Garantizar
la seguridad de los líderes de tierras, avanzar en las investigaciones sobre
asesinatos de reclamantes, fortalecer la voluntad política y articular la labor
de las instituciones estatales, son algunas de las acciones necesarias para
lograr con éxito el proceso de devolución de predios en el país. Las
sugerencias fueron hechas en Medellín durante la presentación del libro
Restitución Colectiva de Tierras en Colombia, realizado por el Instituto
Popular de Capacitación (IPC) y la Fundación Forjando Futuros.
En
la presentación de esta publicación, el pasado 27 de septiembre, los directivos
de ambas ONG´s atendieron las inquietudes del público en torno al proceso de
restitución, la devolución de predios urbanos, la deficiente agilidad en las
acciones del Estado y el despojo de tierras en otras regiones, diferentes a las
12 zonas priorizadas por el gobierno nacional.
Respondiendo
a algunas de estas de inquietudes, el director de la Fundación Forjando Futuros,
Gerardo Vega Medina, se refirió inicialmente a los problemas de seguridad que
enfrentan los reclamantes. “Le hemos dicho al gobierno de manera clara y
expresa, que tiene que haber resultados en las investigaciones judiciales. En
nuestros datos tenemos 60 personas asesinadas, 60 reclamantes de tierras, y
sólo hay tres detenidos, ninguna condena.”
En
segundo lugar, Vega Medina agregó que “debe prohibirse el porte de armas, aún
con salvo conducto, en las doce zonas donde se va a hacer restitución de
predios, y que la responsabilidad debe ser únicamente del Gobierno, pues si
tiene el poder coercitivo y las armas debe hacer cumplir las leyes.”
Adicionalmente
el director de Forjando Futuros expresó que se deben “difundir ampliamente los nombres
de los testaferros, de manera masiva en los medios de comunicación, tal y como
se hace en la persecución de otros delitos. ¿Por qué no hacerlo así con la
restitución?”
En
relación la forma como se adelanta el proceso de devolución de predios, Gerardo
Vega, manifestó que es necesario incrementar las restituciones colectivas y por
vía administrativa, pues de continuar con el caso a caso la demora será mayor y
el sistema podría colapsar. Además afirmó que el gobierno no está aplicando el
instrumento de la carga de la prueba.
Esta
figura establece que cuando exista reclamación sobre un bien, quienes ocupan
esa propiedad deberán demostrar que la adquirieron legalmente, sin haber
desplazado, asesinado o amenazado a sus antiguos propietarios. Esto exime a las
víctimas de tener que adelantar procesos jurídicos para demostrar que eran
dueñas del predio reclamado.
“Pues
resulta que ahí si estamos mal, porque era el victimario el que tenía demostrar
que compró, adquirió u ocupó sin desplazar, asesinar o amenazar. Y el gobierno
sacó un nuevo formato. La Unidad de Restitución de Tierras, cuando sólo
establecía 7 requisitos ahora tiene una cosa se 5 páginas. Nosotros de manera
sincera se lo hemos dicho al gobierno y eso está en camino de superarse, pero
tiene que invertirse la carga de la prueba; porque aquí se trata de favorecer y
darle posibilidades al más débil, que es el que está parado en un semáforo. Se
trata de darle la posibilidad de acudir a la ley y de tener las garantías de
hacerlo, pues los primeros que llegan con un buen número y equipo de abogados,
muy bien pagos, son ellos –los despojadores-.”
Finalmente
Vega Medina anunció que de la mando del gobierno, se acordó realizar nuevas
marchas a favor de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, como la de
Necoclí, en el Urabá Antioqueño, a la cual asistieron 35 mil personas.
“Esas
marchas no serán de la institucionalidad solamente, serán de la sociedad civil
y de todos los que estén de acuerdo con que esta ley salga adelante. La primera
será el 23 de noviembre en Puerto Asis, Putumayo; la siguiente será en
Sincelejo, Sucre; y la otra en el Catatumbo, Santander”, informó el director de
Forjando Futuros.
Por
su parte el presidente del IPC, Diego Herrera Duque, se refirió a los
inconvenientes para la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de
Tierras, en relación con las deficiencias para articular el sistema
institucional. Sobre este aspecto aseguró que se debe encontrar la forma de articular
y poner en función a todas las instituciones del Estado que tienen responsabilidad
en la aplicación de la ley.
“Este
también es un problema de las personerías, la Defensoría, las gobernaciones,
las alcaldías y el SENA. Son 42 instituciones que articulan el sistema
nacional, pero el foco está en los directores nacionales y regionales de las unidades
de Víctimas y de Restitución”, explicó Herrera Duque.
La
falta de articulación institucional se vería reflejada en las dificultades que
tienen las víctimas al momento de adelantar los procesos de reclamación,
principalmente en las regiones, y en la lentitud del Estado para hacer efectiva
la restitución.
Diego
Herrera agregó que el proceso de devolución de tierras también le compete a la
sociedad, por lo que no puede limitarse únicamente al gobierno. “La sociedad
fue silente y cómplice de lo que ocurrió. O sea no podemos dejar esto en un
problema del gobierno y las víctimas, ni de pequeñas unidades dentro del
Estado, ni de unos pocos sectores dentro de la sociedad. Hay que asumirlo colectivamente.”
Además
el presidente del IPC planteó sus inquietudes frente al rol que debe tener la
institucionalidad en el territorio pues, según él, este proceso podría fracasar
si no hay un buen funcionamiento de las instituciones, en las 12 zonas
priorizadas para la restitución, y si no hay una adecuada articulación
territorial. “Puede ir todo muy bien en Bogotá y pueden estar generados todos los
instrumentos, pero si es un modelo centralizado tampoco funciona.”
Respecto
a la situación de Antioquia, Diego Herrera, dejó ver su preocupación por la
manera como se incluyó el tema de la restitución en el plan de desarrollo departamental.
“Le hicimos una lectura juiciosa al plan en cuanto a lo que quedó en materia de
derechos humanos y restitución de tierras. Hay un enfoque de todas las
victimizaciones y de todos los derechos humanos pero el tema de tierras no se
ve realmente en ese planteamiento de política para esta problemática.”
Finalmente,
frente a las inquietudes de algunos asistentes sobre sí las restituciones
colectivas obstaculizarían los procesos individuales y la judicialización, el
presidente del IPC explicó lo siguiente: “Cuando nosotros planteamos que es
posible una ruta de restitución administrativa lo que le estamos planteando a
distintos sectores es que eso ahorra la posibilidad de la vía judicial y cuando
hablamos de restitución colectiva, eso no suplanta el camino de las
restituciones individuales. Lo que pasa es que en términos de eficacia política
estamos diciendo: hay un camino que puede contribuir a hacer más efectiva la
ley en los tiempos y propósitos que aspira.”
La publicación Restitución Colectiva de Tierras
en Colombia, es una guía que pretende construir una ruta para avanzar en el
proceso de devolución de predios por vía administrativa. El libró recopila
información, municipio a municipio, en las 12 zonas de mayor despojo en el
país, además contiene cifras y datos puntuales sobre los predios despojados,
las personas desplazadas, el fenómeno paramilitar y los funcionarios públicos
vinculados a para política.
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