Instituto
Popular de Capacitación – IPC
Comunicado a la
opinión publica
03 de septiembre de
2012
En
vísperas de la Audiencia contra “Don Berna” asaltan el IPC para robar
información
Con el presente
comunicado las directivas del Instituto Popular de Capacitación rechazan el
asalto a la sede de la organización, ubicada en San Benito, centro de Medellín,
para sustraer información sobre violaciones de derechos humanos.
En las horas de la
mañana de hoy lunes 3 de septiembre, nos percatamos de que la oficina de
sistemas, la presidencia y dos oficinas más donde se concentra información
sobre derechos humanos de nuestro observatorio, estaban desordenadas y con los
cajones abiertos, hechos demostrativos de que los invasores buscaban
información, aclarando que toda la sede fue desordenada y fueron cortadas la
redes de telefonía e Internet.
El IPC condena este
tipo de actos y llama la atención porque esta situación haya sucedido en la
víspera de la audiencia de formulación de cargos al ex jefe paramilitar, Diego
Fernando Murillo Bejarano, Alias “Don Berna”, en un proceso en el cual el IPC
ha sido denunciante, en virtud del atentado con explosivos ocurrido en 1999
contra la sede anterior de la organización, ubicada en el barrio Prado Centro.
A lo cual se suma, un
hecho de mayor gravedad en 1999 en el que fueron secuestrados 4 miembros del
equipo de trabajo de nuestra institución, luego de que integrantes de la banda
“La Terraza” incursionaran a la sede del IPC siguiendo órdenes de “Don Berna” y
Carlos Castaño. Posteriormente se incrementaron las amenazas al Equipo de
Derechos Humanos lo que generó su exilio
en el año 2000.
También permite
colegir el origen de la incursión a la sede principal del IPC, el artículo
publicado por el diario El Tiempo, titulado “Cinta enreda a hermano del general
Santoyo”, en su edición del día domingo 2 de septiembre del presente año,
pagina 7, de la primera sesión. Uno de los párrafos de esta publicación dice lo
siguiente: “… Y aunque a EEUU no ha llegado la cinta, si tienen la versión del
juzgado. Coinciden plenamente. Además, vamos a entregar la grabación a la
fiscalía, para que verifique su autenticidad y, de haber merito, se revivan
esos procesos”, dice una ONG de derechos humanos de Medellín.
Es nuestro deber
aclarar que siendo nosotros una ONG de derechos humanos de Medellín, no
disponemos del original ni de copia alguna de la citada cinta. Sin embargo
inferimos que el asalto a nuestra sede tiene relación directa con lo dicho en
el artículo de El Tiempo, dado que en los últimos meses el IPC ha participado
públicamente en las denuncias contra el general (r) Mauricio Santoyo Velasco,
por las 1.808 interceptaciones ilegales realizadas a ONG´s, defensoras de
derechos humanos y líderes de oposición entre 1996 y 2001, época en la cual el
entonces coronel Santoyo comandaba el Gaula de la policía del Valle de Aburrá.
Se presume que en virtud de sus relaciones con grupos
ilegales, en este caso con la banda “La Terraza”, el General Santoyo haya
participado en estos delitos cometidos contra el IPC. Más si se tiene en cuenta
que la Corte Este de Virginia, Estados Unidos, acusa al general Santoyo del
delito de conspiración, sindicándolo de nexos con narcotraficantes y
paramilitares, a los cuales les filtraba información que obtenía a través de las
interceptaciones ilegales.
Es cada día más
evidente el juego de diversos actores legales e ilegales en la perpetración de
este tipo de actos delincuenciales dirigidos a mantener la impunidad de lo
acontecido en las dos últimas décadas, configurando lo que el Fiscal general de
la nación denomina el aparato organizado de poder, línea doctrinal demostrativa
de la cooptación de entidades del Estado por parte de la delincuencia
organizada, lo que claramente se configura con este asalto a la sede del IPC.
Por lo anterior
enviamos nuestro más enérgico rechazo a este tipo de actos y exigimos de las
autoridades competentes los niveles de garantía para continuar ejerciendo
nuestra labor de defensa y de lucha contra la impunidad.
El igual sentido,
invocamos el acompañamiento y la solidaridad de las organizaciones de la
sociedad civil y de la comunidad internacional para rechazar estos actos que
vulneran las acciones de las
organizaciones de derechos humanos en Colombia.
INSTITUTO
POPULAR DE CAPACITACION IPC
JUNTA DIRECTIVA
