Temor rodea colegios de la comuna 8

El temor se ha convertido en una constante para docentes, alumnos y padres de familia de la institución educativa Villa Turbay, comuna 8 de Medellín, debido a la marcada delimitación de fronteras ilegales, impuestas por los combos en esa zona del oriente de la ciudad.

Esta problemática ya cobró la vida de un ex alumno y de un estudiante del colegio Villa Turbay, según recordó Martha Rocío Alfonso Bernal, miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Institutores de Antioquia, ADIDA.

El primer hecho ocurrió el pasado viernes 25 de enero cuando fue asesinado Santiago González, de 18 años de edad, quien se movilizaba en un bus de servicio público y vestía uniforme del Metro. Este joven había sido reconocido como uno de los 10 mejores bachilleres de Villa Turbay en el 2012, por la cual era aprendiz del Metro.

Un habitante del sector[i] lamentó la muerte de Santiago González al señalar que era un joven de bien y recordar que “él bajaba diario en el bus para ir a capacitarse en el Metro. Salía entre las cuatro y las cinco de la mañana y ese día se montaron al bus y le dispararon.”

Este caso afectó mucho a los profesores de Villa Turbay, quienes recientemente le habían hecho un homenaje a Santiago poniéndolo como ejemplo en la institución, indicó Martha Rocío.

“Los golpeó mucho porque todo el enorme esfuerzo que significa invertir en sacar una posibilidad de vida, un proyecto diferente… una familia pensando en otras cosas y que la destruyan en un momento, es un golpe muy duro”, concluyó la docente.

El segundo hecho ocurrió el pasado fin de semana, el sábado 2 de febrero, cuando un estudiante de octavo grado del colegio Villa Turbay fue baleado en el sector de Tres Esquinas. Al parecer, según explicó Martha Rocío, el joven había bajado hasta esa zona a comprar repuestos para una bicicleta, traspasando una de las fronteras impuestas por los grupos ilegales.

La muerte de estos dos adolescentes y, al parecer, algunas situaciones de intimidación a docentes de la zona, motivaron una reunión entre la comunidad educativa y representantes  de las secretarías de Educación y Gobierno de Medellín para analizar la problemática. Sin embargo quedó un sin sabor, originado por la ausencia de la secretaria de Educación, Luz Elena Gaviria.

“Se disculparon porque tenían una situación de emergencia, pero que más situación de emergencia que tener dos instituciones Loma Hermosa –comuna 13- y Villa Turbay, que están con este problema”, afirmó Martha Roció.

Entre las medidas que se definieron para la comunidad educativa del sector, la docente explicó que “la Secretaría de Educación les puso transporte para subir y bajar, pero digamos que ellos tienen que trabajar en unas condiciones muy difíciles porque ha habido muchas balaceras, permanentemente hay bala, (…) eso genera mucha angustia. –Con los docentes- la Secretaría se comprometió a hacer acompañamiento de educación, de bienestar docente, de psicólogo de atención y, aparte de eso, lo que tiene que hacer con la comunidad.”

La situación de violencia que padece esta comuna afecta tanto a maestros como estudiantes y padres familia y, contrario a lo que parece, no se concentra únicamente en La Sierra, aclaró Martha Rocío. “O sea La Sierra tiene su problemática pero también Caicedo, Villatina y Ocho de Marzo, que son los barrios que están complejos y ahí está el conflicto.”

El habitante consultado por esta agencia de prensa reveló que su hijo, que cursa la primaria, vive atemorizado por las continuas balaceras y confirmó que las fronteras y los grupos ilegales, en la zona donde reside, están ubicados en Villatina, Tres Esquinas, La Sierra y Ocho de Marzo.

“Yo disque hago parte de uno de esos grupos porque vivo en el territorio de ellos, entonces ellos dicen que yo pertenezco a ese combo, ¡como si uno les perteneciera!”, denunció este ciudadano con enojo, al rechazar esta aparente estrategia de los combos de buscar capital social entre la población que no pertenece al conflicto.

“El problema de la institución allá es que la gente mientras está en la zona –La Sierra y Villa Turbay- no tiene problema, el problema es cuando baja. Entonces mientras que estén ahí ellos se quedan en la institución educativa”, afirmó Martha Rocío.

De esta forma, las fronteras ilegales se convierten en una de las situaciones que más vulneran el derecho a la educación, generando ausencias, deserción escolar y traslados, particularmente en el caso de alumnos que viven en La Sierra y Villa Turbay pero estudian en el sector de Tres Esquinas, o viceversa.

“De conformidad con la información suministrada en la comuna, como resultado de la confrontación armada la deserción escolar llego a un 40%1, debido entre otras cosas a la imposibilidad de movilizarse libremente ante la existencia de fronteras invisibles.” Así lo reseñó el Observatorio de Seguridad Humana en su informe de Derechos Humanos en la comuna 8, presentado el 10 de diciembre de 2012.[ii]

En toda la ciudad la deserción escolar sería del 4.4%, según estudios de la Personería de Medellín, en los cuales se revela que “las principales causas de este fenómeno son: la falta de oferta institucional; la situación económica de las familias y los estudiantes, que los llevan a abandonar el estudio y empezar a trabajar; y el conflicto armado (especialmente en las comunas 8, 13, 9, 16 y los corregimientos de Altavista y San Antonio de Prado), entre otras situaciones.”[iii]

Según datos de la Personería, en el año 2012 fueron asesinados 5 estudiantes en la Comuna 8, como lo publicó el diario ADN de Medellín, al indicar que “entre los colegios más afectados se encuentran la Escuela Empresarial Esfuerzos de Paz 2, la Corporación Latina, de la Comuna 8; Cedepro, de Belén Altavista; los colegios Blanquizal, Creadores del Futuro y Fundadores, de la Comuna 13; el colegio Fe y Alegría Corvide, y el Cooperativo San Antonio de Prado.”[iv]

Lo más lamentable de la situación que viven estas instituciones educativas, es en muchos de los casos la vulneración del derecho a la educación por parte de los grupos armados ilegales es un problema de vieja data, que aumenta o disminuye, ligado a las dinámicas del conflicto urbano.

En desarrollo…

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[i] Nombre omitido por razones de seguridad

[ii] El informe del Observatorio de Seguridad Humana también reseñó una alta problemática de reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes en la comuna 8. “Reclutamiento forzado: 440 casos de reclutamiento forzado de NNA, cooptados por los Gaitanistas o Urabeños y La Oficina, vinculándolos a catorce combos delincuenciales ubicados en los barrios Villatina, San Antonio, Las Estancias, La Sierra, Villa Liliam Parte Alta y sectores como Las Mirlas, Esfuerzos de Paz, La torre San Antonio, Finquita, La Bombonera, Los Charcos, Tres Esquinas, La Cañada, La Aguinaga, La Esperanza, La Granja, La Torre Villatina, Santa Lucia y El Ventiadero. Estos barrios y sectores cuentan con una población de 36.000 habitantes. 

[iii] Personería de Medellín,2013, “Aclaración porcentaje de deserción escolar en la ciudad”, Sitio Web Personería de Medellín¸ actualizado a enero de 2013, disponible en: http://www.personeriamedellin.gov.co/index.php/sala-prensa/comunicados/340-aclaracion-porcentaje-de-desercion-escolar-en-la-ciudad acceso 06/02/13 acceso 05 de  febrero de 2013

[iv] Gallego, Lina Marcela, 2013, 28 de enero, “Aulas, más vacías este año en Medellín”, ADN, edición regional, Medellín, disponible en sitio Web: http://diarioadn.co/medell%C3%ADn/mi-ciudad/deserci%C3%B3n-escolar-en-medell%C3%ADn-1.43526 acceso 06 de febrero de 2013

Violencia causa deserción y ausencia escolar en comunas 8 y 13

Preocupadas están las directivas de la Institución Educativa Eduardo Santos, en la comuna 13, occidente de Medellín, por la elevada tasa de movilidad o deserción escolar que se ha registrado este año, en la mayoría de los casos a causa del conflicto entre combos.

Las fronteras ilegales, las amenazas y los desplazamientos forzados intraurbanos, serían algunas de las principales razones que estarían motivando esta situación. Sólo entre el 14 y el 31 de enero de este año 256 estudiantes cancelaron matrícula.

Además de los dos mil 200 alumnos, que en promedio estudian cada año en esa institución, apenas mil 800 iniciaron el año escolar. Y aunque a la fecha ya se contabilizan mil 880 estudiantes, aún habría un déficit cercano a los 300 escolares.

El revelador balance fue presentado por las directivas de la institución, que prefirieron les fueran omitidos sus nombres. “Diariamente cancelan estudiantes por alguna razón. El 90% cancelan por razones que atizan la violencia”, señaló un funcionario del colegio.

Para realizar estas estadísticas los directivos han indagado a los padres y los estudiantes, que cancelan matrícula, sobre las razones reales por las que abandonan el plantel educativo.

El problema “es generado por amenazas a las familias o a algún integrante de la familia, por miedo a cruzar las fronteras ilegales y, a esas mismas razones de amenazas y miedos, hay que agregarle una situación de órdenes directas que reciben algunas familias para desalojar sus viviendas. Ese es el 90%, nueve de cada 10 estudiantes nos manifiestan eso. A dónde se van, la gente no nos dice”, reveló el funcionario.

A estas situaciones podría sumarse la baja asistencia a clases, en algunas fechas, a causa de los enfrentamientos armados entre combos del sector. Aunque esta problemática, afirman las directivas, ha sido denunciada ante las autoridades, hasta el momento, al parecer, las medidas no han sido suficientemente efectivas.

“Ocasionalmente hay un servicio de patrulleros de la policía que dan vueltas por la zona. En cuanto a la Secretaría de Educación, la secretaria y la vice alcaldesa no se cansan de decir que a la gente le gusta cambiar de colegio, que la gente no deserta sino que cambia de colegio porque les gusta cambiar de domicilio y, en atención, la Secretaría siempre manda a un compañero de convivencia, Fernando Betancur, a que capotee todos los problemas pero no hay poder de decisión”, denunció el funcionario.

Lo que sí destacan las directivas, es la implementación de un transporte escolar que beneficia a cerca de 600 estudiantes de los sectores La Loma, El Salado y La Caseta; gracias a este servicio, aseguran, la situación no ha sido peor.

Sin embargo, desde hace un tiempo la institución educativa solicitó acompañamiento de las autoridades en las rutas de buses, lo cual no ha sido posible. El año pasado, relató el funcionario, ocurrió un caso en el que un bus fue detenido por un grupo de jóvenes que obligó a descender del vehículo a algunos estudiantes para intimidarlos.

La agencia de prensa del IPC buscó a la Secretaría de Educación de Medellín, Luz Elena Gaviria, para conocer las acciones que, frente a este problema, viene realizando su dependencia, sin embargo hasta el momento no se ha recibido una respuesta de su parte.

Pero también en la comuna 8, oriente de la ciudad, se viven situaciones similares donde la violencia generada por los grupos ilegales vulnera el derecho a la educación. En ese sector estudiantes y docentes han sido víctimas de agresiones por parte de los combos.

En desarrollo…

Jóvenes se articulan para construir agenda juvenil

Con la idea de construir una agenda juvenil con enfoque de derechos humanos y de articular una red nacional de juventudes, adolescentes de Antioquia y otras regiones del país participaron en el “Encuentro Departamental y Nacional de Jóvenes - pre congreso juvenil”, desarrollado en Medellín los días 11 y 12 de diciembre de 2012.

 Este evento, realizado por el Instituto Popular de Capacitación (IPC) con el financiamiento de CORDAID e ISAGEN, les brindó a los jóvenes la posibilidad de reflexionar sobre las políticas juveniles, con el objetivo de hacer propuestas en cuatro temas fundamentales: derechos humanos, derechos de las víctimas, memoria histórica y seguridad y convivencia.

Para Camilo Ospina, miembro de la corporación de víctimas del conflicto Ave Fénix, la principal característica del evento es que se realizó desde lo juvenil, es decir “desde la creatividad y el pensamiento de no estar buscando las mismas formas de hacer, sino de siempre estar reinventando y demostrando que hay otro rumbo y otro horizonte.”

Este adolescente nació en el municipio Puerto Berrío, Magdalena Medio Antioqueño, de donde tuvo que desplazarse con su familia luego del asesinato de dos tíos. Por eso, una de sus principales intenciones en el encuentro consistió en promover propuestas y debates sobre la construcción de memoria colectiva con enfoque juvenil.

“Lo que buscamos es formar una memoria histórica que permita vislumbrar que todos hemos tenido afectaciones. Entonces la idea es que a partir de ese ejercicio de memoria colectiva podamos construir y proponer unas organizaciones diferentes a las que están establecidas en este momento”, expuso Camilo.

Para sacar adelante sus propias iniciativas, una de los primeros pasos que deben dar los jóvenes es aumentar su incidencia en los espacios de discusión y construcción de políticas públicas. Según Camilo, eso podría lograrse si los colectivos juveniles se articulan en una red y trabajan en una agenda común.

“Estamos buscando que la juventud se articule desde estos espacios y desde el sector de las organizaciones no gubernamentales. Es decir que no sean aparte el grupo de danza, el de teatro o el colectivo, sino que todos estén asociados con un norte común y con objetivos definidos. Lo que necesitamos en este momento es demostrar que nuestras ideas pesan y para hacerlo requerimos unión”, planteó el adolescente.

Para avanzar en la conformación de esa red juvenil y enriquecer el debate, el encuentro de jóvenes contó con participantes de Cali (Valle del Cauca), Bogotá (Cundinamarca), Córdoba (Montería) y Barrancabermeja (Magdalena); además de los adolescentes antioqueños de las regiones de Urabá, Oriente y Valle de Aburrá.

De acuerdo con Mónica Rojas, investigadora del Instituto Popular de Capacitación y coordinadora del proyecto Juventud, Memoria y Paz, el propósito era “intercambiar experiencias con otras regiones del país que han analizado el tema de la agenda juvenil, para ver que hay en común y que tanto se puede trabajar en red para construir escenarios de incidencia política a nivel nacional.”

De cara a la articulación, el encuentro también les sirvió a los participantes para preparar el terreno y avanzar en su meta de realizar un congreso juvenil en Antioquia, en el cual pretender reunir a más 2 mil jóvenes de diferentes regiones.

“Con este encuentro de hoy, al menos queda formulada una primera propuesta de agenda política de los y las jóvenes con enfoque de derechos humanos para seguirla moviendo. La idea era hacer un pre congreso que ayude a dimensionar la parte organizativa, cómo es enfrentar un congreso grande”, aclaró Mónica Rojas.

Finalmente, la investigadora del IPC reveló que el encuentro regional y nacional de jóvenes fue un evento de cierre político del Colectivo Memoria Joven, el cual se conformó en desarrollo del proyecto Juventud, Memoria y Paz que en sus tres años de ejecución reunió a adolescentes de Medellín, el Valle de Aburrá, el Oriente y el Urabá Antioqueños.

Memoria Joven es “un proceso organizativo que quería encontrar un espacio para que los y las jóvenes de Antioquia y de otras regiones reflexionaran una agenda común de reivindicación y de incidencia política”, explicó Mónica Rojas.

Hecho por jóvenes y para jóvenes

Alzando su mano derecha y batiéndola al ritmo de la música hip hop, uno de los participantes del Encuentro Departamental y Nacional de Jóvenes gritó: “este es un evento hecho por jóvenes y para jóvenes.” El motivo de su furor, la presencia del grupo de rap Kalibre 13, originario de la Comuna Trece, San Javier, al occidente de Medellín.

MAP[i], es una adolescente de esa comuna que se dejó encantar por el género del hip hop. Ella hace parte del Colectivo Memoria Joven y de las redes artísticas de San Javier. En estos espacios se ha convencido de que el arte, la música y la palabra, son importantes formas de resistencia juvenil que también sirven para construir memoria.

Refiriéndose al encuentro, MAP planteó “que el evento es importante porque es fundamental tener memoria y recordar porque hacemos actos de resistencia, porque muchos de los que estamos acá hemos sido víctimas de alguna manera del conflicto y hacemos actos de resistencia contra el conflicto y para no pertenecer a este.”

Según su relato, esta joven se siente víctima del conflicto porque lo que ha vivido en la comuna 13 de Medellín. “Viví en carne propia la Operación Mariscal y la Operación Orión, además nos han asesinado a muchos compañeros raperos y hace poquito estos colectivos de hip hop fueron amenazados, tuvimos que salir del barrio por un tiempo y aún hay compañeros que no ha podido regresar."

MAP se refiere al desplazamiento de 67 artistas de los colectivos Son Batá y La Élite, quienes salieron de la Comuna Trece el pasado 2 de noviembre, al ser amenazados por un combo del barrio El Salado, luego de los actos de conmemoración al rapero Élider Varela, El Duke, asesinado el 30 de octubre del presente año. Del grupo de jóvenes desplazados aún hay 21 que no han podido regresar a su comuna.

“No es algo contra los artistas, no es que estén matando a los artistas, es que están matando a los jóvenes y nosotros como movimiento cultural nunca callamos una muerte”, aseveró MAP al reconocer que hacer resistencia juvenil es algo difícil pero necesario.

En desarrollo...

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[i] Se omite el nombre de esta joven y sólo se usan las iniciales del mismo, debido a que recientemente la adolescente fue desplazada de la comuna 13 por amenazas de un grupo armado ilegal que intimidó a 67 raperos de la zona. 

Jóvenes memorias de un conflicto antiguo

 “La guerra me robó alegría y niñez, pero no los deseos de seguir adelante”

Erika Milena Vallejo,  joven del Oriente Antioqueño

Algunos vivieron la violencia en carne propia, otros la han vivido en los recuerdos de sus padres, sus hermanos, sus tíos o cualquier familiar que les quede vivo. Todos se sienten marcados de alguna forma por la guerra y ninguno puede olvidar esos momentos que cambiaron sus vidas, cuando recién comenzaban a vivir.

Se trata de 80 jóvenes antioqueños afectados por el conflicto armado, que se reunieron en Medellín para compartir sus experiencias y avanzar en la construcción de memoria. Ellos han participado todo el año en la escuela permanente de formación del proyecto Juventud, Memoria y Paz, ejecutado por el Instituto Popular de Capacitación y financiado por CORDAID e ISAGEN.

Érika Milena Vallejo es una de esas jóvenes que, desde los 8 años, conoció los embates de la guerra. Ella vive en el municipio de El Peñol en el Oriente Antioqueño, una región afectada por la violencia de grupos guerrilleros y paramilitares a finales de los noventas y principios del 2000.

Ahora, cuando tiene 20 años, Érika recuerda que la primera barrera que le impuso la guerra fue el temor de salir a la calle para jugar como cualquier niña. Así lo reconoció esta adolescente trigueña y de cabello negro, dejando escapar una tenue sonrisa de labios delgados, con cachetes sonrojados y mirada pérdida.

“Era el hecho de no poder salir a la calle porque a las cinco de la tarde todos nos teníamos que encerrar. Entonces, nos quitaron la niñez, porque cuando uno está en esa edad uno quiere salir con los amigos para jugar golosa o a las escondidas”, relató Érika.

Ella explicó que su casa quedaba en el Sector Uno, cerca del hospital, una de las zonas más violentas en aquella época. El temor era tal, que el encierro no bastaba y, después de las cinco, las personas mantenían el televisor y las luces apagadas. “Era el tener que poner la cama y el chifonier en la puerta para que no la tumbaran o sentir la gente corriendo por los techos para que no la mataran”, agregó la joven.

Recordar la escena de sus vecinos llorando la muerte de algún familiar, tirado en la calle, es algo doloroso para Érika, quien también perdió a un tío y a un primo, en medio de ese conflicto que afectó al Oriente.

Con voz entre cortada esta adolescente relató su tío, a quien dice deberle grandes cosas, murió cuando prestaba servicio militar en la población de San Carlos. Atado a eso mismo destino y “defendiendo la misma región” murió su primo también como recluta del ejército.

“La guerra nos robó alegría y niñez, pero no los deseos de seguir adelante”. Bajo esta premisa Érika a continuado adelante con su vida que en la actualidad transcurre entre un proyecto de reconstrucción ambiental en el SENA y el grupo juvenil de la Asociación Provincial de Víctimas a Ciudadanos (APROVIACI), el cual busca renovar liderazgos de víctimas del conflicto en el Oriente.

Por su compromiso con las víctimas y con la memoria histórica, Érika piensa que este encuentro de jóvenes, es un espacio “maravilloso porque les permite expresarse. Expresar lo que somos, lo que sentimos y lo que pensamos sobre este flagelo, pero lo más importante es mirar qué vamos a hacer por los jóvenes en un proyecto que nos toque a todos.”

La memoria del joven

“Para nosotros la memoria termina siendo un reto porque no ha sido fácil construirla, los jóvenes tenemos el descaro de perder la memoria.” Esto es lo que piensa YG[i], quien pertenece al grupo Memoria Joven del IPC y al Colectivo Antimilitarista Simplemente Blanco y Negro. 

Este colectivo surgió como una forma de oposición al reclutamiento forzado, por parte de grupos paramilitares en la comuna 1 de Medellín. Fue en ese sector donde YG cambió el sueño de convertirse en Almirante de la Marina, por la realidad de ser antimilitarista.  

“Fue un cambio brutal, después de haber visto los estragos de las armas, en lo que fue mi infancia y todo mi proceso de vida. Ver como eso me marcó, como marcó a mis amigos, me quitó familia y muchos de mis allegados. Ser antimilitarista termina siendo ese sueño de pensarse un mundo sin armas”, confesó este adolescente.

A sus 21 años, la vida de YG está marcada por el recuerdo de aquellos días en que los paramilitares intentaron reclutar y hasta asesinar a su hermano mayor, quien terminó refugiado en el ejército como una forma de huirle a los ilegales. “Mi hermano decidió irse sin que nadie supiera y en mi casa se dieron cuenta como a los 20 días, porque mandó una carta desde La Guajira.”

Además, desde niño YG  ha sido testigo de las múltiples amenazas que ha sufrido su madre por su labor como feminista y líder comunitaria. En una de esas ocasiones, relató este joven, “permanecimos sitiados en nuestra casa, no podíamos ir a estudiar y ni si quiera podíamos acercarnos a la ventana porque nos estaban vigilando los paramilitares.”

Según YG, la oportunidad de compartir sus historias con otros jóvenes es valiosa porque “se pueden reconocer otras experiencias de vida que le permiten a uno pensarse y saber que no está solo en una condición, porque el asunto de ser víctima de la guerra termina siendo una condición que lo deja a uno marcado.”

Memoria con enfoque juvenil

“Freud decía que todo trabajo de duelo pasa por la memoria. Por lo tanto hay una transformación de la experiencia subjetiva del dolor, pero al mismo tiempo se van restituyendo lazos de solidaridad y hay un encuentro con el otro. A partir de eso se va reconstruyendo el sentido social.”

Así se expresó Juan David Villa, docente de la Facultad Psicología de la Universidad San Buenaventura, experto en procesos acompañamiento psicosocial y construcción de memoria con víctimas del conflicto armado.

Para Juan David, es muy importante que los adolescentes construyan memoria, porque de esa forma logran “comprender su propia historia individual y la historia que les precede, a nivel colectivo y familiar. Además construyen una identidad que puede ser incluso alternativa y diferente a las formas que ofrece la sociedad contemporánea.”

En su charla con los jóvenes, el experto se refirió a la necesidad de hacer memoria para dar a conocer la versión de las víctimas sobre las historias del conflicto. “Eso implica que puedan emerger versiones de la historia que no han sido escuchadas, para entrar a disputar los sentidos de construcción de memoria de un pueblo, un país o una nación.”

Sin embargo, Juan David reconoció que los jóvenes tienen problemas con los actores del conflicto cuando participan en la construcción de memoria, porque “se convierten en la carne de cañón y se vuelven muy vulnerables. Entonces un joven visto en esto cae bajo sospecha, por unos y por otros.”

Esa condición, que en ocasiones puede derivar en re victimización, demanda un mayor esfuerzo de la sociedad para rodear a la población juvenil y acompañarlos en sus reflexiones y en las formas como pueden expresar sus vivencias, para generar alternativas de resistencia  al conflicto armado del país.

En desarrollo...

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[i] Sólo se publican las iniciales del nombre de este joven, dado que su familia aún es objeto de amenazas de grupos ilegales de Medellín.

La escuela debe sobreponerse a los contextos de conflicto

Micro tráfico, fronteras invisibles y presiones de grupos armados, son algunas  problemáticas que rodean a las instituciones educativas en varios países de Latinoamérica. Para sobreponerse a esta situación, la escuela debe convertirse en un espacio con mejor proyección social, partiendo de políticas educativas basadas en la calidad, la equidad y la inclusión. Así se planteó en el encuentro internacional “Por una educación para la paz en contextos conflictivos”, realizado en Medellín el pasado 3 de octubre.

El evento de la Red de Derechos Humanos del Consejo de Educación de Adultos de América Latina y el Caribe (CEAAL), auspiciado por la Dvv-international y con el apoyo del Ministerio de Cooperación, fue organizado en Medellín por el Instituto Popular de Capacitación (IPC) y la Federación Antioqueña de ONG´s; y contó con la participación de por expertos de la UNESCO y del Programa Interdisciplinario sobre Investigaciones Educativas de Chile (PIIE).

En este encuentro fueron analizadas las realidades de Colombia y Chile, en torno a la forma como la violencia urbana afecta el derecho a la educación, dado que actualmente el IPC y el PIIE realizan una Investigación comparada sobre el derecho a la educación en contextos de violencia y la formulación de políticas públicas.

Edgardo Álvarez Puga, investigador del PIIE, expresó que Chile tiene similitudes con Colombia, respecto a la situación de violencia cerca de las escuelas, y agregó que este es “un problema Latinoamericano, que puede estar más acentuado en Centroamérica con el fenómeno de las Maras en el Salvador, el crimen organizado en México y el conflicto armado en Colombia.”

Por eso, el experto llamó la atención de los gobiernos para que no asuman una actitud pasiva. “Si se continúa en esa reflexión de que no ha llegado el momento nuestro, que todavía no estamos como los colombianos o como los mexicanos, finalmente no se hace nada y la escuela sigue asumiendo el golpe y la incidencia de estos contextos violentos; eso seguirá limitando los resultados de aprendizaje de los estudiantes”.

La investigación del PIIE y el IPC, compara las situaciones en instituciones educativas de La Pintana, una comuna al sur de Santiago de Chile, y de escuelas y colegios de las comunas 6 y 13 del occidente de Medellín, Colombia. En las experiencias de ambos países, se encontraron coincidencias en problemáticas de micro tráfico y fronteras invisibles.

Así lo afirmó Eloísa Paz Sierralta, investigadora del PIIE, quien explicó que la violencia simbólica afecta con mayor fuerza a Colombia. “En este país el crimen es organizado, mientras que en Chile no hay crimen organizado aún. En Chile la violencia no está legitimada como un medio de resolución de conflictos y las escuelas siguen siendo instituciones seguras para niños y jóvenes. En Colombia es distinto, las escuelas están más permeadas por la violencia urbana.”

La investigadora agregó que otra de las principales similitudes está relacionada con la violencia estructural, representada en la desigualdad de los sistemas educativos y en la inequidad de los sectores más pobres.

Por su parte los  investigadores del IPC, Ángela Urrego, Mary Luz Marin y Ariel Gómez refirieron algunas cifras del Informe de Derechos Humanos de la Personería Municipal, correspondiente al primer semestre de 2011, para sustentar las difíciles situaciones en algunas instituciones educativas de la ciudad, donde en ocasiones los estudiantes son víctimas de la guerra entre pandillas.

Según ese informe, en el primer semestre de 2011 hubo 14 estudiantes asesinados, tres heridos y 21 amenazados. Los estudios también determinaron que 23, de las 224 instituciones de Medellín, estaban en “situación de riesgo por fronteras impuestas por grupos ilegales en los barrios, lo que obligó al retiro y traslado de cientos de estudiantes.”

Los investigadores del IPC manifestaron que uno de los problemas graves en la ciudad es “la legitimación y la naturalización de la violencia, que incide en la configuración de las subjetividades de los niños y niñas en zonas de conflicto. Eso se materializa en los juegos de los infantes y adolescentes, que  juegan a tener armas y a ser jefes criminales.”

Por eso los tres educadores argumentaron que “el problema de los conflictos en la escuela no se resuelve incrementando las reglas ni con cámaras de vigilancia o policías a la entrada de los colegios.” En este punto coincidieron los expertos al afirmar que la situación requiere una política educativa articulada y una escuela más activa frente a las dinámicas de la sociedad.

La escuela como escenario de paz

“Para educar en contextos de conflicto es necesario que la misma escuela se constituya en un espacio de paz y de encuentro. Obviamente hay contextos violentos, pero también hay situaciones de violencia que ocurren en la escuela por estructuras que son violentas en sí mismas, como las situaciones de expulsión, donde el que no aprende se tiene que ir.”

Esta reflexión fue hecha por Daniela Eroles, asistente técnica del Área de Educación Inclusiva e Innovaciones Educativas de la OREALC/UNESCO, quien expresó que la gran demanda en “América Latina, considerando que somos la región más inequitativa del mundo, es avanzar en la construcción de políticas de equidad e inclusión, que consideren la plena participación de las escuelas y de todos los estudiantes.”

Sobre este asunto Edgardo Álvarez, manifestó que las políticas educativas deben se intersectoriales y expresó que, “cuando se revisan los proyectos pedagógicos, se ven escuelas que no tienen proyección comunitaria y que sólo miran el tema del aprendizaje desde una perspectiva académica y no de formación ciudadana.”

Para ejemplificar, el investigador el PIIE, refirió una situación que ocurre tanto en Chile como en Colombia: “Nosotros tenemos una nueva ley penal juvenil, que lo que ha hecho es disparar los porcentajes de jóvenes detenidos, pero frente a eso no ha habido ningún tratamiento dentro de los proyectos educativos de nuestras escuelas. Ahí parece que efectivamente tenemos un vacío importante.”

Finalmente Daniela Eroles afirmó que en muchos casos “las propuestas educativas no son significativas para los jóvenes, no responden a sus intereses y no brindan un apoyo real frente a las dificultades.”

De ahí que el llamado a repensar las ofertas de la escuela no sea sólo para los docentes, sino también para las comunidades, porque según la experta de la UNESCO: “en contextos difíciles es fundamental el trabajo de cada actor social.”

En Medellín, encuentro internacional sobre educación en contextos de conflicto

El Instituto Popular de Capacitación y la Federación Antioqueña de ONG´s invitan al encuentro internacional “Por una educación para la paz en contextos conflictivos”, que se realizará en Medellín el próximo miércoles 3 de octubre.

El evento se desarrollará entre las 8 de la mañana y la 1 de la tarde en el auditorio Gilberto Echeverry Mejía del Tecnológico de Antioquia, ubicado en la calle 78 B Nº 72 A 220. Allí se analizarán algunas de las problemáticas que, en entornos de conflicto, afectan el derecho a la educación.

Situaciones como las fronteras invisibles y la venta de drogas en los alrededores de la escuela; serán abordadas por expertos de la UNESCO y del Programa Interdisciplinario sobre Investigaciones Educativas de Chile (PIIE); así como por investigadores del IPC.

Actualmente el IPC y el PIIE realizan una Investigación comparada, en Colombia y Chile, sobre  el derecho a la educación en contextos de violencia y la formulación de políticas públicas para hacerle frente al problema.

Por parte de la UNESCO hará presencia en el encuentro la asistente técnica del Área de Educación Inclusiva e Innovaciones Educativas de la OREALC, Daniela Eroles; y como representantes del PIIE de Chile, estarán Eloísa Paz Sierralta y Edgardo Álvarez Puga.

Los investigadores del IPC que convocaron el evento son: Ángela María Urrego, Mary Luz Marín y Ariel Gómez, quienes desarrollan la investigación comparada en Colombia, en convenio con el PIIE de Chile.