad se protegen las identidades de las fuentes consultadas

A través un panfleto un grupo armado ilegal declaró objetivo militar a varios líderes de Organizaciones Defensoras de los Derechos de las Víctimas (OVD´s) en Colombia. En el documento también fueron amenazadas tres organizaciones sindicales de Bolívar y Atlántico, así como la Corporación Jurídica Yira Castro.

La denuncia fue hecha por las OVD´s del país que mediante un comunicado rechazaron esta nueva agresión contra el proceso de verdad, justicia y reparación a las víctimas y contra el proceso de restitución de tierras en Colombia.

En el panfleto, firmado por el comandante alias “Papito” o “Camilo”, del Comando Urbano de las Águilas Negras, se declara “objetivo militar a las ONGS que motivan a los desplazados a reclamar sus tierras.”

Las organizaciones señaladas son la Corporación Territorium, la Federación Nacional de Organizaciones de Víctimas, la Fundación Luz de Esperanza del Futuro, la Asociación para la Vida Digna y Solidaria (ASVIDAS) y la Fundación Infancia Feliz a cuya sede, en Barranquilla, llegó el panfleto.

Según el director de una de las OVD´s amenazadas, llama la atención “la forma como trazan el territorio nacional en materia de participación. Allí están las organizaciones que se han destacado en cada uno de estos departamentos por defender e impulsar los derechos de las víctimas en cada región: Costa Atlántica, Santanderes, centro del país, Eje Cafetero, Cauca y Valle del Cauca.”

Es de resaltar que las OVD´s amenazadas son a su vez delegadas a la Mesa Nacional de Participación Transitoria, en desarrollo de la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras – Ley 1448 de 2011. Lo cual para este defensor también da a entender que los autores del panfleto conocen bien los procesos y las organizaciones.

“Señalan de manera puntual el espacio transitorio, o sea lo declaran anti espacio transitorio; y el lenguaje es muy manejado dentro de las organizaciones y dentro de la Ley 1448, o sea que quien hizo esto tiene conocimiento de la ley, de los espacios, de las dinámicas de cada una de las organizaciones y de dónde nos ubicamos”, explicó el defensor de derechos humanos.

En el panfleto el grupo armado ilegal también se atribuye el homicidio del defensor de los derechos de las víctimas, Miller Angulo, ocurrido el primero de diciembre de 2012 en Tumaco, Nariño. “Recuerden ya hicimos presencia en la Guajira y Nariño, también Miller sufrió las consecuencias, ahora vamos por ustedes…”, señala el volante.

Para la delegada de otra organización defensora de los derechos de las víctimas, esta agresión contra los representantes a la Mesa Nacional de Participación Transitoria es grave porque el sistema de participación es fundamental en el proceso de reparación y restitución de tierras, propuesto en la Ley 1448.

“Sin condiciones reales  de protección para los líderes y lideresas que participamos en los escenarios donde se discute la política pública, el camino será muy difícil de andar y la ley corre el riesgo de quedar como mucha otras, como letra muerta y esto es precisamente lo que buscan quienes amenazan, asesinan y persiguen a las organizaciones de víctimas, a sus líderes y a las organizaciones defensoras”, afirmó la delegada.

Por eso, la defensora insistió en que las autoridades deben avanzar en las investigaciones y las sanciones contra los autores materiales e intelectuales de este tipo de agresiones y, a la vez, “desmontar la estructura criminal que hace posible esta situación de inseguridad.”

Además agregó que es necesario exigirle al Gobierno se generen todas las garantías de protección y seguridad para que los delegados puedan ejercer su derecho de participación, pues “no basta con los análisis de riesgo y con mejorarles los esquemas de seguridad a los amenazados.”

Esta agresión contra las OVD´s muestra que quienes se oponen al proceso de verdad, justicia y reparación, “pretenden silenciar a las víctimas y a las organizaciones defensoras para que no existan acuerdos colectivos ni haya incidencia política, buscando que la reparación integral no se realice y que, en definitiva, no haya transición de la guerra hacia la paz, que es lo que tanto anhelamos los sectores democráticos del país”, concluyó la delegada.

Boletín Nº15 del Observatorio de DDHH del IPC

En su versión número 15, el boletín del Observatorio de Derechos Humanos del Instituto Popular de Capacitación (IPC), realiza un complejo análisis sobre la situación de vulneración de Derechos Humanos en la que desarrollan su labor los reclamantes de tierras de la región de Urabá, Antioquia.

Reclamante de Tierras en Urabá: actividad de alto riesgo, es una investigación que se construye a partir de casos documentados de víctimas que han sido amenazadas durante la reclamación de sus predios, lo cual atenta contra el proceso de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

Boletín en versión PDF

Minas antipersonal, una guerra que se mueve por Antioquia

Siete víctimas han dejado las minas antipersonal en Antioquia en el primer mes del año 2013. Los casos ocurrieron en Apartadó, Cáceres, Yarumal y Briceño, donde los afectados fueron tres menores de edad. Preocupa que este flagelo tienda a afectar a más poblaciones porque el uso de estos artefactos, para proteger cultivos ilícitos, ha expandido el problema a varias regiones.

De las 10.160 personas que entre 1990 y 2012 han sido víctimas de minas antipersonal en Colombia, Antioquia tiene el 22,2% de los casos, 2.263 afectados, según cifras del Sistema de Gestión de Información sobre Actividades relativas a Minas Antipersonal (IMSMA, por sus siglas en inglés) del Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal (Paicma).

SITUACIÓN  GENERAL DE LAS VÍCTIMAS DE MAP 1990- 2012

Fuente: IMSMA, procesado por el Observatorio Departamental de Víctimas del Conflicto Armado y Derechos Humanos

Tanto en el país como en el departamento este fenómeno se ha asociado principalmente a la lucha entre guerrillas y fuerzas militares. En Antioquia la problemática más difícil la ha sufrido la región del Oriente que entre 1990 y 2012 reportó 360 víctimas civiles y 432 de la fuerza pública.

Pero en los últimos años el fenómeno se ha incrementando en las regiones del Norte, Nordeste y Bajo Cauca donde, además de la guerrilla, las bandas criminales también están utilizando las minas antipersonal para impedir la destrucción de los cultivos ilícitos.

“la información que tenemos es que en algunos sitios hay una convivencia entre las FARC y el ELN con las bandas criminales alrededor del tema de los cultivos ilícitos y el manejo de los insumos para el narcotráfico, por ende el minar estos cultivos está beneficiando también a los que hacen parte de toda la cadena”, reveló el secretario de Gobierno de Antioquia, Santiago Londoño.

El funcionario reseñó que incluso se han presentado accidentes por minas antipersonales en poblaciones de las cuales no se tenía registro anteriormente, como es el caso del municipio de Turbo, en el Urabá Antioqueño. “Allá hay una zona de cultivo cerca de Córdoba, pero es tráfico, para proteger rutas y espacios.”

Sin embargo, la guerrilla sigue liderando la utilización de estos artefactos principalmente en la región del Norte donde en la actualidad se concentran las acciones de los frentes 18 y 36 que se han especializado en la utilización de explosivos.

De ahí que la Gobernación de Antioquia esté preparando una propuesta para presentarle a la mesa de negociación, entre el Gobierno Nacional y las FARC en La Habana, Cuba, con el propósito de que la problemática de minas anitpersonal sea un tema prioritario.

El tema de minas a la mesa de diálogo

Consideradas por muchos como una estrategia de guerra sucia, las minas antipersonal violan el principio de distinción del Derecho Internacional Humanitario al no diferenciar entre civiles y combatientes. Una muestra de ello es que en Antioquia el 45% de las víctimas (1.029) son civiles y el 11% (245) son menores de edad.

Por eso que la Gobernación de Antioquia pretende llamar la atención en la mesa de negociación para que en el segundo punto de la agenda de paz se empiece por el tema de la identificación y erradicación de los campos minados en Colombia.

“Si no se toca este tema y si el tema además persiste, lo que tenemos en el resto del país y lo que vamos a tener, así se llegue a acuerdos en la mesa, es unos campos minados esperando que lleguen los civiles a detonarlos y vamos a tener un conflicto a 35 ó 40 años no importando las decisiones que se tomen allá”, declaró el secretario Santiago Londoño.

De acuerdo con las estadísticas en Antioquia los 10 municipios más afectados por las minas antipersonal son: Ituango, Tarazá, San Carlos, Anorí, San Francisco, Dabeiba, Valdivia, Sonsón, San Luis y Granada, los cuales concentran un total de 1.261 víctimas entre 1990 y 2012.

Indudablemente la guerrilla debería tener un gran compromiso con este tema, partiendo de que el problema de las minas antipersonal se ha movido por el departamento a la par con el conflicto, aumentando el número de víctimas en las zonas donde la disputa y el control subversivo son mayores.

Así lo explicó el secretario, Santiago Londoño: “La guerra de minas va de la mano del conflicto y de la agresividad del conflicto. El Oriente fue un espacio entre los años 80´s y principios del siglo XXI, de mucha actividad de los frentes 47 y Noveno de las FARC y del Carlos Alirio Buitrago del ELN, y la guerra de minas fue una de sus armas predilectas (…) En este momento el conflicto está muy vivo y muy agresivo en las zonas de Ituango, Toledo, Briceño, Tarazá y parte de Cáceres, allí estamos viendo que el número de víctimas está creciendo.”

A esto se suma que las minas están siendo instaladas en caminos rurales que son paso obligado para las tropas del ejército pero también para los campesinos, que se dirigen a sus lugares de siembra o tala de árboles, y para los niños que van a estudiar a sus escuelas, por lo que se viene avanzando en materia de prevención con la población civil. 

Habrá que ver entonces la voluntad de la guerrilla para ponerle fin a una estrategia en la que se han hecho cada vez más expertos, en la fabricación y detonación de las minas, utilizando materiales plásticos o de vidrio que impiden la detección de los artefactos y usando cada vez más explosivos para generar daños mayores.

Así lo reflejó el incidente ocurrido el pasado 13 de enero en la vereda Pueblo Nuevo del municipio de Briceño, en el Norte de Antioquia. Ese día tres adolescentes regresaban hacia sus viviendas en horas de la noche cuando de manera accidental uno de los jóvenes detonó una mina antipersonal. La explosión le causó la muerte instantánea a un menor de 15 años de edad y heridas a sus dos compañeros de 17 años.

De acuerdo con información del Batallón de Desminado Humanitario Nº 60 del Ejército “Coronel Gabino Gutiérrez”, los artefactos que está construyendo actualmente la guerrilla no corresponden a minas convencionales; las cuales tienen la capacidad de mutilar la pierna de un ser humano a la altura del tobillo, por lo que son conocidas como “quiebra patas”.

“Normalmente una mina convencional tiene entre 60 y 80 gramos de explosivo en cualquier parte del mundo. Pero aquí estamos hablando de aparatos improvisados con aproximadamente entre 1.200 y 1.500 gramos de explosivo. Esto no es una quiebra patas. Eso es lo que causa la mutilación de las dos piernas por encima de la rodilla”, explicó un uniformado del ejército de quien se omite su nombre por seguridad.

Dado el riesgo que representan este tipo de artefactos, no sólo para las tropas sino también para la población civil, y de acuerdo con el tratado de Ottawa mediante el cual Colombia se comprometió a destruir todas las minas antipersonales que existan en el país, en Antioquia las autoridades le apuestan al desminado humanitario en regiones como el Oriente, donde hay menor intensidad del conflicto, y al “desminado en caliente” en las zonas del Norte, Nordeste y Bajo Cauca.

Este año se espera que el municipio de San Francisco, sea el segundo municipio del Oriente libre de amenaza de minas, después de San Carlos. La meta es que estas trampas mortales no destruyan más vidas en Antioquia, porque en palabras del Secretario de Gobierno, “un campo minado es una declaratoria de guerra perpetua.” 

En Altavista arrancó ConVidArte

Como una forma de rechazar las situaciones de violencia que viven algunas comunas de Medellín y de rendir homenaje a los artistas asesinados en medio del conflicto urbano, alrededor de 100 organizaciones culturales, juveniles, artísticas y comunitarias se congregaron en el corregimiento Altavista, suroccidente de la ciudad, en lo que fue la primera jornada ConVidArte, el domingo 3 de febrero.

El evento surgió con dos intenciones, “primero responder a las situaciones de violencia que sufre la ciudad y, segundo, a la preocupación generada por el homicidio en Altavista del artista 'Crispi'”, explicó Julián Marín, miembro de ConVidArte, refiriéndose a la muerte de Julián Andrés Taborda Nanclares, ocurrida el pasado 7 de enero.

“Crispi” era un mimo de 15 años de edad que pertenecía al colectivo Casa Arte de Altavista y que, según esa organización, no tenía ningún tipo de amenaza o relación con los combos del sector. Su muerte ocurrió mientras caminaba hacia su casa cuando fue interceptado por dos hombres que le dispararon en varias ocasiones.

En memoria de éste y de otros artistas que han sido víctimas de la violencia en la ciudad, las organizaciones participantes realizaron actividades musicales y culturales que incluyeron un circo, actos teatrales, talleres artísticos y, como plato fuerte, conciertos de hip hop, salsa, rock, reggae y otros géneros musicales. El mensaje era uno solo: el respeto por la vida.

Lo que se pretende con este tipo de expresiones sociales es “reivindicar el derecho a vivir con dignidad y libertad en los territorios”, aclaró Julián Marín al asegurar que el propósito es realizar este tipo de eventos en toda la ciudad.

“Vamos a ir a la comuna 13, a la 4, a la 1, a la 10 y a la 14, a reivindicar el territorio y a parcharnos con la gente en otros espacios y digamos a acompañar a la gente en estas situaciones de coyuntura, pero también a proponer políticamente unos asuntos y un proyecto de ciudad desde las organizaciones juveniles y culturales”, reveló el líder social.

La lluvia no aguó la fiesta, el compromiso es fuerte

Un fuerte aguacero que empezó hacia el medio día y se extendió hasta las cinco de la tarde amenazó con dar por terminadas las actividades de ConVidArte, que habían empezado desde las 10 de la mañana en los sectores La Palma, La Esperanza, El Consejo y la Casa de Gobierno de Altavista.

El intempestivo chaparrón dispersó a la multitud de los escenarios y, por más de cuatro horas, mantuvo a las personas paradas en los andenes, escampándose bajo los techos de las casas, o aglomeradas en las tiendas del sector, fumando cigarrillo y tomando tinto o bebiendo algún tipo de licor.

Pero los ánimos y el compromiso eran fuertes, por eso cuando la lluvia disminuyó, participantes y asistentes se volvieron a congregar para darle continuidad al ciclo de conciertos. Jeison Castaño, más conocido como “Jeihhco”, en el colectivo La Élite, fue uno de los artistas que estuvo en el evento hasta el último momento.

En medio de esa niebla gris que dejó la lluvia y que bajó desde la montaña enfrente del escenario, “Jeihhco” insistió en la necesidad de comprometer a toda la sociedad con la compleja labor de buscarle soluciones a la violencia que padece Medellín.

Este “es un llamado con énfasis en el Estado y el gobierno, pero también en la misma población de Altavista y de Medellín, en la empresa privada y en todos los que hacemos parte de esta ciudad por una solución a los problemas que tenemos y que no podemos evadirlos ni ocultarlos debajo del tapete, tenemos que afrontarlos, contarlos, porque necesitamos hablar de eso”, expresó “Jeihhco”

Para el rapero aunque se ha avanzado en criticar y reclamar acciones más contundentes del gobierno y las autoridades, aún falta mayor movilización por parte de la sociedad, “porque sentimos que la solución está sólo en una alcaldía de turno que está cuatro años, pero nosotros estamos toda la vida y lo que nosotros hagamos es más trascendental.”

“Jeihhco” concluyó que en la ciudad no solo hay que atacar las consecuencias inmediatas de la violencia sino también sus causas históricas. “Y nos da miedo porque es un proceso que es a 20 ó 30 años; pero, si no empezamos ya, entonces cuándo...” Para él, este problema no se soluciona únicamente con pie de fuerza, requiere más inversión social.

Piamonte: el fortín de Leo y Chepe

Izquierda, Jacinto Fuentes German alias Leo, foto Policía Nacional
Derecha, Rafael Álvarez Pineda, alias Chepe, foto El Espectador

* Por razones de seguridad se omiten los nombres de algunas fuentes.

“Piamonte en su historia fue la base militar del bloque Central Bolívar, ahí era donde torturaban, mataban la gente y ahí fue donde “Macaco” tuvo mando más de una vez, porque era su zona operativa.” Esta afirmación, hecha por un líder civil de Caucasia, da cuenta de la importancia militar que ha tenido el corregimiento Piamonte del municipio de Cáceres para los grupos ilegales del Bajo Cauca Antioqueño.

Luego de la desmovilización y posterior extradición de Carlos Mario Jiménez, Macaco, Piamonte se convirtió en el lugar desde donde Ángel de Jesús Pacheco Chanci, alias Sebastián, habría liderado la guerra de la banda Los Rastrojos contra Los Urabeños. Prueba de ello, es que Pacheco Chanci fue asesinado[i] en una finca de ese corregimiento donde al parecer solía reunirse con sus subordinados.

Tras la muerte de este jefe criminal y “después del pacto que hubo el año pasado –entre Urabeños y Rastrojos-, Los Urabeños dominaron todo lo que es el Bajo Cauca y están empoderados en la zona donde permaneció toda la vida Sebastián, que es Piamonte, la zona militar, o sea como decir un batallón”, aseguró el líder civil de Caucasia.

La ubicación geográfica de Cáceres ha hecho que este municipio sea importante para los grupos ilegales que buscan controlar el tráfico de drogas a través de los corredores naturales del Nudo de Paramillo. “Al estar situados en  las rutas del narcotráfico, los municipios de Cáceres, Tarazá y Caucasia son duramente afectados por las consecuencias de ese mercado ilícito.”[ii]

 

Sobre esta problemática, un funcionario público de Caucasia argumentó que “la localización de todo el Nudo de Paramillo y del Bajo Cauca, permite articular operaciones de tránsito hacia el Urabá Antioqueño, el departamento de Chocó, El Caribe y la región de El Catatumbo (Norte de Santander).” 

Entre las rutas que utilizarían los grupos ilegales para el tráfico de drogas está la región de Los Tigres 1, 2 y 3, en los límites entre Cáceres y Caucasia. “Hay un corredor entre Piamonte (Cáceres) y Los Tigres (Caucasia) que lleva hasta El Bagre y Zaragoza. Igualmente hay un corredor en el corregimiento La Caucana de Tarazá, por ahí se sale a San José de Uré en Montelíbano; eso es en El Paramillo”, explicó el líder civil de Caucasia. 

A parte de ser un corredor estratégico para el narcotráfico, Piamonte tiene una característica particular que les habría facilitado el dominio territorial a los grupos ilegales: para acceder a ese poblado, se requiere cruzar el río Cauca en un ferri que en la actualidad sería controlado por Los Urabeños, también conocidos en la zona como Águilas Negras.

Así lo reveló un funcionario público de Cáceres, al asegurar que para entrar a “Piamonte hay que pasar el río en ferri y el ferri es de ellos –Las Águilas Negras- y en Piamonte viven ellos. A Piamonte no pasa un carro de la policía jamás, ni se atreven a pasar tampoco.”

Incluso la periodista colombiana Salud Hernández Mora, fue testigo y víctima del control que ejercen los grupos ilegales en el corregimiento Piamonte. La situación ocurrió cuando la reportera intentaba llegar hasta la hacienda La Esmeralda, que fue propiedad del ex jefe paramilitar Carlos Mario Jiménez, Macaco, para hacer un informe sobre restitución de tierras.

De esta forma lo relató Hernández Mora en artículo publicado en el diario El Tiempo, el 27 de junio de 2012.[iii]

 

(…) El integrante de las 'Águilas negras' me impide llegar a 'La Esmeralda', la emblemática hacienda que tenía 'Macaco' en Piamonte, vereda de Cáceres que el jefe paramilitar convirtió en su centro neurálgico cuando reinaba en el nordeste antioqueño. En teoría, la finca está bajo la tutela de Acción Social, pero en la práctica sigue en la órbita de los grupos ilegales…

(…) Para entrar al pequeño caserío de campesinos, pescadores y mineros pobres, a orillas del río Cauca, hay que cruzar en un destartalado ferri. Además de transportar a vecinos y vehículos, sirve a las 'Águilas' para controlar las entradas y salidas de forasteros, que no pueden desplazarse sin su permiso por una región montañosa, salpicada de fincas ganaderas y minas de oro…

De acuerdo con la versión del líder civil de Caucasia, quienes ahora están usando el corregimiento Piamonte como base militar son: Rafael Álvarez Pineda Chepe, máximo cabecilla de Los Paisas, y Jacinto Nicolás Fuentes Germán, Don Leo, jefe de Los Urabeños en el Bajo Cauca.

Según este líder, Chepe se encargaría de manejar el narcotráfico y la minería ilegal, y  Fuentes Germán estaría a cargo de la extorsión principalmente a mineros y comerciantes. “Don Leo, es el que está operando, tiene a más de uno pagando cuota, como hay otros que están huyendo, porque como no pagan la cuota entonces son objetivo militar, tanto ellos como la familia. Hay otros a los que les han quitado el entable de la minería.”

Esta persona aseguró además que, en algunos casos, Don Leo citaría a los comerciantes de la región al corregimiento Piamonte de Cáceres para negociar el cobro de las extorsiones. “Hace días citó a todos los dueños de las prenderías. Se enteraron el Ejército y la Dirección de Inteligencia de la Policía (DIPOL). Fueron a Piamonte y supuestamente los mineros creyeron que era un operativo de minas y todo el mundo se alertó.”

Y es que fue el propio presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, quien el pasado 30 de enero de 2012, después de un consejo de seguridad en Caucasia, ofreció recompensas hasta de 100 millones de pesos por información que permitiera capturar a los principales líderes criminales del Bajo Cauca. En su discurso el jefe de estado ofreció dinero por los siguientes cabecillas:  

“De las Bacrim de Urabá, alias ‘Don Leo’, jefe regional del Bajo Cauca de esta banda criminal; alias ‘El Mocho’, que opera en el sector de Nechí; alias ‘Santander’ o ‘Niño Corrales, en el sector de Zaragoza; alias ‘Beiker’, aquí en el sector de Caucasia; alias ‘Mauro’ o ‘Mauricio’, en el sector de El Bagre; alias ‘Ere’, en el sector de Cáceres.

Y en cuanto a ‘Los Rastrojos’, alias ‘Johnny’ o ‘Tomás’, en el sector de Cáceres; alias ‘Andrés’, en el sector de El Bagre; alias ‘Moncholo’ o ‘Maestre’, en el sector de Zaragoza; alias ‘Richard’, aquí en el sector de Caucasia, y alias ‘Oreja Peluda’, en el sector de Nechí.

Aún sin estar en esa lista de recompensas anunciada por el presidente Santos, el pasado 25 de septiembre de 2012 la policía capturó, en una finca del corregimiento La Caucana de Tarazá, a Germán Bustos, El Puma, quien presuntamente lideraba el brazo sicarial de Los Paisas y hacía parte del cartel de los más buscados publicado por la institución.

Al anunciar su captura el director general de la Policía Nacional, general Roberto León Riaño, explicó que debido a la estructurada piramidal de Los Paisas, en unión con Los Urabeños, alias El Puma podría ser reemplazado con facilidad. 

Sin embargo, el general León Riaño aseguró que las autoridades perseguirán a quien lo suceda. “Y eso es lo mismo para alias Don Leo, para alias Mi Sangre.” De esta forma, alias Chepe parece haberse diluido en esta búsqueda de jefes criminales; mientras que alias Leo cobra cada vez más fuerza no sólo en el Bajo Cauca sino también en Medellín.

El nombre de Jacinto Nicolás Fuentes comenzó a sonar en la capital antioqueña, poco antes de que las autoridades capturaran en Buenos Aires, Argentina, a Henry de Jesús López Londoño, alias Mi Sangre, presunto jefe de Los Urabeños en Medellín quien le habría cedido el poder militar a Don Leo, para dedicarse exclusivamente al narcotráfico.

Así lo reveló el diario El Tiempo, en una publicación del 27 de octubre de 2012, según la cual 'Los Urabeños' están más vivos que nunca y se asociaron a las Farc en varias zonas. Ahora, amenazan la seguridad urbana de Medellín", explicó un alto funcionario de una entidad estatal encargada de seguirle los pasos – a alias Don Leo-.[iv]

En el artículo también se indicó que Jacinto Nicolás Fuentes comandaría a 300 hombres en la capital antioqueña, quienes utilizarían antiguas armas de los paramilitares, y tendría la orden de asumir el control de los combos de La Oficina. Para eso estarían ofreciéndoles dinero y armas o sometiéndolos a la fuerza.

La permanencia en la guerra de hombres como Don Leo y el fortalecimiento de estructuras emergentes del paramilitarismo como Los Urabeños, parecen reflejar que los intereses criminales que se mueven en el país luchan por conservar los espacios que dominaron los paramilitares y, un poco a la vieja usanza, en Antioquia comenzaron por asegurar territorios como el Bajo Cauca, por su importancia para el narcotráfico y las operaciones militares, para luego extenderse a ciudades como Medellín que sin duda continúan siendo centros de poder.

Artículos anteriores:

• Guerra entre Rastrojos y Urabeños podría reactivarse en el Bajo Cauca
• Bacrim en el Bajo Cauca: un pacto débil y parcial
• La guerra y sus alianzas en el Bajo Cauca
• Más alianzas y traiciones en la guerra de bandas del Bajo Cauca

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[i] La muerte de Pacheco Chanci habría ocurrido a raíz de una disputa con sus escoltas Héctor David Escarpeta Suárez, El Negro, y Luis Alberto Paternina Álvarez, Guadaña, quienes se entregaron a las autoridades y aceptaron su responsabilidad como autores del homicidio.

[ii] Documento en página Web: S.E., 2011, septiembre, “Plan de Consolidación en el Bajo Cauca”, sitio Web Ideas para la Paz, disponible en:

http://www.ideaspaz.org/portal/images/stories/pdfs/bajocaucaweb.pdf acceso 23 de noviembre de 2012

[iii] Artículo de periódico: Hernández Mora, Salud, 2012, 27 de junio, “En Piamonte, la restitución de tierras sigue siendo un sueño”, El Tiempo, edición nacional, disponible en sitio Web:

http://www.eltiempo.com/colombia/otraszonas/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-11978523.html

[iv] Artículo de periódico: Unidad Investigativa, 2012, 27 de octubre, “El 'Urabeño' que va tras las comunas de Medellín”, El Tiempo, edición nacional, disponible en sitio Web: http://www.eltiempo.com/justicia/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-12338899.html