Hasta el 15 de enero de 2013 se dieron plazo las organizaciones de víctimas (OV) y las Organizaciones Defensoras de Víctimas (OVD) de Medellín, para hacerle observaciones al Protocolo de Participación propuesto por la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas – UARIV. El debate radica en la discusión de dos propuestas.
Este protocolo busca establecer las reglas de juego para garantizar el derecho a la participación efectiva de las víctimas, sus organizaciones y las organizaciones defensoras en la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011).
Las dos proposiciones que concentran el debate son: el documento de la UARIV y la propuesta para la reglamentación del derecho a la participación efectiva y significativa de las víctimas en la política pública de atención integral y reparación, presentada por la Comisión de Seguimiento a la Política Pública de Desplazamiento.
La decisión se tomó el pasado 4 de diciembre en la Mesa Municipal de Participación Transitoria de Medellín, durante el desarrollo del taller de discusión del Protocolo de Participación que fue propuesto por el Subcomité de Participación de la Alcaldía de Medellín y preparado y realizado por las organizaciones defensoras, la Secretaría Técnica - Personería de Medellín, la Unidad de Víctimas de la Alcaldía y la UARIV.
Para analizar las propuestas, la mesa de participación municipal de víctimas decidió estudiar ambas iniciativas en sus siete subcomités, según explicó Luz Mery Velásquez, Delegada de la Mesa Municipal de Participación al Subcomité de Participación de Víctimas. “Cada grupo de trabajo tiene que socializar las iniciativas, analizarlas y hacer un comparativo entre los dos protocolos, para hacer unas propuestas generales que se van a entregar el 15 de enero.”
Sin embargo hay incertidumbre frente a la decisión de alargar el debate por antecedentes como la muy prolongada discusión del protocolo de participación, propuesto en el marco de los derechos de la población en situación de desplazamiento, Ley 387 de 1997, y en la sentencia T-025 del 2005 de la Corte Constitucional; debate en el que también incidió la Comisión de Seguimiento a la Política Pública de Desplazamiento.
Además, Luz Mery Velásquez afirmó que existe “cierto grado de incredulidad porque en la Ley 1387 de 1997, que daba los espacios de participación, no fueron muy tomadas en cuenta las propuestas de la gente.”
Por su parte, Mónica Rojas, responsable del tema de promoción y acceso de los derechos de las víctimas del Instituto Popular de Capacitación, organización que represente a las OVD en Antioquia en la mesa nacional transitoria, consideró que la discusión no será fácil porque hay serias diferencias entre el documento de la UARIV y el de la Comisión de Seguimiento.
“Las diferencias van desde el número de páginas hasta el fin que persigue cada documento. El de la UARIV es largo, más de 150 páginas, explicando cómo el gobierno garantizará el derecho a la participación. Es un documento demasiado abstracto, extenso y con poco contenido de normas. En el decir de algunos líderes, el memorial de agravios y/o la filosofía de la participación de la Unidad de Víctimas”, afirmó la investigadora del IPC.
Sobre el segundo documento, Mónica Rojas indicó que “propone que el protocolo sea un proyecto decreto reglamentario de la ley. Ese texto es más concreto, contiene sólo 45 páginas, y propone en su forma las normas para garantizar la participación efectiva de las víctimas, profundiza en las condiciones y las garantías para la participación, amplia la responsabilidad del Estado frente a su papel de garantizar el derecho a la participación y rescata la labor de las regiones como escenario posible de participación.”
En general, ambos documentos ponen en el centro el debate la necesidad de condiciones y garantías para la participación efectiva. Las propuestas contienen capítulos enteros relacionados con los incentivos positivos y negativos para la participación, lo que ha puesto en la mesa de discusión el tema del reconocimiento económico a los líderes de las organizaciones de víctimas, que representen a las víctimas en los espacios de interlocución y discusión de la política pública de reparación integral en el nivel nacional y territorial.
Las propuestas del espacio nacional transitorio van desde honorarios, salarios mínimos o bonificaciones para cada uno de los líderes y lideresas que conforman la mesa nacional transitoria, hasta requisitos de condiciones materiales para participar; como celulares con planes de minutos, computadores portátiles, subsidios de transporte y oficinas, entre otros.
Esta condición les otorgaría mayores garantías a las víctimas para participar en el diseño, implementación y seguimiento de la política pública de reparación integral, además “presupone hacerle seguimiento al cumplimiento de estas garantías de participación y a sancionar a los funcionarios que incumplan su obligación”, agregó Mónica Rojas.
Al respecto, Jorge Córdoba, coordinador de la Subdirección de Participación de la Unidad Nacional para la Atención a Víctimas, recordó que “la aplicación de la ley se encuentra con algunas barreras por la falta de voluntad política de algunos mandatarios y por el desconocimiento de la norma.”
Jorge Córdoba también afirmó que uno de los mayores retos para implementar la política pública de reparación, “será la articulación de los esfuerzos que hacen la institucionalidad y la sociedad civil”, que incluye a las organizaciones de víctimas y las ODV.
Por eso, Mónica Rojas advirtió que “es necesario que la discusión de las garantías materiales para la participación no nos distraiga de la discusión central que es la forma cómo el gobierno nacional generará las condiciones, los escenarios y las garantías para la participación efectiva de las víctimas, sus organizaciones y las organizaciones defensoras en la implementación de la ley.”
Para la estudiosa del IPC, el debate sobre los incentivos económicos y las garantías de participación podría originar las mayores dificultades de acuerdo, entre la propuesta de protocolo del gobierno nacional y la propuesta de las organizaciones de víctimas y las organizaciones defensoras.
“Llama la atención, en especial, el tema de las garantías de seguridad y protección para los lideres y lideresas de las organizaciones de victimas y de las organizaciones defensoras de las víctimas, que están participando de los espacios de participación y de interlocución de la política pública de atención y reparación integral de los derechos de las víctimas; pues acaba de ser asesinado el líder Miller Angulo delegado suplente de las organizaciones de víctimas del departamento de Nariño”, afirmó Mónica Rojas.
Pero el debate no puede prolongarse demasiado, porque según recordó Jorge Córdoba, el plazo para ajustar el documento final del Protocolo de Participación de Víctimas vence el 31 de marzo de 2013.
En Antioquia se espera que para el próximo encuentro departamental de organizaciones de víctimas, cada municipio lleve sus observaciones frente al protocolo, para conformar un solo documento que será llevado al debate nacional.
“Lo que no debe ocurrir es que nos quedemos 2 ó 3 años discutiendo el protocolo de participación, como ocurrió con las discusiones del protocolo de participación de la población desplazada en la década pasada”, advirtió Mónica Rojas.
La investigadora concluyo que “está en juego el diseño de un protocolo que regulará los espacios de participación que tendrán las víctimas y las organizaciones defensoras de víctimas para incidir en la política pública de reparación integral.”
Por eso no se pueden tomar decisiones a la ligera, pero se requiere avanzar para hacer realidad el funcionamiento de la ley y la reparación integral a las víctimas del conflicto armado en Colombia.
Colombia
sin Heridas, es una alianza por las víctimas de la cual hacen parte organizaciones
sociales del país, entre ellas el Instituto Popular de Capacitación y la
Fundación Forjando Futuros; organizaciones de víctimas como la Asociación
Tierra y Vida; y el Partido Liberal Colombiano junto a otras colectividades
políticas.
