miércoles, 13 de febrero de 2013

Organizaciones defensoras de víctimas declaradas objetivo militar


 * Por razones de seguridad se protegen las identidades de las fuentes consultadas
A través un panfleto un grupo armado ilegal declaró objetivo militar a varios líderes de Organizaciones Defensoras de los Derechos de las Víctimas (OVD´s) en Colombia. En el documento también fueron amenazadas tres organizaciones sindicales de Bolívar y Atlántico, así como la Corporación Jurídica Yira Castro.
La denuncia fue hecha por las OVD´s del país que mediante un comunicado rechazaron esta nueva agresión contra el proceso de verdad, justicia y reparación a las víctimas y contra el proceso de restitución de tierras en Colombia.
En el panfleto, firmado por el comandante alias “Papito” o “Camilo”, del Comando Urbano de las Águilas Negras, se declara “objetivo militar a las ONGS que motivan a los desplazados a reclamar sus tierras.”
Las organizaciones señaladas son la Corporación Territorium, la Federación Nacional de Organizaciones de Víctimas, la Fundación Luz de Esperanza del Futuro, la Asociación para la Vida Digna y Solidaria (ASVIDAS) y la Fundación Infancia Feliz a cuya sede, en Barranquilla, llegó el panfleto.
Según el director de una de las OVD´s amenazadas, llama la atención “la forma como trazan el territorio nacional en materia de participación. Allí están las organizaciones que se han destacado en cada uno de estos departamentos por defender e impulsar los derechos de las víctimas en cada región: Costa Atlántica, Santanderes, centro del país, Eje Cafetero, Cauca y Valle del Cauca.”
Es de resaltar que las OVD´s amenazadas son a su vez delegadas a la Mesa Nacional de Participación Transitoria, en desarrollo de la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras – Ley 1448 de 2011. Lo cual para este defensor también da a entender que los autores del panfleto conocen bien los procesos y las organizaciones.
Señalan de manera puntual el espacio transitorio, o sea lo declaran anti espacio transitorio; y el lenguaje es muy manejado dentro de las organizaciones y dentro de la Ley 1448, o sea que quien hizo esto tiene conocimiento de la ley, de los espacios, de las dinámicas de cada una de las organizaciones y de dónde nos ubicamos”, explicó el defensor de derechos humanos.
En el panfleto el grupo armado ilegal también se atribuye el homicidio del defensor de los derechos de las víctimas, Miller Angulo, ocurrido el primero de diciembre de 2012 en Tumaco, Nariño. “Recuerden ya hicimos presencia en la Guajira y Nariño, también Miller sufrió las consecuencias, ahora vamos por ustedes…”, señala el volante.
Para la delegada de otra organización defensora de los derechos de las víctimas, esta agresión contra los representantes a la Mesa Nacional de Participación Transitoria es grave porque el sistema de participación es fundamental en el proceso de reparación y restitución de tierras, propuesto en la Ley 1448.
“Sin condiciones reales  de protección para los líderes y lideresas que participamos en los escenarios donde se discute la política pública, el camino será muy difícil de andar y la ley corre el riesgo de quedar como mucha otras, como letra muerta y esto es precisamente lo que buscan quienes amenazan, asesinan y persiguen a las organizaciones de víctimas, a sus líderes y a las organizaciones defensoras”, afirmó la delegada.
Por eso, la defensora insistió en que las autoridades deben avanzar en las investigaciones y las sanciones contra los autores materiales e intelectuales de este tipo de agresiones y, a la vez, “desmontar la estructura criminal que hace posible esta situación de inseguridad.”
Además agregó que es necesario exigirle al Gobierno se generen todas las garantías de protección y seguridad para que los delegados puedan ejercer su derecho de participación, pues “no basta con los análisis de riesgo y con mejorarles los esquemas de seguridad a los amenazados.”
Esta agresión contra las OVD´s muestra que quienes se oponen al proceso de verdad, justicia y reparación, “pretenden silenciar a las víctimas y a las organizaciones defensoras para que no existan acuerdos colectivos ni haya incidencia política, buscando que la reparación integral no se realice y que, en definitiva, no haya transición de la guerra hacia la paz, que es lo que tanto anhelamos los sectores democráticos del país”, concluyó la delegada.

Boletín Nº15 del Observatorio de DDHH del IPC


En su versión número 15, el boletín del Observatorio de Derechos Humanos del Instituto Popular de Capacitación (IPC), realiza un complejo análisis sobre la situación de vulneración de Derechos Humanos en la que desarrollan su labor los reclamantes de tierras de la región de Urabá, Antioquia.
Reclamante de Tierras en Urabá: actividad de alto riesgo, es una investigación que se construye a partir de casos documentados de víctimas que han sido amenazadas durante la reclamación de sus predios, lo cual atenta contra el proceso de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

viernes, 8 de febrero de 2013

Minas antipersonal, una guerra que se mueve por Antioquia


Siete víctimas han dejado las minas antipersonal en Antioquia en el primer mes del año 2013. Los casos ocurrieron en Apartadó, Cáceres, Yarumal y Briceño, donde los afectados fueron tres menores de edad. Preocupa que este flagelo tienda a afectar a más poblaciones porque el uso de estos artefactos, para proteger cultivos ilícitos, ha expandido el problema a varias regiones.

De las 10.160 personas que entre 1990 y 2012 han sido víctimas de minas antipersonal en Colombia, Antioquia tiene el 22,2% de los casos, 2.263 afectados, según cifras del Sistema de Gestión de Información sobre Actividades relativas a Minas Antipersonal (IMSMA, por sus siglas en inglés) del Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal (Paicma).

SITUACIÓN  GENERAL DE LAS VÍCTIMAS DE MAP 1990- 2012

Fuente: IMSMA, procesado por el Observatorio Departamental de Víctimas del Conflicto Armado y Derechos Humanos


Tanto en el país como en el departamento este fenómeno se ha asociado principalmente a la lucha entre guerrillas y fuerzas militares. En Antioquia la problemática más difícil la ha sufrido la región del Oriente que entre 1990 y 2012 reportó 360 víctimas civiles y 432 de la fuerza pública.

Pero en los últimos años el fenómeno se ha incrementando en las regiones del Norte, Nordeste y Bajo Cauca donde, además de la guerrilla, las bandas criminales también están utilizando las minas antipersonal para impedir la destrucción de los cultivos ilícitos.

“la información que tenemos es que en algunos sitios hay una convivencia entre las FARC y el ELN con las bandas criminales alrededor del tema de los cultivos ilícitos y el manejo de los insumos para el narcotráfico, por ende el minar estos cultivos está beneficiando también a los que hacen parte de toda la cadena”, reveló el secretario de Gobierno de Antioquia, Santiago Londoño.

El funcionario reseñó que incluso se han presentado accidentes por minas antipersonales en poblaciones de las cuales no se tenía registro anteriormente, como es el caso del municipio de Turbo, en el Urabá Antioqueño. “Allá hay una zona de cultivo cerca de Córdoba, pero es tráfico, para proteger rutas y espacios.”

Sin embargo, la guerrilla sigue liderando la utilización de estos artefactos principalmente en la región del Norte donde en la actualidad se concentran las acciones de los frentes 18 y 36 que se han especializado en la utilización de explosivos.

De ahí que la Gobernación de Antioquia esté preparando una propuesta para presentarle a la mesa de negociación, entre el Gobierno Nacional y las FARC en La Habana, Cuba, con el propósito de que la problemática de minas anitpersonal sea un tema prioritario.


El tema de minas a la mesa de diálogo

Consideradas por muchos como una estrategia de guerra sucia, las minas antipersonal violan el principio de distinción del Derecho Internacional Humanitario al no diferenciar entre civiles y combatientes. Una muestra de ello es que en Antioquia el 45% de las víctimas (1.029) son civiles y el 11% (245) son menores de edad.

Por eso que la Gobernación de Antioquia pretende llamar la atención en la mesa de negociación para que en el segundo punto de la agenda de paz se empiece por el tema de la identificación y erradicación de los campos minados en Colombia.

“Si no se toca este tema y si el tema además persiste, lo que tenemos en el resto del país y lo que vamos a tener, así se llegue a acuerdos en la mesa, es unos campos minados esperando que lleguen los civiles a detonarlos y vamos a tener un conflicto a 35 ó 40 años no importando las decisiones que se tomen allá”, declaró el secretario Santiago Londoño.

De acuerdo con las estadísticas en Antioquia los 10 municipios más afectados por las minas antipersonal son: Ituango, Tarazá, San Carlos, Anorí, San Francisco, Dabeiba, Valdivia, Sonsón, San Luis y Granada, los cuales concentran un total de 1.261 víctimas entre 1990 y 2012.

Indudablemente la guerrilla debería tener un gran compromiso con este tema, partiendo de que el problema de las minas antipersonal se ha movido por el departamento a la par con el conflicto, aumentando el número de víctimas en las zonas donde la disputa y el control subversivo son mayores.

Así lo explicó el secretario, Santiago Londoño: “La guerra de minas va de la mano del conflicto y de la agresividad del conflicto. El Oriente fue un espacio entre los años 80´s y principios del siglo XXI, de mucha actividad de los frentes 47 y Noveno de las FARC y del Carlos Alirio Buitrago del ELN, y la guerra de minas fue una de sus armas predilectas (…) En este momento el conflicto está muy vivo y muy agresivo en las zonas de Ituango, Toledo, Briceño, Tarazá y parte de Cáceres, allí estamos viendo que el número de víctimas está creciendo.”



A esto se suma que las minas están siendo instaladas en caminos rurales que son paso obligado para las tropas del ejército pero también para los campesinos, que se dirigen a sus lugares de siembra o tala de árboles, y para los niños que van a estudiar a sus escuelas, por lo que se viene avanzando en materia de prevención con la población civil. 

Habrá que ver entonces la voluntad de la guerrilla para ponerle fin a una estrategia en la que se han hecho cada vez más expertos, en la fabricación y detonación de las minas, utilizando materiales plásticos o de vidrio que impiden la detección de los artefactos y usando cada vez más explosivos para generar daños mayores.

Así lo reflejó el incidente ocurrido el pasado 13 de enero en la vereda Pueblo Nuevo del municipio de Briceño, en el Norte de Antioquia. Ese día tres adolescentes regresaban hacia sus viviendas en horas de la noche cuando de manera accidental uno de los jóvenes detonó una mina antipersonal. La explosión le causó la muerte instantánea a un menor de 15 años de edad y heridas a sus dos compañeros de 17 años.

De acuerdo con información del Batallón de Desminado Humanitario Nº 60 del Ejército “Coronel Gabino Gutiérrez”, los artefactos que está construyendo actualmente la guerrilla no corresponden a minas convencionales; las cuales tienen la capacidad de mutilar la pierna de un ser humano a la altura del tobillo, por lo que son conocidas como “quiebra patas”.

“Normalmente una mina convencional tiene entre 60 y 80 gramos de explosivo en cualquier parte del mundo. Pero aquí estamos hablando de aparatos improvisados con aproximadamente entre 1.200 y 1.500 gramos de explosivo. Esto no es una quiebra patas. Eso es lo que causa la mutilación de las dos piernas por encima de la rodilla”, explicó un uniformado del ejército de quien se omite su nombre por seguridad.

Dado el riesgo que representan este tipo de artefactos, no sólo para las tropas sino también para la población civil, y de acuerdo con el tratado de Ottawa mediante el cual Colombia se comprometió a destruir todas las minas antipersonales que existan en el país, en Antioquia las autoridades le apuestan al desminado humanitario en regiones como el Oriente, donde hay menor intensidad del conflicto, y al “desminado en caliente” en las zonas del Norte, Nordeste y Bajo Cauca.

Este año se espera que el municipio de San Francisco, sea el segundo municipio del Oriente libre de amenaza de minas, después de San Carlos. La meta es que estas trampas mortales no destruyan más vidas en Antioquia, porque en palabras del Secretario de Gobierno, “un campo minado es una declaratoria de guerra perpetua.” 

jueves, 7 de febrero de 2013

Temor rodea colegios de la comuna 8


El temor se ha convertido en una constante para docentes, alumnos y padres de familia de la institución educativa Villa Turbay, comuna 8 de Medellín, debido a la marcada delimitación de fronteras ilegales, impuestas por los combos en esa zona del oriente de la ciudad.

Esta problemática ya cobró la vida de un ex alumno y de un estudiante del colegio Villa Turbay, según recordó Martha Rocío Alfonso Bernal, miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Institutores de Antioquia, ADIDA.

El primer hecho ocurrió el pasado viernes 25 de enero cuando fue asesinado Santiago González, de 18 años de edad, quien se movilizaba en un bus de servicio público y vestía uniforme del Metro. Este joven había sido reconocido como uno de los 10 mejores bachilleres de Villa Turbay en el 2012, por la cual era aprendiz del Metro.

Un habitante del sector[i] lamentó la muerte de Santiago González al señalar que era un joven de bien y recordar que “él bajaba diario en el bus para ir a capacitarse en el Metro. Salía entre las cuatro y las cinco de la mañana y ese día se montaron al bus y le dispararon.”

Este caso afectó mucho a los profesores de Villa Turbay, quienes recientemente le habían hecho un homenaje a Santiago poniéndolo como ejemplo en la institución, indicó Martha Rocío.

“Los golpeó mucho porque todo el enorme esfuerzo que significa invertir en sacar una posibilidad de vida, un proyecto diferente… una familia pensando en otras cosas y que la destruyan en un momento, es un golpe muy duro”, concluyó la docente.

El segundo hecho ocurrió el pasado fin de semana, el sábado 2 de febrero, cuando un estudiante de octavo grado del colegio Villa Turbay fue baleado en el sector de Tres Esquinas. Al parecer, según explicó Martha Rocío, el joven había bajado hasta esa zona a comprar repuestos para una bicicleta, traspasando una de las fronteras impuestas por los grupos ilegales.

La muerte de estos dos adolescentes y, al parecer, algunas situaciones de intimidación a docentes de la zona, motivaron una reunión entre la comunidad educativa y representantes  de las secretarías de Educación y Gobierno de Medellín para analizar la problemática. Sin embargo quedó un sin sabor, originado por la ausencia de la secretaria de Educación, Luz Elena Gaviria.

“Se disculparon porque tenían una situación de emergencia, pero que más situación de emergencia que tener dos instituciones Loma Hermosa –comuna 13- y Villa Turbay, que están con este problema”, afirmó Martha Roció.

Entre las medidas que se definieron para la comunidad educativa del sector, la docente explicó que “la Secretaría de Educación les puso transporte para subir y bajar, pero digamos que ellos tienen que trabajar en unas condiciones muy difíciles porque ha habido muchas balaceras, permanentemente hay bala, (…) eso genera mucha angustia. –Con los docentes- la Secretaría se comprometió a hacer acompañamiento de educación, de bienestar docente, de psicólogo de atención y, aparte de eso, lo que tiene que hacer con la comunidad.”

La situación de violencia que padece esta comuna afecta tanto a maestros como estudiantes y padres familia y, contrario a lo que parece, no se concentra únicamente en La Sierra, aclaró Martha Rocío. “O sea La Sierra tiene su problemática pero también Caicedo, Villatina y Ocho de Marzo, que son los barrios que están complejos y ahí está el conflicto.”

El habitante consultado por esta agencia de prensa reveló que su hijo, que cursa la primaria, vive atemorizado por las continuas balaceras y confirmó que las fronteras y los grupos ilegales, en la zona donde reside, están ubicados en Villatina, Tres Esquinas, La Sierra y Ocho de Marzo.

“Yo disque hago parte de uno de esos grupos porque vivo en el territorio de ellos, entonces ellos dicen que yo pertenezco a ese combo, ¡como si uno les perteneciera!”, denunció este ciudadano con enojo, al rechazar esta aparente estrategia de los combos de buscar capital social entre la población que no pertenece al conflicto.

“El problema de la institución allá es que la gente mientras está en la zona –La Sierra y Villa Turbay- no tiene problema, el problema es cuando baja. Entonces mientras que estén ahí ellos se quedan en la institución educativa”, afirmó Martha Rocío.

De esta forma, las fronteras ilegales se convierten en una de las situaciones que más vulneran el derecho a la educación, generando ausencias, deserción escolar y traslados, particularmente en el caso de alumnos que viven en La Sierra y Villa Turbay pero estudian en el sector de Tres Esquinas, o viceversa.

“De conformidad con la información suministrada en la comuna, como resultado de la confrontación armada la deserción escolar llego a un 40%1, debido entre otras cosas a la imposibilidad de movilizarse libremente ante la existencia de fronteras invisibles.” Así lo reseñó el Observatorio de Seguridad Humana en su informe de Derechos Humanos en la comuna 8, presentado el 10 de diciembre de 2012.[ii]

En toda la ciudad la deserción escolar sería del 4.4%, según estudios de la Personería de Medellín, en los cuales se revela que “las principales causas de este fenómeno son: la falta de oferta institucional; la situación económica de las familias y los estudiantes, que los llevan a abandonar el estudio y empezar a trabajar; y el conflicto armado (especialmente en las comunas 8, 13, 9, 16 y los corregimientos de Altavista y San Antonio de Prado), entre otras situaciones.”[iii]

Según datos de la Personería, en el año 2012 fueron asesinados 5 estudiantes en la Comuna 8, como lo publicó el diario ADN de Medellín, al indicar que “entre los colegios más afectados se encuentran la Escuela Empresarial Esfuerzos de Paz 2, la Corporación Latina, de la Comuna 8; Cedepro, de Belén Altavista; los colegios Blanquizal, Creadores del Futuro y Fundadores, de la Comuna 13; el colegio Fe y Alegría Corvide, y el Cooperativo San Antonio de Prado.”[iv]

Lo más lamentable de la situación que viven estas instituciones educativas, es en muchos de los casos la vulneración del derecho a la educación por parte de los grupos armados ilegales es un problema de vieja data, que aumenta o disminuye, ligado a las dinámicas del conflicto urbano.

En desarrollo…

Artículos relacionados:



[i] Nombre omitido por razones de seguridad

[ii] El informe del Observatorio de Seguridad Humana también reseñó una alta problemática de reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes en la comuna 8. “Reclutamiento forzado: 440 casos de reclutamiento forzado de NNA, cooptados por los Gaitanistas o Urabeños y La Oficina, vinculándolos a catorce combos delincuenciales ubicados en los barrios Villatina, San Antonio, Las Estancias, La Sierra, Villa Liliam Parte Alta y sectores como Las Mirlas, Esfuerzos de Paz, La torre San Antonio, Finquita, La Bombonera, Los Charcos, Tres Esquinas, La Cañada, La Aguinaga, La Esperanza, La Granja, La Torre Villatina, Santa Lucia y El Ventiadero. Estos barrios y sectores cuentan con una población de 36.000 habitantes. 
[iii] Personería de Medellín,2013, “Aclaración porcentaje de deserción escolar en la ciudad”, Sitio Web Personería de Medellín¸ actualizado a enero de 2013, disponible en: http://www.personeriamedellin.gov.co/index.php/sala-prensa/comunicados/340-aclaracion-porcentaje-de-desercion-escolar-en-la-ciudad acceso 06/02/13 acceso 05 de  febrero de 2013

[iv] Gallego, Lina Marcela, 2013, 28 de enero, “Aulas, más vacías este año en Medellín”, ADN, edición regional, Medellín, disponible en sitio Web: http://diarioadn.co/medell%C3%ADn/mi-ciudad/deserci%C3%B3n-escolar-en-medell%C3%ADn-1.43526 acceso 06 de febrero de 2013

miércoles, 6 de febrero de 2013

Violencia causa deserción y ausencia escolar en comunas 8 y 13


Preocupadas están las directivas de la Institución Educativa Eduardo Santos, en la comuna 13, occidente de Medellín, por la elevada tasa de movilidad o deserción escolar que se ha registrado este año, en la mayoría de los casos a causa del conflicto entre combos.

Las fronteras ilegales, las amenazas y los desplazamientos forzados intraurbanos, serían algunas de las principales razones que estarían motivando esta situación. Sólo entre el 14 y el 31 de enero de este año 256 estudiantes cancelaron matrícula.

Además de los dos mil 200 alumnos, que en promedio estudian cada año en esa institución, apenas mil 800 iniciaron el año escolar. Y aunque a la fecha ya se contabilizan mil 880 estudiantes, aún habría un déficit cercano a los 300 escolares.

El revelador balance fue presentado por las directivas de la institución, que prefirieron les fueran omitidos sus nombres. “Diariamente cancelan estudiantes por alguna razón. El 90% cancelan por razones que atizan la violencia”, señaló un funcionario del colegio.

Para realizar estas estadísticas los directivos han indagado a los padres y los estudiantes, que cancelan matrícula, sobre las razones reales por las que abandonan el plantel educativo.

El problema “es generado por amenazas a las familias o a algún integrante de la familia, por miedo a cruzar las fronteras ilegales y, a esas mismas razones de amenazas y miedos, hay que agregarle una situación de órdenes directas que reciben algunas familias para desalojar sus viviendas. Ese es el 90%, nueve de cada 10 estudiantes nos manifiestan eso. A dónde se van, la gente no nos dice”, reveló el funcionario.

A estas situaciones podría sumarse la baja asistencia a clases, en algunas fechas, a causa de los enfrentamientos armados entre combos del sector. Aunque esta problemática, afirman las directivas, ha sido denunciada ante las autoridades, hasta el momento, al parecer, las medidas no han sido suficientemente efectivas.

“Ocasionalmente hay un servicio de patrulleros de la policía que dan vueltas por la zona. En cuanto a la Secretaría de Educación, la secretaria y la vice alcaldesa no se cansan de decir que a la gente le gusta cambiar de colegio, que la gente no deserta sino que cambia de colegio porque les gusta cambiar de domicilio y, en atención, la Secretaría siempre manda a un compañero de convivencia, Fernando Betancur, a que capotee todos los problemas pero no hay poder de decisión”, denunció el funcionario.

Lo que sí destacan las directivas, es la implementación de un transporte escolar que beneficia a cerca de 600 estudiantes de los sectores La Loma, El Salado y La Caseta; gracias a este servicio, aseguran, la situación no ha sido peor.

Sin embargo, desde hace un tiempo la institución educativa solicitó acompañamiento de las autoridades en las rutas de buses, lo cual no ha sido posible. El año pasado, relató el funcionario, ocurrió un caso en el que un bus fue detenido por un grupo de jóvenes que obligó a descender del vehículo a algunos estudiantes para intimidarlos.

La agencia de prensa del IPC buscó a la Secretaría de Educación de Medellín, Luz Elena Gaviria, para conocer las acciones que, frente a este problema, viene realizando su dependencia, sin embargo hasta el momento no se ha recibido una respuesta de su parte.

Pero también en la comuna 8, oriente de la ciudad, se viven situaciones similares donde la violencia generada por los grupos ilegales vulnera el derecho a la educación. En ese sector estudiantes y docentes han sido víctimas de agresiones por parte de los combos.

En desarrollo…

martes, 5 de febrero de 2013

En Altavista arrancó ConVidArte


Como una forma de rechazar las situaciones de violencia que viven algunas comunas de Medellín y de rendir homenaje a los artistas asesinados en medio del conflicto urbano, alrededor de 100 organizaciones culturales, juveniles, artísticas y comunitarias se congregaron en el corregimiento Altavista, suroccidente de la ciudad, en lo que fue la primera jornada ConVidArte, el domingo 3 de febrero.

El evento surgió con dos intenciones, “primero responder a las situaciones de violencia que sufre la ciudad y, segundo, a la preocupación generada por el homicidio en Altavista del artista 'Crispi'”, explicó Julián Marín, miembro de ConVidArte, refiriéndose a la muerte de Julián Andrés Taborda Nanclares, ocurrida el pasado 7 de enero.

“Crispi” era un mimo de 15 años de edad que pertenecía al colectivo Casa Arte de Altavista y que, según esa organización, no tenía ningún tipo de amenaza o relación con los combos del sector. Su muerte ocurrió mientras caminaba hacia su casa cuando fue interceptado por dos hombres que le dispararon en varias ocasiones.

En memoria de éste y de otros artistas que han sido víctimas de la violencia en la ciudad, las organizaciones participantes realizaron actividades musicales y culturales que incluyeron un circo, actos teatrales, talleres artísticos y, como plato fuerte, conciertos de hip hop, salsa, rock, reggae y otros géneros musicales. El mensaje era uno solo: el respeto por la vida.

Lo que se pretende con este tipo de expresiones sociales es “reivindicar el derecho a vivir con dignidad y libertad en los territorios”, aclaró Julián Marín al asegurar que el propósito es realizar este tipo de eventos en toda la ciudad.

“Vamos a ir a la comuna 13, a la 4, a la 1, a la 10 y a la 14, a reivindicar el territorio y a parcharnos con la gente en otros espacios y digamos a acompañar a la gente en estas situaciones de coyuntura, pero también a proponer políticamente unos asuntos y un proyecto de ciudad desde las organizaciones juveniles y culturales”, reveló el líder social.


La lluvia no aguó la fiesta, el compromiso es fuerte

Un fuerte aguacero que empezó hacia el medio día y se extendió hasta las cinco de la tarde amenazó con dar por terminadas las actividades de ConVidArte, que habían empezado desde las 10 de la mañana en los sectores La Palma, La Esperanza, El Consejo y la Casa de Gobierno de Altavista.

El intempestivo chaparrón dispersó a la multitud de los escenarios y, por más de cuatro horas, mantuvo a las personas paradas en los andenes, escampándose bajo los techos de las casas, o aglomeradas en las tiendas del sector, fumando cigarrillo y tomando tinto o bebiendo algún tipo de licor.

Pero los ánimos y el compromiso eran fuertes, por eso cuando la lluvia disminuyó, participantes y asistentes se volvieron a congregar para darle continuidad al ciclo de conciertos. Jeison Castaño, más conocido como “Jeihhco”, en el colectivo La Élite, fue uno de los artistas que estuvo en el evento hasta el último momento.

En medio de esa niebla gris que dejó la lluvia y que bajó desde la montaña enfrente del escenario, “Jeihhco” insistió en la necesidad de comprometer a toda la sociedad con la compleja labor de buscarle soluciones a la violencia que padece Medellín.

Este “es un llamado con énfasis en el Estado y el gobierno, pero también en la misma población de Altavista y de Medellín, en la empresa privada y en todos los que hacemos parte de esta ciudad por una solución a los problemas que tenemos y que no podemos evadirlos ni ocultarlos debajo del tapete, tenemos que afrontarlos, contarlos, porque necesitamos hablar de eso”, expresó “Jeihhco”

Para el rapero aunque se ha avanzado en criticar y reclamar acciones más contundentes del gobierno y las autoridades, aún falta mayor movilización por parte de la sociedad, “porque sentimos que la solución está sólo en una alcaldía de turno que está cuatro años, pero nosotros estamos toda la vida y lo que nosotros hagamos es más trascendental.”

“Jeihhco” concluyó que en la ciudad no solo hay que atacar las consecuencias inmediatas de la violencia sino también sus causas históricas. “Y nos da miedo porque es un proceso que es a 20 ó 30 años; pero, si no empezamos ya, entonces cuándo...” Para él, este problema no se soluciona únicamente con pie de fuerza, requiere más inversión social.

lunes, 4 de febrero de 2013

Las inconsecuencias y las inconsistencias de la negociación con las FARC

Editorial por: José Girón Sierra
Socio del Instituto Popular de Capacitación, experto en temas de paz y conflicto

Cuando el gobierno reconoció la existencia de un conflicto armado en Colombia negado durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, una de las implicaciones de dicho reconocimiento era por lo menos la aceptación de que en Colombia existían actores armados que disputaban el poder y que esa disputa se hacía por canales de la guerra no por los canales de la legalidad. Si además de esto, el gobierno ha decidido, y lo ha sostenido de manera vehemente, que no es posible el cese al fuego sino que éste será una consecuencia, si a él se llega con la firma del pacto del fin del conflicto armado entre Estado colombiano y FARC, se admite que las acciones armadas bien sean del gobierno o de la guerrilla, al margen de sus impactos y consecuencias, no deberían repercutir en sí mismas en el proceso de negociación. 

Sin embargo la realidad ha sido otra. Desde el Ministerio de Defensa y con los medios de comunicación como caja de resonancia, las acciones armadas ofensivas y defensivas de la guerrilla han sido utilizadas no sólo para cuestionar en general el proceso de negociación sino para deliberadamente cuestionar a las FARC y tender un manto de incredulidad persistente sobre lo que dicen y hacen sobre todo en su propuesta de pactar un cese al fuego. Se da por sentado que las acciones armadas adelantadas por el gobierno son legítimas. En el marco de una confrontación armada como la que vive Colombia es de esperarse que el Estado capture y dé de baja a guerrilleros y que éstos a su vez lleven a cabo lo mismo, a nadie le podría caber en la cabeza que esto podría ser válido para unos pero vedado para  los otros. Por ello, el comunicado leído por el gobierno a raíz de los policías retenidos recientemente por las FARC,  acusa una importante inconsecuencia.

Por ello negociar en medio del conflicto es la peor de las opciones, pues la guerra adquiere la dinámica de estar al servicio de las posiciones en la mesa de negociación  por un lado pero, por otro, no sólo impide la construcción de confianzas tan necesarias para los acuerdos sino que crea un terreno resbaladizo que jalona más hacia un escenario de ruptura que de construcción y consolidación del proceso. No dejaremos de reiterar que bajo estas condiciones este proceso camina en el borde del abismo y en ello no hay otro responsable sino el Gobierno.

Desde el comienzo de estas negociaciones ni el Gobierno ni la guerrilla han sido claros cuando de las víctimas se trata. Han sido irritantes sus poses de víctimas. Predomina la vaguedad y la inconsistencia  en sus pronunciamientos. El gobierno elude sus responsabilidades históricas en la génesis de éste conflicto y quiere minimizar, cuando  no  ocultar, su papel en la degradación de esta guerra bajo el falso dilema de defender a cualquier precio la moral de la tropa. La guerrilla, por su lado,   no se diferencia mucho del gobierno, su postura frente a hechos tan significativos como el desplazamiento y el despojo de tierras sólo deja un mal sabor y una profunda preocupación. Que el 30% de los reclamantes de tierras acusen a las FARC de ser responsables, según informe del Ministerio de Agricultura, es un hecho que la guerrilla debe explicar y no escudarse en que esto es obra de la mala propaganda orquestada por sus enemigos.  

La guerrilla necesita ser creíble, es sin duda su mayor urgencia, y para ello debe mostrarle a la sociedad Colombia y a la comunidad internacional sobre lo irreductible de su vocación de paz y eso exige decisiones osadas y menos discursos cargados de ideología.  Como en su momento lo hizo el IRA, las FARC deberían, entre otras, declarar unilateralmente un cese al fuego en acciones ofensivas y aplicar el DIH en las acciones defensivas. Es indispensable que desde la política y no desde la guerra, las FARC neutralice a los enemigos públicos y ocultos de la paz. 

La iniciativa en la guerra y en la política hoy la tiene el gobierno y, en las disputas y contradicciones al interior de la elite, podría ganar la tesis de que es posible la derrota militar de la insurgencia.  ¿Será que la insurgencia después de todo no se aleja en nada de esta misma tesis pero bajo la idea de que sigue siendo válida la lucha armada?  

El proceso reclama transparencia. El gobierno y las FARC podrían ser víctimas ahora sí de su propio invento o estrategia, de seguirle jugando a las inconsistencias e inconsecuencias. Ojalá sea la cordura y la reflexión lo que prime y no la pasión y la irracionalidad ante los nuevos  e inevitables hechos de guerra.

José Girón Sierra
Enero 2013