Micro
tráfico, fronteras invisibles y presiones de grupos armados, son algunas problemáticas que rodean a las instituciones educativas en varios países de
Latinoamérica. Para sobreponerse a esta situación, la escuela debe convertirse
en un espacio con mejor proyección social, partiendo de políticas educativas
basadas en la calidad, la equidad y la inclusión. Así se planteó en el
encuentro internacional “Por una educación para la paz en contextos
conflictivos”, realizado en Medellín el pasado 3 de octubre.
El
evento de la Red de Derechos Humanos del Consejo de Educación de Adultos de
América Latina y el Caribe (CEAAL), auspiciado por la Dvv-international y con
el apoyo del Ministerio de Cooperación, fue organizado en Medellín por el
Instituto Popular de Capacitación (IPC) y la Federación Antioqueña de ONG´s; y
contó con la participación de por expertos de la UNESCO y del Programa
Interdisciplinario sobre Investigaciones Educativas de Chile (PIIE).
En
este encuentro fueron analizadas las realidades de Colombia y Chile, en torno a
la forma como la violencia urbana afecta el derecho a la educación, dado que actualmente
el IPC y el PIIE realizan una Investigación comparada sobre el derecho a la educación en contextos de
violencia y la formulación de políticas públicas.
Edgardo
Álvarez Puga, investigador del PIIE, expresó que Chile tiene similitudes con
Colombia, respecto a la situación de violencia cerca de las escuelas, y agregó
que este es “un problema Latinoamericano, que puede estar más acentuado en
Centroamérica con el fenómeno de las Maras en el Salvador, el crimen organizado
en México y el conflicto armado en Colombia.”
Por
eso, el experto llamó la atención de los gobiernos para que no asuman una
actitud pasiva. “Si se continúa en esa reflexión de que no ha llegado el
momento nuestro, que todavía no estamos como los colombianos o como los
mexicanos, finalmente no se hace nada y la escuela sigue asumiendo el golpe y
la incidencia de estos contextos violentos; eso seguirá limitando los
resultados de aprendizaje de los estudiantes”.
La
investigación del PIIE y el IPC, compara las situaciones en instituciones
educativas de La Pintana, una comuna al sur de Santiago de Chile, y de escuelas
y colegios de las comunas 6 y 13 del occidente de Medellín, Colombia. En las
experiencias de ambos países, se encontraron coincidencias en problemáticas de
micro tráfico y fronteras invisibles.
Así
lo afirmó Eloísa Paz Sierralta, investigadora del PIIE, quien explicó que la
violencia simbólica afecta con mayor fuerza a Colombia. “En este país el crimen
es organizado, mientras que en Chile no hay crimen organizado aún. En Chile la
violencia no está legitimada como un medio de resolución de conflictos y las
escuelas siguen siendo instituciones seguras para niños y jóvenes. En Colombia
es distinto, las escuelas están más permeadas por la violencia urbana.”
La
investigadora agregó que otra de las principales similitudes está relacionada
con la violencia estructural, representada en la desigualdad de los sistemas
educativos y en la inequidad de los sectores más pobres.
Por
su parte los investigadores del IPC,
Ángela Urrego, Mary Luz Marin y Ariel Gómez refirieron algunas cifras del
Informe de Derechos Humanos de la Personería Municipal, correspondiente al
primer semestre de 2011, para sustentar las difíciles situaciones en algunas
instituciones educativas de la ciudad, donde en ocasiones los estudiantes son
víctimas de la guerra entre pandillas.
Según
ese informe, en el primer semestre de 2011 hubo 14 estudiantes asesinados, tres
heridos y 21 amenazados. Los estudios también determinaron que 23, de las 224
instituciones de Medellín, estaban en “situación de riesgo por fronteras
impuestas por grupos ilegales en los barrios, lo que obligó al retiro y
traslado de cientos de estudiantes.”
Los
investigadores del IPC manifestaron que uno de los problemas graves en la
ciudad es “la legitimación y la naturalización de la violencia, que incide en
la configuración de las subjetividades de los niños y niñas en zonas de
conflicto. Eso se materializa en los juegos de los infantes y adolescentes,
que juegan a tener armas y a ser jefes
criminales.”
Por
eso los tres educadores argumentaron que “el problema de los conflictos en la
escuela no se resuelve incrementando las reglas ni con cámaras de vigilancia o
policías a la entrada de los colegios.” En este punto coincidieron los expertos
al afirmar que la situación requiere una política educativa articulada y una
escuela más activa frente a las dinámicas de la sociedad.
La escuela como
escenario de paz
“Para
educar en contextos de conflicto es necesario que la misma escuela se
constituya en un espacio de paz y de encuentro. Obviamente hay contextos
violentos, pero también hay situaciones de violencia que ocurren en la escuela por
estructuras que son violentas en sí mismas, como las situaciones de expulsión,
donde el que no aprende se tiene que ir.”
Esta
reflexión fue hecha por Daniela Eroles, asistente técnica del Área de Educación
Inclusiva e Innovaciones Educativas de la OREALC/UNESCO, quien expresó que la
gran demanda en “América Latina, considerando que somos la región más
inequitativa del mundo, es avanzar en la construcción de políticas de equidad e
inclusión, que consideren la plena participación de las escuelas y de todos los
estudiantes.”
Sobre
este asunto Edgardo Álvarez, manifestó que las políticas educativas deben se intersectoriales
y expresó que, “cuando se revisan los proyectos pedagógicos, se ven escuelas
que no tienen proyección comunitaria y que sólo miran el tema del aprendizaje
desde una perspectiva académica y no de formación ciudadana.”
Para
ejemplificar, el investigador el PIIE, refirió una situación que ocurre tanto
en Chile como en Colombia: “Nosotros tenemos una nueva ley penal juvenil, que
lo que ha hecho es disparar los porcentajes de jóvenes detenidos, pero frente a
eso no ha habido ningún tratamiento dentro de los proyectos educativos de
nuestras escuelas. Ahí parece que efectivamente tenemos un vacío importante.”
Finalmente
Daniela Eroles afirmó que en muchos casos “las propuestas educativas no son
significativas para los jóvenes, no responden a sus intereses y no brindan un
apoyo real frente a las dificultades.”
De
ahí que el llamado a repensar las ofertas de la escuela no sea sólo para los
docentes, sino también para las comunidades, porque según la experta de la
UNESCO: “en contextos difíciles es fundamental el trabajo de cada actor social.”
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