Concejo exaltó labor de Tierra y Vida y Forjando Futuros

Por su labor de acompañamiento a las víctimas del conflicto armado en Colombia y especialmente en Antioquia, el Concejo de Medellín exaltó la labor de la Asociación Tierra y Vida y de la Fundación Forjando Futuros otorgándoles la Orden al Mérito Juan del Corral[i].

El reconocimiento se suma al Premio Nacional de Paz que recibieron ambas organizaciones el 26 de noviembre de 2012 en Bogotá. La lucha ha sido implacable pero cada día surgen más aliados y hay un mayor el respaldo a los derechos de las víctimas.

El concejal Carlos Mario Mejía Múnera calificó como “justo y merecido” el homenaje del Concejo, dada la gestión de estas organizaciones “visibilizando el problema de las víctimas en el territorio nacional y el despojo de tierras en las diferentes regiones del país.”

Según el edil, este tipo de reconocimientos son “supremamente importantes para que las víctimas se vean reflejadas en estas organizaciones civiles (…) y para visibilizar cada vez más a las víctimas y menos a los victimarios.”

La batalla de Don Quijote y Sancho Panza

Recibir la orden Juan del Corral le hizo sentir a Carmen Palencia, directora de la Asociación Tierra y Vida, que no estaba loca. Y es que según ella  “el reconocimiento es gratificante no por vanidad, sino porque el camino fue de adversidades”, pues victimarios,  empresarios y hasta dirigentes políticos se opusieron a su labor e, incluso, la tildaron de loca.

“Hoy veo que Gerardo y yo no estábamos locos, que no éramos Don Quijote y Sancho Panza peleando contra molinos de viento, aunque la tarea fue así de dura”, afirmó Carmen durante su intervención en el Concejo. 

Tierra y Vida surgió en el año 2005 en la región del Urabá Antioqueño con el propósito de apoyar y acompañar a todas las víctimas de despojo de tierras. Luego, relató Carmen, la organización creció en Antioquia y de allí se extendió a todo el país. En este momento la asociación tiene 14 capítulos en 12 departamentos de Colombia.

En el proceso fue muy importante el apoyo de la Fundación Forjando Futuros, dirigida por Gerardo Vega Medina, que desde el inicio acompañó la labor de Tierra y Vida y luego la ayudó a extenderse al nivel nacional con el apoyo del Instituto Popular de Capacitación, Rede Paz, la Corporación Nuevo Arco Iris y CODHES.

Y aunque su organización ha crecido y en ese camino ha conocido la experiencia de otras regiones del país, Antioquia sigue siendo un departamento significativo para Carmen porque es allí donde “nació ese liderazgo de acompañamiento y organización de las víctimas”, pero también porque es la zona donde “hubo la mayor tragedia humanitaria, la mayor cantidad de gente despojada, desplazada, asesinada…”

De igual forma, en la lucha por reclamar 150 mil hectáreas de tierra despojadas en Urabá, donde hasta el momento el INCODER reconoce 98.292 hectáreas[ii]abandonadas, Carmen sufrió seis atentados contra su vida y perdió a varios de sus compañeros más cercanos; pues entre 2005 y 2012 fueron asesinados 12 reclamantes de tierras en esa región y, en total, 60 en todo el país[iii].

Ahora, cuando mira hacia el pasado, Carmen siente que el panorama para las víctimas ha empezado a mejorar y por eso en su intervención agradeció el apoyo de Gerardo Vega y también de Martha Peña y Diego Herrera, socia y presidente del Instituto Popular de Capacitación respectivamente. Incluso, agradeció al gobierno del presidente Juan Manuel Santos por el respaldo y las muestras de voluntad en pro de los derechos de las víctimas.

Las alianzas por las víctimas

La de Carmen y Gerardo fue una alianza por las víctimas y, principalmente, por la restitución de tierras. Una amistad que nació en Urabá, en el año 1992 en el barrio Obrero del municipio de Turbo, y luego se consolidó con la creación de ASOVIRESTIBI, una asociación de reclamantes de tierras que abriría el camino para lo que hoy es Tierra y Vida.

El compromiso de Gerardo con las víctimas del conflicto armado lo motivó a crear la Fundación Forjando Futuros, con el propósito de ayudar a las personas en sus procesos de reclamación, y a su vez lo llevó a buscar el apoyo de otros aliados que también trabajan por ese sueño de verdad, justicia, reparación y no repetición.

Para Gerardo uno de los momentos más significativos de este proceso fue la marcha “Por la Tierra, la Vida y la Paz” realizada en Necoclí, Urabá Antioqueño, el 11 de febrero de 2012.  Esa movilización, que congregó a más de 30 mil personas, fue trascendental por el mensaje de apoyo a las víctimas de todo el país y porque recibió “el respaldo del Gobierno Nacional (…) Curiosamente desde que se realizó la marcha no han ocurrido nuevos asesinatos de reclamantes en Urabá”.

Sin embargo Gerardo es consciente, y abiertamente crítico, de que el proceso de atención y reparación a víctimas no avanza al ritmo deseado. Por eso no se cansa de afirmar que la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras podría la mejor ley o, en su defecto, la peor, si no se llegara a aplicar adecuadamente; pues “sería una frustración para la sociedad y causaría más desesperanza.”

Aún así, la apuesta es sacar adelante la Ley 1448 de 2011 y, para ello, Forjando Futuros se ha integrado a otras organizaciones en una nueva coalición: la alianza por las víctimas “Colombia sin Heridas”, cuyos objetivos principales son el apoyo y veeduría a la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, el respaldo a la solución del conflicto armado colombiano por la vía negociada y la necesidad de darles voz y participación a todas las víctimas.[iv]

Actualmente la alianza Colombia sin Heridas está conformada por 20 organizaciones, entre ellas: la Asociación de Discapacitados de Tibú, la Alianza Social Independiente, la Campaña Colombiana contra las Minas, la Campaña Internacional contra la Violencia Sexual y de Género en el Conflicto, el Codhes, la Corporación Compromiso, la Confederación General del Trabajo, la Corporación Nuevo Arco Iris, la Fundación Forjando Futuros, la Fundación Restrepo Barco, la Fundación Visión y Gestión, la Iniciativa de Mujeres por la Paz, el Instituto Popular de Capacitación, la Liga de Mujeres Desplazadas, el Partido Liberal, la Fundación Progresar, el Movimiento Progresistas, la Red de Mujeres Tejedoras de Vida del Putumayo, Redepaz y la Asociación Tierra y Vida.

Este tipo de coaliciones y reconocimientos, como los otorgados a la Asociación Tierra y Vida y a la Fundación Forjando Futuros, reflejan claramente que las víctimas tienen cada día más aliados y mayor respaldo en el proceso de verdad, justicia, reparación y no repetición; para el cual requieren del apoyo de toda la sociedad.

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[i] “La Orden al Mérito Juan del Corral, es la orden suprema que entrega el Concejo de Medellín a organizaciones o personas que hagan el bien por la sociedad tanto de Medellín como del departamento y del país. Esta orden se somete a consideración de los honorables concejales y, en el caso de la Asociación y la Fundación, fue aprobada por unanimidad entregarles la distinción a estas dos organizaciones sociales.” Concejal, Carlos Mario Mejía Múnera, uno de los proponentes de este reconocimiento a Tierra y Vida y Forjando Futuros. 

[ii] “La extensión de la región es de 1´166.400 hectáreas; según el INCODER, allí se han registrado 3.185 predios como abandonados los cuales contienen una extensión de 98.292 hectáreas, es decir, el 8.4% del área del territorio.” Restitución Colectiva de Tierras en Colombia, 2012, primera edición, Fundación Forjando Futuros – Instituto Popular de Capacitación, Medellín, p. 66. Publicación apoyada por Misereor y la Asamblea de Cooperación por la Paz. 

[iii] Ibídem, p. 7. 

[iv] Redepaz, 2013, 19 de febrero, “COLOMBIA SIN HERIDAS: Acción ciudadana para la defensa y la reparación de las víctimas”, sitio en Internet: Redepaz, disponible en: http://www.redepaz.org.co/COLOMBIA-SIN-HERIDAS-Accion 

El IPC apoya e invita la marcha por las víctimas en Putumayo

Como integrante de la Alianza Colombia sin Heridas, el Instituto Popular de Capacitación apoya e invita a la marcha por la reparación y la defensa de los derechos de las víctimas “Caminemos tod@s por un Putumayo sin Heridas”.

La movilización se realizará mañana sábado 8 de diciembre en el municipio de Puerto Asis, departamento de Putumayo, y contará con la presencia del presidente de la República, Juan Manuel Santos.  El recorrido iniciará a las 8:00 a.m. desde el aeropuerto Tres de Mayo.

Colombia sin Heridas, es una alianza por las víctimas de la cual hacen parte organizaciones sociales del país, entre ellas el Instituto Popular de Capacitación y la Fundación Forjando Futuros; organizaciones de víctimas como la Asociación Tierra y Vida; y el Partido Liberal Colombiano junto a otras colectividades políticas.

Esta marcha a favor de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, tiene como antecedente la Marcha por la Tierra, la Vida y la Paz, realizada en Necoclí, Urabá Antioqueño, el pasado 11 de febrero. En esa movilización, que también fue apoyada por la alianza, participaron 35 mil personas. 

Víctimas reclaman condiciones y garantías necesarias para su participación efectiva en la implementación de la Ley

Hasta el 15 de enero de 2013 se dieron plazo las organizaciones de víctimas (OV) y las Organizaciones Defensoras de Víctimas (OVD) de Medellín, para hacerle observaciones al Protocolo de Participación propuesto por la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas – UARIV. El debate radica en la discusión de dos propuestas.

Este protocolo busca establecer las reglas de juego para garantizar el derecho a la participación efectiva de las víctimas, sus organizaciones y las organizaciones defensoras en la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011).

Las dos proposiciones que concentran el debate son: el documento de la UARIV y la propuesta para la reglamentación del derecho a la participación efectiva y significativa de las víctimas en la política pública de atención integral y reparación, presentada por la Comisión de Seguimiento a la Política Pública de Desplazamiento. 

La decisión se tomó el pasado 4 de diciembre en la Mesa Municipal de Participación Transitoria de Medellín, durante el desarrollo del taller de discusión del Protocolo de Participación que fue propuesto por el Subcomité de Participación de la Alcaldía de Medellín y preparado y realizado por las organizaciones defensoras, la Secretaría Técnica - Personería de Medellín, la Unidad de Víctimas de la Alcaldía y la UARIV.

Para analizar las propuestas, la mesa de participación municipal de víctimas decidió estudiar ambas iniciativas en sus siete subcomités, según explicó Luz Mery Velásquez, Delegada de la Mesa Municipal de Participación al Subcomité de Participación de Víctimas. “Cada grupo de trabajo tiene que socializar las iniciativas, analizarlas y hacer un comparativo entre los dos protocolos, para hacer unas propuestas generales que se van a entregar el 15 de enero.”

Sin embargo hay incertidumbre frente a la decisión de alargar el debate por antecedentes como la muy prolongada discusión del protocolo de participación, propuesto en el marco de los derechos de la población en situación de desplazamiento, Ley 387 de 1997, y en la sentencia T-025 del 2005 de la Corte Constitucional; debate en el que también incidió la Comisión de Seguimiento a la Política Pública de Desplazamiento. 

Además, Luz Mery Velásquez afirmó que existe “cierto grado de incredulidad porque en la Ley 1387 de 1997, que daba los espacios de participación, no fueron muy tomadas en cuenta las propuestas de la gente.”

Por su parte, Mónica Rojas, responsable del tema de promoción y acceso de los derechos de las víctimas del Instituto Popular de Capacitación, organización que represente a las OVD en Antioquia en la mesa nacional transitoria, consideró que la discusión no será fácil porque hay serias diferencias entre el documento de la UARIV y el de la Comisión de Seguimiento.

“Las diferencias van desde el número de páginas hasta el fin que persigue cada documento. El de la UARIV es largo, más de 150 páginas, explicando cómo el gobierno garantizará el derecho a la participación. Es un documento demasiado abstracto, extenso y con poco contenido de normas. En el decir de algunos líderes, el memorial de agravios y/o la filosofía de la participación de la Unidad de Víctimas”, afirmó la investigadora del IPC.

Sobre el segundo documento, Mónica Rojas indicó que “propone que el protocolo sea un proyecto decreto reglamentario de la ley. Ese texto es más concreto, contiene sólo 45 páginas, y propone en su forma las normas para garantizar la participación efectiva de las víctimas, profundiza en las condiciones y las garantías para la participación, amplia la responsabilidad del Estado frente a su papel de garantizar el derecho a la participación y rescata la labor de las regiones como escenario posible de participación.” 

En general, ambos documentos ponen en el centro el debate la necesidad de condiciones y garantías para la participación efectiva. Las propuestas contienen capítulos enteros relacionados con los incentivos positivos y negativos para la participación, lo que ha puesto en la mesa de discusión el tema del reconocimiento económico a los líderes de las organizaciones de víctimas, que representen a las víctimas en los espacios de interlocución y discusión de la política pública de reparación integral en el nivel nacional y territorial. 

Las propuestas del espacio nacional transitorio van desde honorarios, salarios mínimos o bonificaciones para cada uno de los líderes y lideresas que conforman la mesa nacional transitoria, hasta requisitos de condiciones materiales para participar; como celulares con planes de minutos, computadores portátiles, subsidios de transporte y oficinas, entre otros. 

Esta condición les otorgaría mayores garantías a las víctimas para participar en el diseño, implementación y seguimiento de la política pública de reparación integral, además “presupone hacerle seguimiento al cumplimiento de estas garantías de participación y a sancionar a los funcionarios que incumplan su obligación”, agregó Mónica Rojas.

Al respecto, Jorge Córdoba, coordinador de la Subdirección de Participación de la Unidad Nacional para la Atención a Víctimas, recordó que “la aplicación de la ley se encuentra con algunas barreras por la falta de voluntad política de algunos mandatarios y por el desconocimiento de la norma.”

Jorge Córdoba también afirmó que uno de los mayores retos para implementar la política pública de reparación, “será la articulación de los esfuerzos que hacen la institucionalidad y la sociedad civil”, que incluye a las organizaciones de víctimas y las ODV.

Por eso, Mónica Rojas advirtió que “es necesario que la discusión de las garantías materiales para la participación no nos distraiga de la discusión central que es la forma cómo el gobierno nacional generará las condiciones, los escenarios y las garantías para la participación efectiva de las víctimas, sus organizaciones y las organizaciones defensoras en la implementación de la ley.” 

Para la estudiosa del IPC, el debate sobre los incentivos económicos y las garantías de participación podría originar las mayores dificultades de acuerdo, entre la propuesta de protocolo del gobierno nacional y la propuesta de las organizaciones de víctimas y las organizaciones defensoras.

“Llama la atención, en especial, el tema de las garantías de seguridad y protección para los lideres y lideresas de las organizaciones de victimas y de las organizaciones defensoras de las víctimas, que están participando de los espacios de participación y de interlocución de la política pública de atención y reparación integral de los derechos de las víctimas; pues acaba de ser asesinado el líder Miller Angulo delegado suplente de las organizaciones de víctimas del departamento de Nariño”, afirmó Mónica Rojas.

Pero el debate no puede prolongarse demasiado, porque según recordó Jorge Córdoba, el plazo para ajustar el documento final del Protocolo de Participación de Víctimas vence el 31 de marzo de 2013.

En Antioquia se espera que para el próximo encuentro departamental de organizaciones de víctimas, cada municipio lleve sus observaciones frente al protocolo, para conformar un solo documento que será llevado al debate nacional.

“Lo que no debe ocurrir es que nos quedemos 2 ó 3 años discutiendo el protocolo de participación, como ocurrió con las discusiones del protocolo de participación de la población desplazada en la década pasada”, advirtió Mónica Rojas.

La investigadora concluyo que “está en juego el diseño de un protocolo que regulará los espacios de participación que tendrán las víctimas y las organizaciones defensoras de víctimas para incidir en la política pública de reparación integral.”

Por eso no se pueden tomar decisiones a la ligera, pero se requiere avanzar para hacer realidad el funcionamiento de la ley y la reparación integral a las víctimas del conflicto armado en Colombia.

Medellín discute protocolo de participación de víctimas

Cerca de 100 personas participan hoy en Medellín en el taller de discusión sobre el Protocolo de Participación de Víctimas, realizado en la Casa María Inmaculada en el centro de la ciudad. El ejercicio busca definir las condiciones y garantías para que las víctimas participen en el diseño e implementación de la política pública de reparación integral.

Son 78 organizaciones de víctimas y 16 organizaciones defensoras de los derechos de las víctimas, entre ellas el Instituto Popular de Capacitación, las que discutirán sus propuestas con representantes de la Personería de Medellín, la Unidad de Atención a Víctimas de la Alcaldía y la Subdirección de Participación de la Unidad Nacional de Atención a Víctimas.

Estas organizaciones hacen parte del espacio Transitorio Municipal de Participación de Víctimas, que a través de este taller hará sus aportes al protocolo de participación para llevar estas propuestas al orden departamental y luego nacional, según explicó Jorge Córdoba Quinchía, subdirector de participación de la Unidad Nacional de Atención a Víctimas en Antioquia.

“Se ha diseñado una estrategia de talleres departamentales, pero se quiere que a esos talleres departamentales se llegue con unas propuestas de los municipios que han discutido el tema para recogerlas así en cada uno de los 32 departamentos. De modo que al final se tengan las propuestas de las víctimas de todo el país, de cómo debe ser la participación de ellas en el diseño, implementación y evaluación de la Ley 1448 de 2011”, explicó Córdoba Quinchía.

Los talleres departamentales comenzarán a realizar en todo el país a partir de la próxima semana y se extenderán hasta mediados de febrero de 2013. En Antioquia el ejercicio se realizará en el mes de enero, en una fecha aún por definirse.

En este departamento, la región del Bajo Cauca Antioqueño fue una de las primeras en iniciar el proceso desde el pasado sábado primero de diciembre cuando, con la intervención de la mesa departamental de víctimas, comenzaron a realizarse los talleres municipales sobre el protocolo de participación.

En ese sentido, Jorge Córdoba destacó la importancia que ha tenido la mesa departamental de víctimas de la sociedad civil, “que es una iniciativa que viene desde años atrás, en la que el IPC ha sido dinamizador de ese proceso y ha hecho también discusiones y propuestas frente al protocolo.”

IPC una participación activa

El pasado 12 de septiembre de 2012, el Instituto Popular de Capacitación fue elegido como representante de las organizaciones defensoras de víctimas en Antioquia. Esa labor la encabeza Mónica Rojas, investigadora del IPC, quien ha acompañado los procesos de organizaciones de víctimas en el departamento, en pro de la verdad, la justicia y la reparación integral.

“Es decir que el IPC está representando a otras 19 organizaciones defensoras que se inscribieron en el espacio transitorio de participación departamental y que en ese espacio están poniendo debates y propuestas para que la participación de las víctimas sea efectiva en todos los escenarios y mecanismos que dispone a ley 1448”, explicó Jorge Córdoba.

También en el espacio transitorio de Medellín la participación del IPC ha sido importante, señaló Córdoba Quinchía, sin embargo “hay que decir que la institucionalidad debe definir un poco mejor cuál es el rol que pueden jugar las organizaciones defensoras de derechos como el IPC en este caso. Aún así, Mónica Rojas, ha participado poniendo preguntas y recomendaciones para que el proceso de Medellín avance y lo haga de la mejor manera.”

Por eso, Jorge Córdoba concluyó que se deben continuar brindando espacios para que la institucionalidad, las víctimas y las organizaciones defensoras compartan sus propuestas, porque de esa forma se podrá “trazar la ruta de lo que podrá ser la articulación de estas organizaciones para que este proceso vaya madurando y teniendo los frutos que se esperan.”

Se suscribe acta de acuerdo entre Unidad de Restitución de Tierras, Forjando Futuros y ONGs

En la Foto de izquierda a derecha:
Luis Emil Sanabria, Ricardo Sabogal,
Diego herrera, Gerardo Vega y
Juan Camilo Restrepo, Ministro de Agricultura.

El Ministerio de Agricultura, la Unidad de Restitución de Tierras, Forjando Futuros, Tierra y Vida, REDEPAZ, Arco Iris y el IPC, suscribieron un acuerdo para contribuir en la documentación de los casos de despojo y abandono forzado y aportar al proceso formativo de las víctimas y los funcionarios públicos.

Mediante un acta de entendimiento y en el marco de la Ley 1448 de 2011, el estado y las organizaciones que defienden los derechos humanos en el país, materializan su intención de trabajar conjuntamente para que a quienes les fue despojada su tierra se les pueda restituir conforme lo plantea la llamada “Ley de Víctimas y Tierras”.
Mediante un acta de entendimiento y en el marco de la Ley 1448 de 2011, el estado y las organizaciones que defienden los derechos humanos en el país, materializan su intención de trabajar conjuntamente para que a quienes les fue despojada su tierra se les pueda restituir conforme lo plantea la llamada “Ley de Víctimas y Tierras”.

El acuerdo propone realizar un esfuerzo conjunto que permita dirigir los recursos, el conocimiento y la experiencia del sector público y de las organizaciones sociales, a una misma causa. Donde las víctimas, quienes generalmente se encuentran más cercanos al registro histórico, las fuentes de información y el material probatorio, puedan contribuir a través de sus representantes a aportar en la documentación de los casos recolectando información de contexto, cartografía social y otros detalles que puedan dar cuenta de lo que realmente ha sucedido con los predios. Luego la información será dirigida a la UAEGRTD y posteriormente ingresarán las solicitudes al “Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente”, instrumento creado por el gobierno con base al artículo 76 de la Ley.

Adicionalmente es necesario que tanto las entidades que entren en contacto con el proceso y sus funcionarios como las víctimas estén capacitados para que ejecute una labor asertiva, teniendo el conocimiento pleno de la misma ley, los derechos de quienes poseen condición de víctimas y los instrumentos que les permitían garantizar un proceso transparente. Las capacitaciones de formación para líderes, organizaciones y funcionarios públicos hacen parte de un proceso que Forjando Futuros y el IPC ya venían adelantando en Medellín y que por medio del acuerdo retomarán más fuerza.

El Acta que fue firmada en Bogotá el día 19 de octubre del presente año. [Ver documento]

Información tomada del sitio Web de la Fundación Forjando Futuros 

Proceso de restitución se ajusta de forma gradual

Foto: Ministerio de Agricultura

“Es muy difícil hacer una evaluación tan temprano, pero creo que el proceso de restitución de tierras arrancó y eso es muy importante.” Esta consideración fue hecha por el representante a la Cámara, Guillermo Rivera Flórez, durante la instalación del seminario de tierras realizado en Medellín por la Fundación Forjando Futuros.

El Representante, quien hace parte de la Comisión de Seguimiento a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, destacó una mejoría en la función de algunas instituciones como la Defensoría del Pueblo, pero precisó que aún se requiere más sintonía por parte de las entidades territoriales para mejorar la atención a las víctimas y agilizar la labor del Estado.

De acuerdo con Guillermo Rivera, las observaciones al proceso se han hecho en la medida que la aplicación de la ley devela necesidades. En ese contexto la comisión ha “planteado la idea de que se pueden hacer procesos colectivos, que es necesario darle una aplicación más eficaz a la figura de la carga de la prueba y que la Unidad de Restitución de Tierras podría acompañarse de organizaciones que tienen experiencia en esta materia, para agilizar, a través de ellas, la documentación de los casos de despojo.”

Para Rivera Flórez, “la mayor dificultad del proceso es que siguen amenazando a los líderes de las organizaciones de reclamantes y también que algunos servidores públicos de los niveles locales no están lo suficientemente sintonizados con esta política, por ende no colaboran como debían.”

Por su parte, la subdirectora general de la Unidad Nacional de Restitución, Ivonne Astrid Moreno Horta, reveló que ya está listo el módulo de captura de información sobre reclamaciones de restitución; el cual le dará mayor agilidad al proceso porque trabaja en línea.

 “Al estar en línea, nosotros como Unidad de Restitución nos encargamos de que la información le llegue a la dirección territorial y, después, al juez en el lugar de jurisdicción del inmueble. Eso quiere decir que si la persona está en Medellín pero dejó el inmueble abandonado en César, puede hacer la declaración de abandono en Medellín y tan pronto se haga, la información le llegará a la dirección territorial de César y también al Juez de Restitución”, explicó la funcionaria.

Este sistema también ofrece mayores facilidades para conocer la información catastral y la ubicación de los predios reclamados, porque está conectado a los sistemas de información del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y de la  Superintendencia de Notariado y Registro.

Moreno Horta expresó que “esto resulta clave para poder determinar sobre cuál inmueble está haciendo la reclamación la persona, porque en muchos casos no tienen los papeles de la finca o no saben exactamente el número del predial o la cédula catastral. Entonces es más fácil poder identificar eso en un menor tiempo.”

La unidad de restitución también está creando un expediente digital que facilitará el seguimiento del trámite y ayudará a proteger la información del proceso. Para eso, “nosotros estamos escaneando toda la información que nos están haciendo llegar las víctimas para que estos documentos también puedan ser revisados y analizados por parte de la dirección territorial, donde se encuentra el inmueble, y por parte del Juez”, reveló Ivonne Moreno.

Un aspecto importante de esta iniciativa es la coordinación con el Consejo Superior de la Judicatura que, según la subdirectora de la unidad de restitución, también quiere “fortalecer su sistema de información para que, en la fase judicial, la información esté en un expediente de formato digital y sea más fácil llevar una trazabilidad de todo el proceso.”

Este tipo de estrategias, aunadas a otras propuestas de las organizaciones de reclamantes, así como de sectores sociales y políticos, son vitales para lograr el éxito de la restitución de tierras en el país. Además demuestran la importancia que tienen para el proceso la participación de la sociedad y la  voluntad del gobierno para acoger sugerencias.

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Gobierno debe fortalecer acciones para avanzar en la restitución

Garantizar la seguridad de los líderes de tierras, avanzar en las investigaciones sobre asesinatos de reclamantes, fortalecer la voluntad política y articular la labor de las instituciones estatales, son algunas de las acciones necesarias para lograr con éxito el proceso de devolución de predios en el país. Las sugerencias fueron hechas en Medellín durante la presentación del libro Restitución Colectiva de Tierras en Colombia, realizado por el Instituto Popular de Capacitación (IPC) y la Fundación Forjando Futuros. 

En la presentación de esta publicación, el pasado 27 de septiembre, los directivos de ambas ONG´s atendieron las inquietudes del público en torno al proceso de restitución, la devolución de predios urbanos, la deficiente agilidad en las acciones del Estado y el despojo de tierras en otras regiones, diferentes a las 12 zonas priorizadas por el gobierno nacional.

Respondiendo a algunas de estas de inquietudes, el director de la Fundación Forjando Futuros, Gerardo Vega Medina, se refirió inicialmente a los problemas de seguridad que enfrentan los reclamantes. “Le hemos dicho al gobierno de manera clara y expresa, que tiene que haber resultados en las investigaciones judiciales. En nuestros datos tenemos 60 personas asesinadas, 60 reclamantes de tierras, y sólo hay tres detenidos, ninguna condena.”

En segundo lugar, Vega Medina agregó que “debe prohibirse el porte de armas, aún con salvo conducto, en las doce zonas donde se va a hacer restitución de predios, y que la responsabilidad debe ser únicamente del Gobierno, pues si tiene el poder coercitivo y las armas debe hacer cumplir las leyes.”

Adicionalmente el director de Forjando Futuros expresó que se deben “difundir ampliamente los nombres de los testaferros, de manera masiva en los medios de comunicación, tal y como se hace en la persecución de otros delitos. ¿Por qué no hacerlo así con la restitución?”

En relación la forma como se adelanta el proceso de devolución de predios, Gerardo Vega, manifestó que es necesario incrementar las restituciones colectivas y por vía administrativa, pues de continuar con el caso a caso la demora será mayor y el sistema podría colapsar. Además afirmó que el gobierno no está aplicando el instrumento de la carga de la prueba.

Esta figura establece que cuando exista reclamación sobre un bien, quienes ocupan esa propiedad deberán demostrar que la adquirieron legalmente, sin haber desplazado, asesinado o amenazado a sus antiguos propietarios. Esto exime a las víctimas de tener que adelantar procesos jurídicos para demostrar que eran dueñas del predio reclamado.

“Pues resulta que ahí si estamos mal, porque era el victimario el que tenía demostrar que compró, adquirió u ocupó sin desplazar, asesinar o amenazar. Y el gobierno sacó un nuevo formato. La Unidad de Restitución de Tierras, cuando sólo establecía 7 requisitos ahora tiene una cosa se 5 páginas. Nosotros de manera sincera se lo hemos dicho al gobierno y eso está en camino de superarse, pero tiene que invertirse la carga de la prueba; porque aquí se trata de favorecer y darle posibilidades al más débil, que es el que está parado en un semáforo. Se trata de darle la posibilidad de acudir a la ley y de tener las garantías de hacerlo, pues los primeros que llegan con un buen número y equipo de abogados, muy bien pagos, son ellos –los despojadores-.”

Finalmente Vega Medina anunció que de la mando del gobierno, se acordó realizar nuevas marchas a favor de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, como la de Necoclí, en el Urabá Antioqueño, a la cual asistieron 35 mil personas.

“Esas marchas no serán de la institucionalidad solamente, serán de la sociedad civil y de todos los que estén de acuerdo con que esta ley salga adelante. La primera será el 23 de noviembre en Puerto Asis, Putumayo; la siguiente será en Sincelejo, Sucre; y la otra en el Catatumbo, Santander”, informó el director de Forjando Futuros.

Por su parte el presidente del IPC, Diego Herrera Duque, se refirió a los inconvenientes para la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, en relación con las deficiencias para articular el sistema institucional. Sobre este aspecto aseguró que se debe encontrar la forma de articular y poner en función a todas las instituciones del Estado que tienen responsabilidad en la aplicación de la ley.

“Este también es un problema de las personerías, la Defensoría, las gobernaciones, las alcaldías y el SENA. Son 42 instituciones que articulan el sistema nacional, pero el foco está en los directores nacionales y regionales de las unidades de Víctimas y de Restitución”, explicó Herrera Duque.

La falta de articulación institucional se vería reflejada en las dificultades que tienen las víctimas al momento de adelantar los procesos de reclamación, principalmente en las regiones, y en la lentitud del Estado para hacer efectiva la restitución.

Diego Herrera agregó que el proceso de devolución de tierras también le compete a la sociedad, por lo que no puede limitarse únicamente al gobierno. “La sociedad fue silente y cómplice de lo que ocurrió. O sea no podemos dejar esto en un problema del gobierno y las víctimas, ni de pequeñas unidades dentro del Estado, ni de unos pocos sectores dentro de la sociedad. Hay que asumirlo colectivamente.”

Además el presidente del IPC planteó sus inquietudes frente al rol que debe tener la institucionalidad en el territorio pues, según él, este proceso podría fracasar si no hay un buen funcionamiento de las instituciones, en las 12 zonas priorizadas para la restitución, y si no hay una adecuada articulación territorial. “Puede ir todo muy bien en Bogotá y pueden estar generados todos los instrumentos, pero si es un modelo centralizado tampoco funciona.”

Respecto a la situación de Antioquia, Diego Herrera, dejó ver su preocupación por la manera como se incluyó el tema de la restitución en el plan de desarrollo departamental. “Le hicimos una lectura juiciosa al plan en cuanto a lo que quedó en materia de derechos humanos y restitución de tierras. Hay un enfoque de todas las victimizaciones y de todos los derechos humanos pero el tema de tierras no se ve realmente en ese planteamiento de política para esta problemática.”

Finalmente, frente a las inquietudes de algunos asistentes sobre sí las restituciones colectivas obstaculizarían los procesos individuales y la judicialización, el presidente del IPC explicó lo siguiente: “Cuando nosotros planteamos que es posible una ruta de restitución administrativa lo que le estamos planteando a distintos sectores es que eso ahorra la posibilidad de la vía judicial y cuando hablamos de restitución colectiva, eso no suplanta el camino de las restituciones individuales. Lo que pasa es que en términos de eficacia política estamos diciendo: hay un camino que puede contribuir a hacer más efectiva la ley en los tiempos y propósitos que aspira.”

La publicación Restitución Colectiva de Tierras en Colombia, es una guía que pretende construir una ruta para avanzar en el proceso de devolución de predios por vía administrativa. El libró recopila información, municipio a municipio, en las 12 zonas de mayor despojo en el país, además contiene cifras y datos puntuales sobre los predios despojados, las personas desplazadas, el fenómeno paramilitar y los funcionarios públicos vinculados a para política.

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¿Hasta cuándo estarán desaparecidos?

Cuz Amparo con la foto de su compañero Ómar de Jesús Correa

“Debido a la desaparición de mi compañero yo he estado en tratamientos psicológicos y psiquiátricos al igual que mi hijo menor, Carlos Andrés. A él ese día el papá le dijo que lo acompañara al INEM, pero el niño le dijo: 'no papá váyase usted solo'. Tres años después Carlos Andrés reventó. Decía que si él hubiera ido no se habrían llevado a su papá o se los habrían llevado a los dos; y que él preferiría eso, que se los hubieran llevado a los dos, a vivir la vida que tenemos ahora, porque la depresión uno no la puede controlar, así tome la droga psiquiátrica que sea, eso lo ataca a uno de un momento a otro.”

El drama de Cruz Amparo Zapata representa el de decenas de víctimas que, con cartel y retrato en mano, marcharon por las principales calles del centro de Medellín el pasado 30 de agosto, cuando se conmemoró el Día Internacional del Detenido Desaparecido.

Cruz Amparo es integrante del Movimiento de Víctimas de Crímenes del Estado Colombiano. Ella va a ajustar 10 años buscando a su compañero Omar de Jesús Correa Isaza, desaparecido el 20 de noviembre de 2002, cuando fue visto por última vez cerca de la estación Acevedo del Metro de Medellín.

Ese día Omar se dirigía al Metro para viajar hasta el colegio INEM del barrio El Poblado, donde estudiaba su hijo Carlos Andrés, para solicitar una prórroga de pago de la pensión estudiantil, porque él y su esposa se encontraban desempleados. “Esta es la hora que no se sabe nada de él –expresó Cruz Amparo-. A mí me tocó ir tres días después al colegio para informar que a él lo habían desaparecido y para pedir un nuevo formulario de prórroga.”

Desde que desapareció Omar, Cruz Elena tuvo que empezar a trabajar como empleada doméstica para sostener a sus tres hijos, Carlos Andrés, entonces con 11 años; Pablo, con 15; y Gabriel con 20. Luego Gabriel se casó y Pablo comenzó a laborar como mensajero para ayudar con los gastos del hogar y costearle los estudios a Carlos Andrés, quien cursa cuarto semestre de licenciatura en Ciencias Sociales en la Universidad de Antioquia.

Y aunque en la actualidad el panorama ha cambiado un poco la familia Correa Zapata aún sufre el tormento de no saber dónde está Omar. “Van casi 10 años y hasta el momento no se sabe nada. Por eso yo estoy marchando para reclamar Verdad, Justicia y Reparación Integral”; expresó Cruz Elena mientras enseñaba el cartel negro con la foto de su esposo: un hombre trigueño, de cabello ondulado, nariz achatada, cejas pobladas y ojos rasgados.

Como Cruz Elena, decenas de víctimas marcharon en Medellín exhibiendo retratos con los rostros de sus parientes desaparecidos, portando mensajes alusivos de rechazo a la desaparición forzada y agitando figuras humanas, hechas en cartulina negra, como símbolo del incesante duelo que origina la ausencia de los seres queridos cuando no se sabe que ocurrió con ellos.

“La marcha fue una manera de continuar visibilizando la problemática de la desaparición forzada y la  impunidad que está rondando a la mayoría de estos crímenes, porque las investigaciones definitivamente no avanzan”, expresó la abogada de la Corporación Jurídica Libertad, Liliana María Uribe Tirado.

La jurista reveló que “el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado calcula que en Colombia hay más de 50 mil casos de desaparición forzada. De hecho la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que abrió la base de datos para ese delito desde el año 2008, ya tiene más de 40 mil casos registrados. Este es un problema gravísimo que el país no ha dimensionado y sobre el cual hay mucha indiferencia.”

En Antioquia, de acuerdo con las cifras del Grupo de NN y Desaparecidos del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, reveladas por la Gobernación Departamental, se registraron 4 mil 845 casos de desaparición entre enero de 1990 y agosto de 2012. De esa cifra, 949 personas fueron halladas vivas y 303 muertas. Este año, entre el primero de enero y el 22 de agosto, se han reportado 355 casos de personas desaparecidas.

Y aunque dada la magnitud del problema, el Gobierno creó la Unidad Nacional de Desaparición Forzada y Desplazamiento Forzado, la cual tiene fiscales delegados para estos delitos en varias zonas del país, el panorama sigue siendo desolador porque apenas hay 23 fiscales que tienen a su cargo cerca de 30 mil investigaciones de desaparición y desplazamiento forzados. La pregunta es ¿cuándo van a investigar 30 mil casos?, de los cuales unos 16 mil corresponderían a desaparición forzada”; indagó Liliana Uribe.

Por esta situación algunas de las principales consignas, expresadas durante la marcha en Medellín, exigían celeridad para resolver los procesos de desaparición forzada en el país y hacían un énfasis esencial en los casos que involucran a miembros de la fuerza pública.

“Por casos como el del general (r) Santoyo ¡NO! al fuero militar”

“'General' Santoyo: ¿dónde están Ángel Quintero y Claudia Monsalve? Por casos como este no al fuero penal militar” Esto decía una de las pancartas que encabezó la movilización del Día Internacional del Detenido Desaparecido realizada en Medellín.

El reclamo involucra al general (r) de la Policía Nacional, Mauricio Santoyo Velasco, quien recientemente fue extraditado a Estados Unidos, donde la corte Este de Virginia lo solicitó por el delito de conspiración, acusándolo de nexos con grupos de narcotráfico y paramilitares.

Lo paradójico es que en Colombia, el general Santoyo fue absuelto de los procesos adelantados en su contra, los cuales además de presuntos nexos con narcotraficantes y paramilitares, también incluían acusaciones por violaciones a los derechos humanos, al parecer producto de interceptaciones ilegales realizadas por el Gaula de Antioquia durante la época en que el oficial comandaba esa institución.

En total habrían sido 1.808 interceptaciones ilegales, según pudo establecer en su momento la agencia de prensa del IPC, realizadas en su mayoría a integrantes de organizaciones sociales, líderes de oposición y defensores de derechos humanos. http://bit.ly/LGwV3g

Por esa razón, durante la marcha, los familiares de los desaparecidos gritaron consignas exigiendo que el general investigado responda ante la justicia colombiana y que diga lo que sabe sobre la desaparición de Ángel y Claudia, quienes eran activistas de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (ASFADDES) y fueron vistos por última vez el 6 de octubre del año 2000, cerca de la estación San Antonio del Metro de Medellín.

En días pasados el coordinador de ASFADDES en Medellín, Javiera Barrera,  expresó que en Colombia “se deberían reabrir los procesos por interceptaciones ilegales que dieron como resultado la desaparición forzada de Ángel y Claudia, quienes al parecer fueron detenidos por hombres del Guala cuando el general Santoyo era comandante de esa institución.”

Para Liliana Uribe, el caso del general (r) Santoyo, quien fue jefe de seguridad del ex presidente, Álvaro Uribe Vélez, sería una muestra de que la justicia colombiana avanza muy poco en los crímenes que involucran a funcionarios del Estado. Por eso, en la marcha por los desaparecidos también se rechazó la posible reforma al Fuero Penal Militar, que podría dificultar aún más el esclarecimiento de las desapariciones que implican a miembros de la fuerza pública.

“Yo creo que uno de los elementos por los que se está promoviendo la reforma al fuero penal militar se debe, no a la preocupación de que se condene a soldados rasos por falsos positivos, sino a la preocupación de que la Justicia logre llegar a funcionarios de alto nivel. Ahí es donde el Estado necesita proteger a los militares de alto rango. En ese contexto es en el que nosotros vemos el tema de la reforma al Fuero Penal Militar”, explicó la abogada de la Corporación Jurídica Libertad.

Liliana Uribe agregó que los crímenes de desaparición forzada “generalmente se asocian con estructuras militares y paramilitares, por lo que no tienen la suficiente relevancia social y mediática. (…) Entonces la sociedad y los medios de comunicación tienen un déficit grandísimo con las víctimas de desaparición forzada, en términos de visibilizar el drama que eso representa para ellos y de develar que hay detrás de este flagelo.”

Justamente la desaparición de Omar de Jesús Correa, habría sido producto de una persecución política, según afirmó Cruz Elena Zapata, al explicar que en 1988 su compañero era vicepresidente del sindicato de Cementos Nare y, al  parecer, fue víctima de un complot, mediante el cual lo detuvieron en la cárcel de Puerto Nare, acusándolo de atentar contra el escolta que le asignó la policía.

“A Omar lo tuvieron detenido ocho días pero la intención era desaparecerlo, pero eso no ocurrió porque los del sindicato y yo nos quedamos en la puerta de la cárcel para no dejarlo desaparecer. Es que así hicieron allá con un compañero de Cementos Nare, Víctor Isaza. A él, hace casi 25 años, lo sacaron de la cárcel y lo desaparecieron”; relató Cruz Elena.

Luego de ese incidente la familia Correa Zapata se desplazó hacia Medellín desde el corregimiento La Sierra de Puerto Nare. Sin embargo, “15 años después quienes perseguían a Omar lograron el objetivo en Medellín”, aseguró Cruz Elena, quien con voz entrecortada y ojos lagrimosos dijo que si al menos le dijeran donde está su compañero iría por él para darle cristiana sepultura y de esa forma acabar con la incertidumbre que le atormenta la vida.

“Cuando vengo a estas marchas siento mucha tristeza, mucha impotencia y mucha angustia, de ver que todos estamos luchando por una misma causa y no encontramos la verdad”, concluyó Cruz Elena.

Restitución colectiva: una alternativa macro para un proceso enorm

Seis millones 500 mil hectáreas de tierra por devolver, 60 reclamantes asesinados y una avalancha de solicitudes[i]; son algunas de las situaciones que generan incertidumbre sobre la posibilidad de cumplir con la restitución de tierras en Colombia. La magnitud de la tarea supera la vía de los procesos individuales y por eso la Fundación Forjando Futuros y el Instituto Popular de Capacitación promueven la ruta de las restituciones colectivas para lograr con éxito la devolución de predios en el país.

La propuesta de Restitución Colectiva de Tierras en Colombia, será presentada el próximo 15 de agosto en el Palacio Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá, donde se darán a conocer los detalles de esta iniciativa que recopiló información, municipio a municipio, en las 12 zonas de mayor despojo en el país. El estudio contiene cifras y datos puntuales sobre los predios despojados, las personas desplazadas, el fenómeno paramilitar y los funcionarios públicos vinculados a la para política.

El interés es promover una alternativa que asegure la viabilidad de la devolución de predios, porque las dos organizaciones sociales temen que el proceso de restitución termine colapsado; como ocurrió con la Ley de Justicia y Paz que facilitó la desmovilización de los paramilitares.

Tras siete años de vigencia de esa ley, las víctimas registradas en Justicia y Paz superan las 352 mil personas, pero hasta la fecha sólo se han logrado tres sentencias en firme y siete en primera instancia. El principal inconveniente es que los casos se han adelantado mediante procesos individuales, desbordando la capacidad de la justicia.

Lo mismo podría ocurrir con la devolución de predios, pues según la Unidad Especial de Restitución de Tierras se calcula que en Colombia habría unos 360 mil casos para resolver. Y aunque el gobierno aseguró que para el 2014 habrá 134 jueces y 60 magistrados dedicados a la restitución, seguramente las dificultades continuarán porque, según Forjando Futuros y el IPC, cada funcionario tendrá que conocer 2 mil 687 casos lo que hace inviable la restitución judicial.

Por eso toma fuerza la ruta colectiva de restitución de tierras, contemplada en el parágrafo único del artículo 82 de la Ley de Víctimas, Ley 1448 de 2011. Este parágrafo, según Gerardo Vega Medina, presidente de la fundación Forjando Futuros, “se refiere a la restitución en territorios vecinos, en zonas donde haya ocurrido un daño colectivo, en una misma época y por un mismo victimario.”

Para Vega Medina esta es una de las tres rutas que deberían priorizarse para garantizar la restitución. Las otras dos serían: “las adjudicaciones masivas o por barrido geográfico a través del INCODER, en las zonas de violencia generalizada o sistémica; y las macro-restituciones gestionadas por la fiscalía ante los tribunales de Justicia y Paz”.

De acuerdo con lo anterior, las devoluciones colectivas podrían realizarse en las 12 zonas priorizadas por el Gobierno Nacional, que son: Catatumbo, Magdalena, Cesar, Montes de María, Nariño, Putumayo, Sur de Córdoba, Urabá, Bajo Cauca Antioqueño, Resto de Antioquia, Sur del Meta y Tolima. Estas áreas representan casi el 50% del territorio afectado por despojo o abandono forzado en el país.

Adicionalmente la propuesta de las organizaciones sociales incluye recomendaciones para contribuir con el éxito de la restitución, según afirmó Diego Herrera Duque, presidente del Instituto Popular de Capacitación, quien piensa que la protección de los reclamantes de tierras es un tema clave.

Algunas recomendaciones para el éxito de la restitución

En materia de seguridad, Diego Herrera expresó que se han hecho propuestas tan básicas como “la prohibición del porte de armas en las zonas de restitución, incluso de aquellas armas que tengan salvo conducto porque todos sabemos que en su momento las Convivir era unas instituciones legales que favorecieron el despojo y a los actores ilegales.”

Hasta la fecha han sido asesinados 60 reclamantes y por eso, aunque ya fue creada la Unidad de Protección del Ministerio del Interior, Herrera Duque piensa que es necesario “mantener una política de seguridad para las víctimas reclamantes de tierra en aquellas zonas donde el despojo ha sido más crítico y donde se aspira a que la restitución colectiva sea el medio más eficaz para devolver predios.”

Otra sugerencia es que el gobierno nacional debería hacer públicos los nombres de los políticos, empresarios o ilegales, que están o estuvieron vinculados a procesos de testaferrato y apropiación ilícita de tierras.

Según Herrera Duque se busca hacer público lo que hoy es privado, para que “haya mayor transparencia frente a los procesos judiciales y las investigaciones. Digamos que para nosotros es lamentable que haya un manto de impunidad y que mucha parte de la sociedad no conozca quiénes son realmente los que están investigados, en qué van sus procesos judiciales y efectivamente cómo ha operado la justicia, en estos casos, para salvaguardar a las víctimas y garantizarles la realización de sus derechos, entre ellos el derecho a la tierra.”

De igual forma, el líder social manifestó que el gobierno debería fortalecer las labores de inteligencia para tratar de desenmascarar a quienes dirigen el “aparato organizado de poder en el país. O sea que son estructuras mucho más complejas y que no es solamente la acción detrás de quien ejecuta el acto, sino que detrás de eso hay otros actores con mucho peso que también hacen parte de esa estructura criminal que está entre la legalidad y la ilegalidad.”

Finalmente Diego Herrera aseguró que la seguridad jurídica es un aspecto muy importante en el proceso de restitución, por lo que es indispensable que la inversión de la carga de la prueba no pierda peso como instrumento jurídico. “Un principio fundamental es la buena fe de los despojadas, o sea hay que creerle primero a las víctimas antes que a los victimarios o a quienes comenzaron con esa práctica de despojo.”

Con este tipo de recomendaciones, en la propuesta de Restitución Colectiva de Tierras en Colombia, se espera que la devolución de predios pueda ser una realidad y un proceso construido entre el gobierno y la sociedad civil, para que no termine causando desesperanza entre los colombianos y esencialmente entre las víctimas del conflicto armado.

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[i] Cerca de 15 mil 500 solicitudes de restitución, hasta el primer semestre de 2012, según cifras de la Unidad Especial de Restitución de Tierras.