ONG´s piden informe de DH a la Personería de Medellín

Medellín, noviembre 26 de 2012

Doctor

RODRIGO ARDILA VARGAS

Personero Municipal

Ciudad.

Asunto: Rendición Informes sobre la situación de los Derechos Humanos en la ciudad de Medellín

Cordial saludo.

Las entidades y organizaciones que suscribimos esta comunicación, comprometidas con la defensa y promoción de los derechos de las personas, colectividades y comunidades, queremos expresarle nuestra honda preocupación por la situación que presentan los Derechos Humanos en la ciudad, los cuales, observamos, evolucionan hacia niveles de mayor deterioro y precariedad, no obstante el inicio de una nueva Administración y la puesta en marcha del Plan de Desarrollo aprobado por el Concejo Municipal, respaldado en un presupuesto para la próxima vigencia que supera los 3.5 billones de pesos, así como la reducción cuantitativa de los indicadores de homicidios, circunstancia esta que ha sido presentada por los círculos oficiales como el gran logro en materia de mejoría del orden público, la convivencia y los derechos fundamentales.

Uno de los instrumentos esenciales en la garantía y vigencia de los DDHH consiste en el conocimiento pleno y soportado de su comportamiento a través de periodos determinados, así como de las circunstancias y condiciones bajo las cuales se manifiesta su vulneración y los responsables de tales violaciones. También las actividades de los entes gubernamentales, el desempeño de los agentes oficiales obligados a su amparo, particularmente la Fuerza Pública, y las políticas estatales dirigidas a su protección y mejoramiento.

En este sentido, continuar con un seguimiento minucioso y detallado a la dinámica y evolución que presenta cada uno de los derechos humanos, se aprecia como la mejor contribución que pueden hacer los organismos del Ministerio Público, específicamente la Personería municipal, durante este cuatrienio, a la ciudad y la ciudadanía, que esperan la elevación permanente de su bienestar general y la mejora de su calidad de vida.

La Personería de Medellín durante los dos últimos periodos 2004-2007 y 2008 -2011, se caracterizó por llevar adelante bajo los estándares internacionales cinco actividades fundamentales en relación con los derechos humanos: i) Su guarda y protección en tiempo real desde las actividades de intervención, reacción y prevención cumplidas por la Unidad Permanente para la Protección de los Derechos Humanos (UPDH) y demás dependencias del Organismo, ii) La elaboración y difusión de un informe objetivo y veraz, cada vez más amplio y detallado acerca de la situación de los derechos humanos en la ciudad, con sus respectivas conclusiones y recomendaciones a los entes oficiales comprometidos en violaciones, deficiencias, omisiones o malas prácticas frente a los derechos de las personas, iii) El impulso al reconocimiento y materialización de los derechos humanos y derechos fundamentales en la municipalidad bajo la premisa de que los derechos no son retóricos ni estáticos y su defensa y protección se encuentran asociados a las luchas y reivindicaciones sociales, promoviendo la construcción de políticas públicas, exigiendo su cumplimiento a las entidades competentes y desarrollando acciones administrativas y jurídicas para tal fin, iv) La promoción y divulgación de los derechos humanos a través de distintos instrumentos y mecanismos pedagógicos, y v) La articulación e interacción con las organizaciones defensoras de derechos humanos y el impulso al Comité Municipal de Derechos Humanos.

Estas estrategias de inocultable valor, con la concurrencia de los informes de las organizaciones de la sociedad civil y la actividad de los defensores y defensoras de derechos humanos, sirvieron para que la ciudad, el país y los organismos internacionales conocieran la realidad de la situación de los derechos humanos en la ciudad, con independencia del discurso oficial de los gobernantes, viéndose precisados distintos entes oficiales a tomar correctivos en relación con asuntos que les competía frente a los hallazgos señalados por la Personería Municipal.

Estas actividades autónomas y objetivas y este espíritu de compromiso total con los derechos humanos, se echan de menos hoy en día en la Personería municipal. Por esta razón queremos solicitarle, Señor Personero, que en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 118 de la CN/91, la Ley 136 de 1994 y demás normas pertinentes, proceda Usted a rendir un informe sobre la situación de los derechos humanos correspondiente al año 2012, y sucesivamente en los tres años siguientes, retomando los 21 temas abordados por la Personería en su Informe de 2011, donde se encuentran ordenados bajo los siguientes capítulos: 1) Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, 2) Derechos Civiles y Políticos, 3) Derechos humanos de Niños, Niñas y Adolescentes, 4) Derechos Humanos de poblaciones vulneradas y vulnerables y, 5) Violencias basadas en género.

Asimismo, le solicitamos se prosiga con la rendición de los informes semestrales de derechos humanos, ya que la ausencia del Informe del primer semestre de este año fue evidente y notoria, fracturándose un proceso de conocimiento para la sociedad civil y de interacción institucional.

Ante la situación que presenta la ciudad, la falta de conocimiento pleno de aquello que en ella sucede y el discurso oficial imperante, se hace necesario que la Personería prosiga por la senda que traía en materia de derechos humanos, mostrando lo que permanece oculto, y llevando adelante una actividad importante en materia de promoción, guarda, protección, garantía y defensa de los derechos humanos de las personas y comunidades de Medellín, tal como se realizó en el pasado reciente.

Para efectos de trámite legal, téngase esta solicitud como un derecho de Petición (art. 23 CN/91), tal como lo dispone el nuevo Código Contencioso Administrativo.

Atentamente,

INSTITUTO POPULAR DE CAPACITACIÓN (IPC)

NODO ANTIOQUIA DE LA COORDINACIÓN COLOMBIA – EUROPA – ESTADOS UNIDOS

CON – VIVAMOS

COMITÉ PERMANENTE HECTOR ABAD GÓMEZ

CORPORACIÓN EDUCATIVA COMBOS

OBSERVATORIO DE SEGURIDAD HUMANA

VIVA LA CIUDADANÍA

CORPORACION PARA LA VIDA MUJERES QUE CREAN

FUNDACIÓN SUMAPAZ

ACJ – YMCA

CORPORACÓN DE DERECHOS HUMANOS GUSTAVO MARULANDA

CORPORACIÓN REGION

GRUPO DE IVESTIGACIÓN KAVILANDO

GIDPAD

Encuentro de Ciudad “Juventud Memoria y Paz”

Jóvenes reflexionan sobre conflicto y memoria histórica

Entre el 27 y el 28 de noviembre de 2012 tendrá lugar en Medellín el Encuentro de Ciudad “Juventud, Memoria y Paz”, en el que jóvenes víctimas del conflicto armado en Antioquia y organizaciones juveniles de la ciudad, reflexionarán sobre la construcción de memoria histórica con perspectiva juvenil.

Este espacio reunirá a 80 jóvenes que reflexionarán sobre las marcas que el conflicto armado ha dejado en sus vidas y en las de sus familitas, sus vecinos y sus organizaciones comunitarias.

También se analizarán las formas de resistencia que los jóvenes han impulsado en los últimos 20 años de conflicto armado en Antioquia y específicamente en los territorios donde ellos habitan: Urabá, Oriente, Valle de Aburra y Medellín.

El evento pondrá a dialogar a 40 jóvenes víctimas del conflicto armado en Antioquia y a 40 adolescentes del colectivo Memoria Joven de Medellín, los cuales han participado durante todo el año en la escuela permanente de formación del proyecto Juventud, Memoria y Paz, ejecutado por el IPC y financiado por CORDAID e Isagen.

Durante los dos días de encuentro talleristas del IPC realizarán foros sobre la construcción de memoria con enfoque juvenil y liderarán iniciativas artísticas y culturales en torno al tema.

Además Juan David Villa, experto en el tema de memoria histórica y acompañamiento psicosocial a las víctimas del conflicto armado con énfasis en población juvenil, acompañará la reflexión teórica y política.

Más alianzas y traiciones, en la guerra de bandas del Bajo Cauca

* Por razones de seguridad se omiten los nombres de algunas de las fuentes.

Foto: El Mundo
Captura de presuntos BACRIM en Cáceres, junio de 2011

Las investigaciones judiciales a la banda Los Paisas, la captura de alias Picapiedra y la traición de muerte a alias Sebastián, fueron sucesos que incidieron en la guerra entre bandas del Bajo Cauca y desataron escándalos sobre la presunta cooperación de miembros de la fuerza pública con estas organizaciones criminales. 

Esas situaciones ocurrieron entre los años 2010 y 2011, cuando las capturas y los asesinatos de varios los líderes delincuenciales de la región originaron la reconfiguración de algunas estructuras, principalmente de la banda Los Paisas que terminó dividida. La guerra y sus alianzas en el Bajo Cauca

Una de las capturas más relevantes del 2010 ocurrió en el mes de abril, cuando fue detenido Wilson Mejía Salgado, alias Picapiedra, hombre de confianza de Ángel de Jesús Pacheco Chanci, alias Sebastián, en la banda Los Rastrojos.

Mejía Salgado lideraba redes de sicarios y además protegía propiedades y rutas de narcotráfico del ex jefe paramilitar Ramiro Vanoy Murillo, quien había sido extraditado a Estados Unidos. La información la entregó el director de la Dijín, general Luis Gilberto Ramírez, tras la captura de Picapiedra en zona rural de Buena Vista, Córdoba.

Este hombre “creó una red sicarial para asesinar a los que mataron a los parientes de Vanoy”, aseguró el alto oficial, refiriéndose a los homicidios de José Nelson y Vladimir, hermano e hijo del ex jefe paramilitar respectivamente.

Estos crímenes habrían sido ordenados por Rafael Álvarez Pineda, Chepe, y César Augusto Torres Luján, Mono Vides, presuntos cabecillas de Los Paisas, quienes al parecer pretendían adueñarse de las propiedades, las armas y los negocios ilícitos que tenía Vanoy.

Por esa razón Picapiedra y Sebastián, quienes eran leales a “Cuco Vanoy”, desertaron de Los Paisas y se fueron a Los Rastrojos para combatir a sus antiguos aliados que terminaron unidos con Los Urabeños.

Pero en el 2010 la otra fracción de Los Paisas también sufrió un duro golpe con la muerte de Mono Vides durante un enfrentamiento con la policía en una finca de Tarazá, hasta donde llegaron uniformados de la Dijín y de las fuerzas especiales para capturarlo.

Este hombre también había pertenecido al Bloque Mineros, pero luego una discordia con Cuco Vanoy se unió al Bloque Central Bolívar, comandado por Carlos Mario Jiménez, alias Macaco.

Al momento de su muerte Mono Vides era cabecillas de Los Paisas y, según las autoridades, lideraba una alianza con el jefe de La Oficina, Maximiliano Bonilla alias Valenciano[i], para el tráfico de drogas.

Muerto Mono Vides, alias Chepe se perfiló como máximo jefe de Los Paisas y Germán Bustos, alias El Puma, otro ex miembro del Bloque Mineros quien tenía una fuerte influencia en Valdivia, adquirió más peso dentro de la organización. Así las cosas, Los Paisas continuaron la disputa por el control del Bajo Cauca, al lado de Los Urabeños.

De esta forma lo explicó un líder civil de Caucasia: “Chepe siempre domina lo que es Tarazá, en los corregimientos La Caucana y El Doce; y en coordinación con El Puma, domina lo que es Puerto Valdivia y Valdivia. La información que tengo ahora, es que Chepe está en Piamonte con alias Don Leo, que es el que está dominando la zona de Los Urabeños.”

Jacinto Nicolás Fuentes Germán, alias Don Leo, es un hombre con trayectoria en la guerra; pues fue miembro de la guerrilla del EPL y posteriormente comandante paramilitar del Bloque Sur de Bolívar, bajo las órdenes de Carlos Mario Jiménez, Macaco, jefe del Bloque Central Bolívar.

Justamente en el año 2008 Don Leo fue capturado en el municipio de Envigado, Valle del Aburrá, porque según las autoridades continuaba delinquiendo para Macaco, quien había sido extraditado a Estados Unidos.[ii]

En el momento de su detención, Jacinto Fuentes fue señalado de comandar las Águilas Negras, en el Sur de Bolívar, y de realizar alianzas con la guerrilla de las FARC para el tráfico de drogas.

Tal parece que luego de quedar en libertad, Don Leo volvió a sus andanzas y, como parte de Los Urabeños, se alió con Chepe de Los Paisas para disputarle el territorio a Los Rastrojos en el Bajo Cauca, cuya cabeza más visible, para ese momento, era alias Sebastián.

Una muerte que develó corrupción institucional

El 25 de julio de 2011, una traición tomó por sorpresa a la opinión pública, a las autoridades y, principalmente, a la comunidad del Bajo Cauca. En una finca, ubicada en el corregimiento Piamonte del municipio de Cáceres, dos escoltas asesinaron a su jefe: Ángel de Jesús Pacheco, Sebastián, cabecilla de Los Rastrojos.

La muerte de Pacheco Chanci habría ocurrido a raíz de una disputa con sus escoltas, según informó la Policía de Antioquia al confirmar que los guardaespaldas de Sebastián, Héctor David Escarpeta Suárez, El Negro, y Luis Alberto Paternina Álvarez, Guadaña, se entregaron a las autoridades y aceptaron su responsabilidad como autores del homicidio.

El sometimiento de estos hombres sería clave en las investigaciones contra miembros de la fuerza pública, porque El Negro y Guadaña les entregaron a las autoridades información financiera de Los Rastrojos, según la cual varios policías y militares del Bajo Cauca estaban incluidos dentro de la nómina de Sebastián.

Pero desde el  2010 ya se habían conocido acusaciones que involucraban a la Fiscalía, como lo denunciaron algunos habitantes durante un consejo de seguridad realizado ese año, según reveló un líder civil de Caucasia. “La Fiscalía anteriormente actuaba muy mal porque había mucha infiltración. Ahora la actual está actuando, porque la cambiaron desde finales de 2010.”

Entre tanto en Tarazá, se conoció que Los Urabeños habría incluido dentro de su nómina a miembros de la fuerza pública, como quedó evidenciado en una interceptación telefónica realizada por los organismos de inteligencia en el 2010 y revelada por la revista Semana. La investigación judicial pretendía desarticular las redes de apoyo que estaba creando esa banda criminal, entonces conocida como las Autodefensas Gaitanistas.

“Sabe qué, 99,9 Gaitanista le dice un agente de la Policía Nacional, destacado en la estación del municipio de Tarazá, a un mando medio de la llamada banda criminal emergente los Gaitanistas, meses antes de convertirse en la estructura armada ilegal que hoy es conocida como los Urabeños…”[iii]

Este tipo de situaciones contribuyeron a debilitar la confianza en las autoridades, como afirmó un funcionario público de Cáceres, al explicar que algunos habitantes “no confían por los antecedentes de la fuerza pública (…) Aquí han cambiado –policías- y de aquí tengo entendido se fueron algunos para la cárcel que están siendo investigados precisamente por eso.”

Y es que el 4 de agosto de 2011 estalló otro grave escándalo de corrupción, luego de que un juez de Medellín les imputara cargos a 20 presuntos colaboradores de la banda Los Paisas, entre los cuales había 7 policías y 2 militares, capturados en el Bajo Cauca.

 “Con confesiones de varios integrantes de la banda capturados y las interceptaciones a más de 130 celulares, la Fiscalía descubrió el manejo de una compleja red criminal con estructuras en zonas urbanas y rurales del Bajo Cauca antioqueño y el sur de Córdoba. Con un agravante, según la fiscal del caso: una preocupante alianza con algunos miembros Fuerza Pública"[iv]

Pero las investigaciones y las capturas, al parecer no fueron suficientes para diezmar a la banda Los Paisas y principalmente a Los Urabeños, que consolidaron su poder en la región del Bajo Cauca. En esa conquista habría sido fundamental un pacto realizado a finales de 2011 con la banda Los Rastrojos, que renunciaría a luchar en la región. BACRIM en el Bajo Cauca: un pacto débil y parcial

De esa forma, Chepe y Don Leo se posicionaron como los principales jefes del crimen en el Bajo Cauca y, según algunas versiones, habrían ubicado su centro de operaciones en el corregimiento de Piamonte, desde donde también habrían delinquido los paramilitares y el mismo Sebastián.

El fortín de Piamonte...

En desarrollo

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[i] Maximiliano Bonilla, alias Valenciano, libraba una guerra a muerte con Erickson Vargas, alias Sebastián, por el control de La Oficina en el Valle de Aburrá. La disputa por esta organización comenzó tras la extradición del ex jefe paramilitar, Diego Fernando Murillo, alias Berna. Tanto Valenciano como Sebastián extendieron sus redes criminales hasta otras regiones de Antioquia para copar territorios que les pertenecieron a los paramilitares.

[ii] Artículo en página Web: El Tiempo, 2008, 28 de julio, “Detienen a Don Leo jefe de las Águilas Negras en el Sur de Bolívar”, disponible en sitio Web:

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-4403543 acceso 19 de noviembre de 2012

[iii] Artículo en página Web: Revista Semana, 2011, 2 de agosto, Restrepo E., Juan Diego,  “99,9 por ciento Gaitanistas: Policía de Tarazá”, disponible en sitio Web: http://www.semana.com/opinion/999-ciento-gaitanista-policia-taraza/161599-3.aspx

[iv] Artículo en página Web: El Colombiano, 2011, 14 de agosto, Monroy Giraldo, Juan Carlos, “Así mata y corrompe la banda Los Paisas”, disponible en sitio Web:

http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/A/asi_mata_y_corrompe___la_banda_los_paisas/asi_mata_y_corrompe___la_banda_los_paisas.asp

Expectativa: inician los diálogos de paz

Foto: Caracol Radio

En la Habana, Cuba, inician hoy los diálogos de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC. Este proceso genera gran expectativa en Colombia y a nivel internacional porque se trata de un conflicto de 50 años, el más antiguo de Latinoamérica. Algunos analistas esperan que en este primer día de diálogo las partes ofrezcan mejor claridad sobre los puntos de la agenda establecida.

El Palacio de Convenciones de La Habana, en el sector de Miramar, es el lugar donde se reunirán los delegados del gobierno colombiano, en cabeza de Humberto de La Calle, y los de las FARC, liderados por Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez.

En el primer día de negociación se espera que las partes aborden el punto inicial de la agenda: el desarrollo rural integral, que comprende temas como el desarrollo agrario y la distribución equitativa de la tierra. Los demás puntos, a desplegarse posteriormente, serán: la participación política, el fin del conflicto, las drogas ilícitas y las víctimas.

De esta forma, y luego de varios meses de negociación secreta, el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC comenzarán en La Habana la segunda fase del Acuerdo para la Terminación del Conflicto, firmado por las partes en Oslo, Noruega, el pasado 18 de octubre.

Para hablar sobre el inicio de los diálogos, la agencia de prensa del Instituto Popular de Capacitación (IPC) consultó al periodista, politólogo y docente de la Universidad de Antioquia, Gonzalo Medina Pérez; a la socia y ex presidenta del IPC, Martha Peña; y al ex asesor de paz de la Gobernación de Antioquia, Jaime Fajardo Landaeta, quien fue negociador de paz entre el EPL y el gobierno colombiano.

Estos tres analistas se refirieron a cuatro temas particulares: las expectativas en el primer día de diálogo, la participación de la sociedad civil, el factor del tiempo y el posible aumento de la confrontación armada en el país.

Primer día de diálogos

Para Jaime Landaeta en el primer día de diálogos, “la expectativa fundamental está en aclarar y desarrollar la agenda establecida, porque en Oslo no quedó suficientemente claro ni para el país ni para la opinión internacional.”

De acuerdo con el ex asesor de paz, “si se aclaran y se exponen los puntos establecidos, se le va a dar mucha confianza al proceso”. El analista manifestó además que “indudablemente el tema agrario va a ser fundamental para las FARC porque es un interés de ellos, pero también es un interés de las víctimas y de los campesinos en zonas de conflicto.”

Sobre el tema de la tierra, Martha Peña, expresó que es muy importante tenerlo en primera plana, más aún cuando en Colombia existen problemas de desigualdad en la distribución de predios y algunas dificultades con la restitución.

“Venimos recientemente de hablar incluso de la conformación de un ejército anti restitución en Colombia. Y todos sabemos que el tema de la restitución no estaba abordando el tema de redistribución”, aseveró la socia del IPC.

Martha Peña reconoció que este tema es muy delicado y planteó que desde diferentes sectores de la sociedad, es necesario “solicitarle a esa mesa y sobre todo al gobierno colombiano, que de señales de que está dispuesto a tocar el tema de la distribución.”

Gonzalo Medina coincidió en afirmar que la tenencia y la titulación de la tierra “es uno de los temas centrales, no sólo de la agenda del proceso sino del conflicto armado colombiano.”

El politólogo explicó que el conflicto por la concentración de predios ha inspirado las luchas agrarias y los movimientos insurgentes. Y a su vez, algunos sectores agroindustriales, ganaderos y grandes terratenientes, se han opuesto a esas luchas, valiéndose incluso de grupos paramilitares.

Dada la complejidad de esta problemática, Gonzalo Medina piensa que en el tema agrario “habrá muchas opiniones en contra, por parte de los sectores gremiales.” Por eso, según el académico, estos sectores no deben quedarse por fuera si se consolida un acuerdo.

“Quiérase o no, hay que contar con los ganaderos, los terratenientes y todas estas organizaciones gremiales que han ejercido el monopolio sobre la tierra y han contribuido a la conformación de paramilitares”, aseveró el politólogo.

Participación ciudadana

Uno de los aspectos que ha despertado más inquietudes y que aún no termina de clarificarse, es la forma como participará la sociedad civil en el proceso de paz. Por eso varios sectores siguen reclamando espacios y mecanismos de participación.

Esas solicitudes dieron pie a la realización de siete Mesas Regionales de Paz, lideradas por la Comisión de Paz  de Senado y Cámara, que recogieron propuestas de la sociedad civil para presentarlas en la mesa de diálogo.

De igual manera, habrá un sitio Web a través del cual las partes del proceso informarán sobre los avances de las negociaciones y, a la vez, recibirán propuestas de la ciudadanía sobre los temas de la agenda.

Sin embargo, para Martha Peña la participación sigue siendo un déficit en el proceso, “porque no hay una representación de la sociedad en su conjunto.” Ella, piensa que “el Estado colombiano debiera concebir una movilización más grande de la sociedad.”

Lo complicado, según la socia del IPC,  es que la vocería en este tema no la asumirá “ni el gobierno colombiano, que está demostrado que no ha tenido mucho interés en una auténtica participación de la sociedad, ni tampoco las FARC que piensan que vía violencia van a lograr transformaciones, (…) lo cual, por el contrario, destruye más todas las posibilidades de participación de la sociedad.”

La voluntad política, será un factor importante para posibilitar la participación civil en este proceso, como afirmó Gonzalo Medina, al explicar que de ella depende la disposición real de las partes para acoger las propuestas ciudadanas.

El politólogo advirtió que deberá existir un buen mecanismo para procesar las iniciativas que lleguen a la mesa de diálogo y reveló que a la sociedad la ve en proceso de aprendizaje, porque “no tenemos mucha tradición ciudadana cuando se ha tratado de buscarle salida política al conflicto armado colombiano.”

Pero Gonzalo Medina aseguró que es muy importante abrir “la posibilidad de que participen sectores que vienen teniendo una participación importante en el ámbito de lo público y sobre todo en relación con el conflicto armado.”

Además, el académico advirtió que los medios de comunicación “deben ser conscientes de que su mejor contribución es respetando el desarrollo propio del diálogo.” Según él, los afanes de “chiviar” revelando información confidencial o diferencias entre las partes, pueden afectar el proceso.

En esa perspectiva Jaime Landaeta, reconoció que es fundamental que las FARC y el gobierno organicen el asunto de la participación ciudadana, pero aclaró que “no se puede esperar una participación directa en la mesa de diálogo”, ni de columnistas ni de analistas, ni de la misma ciudadanía.

“Eso es un problema de las partes. Me parece que ahí hay una equivocación, en lo que es abrir los escenarios de participación de la gente y creer que el problema se define llevando voceros de la sociedad civil a la mesa de negociación”, aclaró Landaeta.

Pero, por otro lado, el ex asesor de paz planteó que la comisión negociadora del gobierno debería abrir “canales directos de interlocución con los alcaldes y gobernadores, quienes a última hora son los que van a llevar el peso de la negociación, para que no suceda lo que pasó con la desmovilización paramilitar.”

El tiempo en las negociaciones

Un factor fundamental y que según algunos analistas podría generar tensión, es el tiempo que tomarán las negociaciones. En reiteradas ocasiones el gobierno ha dejado claro que espera un proceso ágil, incluso el presidente Juan Manuel Santos expresó que a mediados del próximo año deberían existir acuerdos en el primer punto de la agenda.

Por su parte, las FARC han planteado que el proceso no debe tener plazos definidos, como afirmó Ricardo Téllez, alias Rodrigo Granda, el pasado mes de septiembre en La Habana, Cuba. “No se puede poner un tiempo fatal para la paz.”

En este asunto, es necesario entender que el gobierno y las FARC tienen diferentes nociones del tiempo. Gonzalo Medina explicó que el campo tiene dinámicas que se mueven de manera lenta, a diferencia del acelerado ritmo de la ciudad.

“Las FARC son una guerrilla que precisamente por esa razón y por tener una existencia de tantos años no tiene afán. Ellos están ahí y se toman todo el tiempo del mundo para cualquier cosa. Así como lo tienen para un diálogo o un proceso, lo tienen para la acción armada. (…) En cambio del otro lado está el tiempo de un espíritu pragmático, como es el caso del presidente Juan Manuel Santos, quien es muy del resultado inmediato y de efectos rápidos”, explicó el académico.

Aunque el presidente Santos aceptó negociar en medio del conflicto y avanzar en los diálogos hasta que existan acuerdos, Gonzalo Medina piensa que el mandatario presionará para que haya concreción. Por eso afirmó que el tiempo “puede ser un punto de tensión entre los dos actores.”

Paradójicamente, Jaime Landaeta planteó que para las FARC también es importante que los tiempos sean ágiles “porque no se puede llegar al próximo debate electoral sin haber definido los temas centrales de la agenda de paz y sin haber tomado una decisión frente al cese al fuego, porque es indudable que si las FARC quieren participar en política debe ser en el próximo debate electoral y no para dentro de ocho años.”

Martha Peña coincidió en expresar que las FARC deben darle agilidad al acuerdo de paz, pero centró su argumento en que la sociedad reclama la terminación del conflicto; en especial luego de la desconfianza que generó el último proceso de negociación, durante el gobierno de Andrés Pastrana, y de las “salidas de guerra o de tierra arrasada del gobierno anterior”, el de Álvaro Uribe Vélez.

“Entonces yo creo que las FARC deberían tener en cuenta que actualmente hay más impaciencia de la sociedad colombiana para decir que hay que parar la guerra y cesar las confrontaciones. Yo creo que eso –alargar el proceso- no es positivo”, aseguró la socia del IPC.

Confrontación armada en Colombia

Uno de los principales reclamos de la sociedad civil, especialmente de quienes sufren con más fuerza el rigor de la guerra, es que las partes cesen la confrontación armada. Sin embargo, el acuerdo entre el gobierno y las FARC fue contemplado para pactar en medio del conflicto.

El presidente Santos reconoció desde un principio que las hostilidades de la guerrilla podrían incrementarse y, a la vez, aseguró que las acciones militares del Estado no cesarán. Por su parte, la guerrilla ha intensificado sus ataques en varios departamentos, principalmente en Cauca, Valle y Chocó.     

Por eso, Gonzalo Medina partió de que la relación entre guerra y paz “no es excluyente ni opuesta. Muchas veces cuando se habla de paz es cuando más se intensifica la guerra o, viceversa, cuando más agudizada la guerra es cuando surge con mayor claridad la posibilidad de una solución negociada.”

Desde este punto de vista, el politólogo no se hace muchas ilusiones, porque existe la posibilidad de que las hostilidades se mantengan o se prolonguen. “Hay ocasiones, cuando existe un punto de discusión en una agenda, en que la manera de hacer sentir esa tensión no es propiamente en la mesa de diálogo sino fuera de ella,  por ejemplo en el campo a través de acciones armadas.”

Por su parte, Martha Peña es partidaria de las solicitudes del movimiento por la paz para el cese de hostilidades. Por eso ella opinó que “es lamentable que ese proceso se esté desarrollando en medio de una confrontación y de los anuncios de que esa confrontación no va a cesar.”

Sobre esta situación, Jaime Landaeta aseguró que los colombianos “tenemos que acostumbrarnos a una negociación en medio del conflicto aunque no sea lo ideal.” Según el analista, si el problema de las hostilidades se pone en el centro del debate, se podría perder de vista el núcleo del proceso que es: la agenda de paz previamente acordada.

“O sea lo que vamos a solucionar es la confrontación y eso lo solucionamos con una agenda, con unos puntos, con unos programas bien construidos y no únicamente diciendo que cesen los fusiles”, aclaró el ex asesor de paz.

Retomando la posición de Landaeta, vale concluir que la sociedad civil debe rodear esta negociación y participar en la construcción de propuestas para que exista un cese al fuego definitivo en el conflicto armado colombiano y comience así el camino de la paz y la reconciliación.