lunes, 26 de noviembre de 2012

Encuentro de Ciudad “Juventud Memoria y Paz”




Jóvenes reflexionan sobre conflicto y memoria histórica

Entre el 27 y el 28 de noviembre de 2012 tendrá lugar en Medellín el Encuentro de Ciudad “Juventud, Memoria y Paz”, en el que jóvenes víctimas del conflicto armado en Antioquia y organizaciones juveniles de la ciudad, reflexionarán sobre la construcción de memoria histórica con perspectiva juvenil.

Este espacio reunirá a 80 jóvenes que reflexionarán sobre las marcas que el conflicto armado ha dejado en sus vidas y en las de sus familitas, sus vecinos y sus organizaciones comunitarias.

También se analizarán las formas de resistencia que los jóvenes han impulsado en los últimos 20 años de conflicto armado en Antioquia y específicamente en los territorios donde ellos habitan: Urabá, Oriente, Valle de Aburra y Medellín.

El evento pondrá a dialogar a 40 jóvenes víctimas del conflicto armado en Antioquia y a 40 adolescentes del colectivo Memoria Joven de Medellín, los cuales han participado durante todo el año en la escuela permanente de formación del proyecto Juventud, Memoria y Paz, ejecutado por el IPC y financiado por CORDAID e Isagen.

Durante los dos días de encuentro talleristas del IPC realizarán foros sobre la construcción de memoria con enfoque juvenil y liderarán iniciativas artísticas y culturales en torno al tema.

Además Juan David Villa, experto en el tema de memoria histórica y acompañamiento psicosocial a las víctimas del conflicto armado con énfasis en población juvenil, acompañará la reflexión teórica y política.

jueves, 22 de noviembre de 2012

Más alianzas y traiciones, en la guerra de bandas del Bajo Cauca


* Por razones de seguridad se omiten los nombres de algunas de las fuentes.



Foto: El Mundo
Captura de presuntos BACRIM en Cáceres, junio de 2011
Las investigaciones judiciales a la banda Los Paisas, la captura de alias Picapiedra y la traición de muerte a alias Sebastián, fueron sucesos que incidieron en la guerra entre bandas del Bajo Cauca y desataron escándalos sobre la presunta cooperación de miembros de la fuerza pública con estas organizaciones criminales. 

Esas situaciones ocurrieron entre los años 2010 y 2011, cuando las capturas y los asesinatos de varios los líderes delincuenciales de la región originaron la reconfiguración de algunas estructuras, principalmente de la banda Los Paisas que terminó dividida. La guerra y sus alianzas en el Bajo Cauca

Una de las capturas más relevantes del 2010 ocurrió en el mes de abril, cuando fue detenido Wilson Mejía Salgado, alias Picapiedra, hombre de confianza de Ángel de Jesús Pacheco Chanci, alias Sebastián, en la banda Los Rastrojos.

Mejía Salgado lideraba redes de sicarios y además protegía propiedades y rutas de narcotráfico del ex jefe paramilitar Ramiro Vanoy Murillo, quien había sido extraditado a Estados Unidos. La información la entregó el director de la Dijín, general Luis Gilberto Ramírez, tras la captura de Picapiedra en zona rural de Buena Vista, Córdoba.

Este hombre “creó una red sicarial para asesinar a los que mataron a los parientes de Vanoy”, aseguró el alto oficial, refiriéndose a los homicidios de José Nelson y Vladimir, hermano e hijo del ex jefe paramilitar respectivamente.

Estos crímenes habrían sido ordenados por Rafael Álvarez Pineda, Chepe, y César Augusto Torres Luján, Mono Vides, presuntos cabecillas de Los Paisas, quienes al parecer pretendían adueñarse de las propiedades, las armas y los negocios ilícitos que tenía Vanoy.

Por esa razón Picapiedra y Sebastián, quienes eran leales a “Cuco Vanoy”, desertaron de Los Paisas y se fueron a Los Rastrojos para combatir a sus antiguos aliados que terminaron unidos con Los Urabeños.

Pero en el 2010 la otra fracción de Los Paisas también sufrió un duro golpe con la muerte de Mono Vides durante un enfrentamiento con la policía en una finca de Tarazá, hasta donde llegaron uniformados de la Dijín y de las fuerzas especiales para capturarlo.

Este hombre también había pertenecido al Bloque Mineros, pero luego una discordia con Cuco Vanoy se unió al Bloque Central Bolívar, comandado por Carlos Mario Jiménez, alias Macaco.

Al momento de su muerte Mono Vides era cabecillas de Los Paisas y, según las autoridades, lideraba una alianza con el jefe de La Oficina, Maximiliano Bonilla alias Valenciano[i], para el tráfico de drogas.

Muerto Mono Vides, alias Chepe se perfiló como máximo jefe de Los Paisas y Germán Bustos, alias El Puma, otro ex miembro del Bloque Mineros quien tenía una fuerte influencia en Valdivia, adquirió más peso dentro de la organización. Así las cosas, Los Paisas continuaron la disputa por el control del Bajo Cauca, al lado de Los Urabeños.

De esta forma lo explicó un líder civil de Caucasia: “Chepe siempre domina lo que es Tarazá, en los corregimientos La Caucana y El Doce; y en coordinación con El Puma, domina lo que es Puerto Valdivia y Valdivia. La información que tengo ahora, es que Chepe está en Piamonte con alias Don Leo, que es el que está dominando la zona de Los Urabeños.”

Jacinto Nicolás Fuentes Germán, alias Don Leo, es un hombre con trayectoria en la guerra; pues fue miembro de la guerrilla del EPL y posteriormente comandante paramilitar del Bloque Sur de Bolívar, bajo las órdenes de Carlos Mario Jiménez, Macaco, jefe del Bloque Central Bolívar.

Justamente en el año 2008 Don Leo fue capturado en el municipio de Envigado, Valle del Aburrá, porque según las autoridades continuaba delinquiendo para Macaco, quien había sido extraditado a Estados Unidos.[ii]

En el momento de su detención, Jacinto Fuentes fue señalado de comandar las Águilas Negras, en el Sur de Bolívar, y de realizar alianzas con la guerrilla de las FARC para el tráfico de drogas.

Tal parece que luego de quedar en libertad, Don Leo volvió a sus andanzas y, como parte de Los Urabeños, se alió con Chepe de Los Paisas para disputarle el territorio a Los Rastrojos en el Bajo Cauca, cuya cabeza más visible, para ese momento, era alias Sebastián.


Una muerte que develó corrupción institucional

El 25 de julio de 2011, una traición tomó por sorpresa a la opinión pública, a las autoridades y, principalmente, a la comunidad del Bajo Cauca. En una finca, ubicada en el corregimiento Piamonte del municipio de Cáceres, dos escoltas asesinaron a su jefe: Ángel de Jesús Pacheco, Sebastián, cabecilla de Los Rastrojos.

La muerte de Pacheco Chanci habría ocurrido a raíz de una disputa con sus escoltas, según informó la Policía de Antioquia al confirmar que los guardaespaldas de Sebastián, Héctor David Escarpeta Suárez, El Negro, y Luis Alberto Paternina Álvarez, Guadaña, se entregaron a las autoridades y aceptaron su responsabilidad como autores del homicidio.

El sometimiento de estos hombres sería clave en las investigaciones contra miembros de la fuerza pública, porque El Negro y Guadaña les entregaron a las autoridades información financiera de Los Rastrojos, según la cual varios policías y militares del Bajo Cauca estaban incluidos dentro de la nómina de Sebastián.

Pero desde el  2010 ya se habían conocido acusaciones que involucraban a la Fiscalía, como lo denunciaron algunos habitantes durante un consejo de seguridad realizado ese año, según reveló un líder civil de Caucasia. La Fiscalía anteriormente actuaba muy mal porque había mucha infiltración. Ahora la actual está actuando, porque la cambiaron desde finales de 2010.”

Entre tanto en Tarazá, se conoció que Los Urabeños habría incluido dentro de su nómina a miembros de la fuerza pública, como quedó evidenciado en una interceptación telefónica realizada por los organismos de inteligencia en el 2010 y revelada por la revista Semana. La investigación judicial pretendía desarticular las redes de apoyo que estaba creando esa banda criminal, entonces conocida como las Autodefensas Gaitanistas.

Sabe qué, 99,9 Gaitanista le dice un agente de la Policía Nacional, destacado en la estación del municipio de Tarazá, a un mando medio de la llamada banda criminal emergente los Gaitanistas, meses antes de convertirse en la estructura armada ilegal que hoy es conocida como los Urabeños…”[iii]

Este tipo de situaciones contribuyeron a debilitar la confianza en las autoridades, como afirmó un funcionario público de Cáceres, al explicar que algunos habitantes “no confían por los antecedentes de la fuerza pública (…) Aquí han cambiado –policías- y de aquí tengo entendido se fueron algunos para la cárcel que están siendo investigados precisamente por eso.”

Y es que el 4 de agosto de 2011 estalló otro grave escándalo de corrupción, luego de que un juez de Medellín les imputara cargos a 20 presuntos colaboradores de la banda Los Paisas, entre los cuales había 7 policías y 2 militares, capturados en el Bajo Cauca.

 “Con confesiones de varios integrantes de la banda capturados y las interceptaciones a más de 130 celulares, la Fiscalía descubrió el manejo de una compleja red criminal con estructuras en zonas urbanas y rurales del Bajo Cauca antioqueño y el sur de Córdoba. Con un agravante, según la fiscal del caso: una preocupante alianza con algunos miembros Fuerza Pública"[iv]

Pero las investigaciones y las capturas, al parecer no fueron suficientes para diezmar a la banda Los Paisas y principalmente a Los Urabeños, que consolidaron su poder en la región del Bajo Cauca. En esa conquista habría sido fundamental un pacto realizado a finales de 2011 con la banda Los Rastrojos, que renunciaría a luchar en la región. BACRIM en el Bajo Cauca: un pacto débil y parcial

De esa forma, Chepe y Don Leo se posicionaron como los principales jefes del crimen en el Bajo Cauca y, según algunas versiones, habrían ubicado su centro de operaciones en el corregimiento de Piamonte, desde donde también habrían delinquido los paramilitares y el mismo Sebastián.


El fortín de Piamonte...
En desarrollo

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[i] Maximiliano Bonilla, alias Valenciano, libraba una guerra a muerte con Erickson Vargas, alias Sebastián, por el control de La Oficina en el Valle de Aburrá. La disputa por esta organización comenzó tras la extradición del ex jefe paramilitar, Diego Fernando Murillo, alias Berna. Tanto Valenciano como Sebastián extendieron sus redes criminales hasta otras regiones de Antioquia para copar territorios que les pertenecieron a los paramilitares.

[ii] Artículo en página Web: El Tiempo, 2008, 28 de julio, “Detienen a Don Leo jefe de las Águilas Negras en el Sur de Bolívar”, disponible en sitio Web:

[iii] Artículo en página Web: Revista Semana, 2011, 2 de agosto, Restrepo E., Juan Diego,  “99,9 por ciento Gaitanistas: Policía de Tarazá”, disponible en sitio Web: http://www.semana.com/opinion/999-ciento-gaitanista-policia-taraza/161599-3.aspx

[iv] Artículo en página Web: El Colombiano, 2011, 14 de agosto, Monroy Giraldo, Juan Carlos, “Así mata y corrompe la banda Los Paisas”, disponible en sitio Web:

lunes, 19 de noviembre de 2012

Expectativa: inician los diálogos de paz




Foto: Caracol Radio

En la Habana, Cuba, inician hoy los diálogos de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC. Este proceso genera gran expectativa en Colombia y a nivel internacional porque se trata de un conflicto de 50 años, el más antiguo de Latinoamérica. Algunos analistas esperan que en este primer día de diálogo las partes ofrezcan mejor claridad sobre los puntos de la agenda establecida.

El Palacio de Convenciones de La Habana, en el sector de Miramar, es el lugar donde se reunirán los delegados del gobierno colombiano, en cabeza de Humberto de La Calle, y los de las FARC, liderados por Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez.

En el primer día de negociación se espera que las partes aborden el punto inicial de la agenda: el desarrollo rural integral, que comprende temas como el desarrollo agrario y la distribución equitativa de la tierra. Los demás puntos, a desplegarse posteriormente, serán: la participación política, el fin del conflicto, las drogas ilícitas y las víctimas.

De esta forma, y luego de varios meses de negociación secreta, el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC comenzarán en La Habana la segunda fase del Acuerdo para la Terminación del Conflicto, firmado por las partes en Oslo, Noruega, el pasado 18 de octubre.

Para hablar sobre el inicio de los diálogos, la agencia de prensa del Instituto Popular de Capacitación (IPC) consultó al periodista, politólogo y docente de la Universidad de Antioquia, Gonzalo Medina Pérez; a la socia y ex presidenta del IPC, Martha Peña; y al ex asesor de paz de la Gobernación de Antioquia, Jaime Fajardo Landaeta, quien fue negociador de paz entre el EPL y el gobierno colombiano.

Estos tres analistas se refirieron a cuatro temas particulares: las expectativas en el primer día de diálogo, la participación de la sociedad civil, el factor del tiempo y el posible aumento de la confrontación armada en el país.

Primer día de diálogos

Para Jaime Landaeta en el primer día de diálogos, “la expectativa fundamental está en aclarar y desarrollar la agenda establecida, porque en Oslo no quedó suficientemente claro ni para el país ni para la opinión internacional.”

De acuerdo con el ex asesor de paz, “si se aclaran y se exponen los puntos establecidos, se le va a dar mucha confianza al proceso”. El analista manifestó además que “indudablemente el tema agrario va a ser fundamental para las FARC porque es un interés de ellos, pero también es un interés de las víctimas y de los campesinos en zonas de conflicto.”

Sobre el tema de la tierra, Martha Peña, expresó que es muy importante tenerlo en primera plana, más aún cuando en Colombia existen problemas de desigualdad en la distribución de predios y algunas dificultades con la restitución.

“Venimos recientemente de hablar incluso de la conformación de un ejército anti restitución en Colombia. Y todos sabemos que el tema de la restitución no estaba abordando el tema de redistribución”, aseveró la socia del IPC.

Martha Peña reconoció que este tema es muy delicado y planteó que desde diferentes sectores de la sociedad, es necesario “solicitarle a esa mesa y sobre todo al gobierno colombiano, que de señales de que está dispuesto a tocar el tema de la distribución.”

Gonzalo Medina coincidió en afirmar que la tenencia y la titulación de la tierra “es uno de los temas centrales, no sólo de la agenda del proceso sino del conflicto armado colombiano.”

El politólogo explicó que el conflicto por la concentración de predios ha inspirado las luchas agrarias y los movimientos insurgentes. Y a su vez, algunos sectores agroindustriales, ganaderos y grandes terratenientes, se han opuesto a esas luchas, valiéndose incluso de grupos paramilitares.

Dada la complejidad de esta problemática, Gonzalo Medina piensa que en el tema agrario “habrá muchas opiniones en contra, por parte de los sectores gremiales.” Por eso, según el académico, estos sectores no deben quedarse por fuera si se consolida un acuerdo.

“Quiérase o no, hay que contar con los ganaderos, los terratenientes y todas estas organizaciones gremiales que han ejercido el monopolio sobre la tierra y han contribuido a la conformación de paramilitares”, aseveró el politólogo.

Participación ciudadana

Uno de los aspectos que ha despertado más inquietudes y que aún no termina de clarificarse, es la forma como participará la sociedad civil en el proceso de paz. Por eso varios sectores siguen reclamando espacios y mecanismos de participación.

Esas solicitudes dieron pie a la realización de siete Mesas Regionales de Paz, lideradas por la Comisión de Paz  de Senado y Cámara, que recogieron propuestas de la sociedad civil para presentarlas en la mesa de diálogo.

De igual manera, habrá un sitio Web a través del cual las partes del proceso informarán sobre los avances de las negociaciones y, a la vez, recibirán propuestas de la ciudadanía sobre los temas de la agenda.

Sin embargo, para Martha Peña la participación sigue siendo un déficit en el proceso, “porque no hay una representación de la sociedad en su conjunto.” Ella, piensa que “el Estado colombiano debiera concebir una movilización más grande de la sociedad.”

Lo complicado, según la socia del IPC,  es que la vocería en este tema no la asumirá “ni el gobierno colombiano, que está demostrado que no ha tenido mucho interés en una auténtica participación de la sociedad, ni tampoco las FARC que piensan que vía violencia van a lograr transformaciones, (…) lo cual, por el contrario, destruye más todas las posibilidades de participación de la sociedad.”

La voluntad política, será un factor importante para posibilitar la participación civil en este proceso, como afirmó Gonzalo Medina, al explicar que de ella depende la disposición real de las partes para acoger las propuestas ciudadanas.

El politólogo advirtió que deberá existir un buen mecanismo para procesar las iniciativas que lleguen a la mesa de diálogo y reveló que a la sociedad la ve en proceso de aprendizaje, porque “no tenemos mucha tradición ciudadana cuando se ha tratado de buscarle salida política al conflicto armado colombiano.”

Pero Gonzalo Medina aseguró que es muy importante abrir “la posibilidad de que participen sectores que vienen teniendo una participación importante en el ámbito de lo público y sobre todo en relación con el conflicto armado.”

Además, el académico advirtió que los medios de comunicación “deben ser conscientes de que su mejor contribución es respetando el desarrollo propio del diálogo.” Según él, los afanes de “chiviar” revelando información confidencial o diferencias entre las partes, pueden afectar el proceso.

En esa perspectiva Jaime Landaeta, reconoció que es fundamental que las FARC y el gobierno organicen el asunto de la participación ciudadana, pero aclaró que “no se puede esperar una participación directa en la mesa de diálogo”, ni de columnistas ni de analistas, ni de la misma ciudadanía.

“Eso es un problema de las partes. Me parece que ahí hay una equivocación, en lo que es abrir los escenarios de participación de la gente y creer que el problema se define llevando voceros de la sociedad civil a la mesa de negociación”, aclaró Landaeta.

Pero, por otro lado, el ex asesor de paz planteó que la comisión negociadora del gobierno debería abrir “canales directos de interlocución con los alcaldes y gobernadores, quienes a última hora son los que van a llevar el peso de la negociación, para que no suceda lo que pasó con la desmovilización paramilitar.”

El tiempo en las negociaciones

Un factor fundamental y que según algunos analistas podría generar tensión, es el tiempo que tomarán las negociaciones. En reiteradas ocasiones el gobierno ha dejado claro que espera un proceso ágil, incluso el presidente Juan Manuel Santos expresó que a mediados del próximo año deberían existir acuerdos en el primer punto de la agenda.

Por su parte, las FARC han planteado que el proceso no debe tener plazos definidos, como afirmó Ricardo Téllez, alias Rodrigo Granda, el pasado mes de septiembre en La Habana, Cuba. “No se puede poner un tiempo fatal para la paz.”

En este asunto, es necesario entender que el gobierno y las FARC tienen diferentes nociones del tiempo. Gonzalo Medina explicó que el campo tiene dinámicas que se mueven de manera lenta, a diferencia del acelerado ritmo de la ciudad.

Las FARC son una guerrilla que precisamente por esa razón y por tener una existencia de tantos años no tiene afán. Ellos están ahí y se toman todo el tiempo del mundo para cualquier cosa. Así como lo tienen para un diálogo o un proceso, lo tienen para la acción armada. (…) En cambio del otro lado está el tiempo de un espíritu pragmático, como es el caso del presidente Juan Manuel Santos, quien es muy del resultado inmediato y de efectos rápidos”, explicó el académico.

Aunque el presidente Santos aceptó negociar en medio del conflicto y avanzar en los diálogos hasta que existan acuerdos, Gonzalo Medina piensa que el mandatario presionará para que haya concreción. Por eso afirmó que el tiempo “puede ser un punto de tensión entre los dos actores.”

Paradójicamente, Jaime Landaeta planteó que para las FARC también es importante que los tiempos sean ágiles “porque no se puede llegar al próximo debate electoral sin haber definido los temas centrales de la agenda de paz y sin haber tomado una decisión frente al cese al fuego, porque es indudable que si las FARC quieren participar en política debe ser en el próximo debate electoral y no para dentro de ocho años.”

Martha Peña coincidió en expresar que las FARC deben darle agilidad al acuerdo de paz, pero centró su argumento en que la sociedad reclama la terminación del conflicto; en especial luego de la desconfianza que generó el último proceso de negociación, durante el gobierno de Andrés Pastrana, y de las “salidas de guerra o de tierra arrasada del gobierno anterior”, el de Álvaro Uribe Vélez.

“Entonces yo creo que las FARC deberían tener en cuenta que actualmente hay más impaciencia de la sociedad colombiana para decir que hay que parar la guerra y cesar las confrontaciones. Yo creo que eso –alargar el proceso- no es positivo”, aseguró la socia del IPC.

Confrontación armada en Colombia

Uno de los principales reclamos de la sociedad civil, especialmente de quienes sufren con más fuerza el rigor de la guerra, es que las partes cesen la confrontación armada. Sin embargo, el acuerdo entre el gobierno y las FARC fue contemplado para pactar en medio del conflicto.

El presidente Santos reconoció desde un principio que las hostilidades de la guerrilla podrían incrementarse y, a la vez, aseguró que las acciones militares del Estado no cesarán. Por su parte, la guerrilla ha intensificado sus ataques en varios departamentos, principalmente en Cauca, Valle y Chocó.     

Por eso, Gonzalo Medina partió de que la relación entre guerra y paz “no es excluyente ni opuesta. Muchas veces cuando se habla de paz es cuando más se intensifica la guerra o, viceversa, cuando más agudizada la guerra es cuando surge con mayor claridad la posibilidad de una solución negociada.”

Desde este punto de vista, el politólogo no se hace muchas ilusiones, porque existe la posibilidad de que las hostilidades se mantengan o se prolonguen. “Hay ocasiones, cuando existe un punto de discusión en una agenda, en que la manera de hacer sentir esa tensión no es propiamente en la mesa de diálogo sino fuera de ella,  por ejemplo en el campo a través de acciones armadas.”

Por su parte, Martha Peña es partidaria de las solicitudes del movimiento por la paz para el cese de hostilidades. Por eso ella opinó que “es lamentable que ese proceso se esté desarrollando en medio de una confrontación y de los anuncios de que esa confrontación no va a cesar.”

Sobre esta situación, Jaime Landaeta aseguró que los colombianos “tenemos que acostumbrarnos a una negociación en medio del conflicto aunque no sea lo ideal.” Según el analista, si el problema de las hostilidades se pone en el centro del debate, se podría perder de vista el núcleo del proceso que es: la agenda de paz previamente acordada.

“O sea lo que vamos a solucionar es la confrontación y eso lo solucionamos con una agenda, con unos puntos, con unos programas bien construidos y no únicamente diciendo que cesen los fusiles”, aclaró el ex asesor de paz.

Retomando la posición de Landaeta, vale concluir que la sociedad civil debe rodear esta negociación y participar en la construcción de propuestas para que exista un cese al fuego definitivo en el conflicto armado colombiano y comience así el camino de la paz y la reconciliación.

jueves, 15 de noviembre de 2012

Un cómico y fragmentado debate de seguridad


Cómico, fragmentado y a ratos caldeado, resultó el debate de seguridad realizado en el Concejo de Medellín el pasado 9 de noviembre. Tal vez fue por el señor bigotudo, de poncho y sombrero, que aplaudía y elogiaba a gritos a quienes hablaban con verraquera; o por los crudos y burlescos señalamientos de algunos ediles contra el secretario de seguridad y el personero municipal; o incluso por frases poco célebres, como la del concejal que prefiere “menos muertos y más extorsiones.” 

Aún en medio de ese ambiente, los diagnósticos fueron sensatos y dieron cuenta de una ciudad que requiere intervenciones integrales y que continúa afectada por los homicidios, las extorsiones, el desplazamiento, los hurtos y los grupos armados que se disputan el territorio y las rentas ilegales. Incluso los más reflexivos se refirieron a la pérdida de valores, la falta de oportunidades, el deterioro del tejido social y la descomposición familiar.

También hay que decir que la sesión transcurrió con cierto acomodo, dándoles prioridad a las autoridades y a los concejales y retardando la intervención de los invitados, quienes llegaron desde las nueve de la mañana y sólo pudieron hacer sus críticas hacia las cinco de la tarde, cuando ya varios ediles se habían marchado y no había casi nadie en las barras. 


Se encendió el debate

El debate sobre seguridad en Medellín empezó a enardecerse cuando comenzaron las intervenciones de los concejales. Pasado el medio día, el edil Luis Bernardo Vélez pidió la palabra para solicitar que les dieran paso a los invitados y para exigir una intervención del personero de Medellín, Rodrigo Ardila, de quien señaló tenía el derecho y el deber de presentar un informe sobre el tema de seguridad.

Ardila aceptó el llamado y en un corto recuento manifestó que la Personería viene acompañando a jóvenes y líderes sociales que tienen problemas de seguridad o vulneración de derechos humanos en las comunas 8, 10 y 13; así como en el corregimiento San Antonio de Prado.

Como lo decía usted honorable concejal, es un deber y una misión de la Personería velar por los derechos humanos, velar por la integridad de cada uno de los ciudadanos. Por eso desde esta misión que tenemos en la Personería Municipal, y en defensa de los derechos humanos, en el incremento que se viene realizando de la inseguridad en la ciudad de Medellín, en los diferentes barrios, comunas y corregimientos, la Personería viene haciendo un acompañamiento a los líderes y jóvenes de las diferentes comunas que vienen siendo amenazados y que vienen sufriendo problemas de inseguridad”, expresó Rodrigo Ardila.

Posteriormente el concejal Luis Bernardo Vélez, aseguró que lo dejaba muy preocupado el informe del personero Ardila. “Él acompaña, pareciera que fuera un escolta. Acompaña al Limonar, a la comuna 8… Es que lo que necesitamos es un personero que asuma una función desde el Ministerio Público y no solamente acompañe, sino que nos dé cuenta a los ciudadanos de cómo está el tema de los derechos humanos en esta ciudad (…) Y nosotros –los concejales- tenemos el deber de hacer control político independientemente de sí apoyamos o no a un alcalde.”

Pero el secretario de seguridad, Eduardo Rojas, tampoco se salvó de las críticas y mucho menos de las insistentes solicitudes de algunos ediles para que renuncie a su cargo. Entre ellos el concejal Jesús Aníbal Echeverri quien le propuso que se trasladara a otra secretaría.

“Zapatero a tus zapatos. Usted no tiene el perfil ni el mando, ni la autoridad ni el carácter; yo no lo veo que usted sea un líder verraco para decirle al comandante de policía esto es por aquí… Usted  no es. Ni usted sabe el sistema cultural de los bandidos. Este debate inclusive es para hacerle un favor a usted, al alcalde, a la ciudad. (…) La presentación que hizo el general Yesid, excelente, hacia allá tenemos que ir en materia de corresponsabilidad, usted no lo hizo”, manifestó Jesús Aníbal.

Incluso el edil Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, presidente del concejo, reprochó la labor de los actuales directivos de la Vice alcaldía de Seguridad, de las Secretarías de Gobierno y de Seguridad y de la Empresa de Seguridad Urbana, aduciendo que cuando hay un problema ninguno de esos funcionarios aparece; “ninguno da explicaciones y si las da son absolutamente flojas y gagueantes.”

Además Guerra Hoyos se atrevió a ir más lejos, al criticar el perfil de Eduardo Rojas en la red social Twitter. “Usted tiene en su Twitter: Eduardo Rojas. Escarabajos, rock, chocolate y mucha tecnología, ingredientes para un buen sancocho VERDOLAGA. Pues, ¡muy light! Excesivamente light que uno ni siquiera reconozca en su cuenta de Twitter que es el secretario de seguridad de Medellín (…) Usted todavía no se la cree que es Secretario de Seguridad de Medellín, no se la cree, y lo grave es que la gente no le copia”, criticó Guerra Hoyos.

Quien en cierto modo le brindó respaldo al secretario de seguridad, pero pidiéndole más compromiso, fue el concejal Robert Bohorquez, quien manifestó: “El doctor Eduardo Rojas me parece un hombre serio, inteligente, hábil (…) Y simplemente le digo, si usted continúa en el cargo hay que untarnos más. Es muy importante hablar de los planes a futuro, las acciones ciudadanas y la tecnología que se tiene que tener, pero hay que untarnos más, tener un conocimiento de esos grupos delincuenciales y meternos hasta allá como está haciendo el general.”

De paso, Roberth Bohorquez exaltó la labor del alcalde, Aníbal Gaviria, en relación con la reducción de homicidios. “El alcalde no descansa, es un hombre que trabaja bajando el índice de homicidios en la ciudad de Medellín. Un 26% es muy alto, es una cifra demasiado alta, hay que reconocerlo. Hoy en Medellín van 1.078 homicidios, el año anterior existían 1.447. Realmente si me preguntan a mí yo prefiero tener menos homicidios y más extorsión, porque las vidas no tienen precio, son seres humanos que estamos perdiendo.”

Pero en el tema de homicidios el edil Fabio Humberto Rivera manifestó que hay una situación preocupante, pues “el 48% de las víctimas son menores de 26 años. Preocupante, que de los homicidios, 117 hayan sido cometidos dentro de la casa. (…) Y hay que estar alertas cuando las comunidades dicen en un barrio que se están entrando mucho, están atracando, están violentando las puertas, están amarrando en el baño. A eso hay que hacerle seguimiento e inteligencia señor Secretario de Seguridad y señores de la Policía.”

Fabio Humberto también expresó su preocupación porque cinco comunas de la ciudad, San Javier, El Centro, Villa Hermosa, Aranjuez y Belén, cargan con el 45% de los homicidios de la ciudad, por lo que según él requieren un mayor trabajo de la fuerza pública sin descuidar otros sectores de la capital antioqueña.


Intervención - reacción

“Tan importante está la seguridad que toda la coalición habló de seguridad y el debate lo citó la coalición. Cómo estará de grave la seguridad.” Con esta expresión irónica, empezó su discurso el concejal Juan Felipe Campuzano, cuyas declaraciones, cargadas de sarcasmo, giraron en torno al fortalecimiento de la fuerza pública y a la necesidad de acciones contundentes por parte de la administración municipal.

“No todos pensamos ni como el alcalde, Aníbal Gaviria, ni como esta administración. Ganó con un 33% de los votos. Hay otro 67% que no le creemos y que necesitamos seguridad. Y no pa` mañana ni pa` dentro de 15 días, sino pa` ya. No que dependen del enfoque del debate, claro eso depende del enfoque: cuántos cargos burocráticos tengo y ese es el enfoque que le damos aquí”, aseveró Campuzano.

Además el edil también criticó los presuntos nexos de algunos políticos con delincuentes. “Mis enemigos son absolutamente los mismos enemigos de todos, los narcotraficantes, los homicidas, los criminales… La única diferencia que hay aquí es que yo no estoy dispuesto ni a escucharlos ni a coexistir con ellos. Yo no tengo nada que hablar con bandidos, ni como ciudadano ni como político. Y no entiendo porque hay políticos que se empeñan en escuchar bandidos, en someterse a bandidos y en generarles oportunidades.”

La intervención de Campuzano despertó la reacción del edil Jefferson Miranda, quien luego de hablar sobre la necesidad de estrategias integrales para la comuna 13, defendió al secretario Eduardo Rojas, refiriéndose con ironía a su compañero.

“Yo si quisiera de entrada decirle al secretario de Seguridad, aquí el problema no es de sí es usted o Pedro. Vea ahí podemos poner hasta a Campuzano… no le interesa, quiere ser alcalde, pero no le interesa por el momento”, señaló Miranda.

Más adelante, el edil Jefferson volvió a dirigirse a Campuzano, reprochándole la forma cruda como se refirió a la seguridad en Medellín. “Es que es así de sencillo, Campuzano el día que usted sea alcalde, si va a ser alcalde, lo que está diciendo hoy va a afectar esta ciudad que usted va a querer internacionalizar para la economía de esta ciudad.”

Para concluir sus reproches, el concejal Miranda expresó: “Yo sí creo y le apuesto siempre a modelos en los que el Estado sea el único que tenga el control total de las armas y que no avancemos en esos discursos radicales que permiten que los ciudadanos busquen armarse y que los ciudadanos o ataquen al Estado o busquen apoyarlo desde el paramilitarismo.”

En respuesta, el edil Juan Felipe Campuzano manifestó que “el problema del desarme es que se desarman los buenos” y  aseguró que en el hipotético caso de que algún día sea alcalde de Medellín, no se gastará “un solo peso internacionalizando y pintando la fachada de una ciudad que por dentro está podrida.”


Una mañana adormilada

Pero el debate no fue candente todo el tiempo. De hecho la mañana transcurrió en medio del letargo que suelen causar la presentación de balances de resultados y de planes de acción de las autoridades locales.

El primero en intervenir fue el secretario de seguridad, Eduardo Rojas, quien se refirió a la estrategia de trabajo que desarrolla su dependencia, de acuerdo con el plan de desarrollo, e hizo un especial énfasis en la importancia de las cámaras de vigilancia para combatir la delincuencia.

El funcionario explicó que Medellín cuenta actualmente con 383 cámaras de seguridad, contando las 239 que tenía la ciudad, en 2011, y las 144 que han sido instaladas en 2012. Estos dispositivos han posibilitado la captura de 140 personas entre enero y octubre del presente año, reveló Eduardo Rojas.

El secretario de Seguridad también destacó el importante aporte de 32 mil millones de pesos que la administración municipal les hace a los organismos de seguridad y justicia de la ciudad, e indicó que los homicidios en la capital antioqueña han disminuido en un 26.2%. 

Por su parte el comandante de la Policía Metropolitana, general Yesid Vásquez Prada, presentó un completo balance de resultados que duró más de una hora. En su intervención el alto oficial resaltó la labor de su institución en la comuna 8, oriente de Medellín, una de las más afectadas por el conflicto en los últimos años.

En junio de este año en la comuna 8 “había 23 objetivos, hoy tenemos individualizados a 17 de esos delincuentes, capturados tenemos a 10 que ya están en la cárcel, muertos hay 2 y de recompensa sólo hemos pagado 3 millones de pesos (…) No todo es plata, esto demuestra que la ciudadanía está harta de la delincuencia”, explicó el general.

Sin embargo Vásquez Prada afirmó que la situación de violencia en Medellín, es un problema histórico, de más de 40 años, que difícilmente puede ser resuelto durante su comandancia. En ese sentido, el general también se refirió a las condiciones de inseguridad en el centro de la ciudad, donde dio a entender que además de las acciones policivas se requiere un trabajo social de fondo.

“En este problema de la prostitución infantil que hemos propuesto: crear una Unidad Permanente de Justicia, un centro de cultura, de formación, de educación. En el tema de las basuras le decía yo al señor alcalde, es un tema de reunir a unos recicladores, formarlos y capacitarlos para que eso se convierta en un ingreso para esas familias. (…) También el tema de los vendedores ambulantes, retirarlos de la calle pero dándoles una opción. Es decir, esto realmente tiene un tema social, un tema de oportunidades para todos…” Planteó el general Vásquez.

De acuerdo con el general, estas propuestas están contempladas en el plan integral de intervención del centro, que él mismo le presentó al alcalde, Aníbal Gaviria, quien le habría dado valor agregado.


Y al final hablaron los invitados

El momento de los invitados llegó mucho después de las dos intervenciones del concejal Luis Bernardo Vélez solicitando que les dieran la palabra. La primera en hablar fue Diana Barajas, directora del Observatorio de Derechos Humanos del Instituto Popular de Capacitación, quien se refirió a las amenazas contra líderes artísticos de la comuna 13.

“67 personas tuvieron que salir de la comuna como medida de protección y prevención, porque desarrollan una labor social y cultural en un territorio. En ese sentido esto tiene unas connotaciones diferentes”, expresó Barajas.

Sobre los mecanismos de protección, la defensora de derechos humanos manifestó que en Medellín no se han establecido claramente las rutas y que todo se remite al Ministerio del Interior. Por eso planteó que es necesario “formalizar, en lo local, los protocolos para la atención de este tipo de casos y prever situaciones como éstas que son de tipo colectivo.”

La investigadora del IPC advirtió además que en la comuna 13 se podría iniciar un desplazamiento gota a gota y reveló que aunque los líderes solicitaron puestos de vigilancia y patrullajes constantes en varios sectores, esas medidas aún no se han hecho efectivas en algunos lugares.

Para superar la problemática de seguridad en la comuna 13, así como en otras zonas de la ciudad, Diana Barajas planteó que es indispensable atender los problemas de exclusión, empezar a trabajar con las nuevas generaciones de niños y jóvenes y recuperar la legitimidad del Estado.

“La gente no denuncia porque le tenga miedo a los combos únicamente, también le tiene miedo a la institucionalidad que hay allá, porque no es un Estado legítimo el que está en la comuna 13. Ahí hay un problema muy grande, que el Estado recupere su legitimidad y que llegue con una presencia diferente a la militar”, concluyó Barajas.

Por su parte, Julián Marín, líder juvenil de la comuna 13, planteó que la seguridad debe humanizarse y no debe ligarse únicamente a la presencia de la fuerza pública. “En el tema de la seguridad se debe entender que, territorial y poblacionalmente, es diferente hablar de seguridad para las y los jóvenes, para los niños y niñas, para las mujeres y para la comuna 10 ó la 13 ó la 1.”

Además Julián Marín refirió una débil actuación por parte del personero de Medellín, Rodrigo Ardila. “El personero sabe de algunas situaciones de amenazas y de atropellos por parte de la fuerza pública, particularmente el 22 de octubre, un día después del asesinato de dos policías en El Salado, parte alta, pero eso no se discute en estos espacios, eso es un tema vedado. Además el personero también se comprometió con plantear un pronunciamiento público sobre esta situación y hasta el momento seguimos esperando.”

Entre tanto, la intervención de Fernando Quijano, director de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (CORPADES), estuvo centrada en el peligro que representa la presencia de la banda criminal Los Urabeños en Medellín y el Valle de Aburrá.

“Estamos hablando de una organización militar, con una composición de ex policías, ex miembros del ejército, ex guerrilleros, ex paramilitares y paramilitares que dejaron guardados en la reserva para después surgir nuevamente. Estamos tratando con una estructura que tiene una logística peligrosa, en crecimiento; controla puertos, aeropuertos, golfos y tiene alianzas con los carteles de la droga mexicanos”, explicó Quijano.

El director de CORPADES también hizo una grave denuncia acerca de la forma como las estructuras criminales han cooptado una parte de la institucionalidad de Medellín. “Lla nómina paralela sí existe y está metida en este asunto. Y la nómina paralela se llama un sector, no toda la policía, no todo el ejército, no toda la institucionalidad, sino un sector que está pagado por la mafia.”

La conclusión de Fernando Quijano fue tajante y dejó una clara inquietud sobre la real problemática de seguridad y criminalidad en Medellín: “Ese sector -cooptado por la mafia-  es el que no ha dejado que esto, realmente, tenga solución.”