Más alianzas y traiciones, en la guerra de bandas del Bajo Cauca

* Por razones de seguridad se omiten los nombres de algunas de las fuentes.

Foto: El Mundo
Captura de presuntos BACRIM en Cáceres, junio de 2011

Las investigaciones judiciales a la banda Los Paisas, la captura de alias Picapiedra y la traición de muerte a alias Sebastián, fueron sucesos que incidieron en la guerra entre bandas del Bajo Cauca y desataron escándalos sobre la presunta cooperación de miembros de la fuerza pública con estas organizaciones criminales. 

Esas situaciones ocurrieron entre los años 2010 y 2011, cuando las capturas y los asesinatos de varios los líderes delincuenciales de la región originaron la reconfiguración de algunas estructuras, principalmente de la banda Los Paisas que terminó dividida. La guerra y sus alianzas en el Bajo Cauca

Una de las capturas más relevantes del 2010 ocurrió en el mes de abril, cuando fue detenido Wilson Mejía Salgado, alias Picapiedra, hombre de confianza de Ángel de Jesús Pacheco Chanci, alias Sebastián, en la banda Los Rastrojos.

Mejía Salgado lideraba redes de sicarios y además protegía propiedades y rutas de narcotráfico del ex jefe paramilitar Ramiro Vanoy Murillo, quien había sido extraditado a Estados Unidos. La información la entregó el director de la Dijín, general Luis Gilberto Ramírez, tras la captura de Picapiedra en zona rural de Buena Vista, Córdoba.

Este hombre “creó una red sicarial para asesinar a los que mataron a los parientes de Vanoy”, aseguró el alto oficial, refiriéndose a los homicidios de José Nelson y Vladimir, hermano e hijo del ex jefe paramilitar respectivamente.

Estos crímenes habrían sido ordenados por Rafael Álvarez Pineda, Chepe, y César Augusto Torres Luján, Mono Vides, presuntos cabecillas de Los Paisas, quienes al parecer pretendían adueñarse de las propiedades, las armas y los negocios ilícitos que tenía Vanoy.

Por esa razón Picapiedra y Sebastián, quienes eran leales a “Cuco Vanoy”, desertaron de Los Paisas y se fueron a Los Rastrojos para combatir a sus antiguos aliados que terminaron unidos con Los Urabeños.

Pero en el 2010 la otra fracción de Los Paisas también sufrió un duro golpe con la muerte de Mono Vides durante un enfrentamiento con la policía en una finca de Tarazá, hasta donde llegaron uniformados de la Dijín y de las fuerzas especiales para capturarlo.

Este hombre también había pertenecido al Bloque Mineros, pero luego una discordia con Cuco Vanoy se unió al Bloque Central Bolívar, comandado por Carlos Mario Jiménez, alias Macaco.

Al momento de su muerte Mono Vides era cabecillas de Los Paisas y, según las autoridades, lideraba una alianza con el jefe de La Oficina, Maximiliano Bonilla alias Valenciano[i], para el tráfico de drogas.

Muerto Mono Vides, alias Chepe se perfiló como máximo jefe de Los Paisas y Germán Bustos, alias El Puma, otro ex miembro del Bloque Mineros quien tenía una fuerte influencia en Valdivia, adquirió más peso dentro de la organización. Así las cosas, Los Paisas continuaron la disputa por el control del Bajo Cauca, al lado de Los Urabeños.

De esta forma lo explicó un líder civil de Caucasia: “Chepe siempre domina lo que es Tarazá, en los corregimientos La Caucana y El Doce; y en coordinación con El Puma, domina lo que es Puerto Valdivia y Valdivia. La información que tengo ahora, es que Chepe está en Piamonte con alias Don Leo, que es el que está dominando la zona de Los Urabeños.”

Jacinto Nicolás Fuentes Germán, alias Don Leo, es un hombre con trayectoria en la guerra; pues fue miembro de la guerrilla del EPL y posteriormente comandante paramilitar del Bloque Sur de Bolívar, bajo las órdenes de Carlos Mario Jiménez, Macaco, jefe del Bloque Central Bolívar.

Justamente en el año 2008 Don Leo fue capturado en el municipio de Envigado, Valle del Aburrá, porque según las autoridades continuaba delinquiendo para Macaco, quien había sido extraditado a Estados Unidos.[ii]

En el momento de su detención, Jacinto Fuentes fue señalado de comandar las Águilas Negras, en el Sur de Bolívar, y de realizar alianzas con la guerrilla de las FARC para el tráfico de drogas.

Tal parece que luego de quedar en libertad, Don Leo volvió a sus andanzas y, como parte de Los Urabeños, se alió con Chepe de Los Paisas para disputarle el territorio a Los Rastrojos en el Bajo Cauca, cuya cabeza más visible, para ese momento, era alias Sebastián.

Una muerte que develó corrupción institucional

El 25 de julio de 2011, una traición tomó por sorpresa a la opinión pública, a las autoridades y, principalmente, a la comunidad del Bajo Cauca. En una finca, ubicada en el corregimiento Piamonte del municipio de Cáceres, dos escoltas asesinaron a su jefe: Ángel de Jesús Pacheco, Sebastián, cabecilla de Los Rastrojos.

La muerte de Pacheco Chanci habría ocurrido a raíz de una disputa con sus escoltas, según informó la Policía de Antioquia al confirmar que los guardaespaldas de Sebastián, Héctor David Escarpeta Suárez, El Negro, y Luis Alberto Paternina Álvarez, Guadaña, se entregaron a las autoridades y aceptaron su responsabilidad como autores del homicidio.

El sometimiento de estos hombres sería clave en las investigaciones contra miembros de la fuerza pública, porque El Negro y Guadaña les entregaron a las autoridades información financiera de Los Rastrojos, según la cual varios policías y militares del Bajo Cauca estaban incluidos dentro de la nómina de Sebastián.

Pero desde el  2010 ya se habían conocido acusaciones que involucraban a la Fiscalía, como lo denunciaron algunos habitantes durante un consejo de seguridad realizado ese año, según reveló un líder civil de Caucasia. “La Fiscalía anteriormente actuaba muy mal porque había mucha infiltración. Ahora la actual está actuando, porque la cambiaron desde finales de 2010.”

Entre tanto en Tarazá, se conoció que Los Urabeños habría incluido dentro de su nómina a miembros de la fuerza pública, como quedó evidenciado en una interceptación telefónica realizada por los organismos de inteligencia en el 2010 y revelada por la revista Semana. La investigación judicial pretendía desarticular las redes de apoyo que estaba creando esa banda criminal, entonces conocida como las Autodefensas Gaitanistas.

“Sabe qué, 99,9 Gaitanista le dice un agente de la Policía Nacional, destacado en la estación del municipio de Tarazá, a un mando medio de la llamada banda criminal emergente los Gaitanistas, meses antes de convertirse en la estructura armada ilegal que hoy es conocida como los Urabeños…”[iii]

Este tipo de situaciones contribuyeron a debilitar la confianza en las autoridades, como afirmó un funcionario público de Cáceres, al explicar que algunos habitantes “no confían por los antecedentes de la fuerza pública (…) Aquí han cambiado –policías- y de aquí tengo entendido se fueron algunos para la cárcel que están siendo investigados precisamente por eso.”

Y es que el 4 de agosto de 2011 estalló otro grave escándalo de corrupción, luego de que un juez de Medellín les imputara cargos a 20 presuntos colaboradores de la banda Los Paisas, entre los cuales había 7 policías y 2 militares, capturados en el Bajo Cauca.

 “Con confesiones de varios integrantes de la banda capturados y las interceptaciones a más de 130 celulares, la Fiscalía descubrió el manejo de una compleja red criminal con estructuras en zonas urbanas y rurales del Bajo Cauca antioqueño y el sur de Córdoba. Con un agravante, según la fiscal del caso: una preocupante alianza con algunos miembros Fuerza Pública"[iv]

Pero las investigaciones y las capturas, al parecer no fueron suficientes para diezmar a la banda Los Paisas y principalmente a Los Urabeños, que consolidaron su poder en la región del Bajo Cauca. En esa conquista habría sido fundamental un pacto realizado a finales de 2011 con la banda Los Rastrojos, que renunciaría a luchar en la región. BACRIM en el Bajo Cauca: un pacto débil y parcial

De esa forma, Chepe y Don Leo se posicionaron como los principales jefes del crimen en el Bajo Cauca y, según algunas versiones, habrían ubicado su centro de operaciones en el corregimiento de Piamonte, desde donde también habrían delinquido los paramilitares y el mismo Sebastián.

El fortín de Piamonte...

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[i] Maximiliano Bonilla, alias Valenciano, libraba una guerra a muerte con Erickson Vargas, alias Sebastián, por el control de La Oficina en el Valle de Aburrá. La disputa por esta organización comenzó tras la extradición del ex jefe paramilitar, Diego Fernando Murillo, alias Berna. Tanto Valenciano como Sebastián extendieron sus redes criminales hasta otras regiones de Antioquia para copar territorios que les pertenecieron a los paramilitares.

[ii] Artículo en página Web: El Tiempo, 2008, 28 de julio, “Detienen a Don Leo jefe de las Águilas Negras en el Sur de Bolívar”, disponible en sitio Web:

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-4403543 acceso 19 de noviembre de 2012

[iii] Artículo en página Web: Revista Semana, 2011, 2 de agosto, Restrepo E., Juan Diego,  “99,9 por ciento Gaitanistas: Policía de Tarazá”, disponible en sitio Web: http://www.semana.com/opinion/999-ciento-gaitanista-policia-taraza/161599-3.aspx

[iv] Artículo en página Web: El Colombiano, 2011, 14 de agosto, Monroy Giraldo, Juan Carlos, “Así mata y corrompe la banda Los Paisas”, disponible en sitio Web:

http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/A/asi_mata_y_corrompe___la_banda_los_paisas/asi_mata_y_corrompe___la_banda_los_paisas.asp

Expectativa: inician los diálogos de paz

Foto: Caracol Radio

En la Habana, Cuba, inician hoy los diálogos de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC. Este proceso genera gran expectativa en Colombia y a nivel internacional porque se trata de un conflicto de 50 años, el más antiguo de Latinoamérica. Algunos analistas esperan que en este primer día de diálogo las partes ofrezcan mejor claridad sobre los puntos de la agenda establecida.

El Palacio de Convenciones de La Habana, en el sector de Miramar, es el lugar donde se reunirán los delegados del gobierno colombiano, en cabeza de Humberto de La Calle, y los de las FARC, liderados por Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez.

En el primer día de negociación se espera que las partes aborden el punto inicial de la agenda: el desarrollo rural integral, que comprende temas como el desarrollo agrario y la distribución equitativa de la tierra. Los demás puntos, a desplegarse posteriormente, serán: la participación política, el fin del conflicto, las drogas ilícitas y las víctimas.

De esta forma, y luego de varios meses de negociación secreta, el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC comenzarán en La Habana la segunda fase del Acuerdo para la Terminación del Conflicto, firmado por las partes en Oslo, Noruega, el pasado 18 de octubre.

Para hablar sobre el inicio de los diálogos, la agencia de prensa del Instituto Popular de Capacitación (IPC) consultó al periodista, politólogo y docente de la Universidad de Antioquia, Gonzalo Medina Pérez; a la socia y ex presidenta del IPC, Martha Peña; y al ex asesor de paz de la Gobernación de Antioquia, Jaime Fajardo Landaeta, quien fue negociador de paz entre el EPL y el gobierno colombiano.

Estos tres analistas se refirieron a cuatro temas particulares: las expectativas en el primer día de diálogo, la participación de la sociedad civil, el factor del tiempo y el posible aumento de la confrontación armada en el país.

Primer día de diálogos

Para Jaime Landaeta en el primer día de diálogos, “la expectativa fundamental está en aclarar y desarrollar la agenda establecida, porque en Oslo no quedó suficientemente claro ni para el país ni para la opinión internacional.”

De acuerdo con el ex asesor de paz, “si se aclaran y se exponen los puntos establecidos, se le va a dar mucha confianza al proceso”. El analista manifestó además que “indudablemente el tema agrario va a ser fundamental para las FARC porque es un interés de ellos, pero también es un interés de las víctimas y de los campesinos en zonas de conflicto.”

Sobre el tema de la tierra, Martha Peña, expresó que es muy importante tenerlo en primera plana, más aún cuando en Colombia existen problemas de desigualdad en la distribución de predios y algunas dificultades con la restitución.

“Venimos recientemente de hablar incluso de la conformación de un ejército anti restitución en Colombia. Y todos sabemos que el tema de la restitución no estaba abordando el tema de redistribución”, aseveró la socia del IPC.

Martha Peña reconoció que este tema es muy delicado y planteó que desde diferentes sectores de la sociedad, es necesario “solicitarle a esa mesa y sobre todo al gobierno colombiano, que de señales de que está dispuesto a tocar el tema de la distribución.”

Gonzalo Medina coincidió en afirmar que la tenencia y la titulación de la tierra “es uno de los temas centrales, no sólo de la agenda del proceso sino del conflicto armado colombiano.”

El politólogo explicó que el conflicto por la concentración de predios ha inspirado las luchas agrarias y los movimientos insurgentes. Y a su vez, algunos sectores agroindustriales, ganaderos y grandes terratenientes, se han opuesto a esas luchas, valiéndose incluso de grupos paramilitares.

Dada la complejidad de esta problemática, Gonzalo Medina piensa que en el tema agrario “habrá muchas opiniones en contra, por parte de los sectores gremiales.” Por eso, según el académico, estos sectores no deben quedarse por fuera si se consolida un acuerdo.

“Quiérase o no, hay que contar con los ganaderos, los terratenientes y todas estas organizaciones gremiales que han ejercido el monopolio sobre la tierra y han contribuido a la conformación de paramilitares”, aseveró el politólogo.

Participación ciudadana

Uno de los aspectos que ha despertado más inquietudes y que aún no termina de clarificarse, es la forma como participará la sociedad civil en el proceso de paz. Por eso varios sectores siguen reclamando espacios y mecanismos de participación.

Esas solicitudes dieron pie a la realización de siete Mesas Regionales de Paz, lideradas por la Comisión de Paz  de Senado y Cámara, que recogieron propuestas de la sociedad civil para presentarlas en la mesa de diálogo.

De igual manera, habrá un sitio Web a través del cual las partes del proceso informarán sobre los avances de las negociaciones y, a la vez, recibirán propuestas de la ciudadanía sobre los temas de la agenda.

Sin embargo, para Martha Peña la participación sigue siendo un déficit en el proceso, “porque no hay una representación de la sociedad en su conjunto.” Ella, piensa que “el Estado colombiano debiera concebir una movilización más grande de la sociedad.”

Lo complicado, según la socia del IPC,  es que la vocería en este tema no la asumirá “ni el gobierno colombiano, que está demostrado que no ha tenido mucho interés en una auténtica participación de la sociedad, ni tampoco las FARC que piensan que vía violencia van a lograr transformaciones, (…) lo cual, por el contrario, destruye más todas las posibilidades de participación de la sociedad.”

La voluntad política, será un factor importante para posibilitar la participación civil en este proceso, como afirmó Gonzalo Medina, al explicar que de ella depende la disposición real de las partes para acoger las propuestas ciudadanas.

El politólogo advirtió que deberá existir un buen mecanismo para procesar las iniciativas que lleguen a la mesa de diálogo y reveló que a la sociedad la ve en proceso de aprendizaje, porque “no tenemos mucha tradición ciudadana cuando se ha tratado de buscarle salida política al conflicto armado colombiano.”

Pero Gonzalo Medina aseguró que es muy importante abrir “la posibilidad de que participen sectores que vienen teniendo una participación importante en el ámbito de lo público y sobre todo en relación con el conflicto armado.”

Además, el académico advirtió que los medios de comunicación “deben ser conscientes de que su mejor contribución es respetando el desarrollo propio del diálogo.” Según él, los afanes de “chiviar” revelando información confidencial o diferencias entre las partes, pueden afectar el proceso.

En esa perspectiva Jaime Landaeta, reconoció que es fundamental que las FARC y el gobierno organicen el asunto de la participación ciudadana, pero aclaró que “no se puede esperar una participación directa en la mesa de diálogo”, ni de columnistas ni de analistas, ni de la misma ciudadanía.

“Eso es un problema de las partes. Me parece que ahí hay una equivocación, en lo que es abrir los escenarios de participación de la gente y creer que el problema se define llevando voceros de la sociedad civil a la mesa de negociación”, aclaró Landaeta.

Pero, por otro lado, el ex asesor de paz planteó que la comisión negociadora del gobierno debería abrir “canales directos de interlocución con los alcaldes y gobernadores, quienes a última hora son los que van a llevar el peso de la negociación, para que no suceda lo que pasó con la desmovilización paramilitar.”

El tiempo en las negociaciones

Un factor fundamental y que según algunos analistas podría generar tensión, es el tiempo que tomarán las negociaciones. En reiteradas ocasiones el gobierno ha dejado claro que espera un proceso ágil, incluso el presidente Juan Manuel Santos expresó que a mediados del próximo año deberían existir acuerdos en el primer punto de la agenda.

Por su parte, las FARC han planteado que el proceso no debe tener plazos definidos, como afirmó Ricardo Téllez, alias Rodrigo Granda, el pasado mes de septiembre en La Habana, Cuba. “No se puede poner un tiempo fatal para la paz.”

En este asunto, es necesario entender que el gobierno y las FARC tienen diferentes nociones del tiempo. Gonzalo Medina explicó que el campo tiene dinámicas que se mueven de manera lenta, a diferencia del acelerado ritmo de la ciudad.

“Las FARC son una guerrilla que precisamente por esa razón y por tener una existencia de tantos años no tiene afán. Ellos están ahí y se toman todo el tiempo del mundo para cualquier cosa. Así como lo tienen para un diálogo o un proceso, lo tienen para la acción armada. (…) En cambio del otro lado está el tiempo de un espíritu pragmático, como es el caso del presidente Juan Manuel Santos, quien es muy del resultado inmediato y de efectos rápidos”, explicó el académico.

Aunque el presidente Santos aceptó negociar en medio del conflicto y avanzar en los diálogos hasta que existan acuerdos, Gonzalo Medina piensa que el mandatario presionará para que haya concreción. Por eso afirmó que el tiempo “puede ser un punto de tensión entre los dos actores.”

Paradójicamente, Jaime Landaeta planteó que para las FARC también es importante que los tiempos sean ágiles “porque no se puede llegar al próximo debate electoral sin haber definido los temas centrales de la agenda de paz y sin haber tomado una decisión frente al cese al fuego, porque es indudable que si las FARC quieren participar en política debe ser en el próximo debate electoral y no para dentro de ocho años.”

Martha Peña coincidió en expresar que las FARC deben darle agilidad al acuerdo de paz, pero centró su argumento en que la sociedad reclama la terminación del conflicto; en especial luego de la desconfianza que generó el último proceso de negociación, durante el gobierno de Andrés Pastrana, y de las “salidas de guerra o de tierra arrasada del gobierno anterior”, el de Álvaro Uribe Vélez.

“Entonces yo creo que las FARC deberían tener en cuenta que actualmente hay más impaciencia de la sociedad colombiana para decir que hay que parar la guerra y cesar las confrontaciones. Yo creo que eso –alargar el proceso- no es positivo”, aseguró la socia del IPC.

Confrontación armada en Colombia

Uno de los principales reclamos de la sociedad civil, especialmente de quienes sufren con más fuerza el rigor de la guerra, es que las partes cesen la confrontación armada. Sin embargo, el acuerdo entre el gobierno y las FARC fue contemplado para pactar en medio del conflicto.

El presidente Santos reconoció desde un principio que las hostilidades de la guerrilla podrían incrementarse y, a la vez, aseguró que las acciones militares del Estado no cesarán. Por su parte, la guerrilla ha intensificado sus ataques en varios departamentos, principalmente en Cauca, Valle y Chocó.     

Por eso, Gonzalo Medina partió de que la relación entre guerra y paz “no es excluyente ni opuesta. Muchas veces cuando se habla de paz es cuando más se intensifica la guerra o, viceversa, cuando más agudizada la guerra es cuando surge con mayor claridad la posibilidad de una solución negociada.”

Desde este punto de vista, el politólogo no se hace muchas ilusiones, porque existe la posibilidad de que las hostilidades se mantengan o se prolonguen. “Hay ocasiones, cuando existe un punto de discusión en una agenda, en que la manera de hacer sentir esa tensión no es propiamente en la mesa de diálogo sino fuera de ella,  por ejemplo en el campo a través de acciones armadas.”

Por su parte, Martha Peña es partidaria de las solicitudes del movimiento por la paz para el cese de hostilidades. Por eso ella opinó que “es lamentable que ese proceso se esté desarrollando en medio de una confrontación y de los anuncios de que esa confrontación no va a cesar.”

Sobre esta situación, Jaime Landaeta aseguró que los colombianos “tenemos que acostumbrarnos a una negociación en medio del conflicto aunque no sea lo ideal.” Según el analista, si el problema de las hostilidades se pone en el centro del debate, se podría perder de vista el núcleo del proceso que es: la agenda de paz previamente acordada.

“O sea lo que vamos a solucionar es la confrontación y eso lo solucionamos con una agenda, con unos puntos, con unos programas bien construidos y no únicamente diciendo que cesen los fusiles”, aclaró el ex asesor de paz.

Retomando la posición de Landaeta, vale concluir que la sociedad civil debe rodear esta negociación y participar en la construcción de propuestas para que exista un cese al fuego definitivo en el conflicto armado colombiano y comience así el camino de la paz y la reconciliación.

Un cómico y fragmentado debate de seguridad

Cómico, fragmentado y a ratos caldeado, resultó el debate de seguridad realizado en el Concejo de Medellín el pasado 9 de noviembre. Tal vez fue por el señor bigotudo, de poncho y sombrero, que aplaudía y elogiaba a gritos a quienes hablaban con verraquera; o por los crudos y burlescos señalamientos de algunos ediles contra el secretario de seguridad y el personero municipal; o incluso por frases poco célebres, como la del concejal que prefiere “menos muertos y más extorsiones.” 

Aún en medio de ese ambiente, los diagnósticos fueron sensatos y dieron cuenta de una ciudad que requiere intervenciones integrales y que continúa afectada por los homicidios, las extorsiones, el desplazamiento, los hurtos y los grupos armados que se disputan el territorio y las rentas ilegales. Incluso los más reflexivos se refirieron a la pérdida de valores, la falta de oportunidades, el deterioro del tejido social y la descomposición familiar.

También hay que decir que la sesión transcurrió con cierto acomodo, dándoles prioridad a las autoridades y a los concejales y retardando la intervención de los invitados, quienes llegaron desde las nueve de la mañana y sólo pudieron hacer sus críticas hacia las cinco de la tarde, cuando ya varios ediles se habían marchado y no había casi nadie en las barras. 

Se encendió el debate

El debate sobre seguridad en Medellín empezó a enardecerse cuando comenzaron las intervenciones de los concejales. Pasado el medio día, el edil Luis Bernardo Vélez pidió la palabra para solicitar que les dieran paso a los invitados y para exigir una intervención del personero de Medellín, Rodrigo Ardila, de quien señaló tenía el derecho y el deber de presentar un informe sobre el tema de seguridad.

Ardila aceptó el llamado y en un corto recuento manifestó que la Personería viene acompañando a jóvenes y líderes sociales que tienen problemas de seguridad o vulneración de derechos humanos en las comunas 8, 10 y 13; así como en el corregimiento San Antonio de Prado.

“Como lo decía usted honorable concejal, es un deber y una misión de la Personería velar por los derechos humanos, velar por la integridad de cada uno de los ciudadanos. Por eso desde esta misión que tenemos en la Personería Municipal, y en defensa de los derechos humanos, en el incremento que se viene realizando de la inseguridad en la ciudad de Medellín, en los diferentes barrios, comunas y corregimientos, la Personería viene haciendo un acompañamiento a los líderes y jóvenes de las diferentes comunas que vienen siendo amenazados y que vienen sufriendo problemas de inseguridad”, expresó Rodrigo Ardila.

Posteriormente el concejal Luis Bernardo Vélez, aseguró que lo dejaba muy preocupado el informe del personero Ardila. “Él acompaña, pareciera que fuera un escolta. Acompaña al Limonar, a la comuna 8… Es que lo que necesitamos es un personero que asuma una función desde el Ministerio Público y no solamente acompañe, sino que nos dé cuenta a los ciudadanos de cómo está el tema de los derechos humanos en esta ciudad (…) Y nosotros –los concejales- tenemos el deber de hacer control político independientemente de sí apoyamos o no a un alcalde.”

Pero el secretario de seguridad, Eduardo Rojas, tampoco se salvó de las críticas y mucho menos de las insistentes solicitudes de algunos ediles para que renuncie a su cargo. Entre ellos el concejal Jesús Aníbal Echeverri quien le propuso que se trasladara a otra secretaría.

“Zapatero a tus zapatos. Usted no tiene el perfil ni el mando, ni la autoridad ni el carácter; yo no lo veo que usted sea un líder verraco para decirle al comandante de policía esto es por aquí… Usted  no es. Ni usted sabe el sistema cultural de los bandidos. Este debate inclusive es para hacerle un favor a usted, al alcalde, a la ciudad. (…) La presentación que hizo el general Yesid, excelente, hacia allá tenemos que ir en materia de corresponsabilidad, usted no lo hizo”, manifestó Jesús Aníbal.

Incluso el edil Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, presidente del concejo, reprochó la labor de los actuales directivos de la Vice alcaldía de Seguridad, de las Secretarías de Gobierno y de Seguridad y de la Empresa de Seguridad Urbana, aduciendo que cuando hay un problema ninguno de esos funcionarios aparece; “ninguno da explicaciones y si las da son absolutamente flojas y gagueantes.”

Además Guerra Hoyos se atrevió a ir más lejos, al criticar el perfil de Eduardo Rojas en la red social Twitter. “Usted tiene en su Twitter: Eduardo Rojas. Escarabajos, rock, chocolate y mucha tecnología, ingredientes para un buen sancocho VERDOLAGA. Pues, ¡muy light! Excesivamente light que uno ni siquiera reconozca en su cuenta de Twitter que es el secretario de seguridad de Medellín (…) Usted todavía no se la cree que es Secretario de Seguridad de Medellín, no se la cree, y lo grave es que la gente no le copia”, criticó Guerra Hoyos.

Quien en cierto modo le brindó respaldo al secretario de seguridad, pero pidiéndole más compromiso, fue el concejal Robert Bohorquez, quien manifestó: “El doctor Eduardo Rojas me parece un hombre serio, inteligente, hábil (…) Y simplemente le digo, si usted continúa en el cargo hay que untarnos más. Es muy importante hablar de los planes a futuro, las acciones ciudadanas y la tecnología que se tiene que tener, pero hay que untarnos más, tener un conocimiento de esos grupos delincuenciales y meternos hasta allá como está haciendo el general.”

De paso, Roberth Bohorquez exaltó la labor del alcalde, Aníbal Gaviria, en relación con la reducción de homicidios. “El alcalde no descansa, es un hombre que trabaja bajando el índice de homicidios en la ciudad de Medellín. Un 26% es muy alto, es una cifra demasiado alta, hay que reconocerlo. Hoy en Medellín van 1.078 homicidios, el año anterior existían 1.447. Realmente si me preguntan a mí yo prefiero tener menos homicidios y más extorsión, porque las vidas no tienen precio, son seres humanos que estamos perdiendo.”

Pero en el tema de homicidios el edil Fabio Humberto Rivera manifestó que hay una situación preocupante, pues “el 48% de las víctimas son menores de 26 años. Preocupante, que de los homicidios, 117 hayan sido cometidos dentro de la casa. (…) Y hay que estar alertas cuando las comunidades dicen en un barrio que se están entrando mucho, están atracando, están violentando las puertas, están amarrando en el baño. A eso hay que hacerle seguimiento e inteligencia señor Secretario de Seguridad y señores de la Policía.”

Fabio Humberto también expresó su preocupación porque cinco comunas de la ciudad, San Javier, El Centro, Villa Hermosa, Aranjuez y Belén, cargan con el 45% de los homicidios de la ciudad, por lo que según él requieren un mayor trabajo de la fuerza pública sin descuidar otros sectores de la capital antioqueña.

Intervención - reacción

“Tan importante está la seguridad que toda la coalición habló de seguridad y el debate lo citó la coalición. Cómo estará de grave la seguridad.” Con esta expresión irónica, empezó su discurso el concejal Juan Felipe Campuzano, cuyas declaraciones, cargadas de sarcasmo, giraron en torno al fortalecimiento de la fuerza pública y a la necesidad de acciones contundentes por parte de la administración municipal.

“No todos pensamos ni como el alcalde, Aníbal Gaviria, ni como esta administración. Ganó con un 33% de los votos. Hay otro 67% que no le creemos y que necesitamos seguridad. Y no pa` mañana ni pa` dentro de 15 días, sino pa` ya. No que dependen del enfoque del debate, claro eso depende del enfoque: cuántos cargos burocráticos tengo y ese es el enfoque que le damos aquí”, aseveró Campuzano.

Además el edil también criticó los presuntos nexos de algunos políticos con delincuentes. “Mis enemigos son absolutamente los mismos enemigos de todos, los narcotraficantes, los homicidas, los criminales… La única diferencia que hay aquí es que yo no estoy dispuesto ni a escucharlos ni a coexistir con ellos. Yo no tengo nada que hablar con bandidos, ni como ciudadano ni como político. Y no entiendo porque hay políticos que se empeñan en escuchar bandidos, en someterse a bandidos y en generarles oportunidades.”

La intervención de Campuzano despertó la reacción del edil Jefferson Miranda, quien luego de hablar sobre la necesidad de estrategias integrales para la comuna 13, defendió al secretario Eduardo Rojas, refiriéndose con ironía a su compañero.

“Yo si quisiera de entrada decirle al secretario de Seguridad, aquí el problema no es de sí es usted o Pedro. Vea ahí podemos poner hasta a Campuzano… no le interesa, quiere ser alcalde, pero no le interesa por el momento”, señaló Miranda.

Más adelante, el edil Jefferson volvió a dirigirse a Campuzano, reprochándole la forma cruda como se refirió a la seguridad en Medellín. “Es que es así de sencillo, Campuzano el día que usted sea alcalde, si va a ser alcalde, lo que está diciendo hoy va a afectar esta ciudad que usted va a querer internacionalizar para la economía de esta ciudad.”

Para concluir sus reproches, el concejal Miranda expresó: “Yo sí creo y le apuesto siempre a modelos en los que el Estado sea el único que tenga el control total de las armas y que no avancemos en esos discursos radicales que permiten que los ciudadanos busquen armarse y que los ciudadanos o ataquen al Estado o busquen apoyarlo desde el paramilitarismo.”

En respuesta, el edil Juan Felipe Campuzano manifestó que “el problema del desarme es que se desarman los buenos” y  aseguró que en el hipotético caso de que algún día sea alcalde de Medellín, no se gastará “un solo peso internacionalizando y pintando la fachada de una ciudad que por dentro está podrida.”

Una mañana adormilada

Pero el debate no fue candente todo el tiempo. De hecho la mañana transcurrió en medio del letargo que suelen causar la presentación de balances de resultados y de planes de acción de las autoridades locales.

El primero en intervenir fue el secretario de seguridad, Eduardo Rojas, quien se refirió a la estrategia de trabajo que desarrolla su dependencia, de acuerdo con el plan de desarrollo, e hizo un especial énfasis en la importancia de las cámaras de vigilancia para combatir la delincuencia.

El funcionario explicó que Medellín cuenta actualmente con 383 cámaras de seguridad, contando las 239 que tenía la ciudad, en 2011, y las 144 que han sido instaladas en 2012. Estos dispositivos han posibilitado la captura de 140 personas entre enero y octubre del presente año, reveló Eduardo Rojas.

El secretario de Seguridad también destacó el importante aporte de 32 mil millones de pesos que la administración municipal les hace a los organismos de seguridad y justicia de la ciudad, e indicó que los homicidios en la capital antioqueña han disminuido en un 26.2%. 

Por su parte el comandante de la Policía Metropolitana, general Yesid Vásquez Prada, presentó un completo balance de resultados que duró más de una hora. En su intervención el alto oficial resaltó la labor de su institución en la comuna 8, oriente de Medellín, una de las más afectadas por el conflicto en los últimos años.

En junio de este año en la comuna 8 “había 23 objetivos, hoy tenemos individualizados a 17 de esos delincuentes, capturados tenemos a 10 que ya están en la cárcel, muertos hay 2 y de recompensa sólo hemos pagado 3 millones de pesos (…) No todo es plata, esto demuestra que la ciudadanía está harta de la delincuencia”, explicó el general.

Sin embargo Vásquez Prada afirmó que la situación de violencia en Medellín, es un problema histórico, de más de 40 años, que difícilmente puede ser resuelto durante su comandancia. En ese sentido, el general también se refirió a las condiciones de inseguridad en el centro de la ciudad, donde dio a entender que además de las acciones policivas se requiere un trabajo social de fondo.

“En este problema de la prostitución infantil que hemos propuesto: crear una Unidad Permanente de Justicia, un centro de cultura, de formación, de educación. En el tema de las basuras le decía yo al señor alcalde, es un tema de reunir a unos recicladores, formarlos y capacitarlos para que eso se convierta en un ingreso para esas familias. (…) También el tema de los vendedores ambulantes, retirarlos de la calle pero dándoles una opción. Es decir, esto realmente tiene un tema social, un tema de oportunidades para todos…” Planteó el general Vásquez.

De acuerdo con el general, estas propuestas están contempladas en el plan integral de intervención del centro, que él mismo le presentó al alcalde, Aníbal Gaviria, quien le habría dado valor agregado.

Y al final hablaron los invitados

El momento de los invitados llegó mucho después de las dos intervenciones del concejal Luis Bernardo Vélez solicitando que les dieran la palabra. La primera en hablar fue Diana Barajas, directora del Observatorio de Derechos Humanos del Instituto Popular de Capacitación, quien se refirió a las amenazas contra líderes artísticos de la comuna 13.

“67 personas tuvieron que salir de la comuna como medida de protección y prevención, porque desarrollan una labor social y cultural en un territorio. En ese sentido esto tiene unas connotaciones diferentes”, expresó Barajas.

Sobre los mecanismos de protección, la defensora de derechos humanos manifestó que en Medellín no se han establecido claramente las rutas y que todo se remite al Ministerio del Interior. Por eso planteó que es necesario “formalizar, en lo local, los protocolos para la atención de este tipo de casos y prever situaciones como éstas que son de tipo colectivo.”

La investigadora del IPC advirtió además que en la comuna 13 se podría iniciar un desplazamiento gota a gota y reveló que aunque los líderes solicitaron puestos de vigilancia y patrullajes constantes en varios sectores, esas medidas aún no se han hecho efectivas en algunos lugares.

Para superar la problemática de seguridad en la comuna 13, así como en otras zonas de la ciudad, Diana Barajas planteó que es indispensable atender los problemas de exclusión, empezar a trabajar con las nuevas generaciones de niños y jóvenes y recuperar la legitimidad del Estado.

“La gente no denuncia porque le tenga miedo a los combos únicamente, también le tiene miedo a la institucionalidad que hay allá, porque no es un Estado legítimo el que está en la comuna 13. Ahí hay un problema muy grande, que el Estado recupere su legitimidad y que llegue con una presencia diferente a la militar”, concluyó Barajas.

Por su parte, Julián Marín, líder juvenil de la comuna 13, planteó que la seguridad debe humanizarse y no debe ligarse únicamente a la presencia de la fuerza pública. “En el tema de la seguridad se debe entender que, territorial y poblacionalmente, es diferente hablar de seguridad para las y los jóvenes, para los niños y niñas, para las mujeres y para la comuna 10 ó la 13 ó la 1.”

Además Julián Marín refirió una débil actuación por parte del personero de Medellín, Rodrigo Ardila. “El personero sabe de algunas situaciones de amenazas y de atropellos por parte de la fuerza pública, particularmente el 22 de octubre, un día después del asesinato de dos policías en El Salado, parte alta, pero eso no se discute en estos espacios, eso es un tema vedado. Además el personero también se comprometió con plantear un pronunciamiento público sobre esta situación y hasta el momento seguimos esperando.”

Entre tanto, la intervención de Fernando Quijano, director de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (CORPADES), estuvo centrada en el peligro que representa la presencia de la banda criminal Los Urabeños en Medellín y el Valle de Aburrá.

“Estamos hablando de una organización militar, con una composición de ex policías, ex miembros del ejército, ex guerrilleros, ex paramilitares y paramilitares que dejaron guardados en la reserva para después surgir nuevamente. Estamos tratando con una estructura que tiene una logística peligrosa, en crecimiento; controla puertos, aeropuertos, golfos y tiene alianzas con los carteles de la droga mexicanos”, explicó Quijano.

El director de CORPADES también hizo una grave denuncia acerca de la forma como las estructuras criminales han cooptado una parte de la institucionalidad de Medellín. “Lla nómina paralela sí existe y está metida en este asunto. Y la nómina paralela se llama un sector, no toda la policía, no todo el ejército, no toda la institucionalidad, sino un sector que está pagado por la mafia.”

La conclusión de Fernando Quijano fue tajante y dejó una clara inquietud sobre la real problemática de seguridad y criminalidad en Medellín: “Ese sector -cooptado por la mafia-  es el que no ha dejado que esto, realmente, tenga solución.”

Congresista estadounidense preocupado por agresiones a raperos de Medellín

En una carta dirigida al alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria Correa, el congresista estadounidense James P. McGovern, expresó su preocupación por la situación de los líderes juveniles y comunitarios de la comuna 13 de Medellín y por los hechos violentos en la comuna 8. El representante del partido Demócrata pidió medidas efectivas de protección para que los jóvenes “sigan siendo capaces de hablar y actuar libremente.”

La carta fue enviada con copia al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, al director de la Unidad Nacional de Protección, Andrés Villamizar, y al gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo Valderrama.

En la misiva, James P. McGovern, congresista por el estado de Massachusetts, condenó el asesinato de Élidar Varela, El Duke, ocurrido el pasado 30 de octubre, así como el de otros raperos de la ciudad; expresando que no deben quedar en la impunidad y que los autores de estos crímenes deben ser llevados ante la justicia.

“Yo respetuosamente le pido que utilice sus buenos oficios para facilitar y llevar a cabo, con urgencia, medidas de protección necesarias en estrecha coordinación con ésta misma comunidad amenazada y jóvenes líderes”, le solicitó McGovern al Alcalde de Medellín.

El congresista norteamericano le recordó al mandatario, Aníbal Gaviria, que en agosto de 2011 tuvo el honor de visitar procesos culturales y sociales en las comunas 13, 8 y 5, donde se reunió con líderes comunitarios y con organizaciones religiosas y de derechos humanos.

“Me pareció una experiencia profundamente conmovedora e inspiradora, un modelo de resistencia de las comunidades, la creatividad y el liderazgo no violento”, reveló McGovern; quien agradeció el acompañamiento, en ese momento, de la iglesia católica, el Instituto Popular de Capacitación (IPC), la Fundación Mi Sangre, el YMCA / AJC, Son Batá, La Elite y Jaime Fajardo Landaeta, como representante de la Alcaldía.

Refiriéndose a las amenazas de ungrupo armado contra los integrantes de La Élite y Son Batá, quienes salieron temporalmente de la comuna 13 como medida de protección, McGovern les pidió al Alcalde de Medellín y a otras autoridades colombianas que establezcan medidas de protección con las personas afectadas, “para que puedan regresar a sus hogares y continuar con su valiosa labor.”

El congresista norteamericano también expresó su preocupación por “la continua escalada de violencia en la Comuna 8” y agregó que el conflicto en las comunas 13, 8 y 5 es una problemática histórica que requiere nuevas estrategias para solucionarlo.

“La resolución de las cuestiones más amplias que enfrentan estos barrios requiere un nuevo nivel de capacidad de respuesta y medidas de protección, conforme a lo solicitado por los líderes locales amenazadas y las organizaciones comunitarias y las inversiones sostenibles en materia de salud, instituciones culturales y recreativas ubicadas en estos barrios”, recomendó McGovern.

Al finalizar la carta, el congresista estadounidense manifestó su deseo de reunirse con al mandatario de Medellín para discutir con profundidad estos temas, y que mientras eso ocurre espera una respuesta del alcalde, Aníbal Gaviria, “sobre estas peticiones y preocupaciones urgentes.”

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Amenazan a raperos de la comuna 13

Ni 10 años de resistencia pacífica ni canciones con mensajes de paz, han bastado para que los grupos armados dejen fuera del conflicto a los raperos de la comuna 13 de Medellín. Nuevamente, y cuando apenas terminaban de despedir a su compañero Élider Varela, los hoppers de esta comuna fueron agredidos por los violentos. La amenaza fue de muerte y la profirió un combo del barrio El Salado; al parecer porque se sintió retado durante el homenaje de despedida a El Duke.

El asesinato de Élider ocurrió en la madrugada del 30 de octubre y sólo dos días después, el viernes 2 de noviembre, presuntos integrantes de un combo interceptaron a un joven y lo señalaron de haber participado en la realización del video documental “La Furia de las Pandillas”, en el cual aparecen de forma explícita algunos miembros de grupos ilegales. Este clip, que  permanecía inédito, fue proyectado durante los actos fúnebres de El Duke.

Luego de interrogar al adolescente, los agresores manifestaron la disposición de asesinar a los raperos de La Élite y Son Batá, que estuvieran en sus territorios. “En ese momento nos toca reunir a nuestros chicos, a nuestra gente, a nuestras familias… Y contarles sobre la amenaza para hacerla pública en el ámbito comunitario”, expresó John Jaime Sánchez, hopper de Son Batá.

Además del interrogatorio a este joven, a quien acusaban de pertenecer a Son Batá como si se tratara de un crimen, los agresores amedrentaron a otros adolescentes o a sus familiares. Según el relato de John Jaime, “el mismo viernes otro chico que iba a estudiar al colegio Eduardo Santos es bajado del taxi y golpeado por ellos mismos tratando de decirle que es de Son Batá. Luego el sábado dos chicos van a la casa de dos compañeras a buscarlas. Ellas no estaban y les dejan el mensaje con la mamá.”

Fue entonces cuando 60 miembros de ambos colectivos musicales decidieron salir de la zona para proteger sus vidas y, luego de denunciar su situación ante las autoridades, se fueron a un lugar de descanso en las afueras de la ciudad. Allí pasaron el fin de semana esperando medidas de protección, por parte de la Policía y de la Alcaldía de Medellín.

La decisión de refugiarse en otro lugar, según el líder de Son Batá, fue una medida preventiva debido a la gravedad del hecho, pues aunque los hoppers siempre han tenido que lidiar con los violentos en su comuna, nunca habían dicho abiertamente que los iban a asesinar.

A pesar de eso, “vemos en esto una posibilidad y hay que decirlo: lamentablemente, nos enteramos que en esta ciudad esto pasa todo el tiempo (…) pero desafortunadamente esta ciudad no tiene aún un mecanismo, o formas, para garantizar la protección real de las personas. Con nosotros, particularmente, después de casi cinco días al parecer hay algunas medidas, al parecer, pero todavía no es real”, expresó John Jaime.

Tras pasar cinco días esperando una respuesta de la administración en materia de seguridad, pues hasta ese momento habían recibido acompañamiento de la Secretaría de Cultura pero no medidas de protección, los raperos decidieron regresar a su comunidad pese al riesgo que ello implicaba.

En parte, los jóvenes se animaron a tomar la decisión porque desde el principio la Alcaldía les pidió elaborar una propuesta para solucionar la difícil situación que enfrentan los jóvenes en la comuna 13 por culpa del conflicto entre grupos armados. Pero la estrategia de la administración para proteger al grupo de artistas aún no se concretaba.

“El alcalde quiere que le planteemos una propuesta integral, no solamente hablemos de seguridad, sino de una propuesta integral, y no solo para la comuna 13 sino para esta ciudad, pues es la gran posibilidad para que nos sentáramos todos con cabeza fría a trabajar ese fin de semana. Por eso decidimos salir de la comuna e irnos a un lugar a trabajar esa propuesta”, explico el hopper de Son Batá.

La posibilidad de plantear una estrategia llenó de positivismo y expectativa a estos raperos, pero lo real es que mientras exista la amenaza sus vidas continuarán en peligro. De acuerdo con un balance general de identificación de riesgo, hecho por organizaciones de Derechos Humanos con jóvenes del sector, aproximadamente 110 personas tienen algún nivel de riesgo. De éstas, “16 tienen riesgo inminente porque son líderes visibles y muy representativos que en este momento no pueden retornar a la comuna.”

Sobre la situación de estos jóvenes, la vicealcaldesa de Cultura y Educación, Claudia Restrepo, manifestó que “particularmente en este momento estamos haciendo los estudios de riesgo de algunos de ellos, no de todo el grupo sino de algunos que se han planteado de manera coyuntural en esta situación y estamos trabajando de cara a hacer un plan integral en la comuna con todos los jóvenes.” Finalmente la funcionaria agregó que habrá una revisión estructural para fortalecer los procesos culturales y sociales.

Mientras eso ocurría, el Instituto Popular de Capacitación y la Corporación Jurídica Libertad, organizaciones no gubernamentales, adelantaron gestiones ante la unidad Nacional de Protección (UNP) solicitando medidas de urgencia para estas 16 personas. Respondiendo a esta petición, la unidad anunció que ya avanza el estudio de dichas solicitudes. 

Efectivamente las agresiones contra los raperos de la comuna 13 han sido muchas y aunque constantemente han venido exigiendo mayores garantías, los recientes hechos demuestran que lo que se haya hecho hasta ahora no ha sido suficiente.

En el camino han sido asesinados Alejandro Serna Correa, conocido como Muletaz; Luis Álvaro Pacheco Medina, de la agrupación La Clika; Luis Felipe Muñoz; Héctor Enrique Pacheco Marmolejo; Andrés Medina, del grupo Son Batá; Marcelo Pimienta Sánchez, McChelo; David Fernando Romero Galindo, El Gordo, de Esk-lones; Daniel Alejandro Sierra, Yhiel; y Élider Varela, El Duke.

Estas muertes, que ocurrieron en diferentes momentos y por distintas situaciones, reflejan la vulnerabilidad de los raperos y, en general, de los jóvenes de la ciudad frente a la violencia. De ahí que los hoppers pidan medidas integrales, según afirmó el artista Jeison Castaño, Jeihhco, del colectivo La Élite. Este Hopper expresó que la solución debe partir de una estrategia completa que no sólo incluya la militarización.

“El asunto es integral, lo hemos propuesto en muchas ocasiones. El asunto también va en el tema de educación y de cambiar los referentes que tienen los barrios. (…) Desde ahí queremos que la intervención y las políticas públicas que se hagan en esta ciudad sean apoyadas por el gobierno nacional. Porque yo quiero reiterar que el gobierno local tiene una responsabilidad pero hay otros actores en este país que también tienen responsabilidad en lo que está pasando en la ciudad”, expresó el líder musical.

Si algo tienen claro los hoppers, es que la salida a sus problemas debe comprometer a toda la sociedad y que, a pesar de la violencia, seguirán creyéndole a la vida, porque “los raperos somos arte, música, vida y paz”, aseguró Jeiihco.

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