jueves, 15 de noviembre de 2012

Congresista estadounidense preocupado por agresiones a raperos de Medellín


En una carta dirigida al alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria Correa, el congresista estadounidense James P. McGovern, expresó su preocupación por la situación de los líderes juveniles y comunitarios de la comuna 13 de Medellín y por los hechos violentos en la comuna 8. El representante del partido Demócrata pidió medidas efectivas de protección para que los jóvenes “sigan siendo capaces de hablar y actuar libremente.”

La carta fue enviada con copia al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, al director de la Unidad Nacional de Protección, Andrés Villamizar, y al gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo Valderrama.

En la misiva, James P. McGovern, congresista por el estado de Massachusetts, condenó el asesinato de Élidar Varela, El Duke, ocurrido el pasado 30 de octubre, así como el de otros raperos de la ciudad; expresando que no deben quedar en la impunidad y que los autores de estos crímenes deben ser llevados ante la justicia.

“Yo respetuosamente le pido que utilice sus buenos oficios para facilitar y llevar a cabo, con urgencia, medidas de protección necesarias en estrecha coordinación con ésta misma comunidad amenazada y jóvenes líderes”, le solicitó McGovern al Alcalde de Medellín.

El congresista norteamericano le recordó al mandatario, Aníbal Gaviria, que en agosto de 2011 tuvo el honor de visitar procesos culturales y sociales en las comunas 13, 8 y 5, donde se reunió con líderes comunitarios y con organizaciones religiosas y de derechos humanos.

“Me pareció una experiencia profundamente conmovedora e inspiradora, un modelo de resistencia de las comunidades, la creatividad y el liderazgo no violento”, reveló McGovern; quien agradeció el acompañamiento, en ese momento, de la iglesia católica, el Instituto Popular de Capacitación (IPC), la Fundación Mi Sangre, el YMCA / AJC, Son Batá, La Elite y Jaime Fajardo Landaeta, como representante de la Alcaldía.

Refiriéndose a las amenazas de ungrupo armado contra los integrantes de La Élite y Son Batá, quienes salieron temporalmente de la comuna 13 como medida de protección, McGovern les pidió al Alcalde de Medellín y a otras autoridades colombianas que establezcan medidas de protección con las personas afectadas, “para que puedan regresar a sus hogares y continuar con su valiosa labor.”

El congresista norteamericano también expresó su preocupación por “la continua escalada de violencia en la Comuna 8” y agregó que el conflicto en las comunas 13, 8 y 5 es una problemática histórica que requiere nuevas estrategias para solucionarlo.

“La resolución de las cuestiones más amplias que enfrentan estos barrios requiere un nuevo nivel de capacidad de respuesta y medidas de protección, conforme a lo solicitado por los líderes locales amenazadas y las organizaciones comunitarias y las inversiones sostenibles en materia de salud, instituciones culturales y recreativas ubicadas en estos barrios”, recomendó McGovern.

Al finalizar la carta, el congresista estadounidense manifestó su deseo de reunirse con al mandatario de Medellín para discutir con profundidad estos temas, y que mientras eso ocurre espera una respuesta del alcalde, Aníbal Gaviria, “sobre estas peticiones y preocupaciones urgentes.”


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martes, 13 de noviembre de 2012

Amenazan a raperos de la comuna 13


Ni 10 años de resistencia pacífica ni canciones con mensajes de paz, han bastado para que los grupos armados dejen fuera del conflicto a los raperos de la comuna 13 de Medellín. Nuevamente, y cuando apenas terminaban de despedir a su compañero Élider Varela, los hoppers de esta comuna fueron agredidos por los violentos. La amenaza fue de muerte y la profirió un combo del barrio El Salado; al parecer porque se sintió retado durante el homenaje de despedida a El Duke.


El asesinato de Élider ocurrió en la madrugada del 30 de octubre y sólo dos días después, el viernes 2 de noviembre, presuntos integrantes de un combo interceptaron a un joven y lo señalaron de haber participado en la realización del video documental “La Furia de las Pandillas”, en el cual aparecen de forma explícita algunos miembros de grupos ilegales. Este clip, que  permanecía inédito, fue proyectado durante los actos fúnebres de El Duke.

Luego de interrogar al adolescente, los agresores manifestaron la disposición de asesinar a los raperos de La Élite y Son Batá, que estuvieran en sus territorios. “En ese momento nos toca reunir a nuestros chicos, a nuestra gente, a nuestras familias… Y contarles sobre la amenaza para hacerla pública en el ámbito comunitario”, expresó John Jaime Sánchez, hopper de Son Batá.

Además del interrogatorio a este joven, a quien acusaban de pertenecer a Son Batá como si se tratara de un crimen, los agresores amedrentaron a otros adolescentes o a sus familiares. Según el relato de John Jaime, “el mismo viernes otro chico que iba a estudiar al colegio Eduardo Santos es bajado del taxi y golpeado por ellos mismos tratando de decirle que es de Son Batá. Luego el sábado dos chicos van a la casa de dos compañeras a buscarlas. Ellas no estaban y les dejan el mensaje con la mamá.”

Fue entonces cuando 60 miembros de ambos colectivos musicales decidieron salir de la zona para proteger sus vidas y, luego de denunciar su situación ante las autoridades, se fueron a un lugar de descanso en las afueras de la ciudad. Allí pasaron el fin de semana esperando medidas de protección, por parte de la Policía y de la Alcaldía de Medellín.

La decisión de refugiarse en otro lugar, según el líder de Son Batá, fue una medida preventiva debido a la gravedad del hecho, pues aunque los hoppers siempre han tenido que lidiar con los violentos en su comuna, nunca habían dicho abiertamente que los iban a asesinar.

A pesar de eso, “vemos en esto una posibilidad y hay que decirlo: lamentablemente, nos enteramos que en esta ciudad esto pasa todo el tiempo (…) pero desafortunadamente esta ciudad no tiene aún un mecanismo, o formas, para garantizar la protección real de las personas. Con nosotros, particularmente, después de casi cinco días al parecer hay algunas medidas, al parecer, pero todavía no es real”, expresó John Jaime.

Tras pasar cinco días esperando una respuesta de la administración en materia de seguridad, pues hasta ese momento habían recibido acompañamiento de la Secretaría de Cultura pero no medidas de protección, los raperos decidieron regresar a su comunidad pese al riesgo que ello implicaba.

En parte, los jóvenes se animaron a tomar la decisión porque desde el principio la Alcaldía les pidió elaborar una propuesta para solucionar la difícil situación que enfrentan los jóvenes en la comuna 13 por culpa del conflicto entre grupos armados. Pero la estrategia de la administración para proteger al grupo de artistas aún no se concretaba.

“El alcalde quiere que le planteemos una propuesta integral, no solamente hablemos de seguridad, sino de una propuesta integral, y no solo para la comuna 13 sino para esta ciudad, pues es la gran posibilidad para que nos sentáramos todos con cabeza fría a trabajar ese fin de semana. Por eso decidimos salir de la comuna e irnos a un lugar a trabajar esa propuesta”, explico el hopper de Son Batá.

La posibilidad de plantear una estrategia llenó de positivismo y expectativa a estos raperos, pero lo real es que mientras exista la amenaza sus vidas continuarán en peligro. De acuerdo con un balance general de identificación de riesgo, hecho por organizaciones de Derechos Humanos con jóvenes del sector, aproximadamente 110 personas tienen algún nivel de riesgo. De éstas, “16 tienen riesgo inminente porque son líderes visibles y muy representativos que en este momento no pueden retornar a la comuna.”

Sobre la situación de estos jóvenes, la vicealcaldesa de Cultura y Educación, Claudia Restrepo, manifestó que “particularmente en este momento estamos haciendo los estudios de riesgo de algunos de ellos, no de todo el grupo sino de algunos que se han planteado de manera coyuntural en esta situación y estamos trabajando de cara a hacer un plan integral en la comuna con todos los jóvenes.” Finalmente la funcionaria agregó que habrá una revisión estructural para fortalecer los procesos culturales y sociales.

Mientras eso ocurría, el Instituto Popular de Capacitación y la Corporación Jurídica Libertad, organizaciones no gubernamentales, adelantaron gestiones ante la unidad Nacional de Protección (UNP) solicitando medidas de urgencia para estas 16 personas. Respondiendo a esta petición, la unidad anunció que ya avanza el estudio de dichas solicitudes. 

Efectivamente las agresiones contra los raperos de la comuna 13 han sido muchas y aunque constantemente han venido exigiendo mayores garantías, los recientes hechos demuestran que lo que se haya hecho hasta ahora no ha sido suficiente.

En el camino han sido asesinados Alejandro Serna Correa, conocido como Muletaz; Luis Álvaro Pacheco Medina, de la agrupación La Clika; Luis Felipe Muñoz; Héctor Enrique Pacheco Marmolejo; Andrés Medina, del grupo Son Batá; Marcelo Pimienta Sánchez, McChelo; David Fernando Romero Galindo, El Gordo, de Esk-lones; Daniel Alejandro Sierra, Yhiel; y Élider Varela, El Duke.

Estas muertes, que ocurrieron en diferentes momentos y por distintas situaciones, reflejan la vulnerabilidad de los raperos y, en general, de los jóvenes de la ciudad frente a la violencia. De ahí que los hoppers pidan medidas integrales, según afirmó el artista Jeison Castaño, Jeihhco, del colectivo La Élite. Este Hopper expresó que la solución debe partir de una estrategia completa que no sólo incluya la militarización.

“El asunto es integral, lo hemos propuesto en muchas ocasiones. El asunto también va en el tema de educación y de cambiar los referentes que tienen los barrios. (…) Desde ahí queremos que la intervención y las políticas públicas que se hagan en esta ciudad sean apoyadas por el gobierno nacional. Porque yo quiero reiterar que el gobierno local tiene una responsabilidad pero hay otros actores en este país que también tienen responsabilidad en lo que está pasando en la ciudad”, expresó el líder musical.

Si algo tienen claro los hoppers, es que la salida a sus problemas debe comprometer a toda la sociedad y que, a pesar de la violencia, seguirán creyéndole a la vida, porque “los raperos somos arte, música, vida y paz”, aseguró Jeiihco.

jueves, 8 de noviembre de 2012

Veeduría cuestionó plan de desarrollo de Aníbal Gaviria



Varios cuestionamientos al actual plan de desarrollo de Medellín hizo la Veeduría Ciudadana, luego de evaluar los primeros diez meses de gestión del alcalde, Aníbal Gaviria Correa. La crítica central radicó en la carencia de indicadores, lo que dificulta el control sobre el uso de los recursos públicos y sobre los impactos que deberían tener los programas de la administración municipal.  

La dificultad con los indicadores se había evidenciado durante los debates para la aprobación del plan, en el Concejo de Medellín. Pero aunque se hicieron algunos ajustes, la hoja de ruta actual aún no contaría con las especificaciones necesarias para medir su efectividad.

“Como el plan está planteado a nivel de programas uno podría decir que puede existir una flexibilidad en el cumplimiento de las normas y, los indicadores, también permiten que haya flexibilidad en su cumplimiento”, indicó el veedor Martín Román Cárdenas, investigador de la Corporación Penca de Sábila.

Román Cárdenas aseguró que el plan de Aníbal Gaviria se raja en tres elementos fundamentales: desarrollo, seguridad y sostenibilidad. “En desarrollo porque no le apunta a la reducción de la inequidad; en seguridad porque sigue habiendo miedo y terror, lo que está pasando en las comunas 13 y 8 es un ejemplo de eso; y en sostenibilidad porque las inversiones no garantizan la sostenibilidad ambiental de Medellín, seguimos en deuda.”

Varias de las alertas de la Veeduría se hicieron sobre programas banderas de la administración como las alianzas público-privadas, el Cinturón Verde Metropolitano, el Parque Vial del Río Medellín y las 100 mil 400 soluciones habitacionales contempladas en el plan. También se cuestionó el actual proceso de reestructuración administrativa que realiza el gobierno local.

Las observaciones fueron presentadas en un acto público ante organizaciones sociales y comunitarias de la ciudad y por primera vez, en los 15 años de existencia de la Veeduría, no hubo presencia de ningún secretario de despacho de la Alcaldía de Medellín. El colectivo ciudadano lamentó esta situación y aclaró que la invitación fue enviada con antelación y por escrito a la administración municipal.

Durante el evento, la Subdirectora de Información del Departamento Administrativo de Planeación, Ana Catalina Vanegas, ofreció excusas por la ausencia del director (e) de Planeación, Rodrigo Toro, de quien dijo se encontraba en un debate en el Concejo Municipal.

Pero, a propósito del Departamento de Planeación, hay que decir que la inestabilidad de sus directivas preocupa a la Veeduría, pues en sólo 10 meses han sido cambiados tres directores de esa dependencia, según recordó Martín Román, antes de expresar sus inquietudes frente a la reestructuración administrativa.

Este proceso contiene la creación de seis vice alcaldías; la implementación de estrategias de tele trabajo, para 302 funcionarios de la administración; la creación de 567 nuevos empleos y podría generar el retiro de unos 400 empleados de las secretarías de Medio Ambiente y Obras Públicas, que se fusionarán a la de Infraestructura Física.


¿Reestructuración o burocracia?

La reestructuración administrativa, como una facultad extraordinaria que le otorgó el Concejo de Medellín al alcalde, Aníbal Gaviria, y que no estaba contemplada en el plan de desarrollo, es una potestad que llama la atención de la Veeduría, en cuanto podría tener implicaciones en la gobernabilidad de la ciudad y en el incremento de los gastos administrativos.

Frente al tema de la gobernabilidad, Martín Román planteó que hay una pregunta por la razón de ser de las vice alcaldías y por la función que van a cumplir. “Incluso la pregunta es, por ejemplo, la vice alcaldía de gestión territorial que relación va a tener con el departamento de Planeación.”

Además, Román Cárdenas planteó que esta reestructuración implicaría un aumento en los gastos de funcionamiento. “El techo es más o menos de un 40% en los gastos de funcionamiento, entonces llegar a ese 40% implica reducir presupuesto de la inversión social. La pregunta de la Veeduría es cuáles son los gastos reales de funcionamiento y eso que implica para la inversión en la ciudad.”

Por esta razón el veedor afirmó que la alerta de la Veeduría “es que la reestructuración administrativa podría ser un ajuste de cuentas burocráticas, más no responde a un modelo de desarrollo de ciudad y a una construcción de una ciudad más incluyente, sostenible y participativa.”


Desarrollo e inclusión, temas críticos:

Otras de las alertas que hizo la Veeduría Ciudadana al Plan de Desarrollo de Medellín, se enfoca en lo que esa colectividad denominó temas críticos, tales como el desarrollo y la inclusión, donde la gran deuda de los gobiernos locales sigue siendo la equidad.

De esta manera lo planteó Soledad Betancur, investigadora del Instituto Popular de Capacitación, quien expresó que “el tema de la calidad de vida y del desarrollo humano aparecen como referentes, pero la distribución de la riqueza no aparece como camino.”

Según la Soledad, aunque el índice de pobreza en Medellín ha disminuido 17 puntos, entre el 2002 y el 2011, “cuando se mira el Índice de Calidad de Vida Multidimensional, la brecha entre la comuna más pobre, El Popular, y la más rica, El Poblado, es de 45 puntos. (…) Si uno mira ese diagnóstico uno diría, los retos tienen que afectar el tema de la redistribución de la riqueza.”

Pero de acuerdo con la veedora, cuando se analizan las estrategias y los componentes relacionados con desarrollo e inclusión, en el actual plan de desarrollo, “uno ve que van a apuntar fundamentalmente a continuar bajando los indicadores de pobreza y mejorando los indicadores de la calidad de vida.”

En cuanto al tema de educación, Soledad expresó que faltarían acciones más contundentes para romper las diferencias que existen, en materia de calidad, entre las instituciones públicas y privadas. No obstante, la analista consideró que la administración hará una importante inversión en este componente que cuenta con el 45% del presupuesto, lo cual representará una inversión superior a los 3 billones de pesos.

De otro lado, la investigadora del IPC, llamó la atención sobre la estrategia de las alianzas público privadas y aseguró que la veeduría le hará un seguimiento especial a este programa bandera, particularmente en lo relacionado con EPM y el servicio de energía. La veedora manifestó que la pregunta es por el patrimonio público.

Para explicar su preocupación, Soledad Betancur recordó que EPM es una empresa pública con una cobertura del 100% en energía y con un servicio de calidad, que hace importantísimos aportes de sus ganancias al presupuesto del municipio. Por eso, no se explica por qué el plan contempla “una alianza público privada que propone entregar la energía y vender activos privados. Yo tengo una pregunta, qué está pensando el actual gobierno con respecto a la defensa de un patrimonio público como EPM.”

De acuerdo con el Plan de Desarrollo de Medellín, algunos de los sectores en los cuales se pueden desarrollar proyectos mediante alianzas público privadas son: “agua: suministro, conducción y tratamiento; residuos sólidos: recolección de plantas (…); energía: mejora en la prestación de los servicios y el aseguramiento de la oferta a largo plazo, a través de la venta de activos en el sector y la entrada de operadores privados.”


Seguridad, DH, cultura y participación

Sin duda el tema de la seguridad y la convivencia es uno de los asuntos que más preocupa a los medellinenses. Sobre este componente, el director de la Corporación Región, Max Yuri Gil, manifestó que existe un avance importante al crear una secretaria específica de seguridad, sin embargo consideró poco efectivo el enfoque tecnológico que se le está dando a esta dependencia.

Max Yuri explicó que “por ejemplo, el centro es el sitio de la ciudad con la mayor concentración de dispositivos tecnológicos, cámaras y todo, y los incidentes que ocurrieron en el centro –por las protestas de venteros ambulantes- demostraron los límites que eso tiene.”

El veedor agregó que “además la Alcaldía anunció un plan de choque para el centro de la ciudad, lo que demuestra que ni las cámaras ni el plan cuadrante, que funcionan a la perfección en el centro, son dispositivos adecuados. Pero la Alcaldía insiste en eso.”

De igual forma, el director de Región aplaudió la creación de la subsecretaria de Derechos Humanos porque según él ofrece mayores posibilidades de interlocución y debate, pero dejó claras sus inquietudes frente a otros temas como la situación de las víctimas, en el cual afirmó que se ha debilitado el enfoque y el liderazgo institucional en pro de la verdad, la justicia y la reparación.

Además “tenemos una gran preocupación por el tema de la Casa de la Memoria, que había sido un poco el emblema de construcción de dispositivos de memoria donde combinábamos la oferta institucional con la demanda de grupos de víctimas. La Casa de la Memoria ha tenido a lo largo del año muchas dificultades, la obra se ha suspendido en varias ocasiones y no hay una dirección de la Casa de la Memoria”, reclamó Max Yuri.

Por otra parte, el director de Región expresó que en el tema de participación ciudadana, es necesario mantener los avances que traía la ciudad en programas como presupuesto participativo y planeación local, pues para el veedor aún existen “dudas sobre cómo se va a articular todo el sistema de planeación con las jornadas por la vida, los planes locales, el presupuesto participativo y las reforma del Plan de Ordenamiento Territorial.”

Y por último, en el tema de cultura ciudadana, Max Yuri indicó que les preocupa la disminución de los recursos asignados para este campo e insistió en la necesidad de fortalecer acciones culturales relacionadas con la promoción de la convivencia y la construcción de valores. Además criticó el modelo de espectáculo que se le ha dado a este componente.

De esta forma lo expresó el veedor: “Hemos señalado en el pasado la preocupación que nos asiste, en cuanto a la implementación en la ciudad de un modelo de cultura ciudadana que está muy basado en el espectáculo; un poco los grandes eventos, seguir creyendo que el centro de la cultura ciudadana es traer artistas de alto renombre. Eso permite fortalecer la imagen de una ciudad globalizada y que se vende, pero va en detrimento de la construcción de otras prioridades.”

Como estas, la Veeduría hizo otras observaciones que se espera sean bien acogidas por la administración municipal con la idea de mejorar la ejecución del plan de desarrollo local, 2012-2015.

viernes, 2 de noviembre de 2012

La paz debe incluir a todos los sectores


Un eventual escenario de pos conflicto en Colombia debería garantizar soluciones para problemáticas como la tenencia de la tierra, el impacto de la minería a gran escala, la superación de la inequidad y la reparación integral de las víctimas. Estos fueron algunos de los  planteamientos, hechos por diferentes sectores de la sociedad civil, durante el Diálogo Social y Político por la Paz – Antioquia Habla, realizado en el recinto de la Asamblea Departamental.

De fondo, el mensaje fue el de construir una paz participativa e incluyente, que tenga en cuenta a los sectores más vulnerables de la población y atienda de las necesidades históricas de la ruralidad colombiana. Una paz que se extienda a todo el país, resolviendo las dificultades coyunturales de cada región y comunidad.

“La salida negociada del conflicto es nuestra apuesta, pero sin condiciones.” Con ese planteamiento Ángela Salazar, representante de la Mesa Departamental de Víctimas de la Sociedad Civil, expresó la necesidad de que el proceso de paz llegue a acuerdos sólidos y de que se cumplan todos los compromisos, en especial el de revelar toda la verdad.

“En Colombia hay un fenómeno particular y es que éste el conflicto armado más largo que se ha tenido en toda América, y hemos empezado a trabajar el tema de la negociación a retazos, pero nunca se ha tocado el tema de una verdad contundente, de esa verdad histórica”, manifestó Ángela Salazar.

Además, esta líder aclaró que el compromiso no sólo debe ser de la guerrilla de las FARC, “sino también del Gobierno que, de igual forma, debe aportarle a esa verdad” y agregó que las víctimas “tener representatividad y participación en esta mesa de diálogo.”

De otro lado, William Carupio, presidente de la Organización Indígena de Antioquia (OIA), recibió con satisfacción el espacio de diálogo convocado en la región antioqueña, al considerar que es un primer paso para que la sociedad empiece a incidir en el proceso de paz exponiendo los temas que le preocupan.

En su intervención, Carupio habló sobre la necesidad de que se respeten los territorios de los indígenas, los cuales han sido utilizados como espacios de guerra por los diferentes actores armados, poniendo en riesgo la vida de los nativos.

Otra situación que preocupa al presidente de la OIA y que, según él, debería ser analizada en un escenario de pos conflicto, es la incidencia de la minería a gran escala en las comunidades indígenas.

“Cuando se habla de paz también debería incluirse la minería y la afectación que causa en los territorios indígenas”, expresó Carupio al señalar que, en varios de sus territorios, las trasnacionales y las grandes empresas mineras han venido desarrollando sus actividades sin el consentimiento de los indígenas.

Por su parte, el coordinador regional de la Asociación Tierra y Vida, Carlos Paez, declaró que ve con esperanzas el proceso entre el gobierno y las FARC, porque “creemos es que sí hay una verdadera salida negociada de paz, nosotros como reclamantes vamos a tener una oportunidad mayor de cara a la restitución.”

Sin embargo, el líder de tierras mostró su preocupación por los otros grupos ilegales, principalmente de narcotráfico y bandas criminales, que continuarían delinquiendo en el país, a pesar del proceso con las guerrillas. Por eso le hizo un llamado al gobierno, para que busque la desmovilización de todas las organizaciones armadas; “porque si se desmovilizan unos y se quedan otros, la sociedad civil sigue sintiendo y sufriendo la guerra.”

Para finalizar, Carlos Paez, destacó la importancia del espacio de diálogo regional por la paz, que se abrió Antioquia. “Es que acá está viviendo la gente que ha sido realmente afectada por estos grupos, de una y otra parte, entre el fuego cruzado. Entonces queremos que el gobierno nacional tenga en cuenta las sugerencias que hacemos nosotros como sociedad civil y como víctimas del conflicto.”

Justamente, la participación de la sociedad civil es uno de los aspectos más importantes en la construcción de una paz duradera, en un eventual escenario de pos conflicto. Así lo explicó Diego Herrera Duque, presidente del Instituto Popular de Capacitación, una de las organizaciones que convocó este espacio.

“Si el acuerdo inicial de terminación del conflicto logra llegar a feliz término, se abriría un espacio de discusión frente a las agendas de paz en el país y es fundamental que Antioquia, por la participación que ha tenido en la guerra, tenga una iniciativa política y un liderazgo para asumir este tema en un escenario posterior”, señaló el líder social.

Herrera Duque indicó que además que otra de las intenciones de este diálogo regional por la paz, es “dejar instalada la discusión frente a la posibilidad de desarrollar los concejos territoriales y municipales de paz, que están contemplados en el sistema nacional de paz desde la época del ex presidente Samper y que, pensamos, hoy son una buena oportunidad como mecanismo de interlocución entre gobierno, autoridades y sociedad civil.”


Autoridades regionales deben unirse en torno a la paz

Una alianza entre la Asamblea Departamental de Antioquia y el Concejo Municipal de Medellín para trabajar el tema de la paz, planteó el concejal de la capital Antioqueña, Luis Bernardo Vélez, quien señaló que “este asunto no es sólo de Medellín y el Área Metropolitana sino de toda Antioquia, porque la suerte de la ciudad está ligada al departamento.”

Para el concejal, “este tipo de encuentros deben servir para plantear una agenda común que ponga a conversar a Medellín con los municipios de Antioquia en pleno, al Concejo de la ciudad con la Asamblea Departamental y a los actores sociales, como las mujeres que han sido las mayores víctimas de este conflicto; los discapacitados; los indígenas y los afros...”

El edil hizo énfasis en que es necesario romper las condiciones de pobreza y desigualdad que afectan a la región, y en el general al país, para garantizar una paz duradera porque, según planteó, la guerra no termina con la dejación de las armas.

En ese sentido, Luis Bernardo apoyó la iniciativa de reactivar los concejos departamentales y municipales de paz, “que tendrían que apuntar a definir cuál es el escenario, o el campo favorable, para encontrar en la paz mucha más equidad y justicia social.”


Un balance favorable

Como una jornada muy positiva calificó el diputado Edison Muñoz Ciro, integrante de la Comisión de Paz y Derechos Humanos de la Asamblea de Antioquia, la instalación del Diálogo Social y Político por la Paz. Este fue el balance entregado por el edil:

Primero la participación de las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones de jóvenes, víctimas y mujeres, etc., enriqueció el debate y lo llenó de altura. Creo que ese fue un aspecto muy positivo.

Lo segundo es que, en general, todas estas personas manifestaron: “listo que realicen la negociación con la agenda pactada, pero que se reconozca la necesidad de reconocer los derechos de las víctimas y de repararlas integralmente.”

Tercero salió la propuesta del concejal –Luis Bernardo Vélez- de realizar una acción conjunta entre Concejo y Asamblea. Bienvenido eso.

Lo cuarto es que ya recibimos una comunicación del gobierno nacional donde reconocen el evento y nos piden que les informemos y participemos. Ese era uno de los objetivos, integrarnos al proceso nacional.

Y quinto, la voluntad de la asamblea de pronunciarse ante el gobierno nacional y de darle continuidad a este proceso.

A mí me pareció que fue muy positivo lo que logramos, fue estratégico, tomamos un liderazgo a nivel nacional como departamento y le dimos toda la relevancia a las organizaciones de la sociedad civil.


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jueves, 1 de noviembre de 2012

Hasta cuándo ver caer, despedida al hopper El Duke

Con el estribillo "Hasta cuándo ver caer, hasta cuándo ver morir"
familiares y amigos despidieron al rapero Élider Varela, El Duke,
baleado en la madrugada del 30 de octubre en la comuna 13, 
occidente de Medellín

Una a una, se encendieron las velas en las afueras de la iglesia del barrio El Salado, 
donde El Duke fue reconocido como un gestor cultural que, a través del Hip Hop, 
alejó a los jóvenes de los grupos armados y envió  mensajes de paz. 
Élider fue líder de la Red de Hip Hop La Élite y educador de la Escuela de Hip Hop Kolacho.

Las luces iluminaron los rostros de los asistentes quienes, desconcertados,
 trataban de entender por qué la violencia les había arrebatado a otro hopper 
de la comuna San Javier. Con la muerte de El Duke ya son siete los raperos asesinados, 
en los últimos tres años, en la comuna 13 .

Un hombre alto, de tez blanca y cabello largo, que fuma un cigarrillo, 
exhala una bocanada de humo. Cerca de él una mujer llora inconsolable. 
La muerte de Élider, padre de dos niñas de 2 y 4 años, 
es la pérdida de un familiar, un esposo, un hermano,  un amigo y un líder. 
Todo se conjuga  en la ausencia de otro habitante que luchó por paz 
pero tristemente cayó indefenso ante la violencia.

¡Vocación! Decía La canción de Hip Hop, que sonaba de fondo,
 para rendirle homenaje a Élider con su propia música. Algunos cantaban y 
otros tarareaban pero la mayoría simplemente permanecían en silencio, 
buscando esa paz que desapareció en la madrugada 
cuando las balas cegaron la vida de El Duke. 
Esa paz que a veces se convierte en desesperanza y que siempre es una urgencia 
para los habitantes de Medellín y para miles de colombianos 
que viven atrapados en medio del conflicto.  

¿Hasta cuándo ver caer? ¿Hasta cuándo ver morir? 
El viento amenaza con apagar las velas, 
algunas ahogan sus luces hasta convertirse en una diminuta llama azul. 
Incluso algunas, como Élider, se extinguen, 
no sin antes dejar un legado y un recuerdo armonioso entre quienes lo conocieron. 
Otras, la mayoría, renacen y alumbran con más fuerza, 
siempre tratando de imponerse sobre ese viento frío que suele traer la muerte.


Una a una, como fueron encendidas, las luces se fueron apilando en frente de la iglesia. 
Desde allí siguieron iluminando la tristeza, pero también matizaron el dolor con fortaleza, 
la misma que han tenido los habitantes de la comuna 13 
en tantos momentos difíciles como éste cuándo,
 más que antes, necesitan el apoyo de toda la sociedad.

En memoria de Élider Varela, El Duke
Foto: Mincultura

martes, 30 de octubre de 2012

En Antioquia se habla de paz


La esperanza de una solución negociada al conflicto colombiano, encarnada en el acuerdo de negociación entre el gobierno y la guerrilla de las FARC, alienta cada vez más el deseo de la sociedad de participar en la construcción de la paz. En Antioquia, esa aspiración se condensó en la propuesta de realizar un diálogo que convoca a los gremios, a las organizaciones sociales, a la clase política y a la ciudadanía en general.

El Diálogo Social y Político por la Paz – Antioquia Habla, tendrá lugar el 31 de octubre en el recinto de la Asamblea de Antioquia entre las 9:00 de la mañana y las 12:30 del día. El encuentro es organizado por la Comisión de Paz y Derechos Humanos de la Asamblea Departamental con el apoyo de varias organizaciones sociales, entre ellas la Corporación Nuevo Arco Iris y el Instituto Popular de Capacitación.

“El objetivo es apoyar el proceso de paz, pero sin ponerle ningún punto adicional a la agenda, porque se reconoce que ya hubo un paso muy importante que dieron -el gobierno y las FARC- y requerimos que firmen ese acuerdo, para que en la etapa de pos conflicto haya una verdadera reparación integral a las víctimas y se incluya significativamente a la sociedad civil”; expresó el diputado Edison Muñoz Ciro, integrante de la Comisión de Paz y Derechos Humanos de la Asamblea de Antioquia.

El edil del partido Verde, agregó que en este espacio se van a “mirar las distintas posiciones que planteen los sectores invitados, sobre la necesidad de la paz, el costo económico, las implicaciones, la necesidad de que las víctimas sean incluidas y la necesidad de que la sociedad civil sea promovida; pero todo en el marco del pos conflicto.”

Y es que la paz sólo se empezará a construir cuando exista un acuerdo de cese al fuego, con base en los puntos de la agenda de negociación. Así lo planteó el director de la Corporación Nuevo Arcoiris, Alfredo Aguirre López.

“…Ahí ellos no van a firmar la paz, sino un acuerdo de cese al fuego sobre unas premisas importantes que están contenidas en el acuerdo. Pero la paz es la que empezamos a construir después de que ese acuerdo se firme y esa paz es la que tenemos que construir los integrantes de las organizaciones sociales y la sociedad civil conjuntamente con el gobierno”, manifestó el director de Nuevo Arcoiris.

Para avanzar en ese propósito, las organizaciones sociales insisten en la reactivación del concejo departamental y los concejos municipales de paz, con el ánimo de preparar a las comunidades y a las autoridades civiles para una época de pos conflicto. 

“De tal manera que podamos reforzar la constitución del 91 en lo que tiene que ver con participación ciudadana, en la discusión de los problemas sociales, económicos y políticos del país, así como en los problemas de la democracia; y que ahí construyamos esa agenda que se significa la reconciliación del país, después de que se firme ese acuerdo de la habana”, explicó el dirigente social.

Alfredo Aguirre agregó que “el llamado es sobre todo a las autoridades departamentales y municipales en Antioquia, para que hagamos causa común en el respaldo de esta negociación y no nos dejemos achicar por los que siguen pensando que la guerra es el mejor camino para resolver los conflictos.”

En ese sentido, José Girón Sierra, socio del IPC experto en temas de paz y conflicto, argumentó que aunque la negociación y el cese al fuego son momentos difíciles, la parte más compleja del proceso ocurre después del acuerdo.

La situación más complicada se sitúa propiamente en el periodo de tiempo que viene después de esas negociaciones, porque no solo implica la instalación en la sociedad de ese grupo de personas que estuvieron levantadas en armas (…) también es que la sociedad misma y los gobiernos se atrevan a remover las causas subjetivas y objetivas que originaron ese conflicto, para darle sostenibilidad al proceso”, explicó José Girón.

Según el socio del IPC también se debe tener en cuenta que el conflicto tiene efectos y expresiones diferentes en cada región, por eso es pertinente “que las regiones desarrollen una discusión amplia, que comprometa no sólo a los gobiernos locales sino a la sociedad misma; (…) para visualizar las implicaciones que eso tendría en la misma región, en términos de conseguir una paz estable y duradera.”

Por su parte la diputada de la Asamblea de Antioquia, Orfa Nelly Henao Giraldo, manifestó que la paz duradera no será posible si hoy no existen políticas claras sobre el futuro de los reinsertados y sobre la forma de prevenir la violencia desde la inversión social.

De ahí, la importancia de que “la sociedad civil, los gremios, las ONG´s y todas las organizaciones públicas y privadas participen en este gran proceso, porque la paz es un sueño para todos, pero se construye con participación”, afirmó la diputada conservadora.

Para Orfa Nelly Henao también es importante que el espacio de diálogo social y político que se inicia en Antioquia pueda extenderse a otros departamentos del país, porque “si acá tenemos un proceso y un trabajo de mesas de diálogo regionales, que no se tiene en todos los departamentos, no se va a lograr el objetivo, no se va a poder hablar de paz.”

En palabras de Orfa Nelly, el deseo de este proceso es “dejarles un mejor país a nuestros hijos y nietos.” Para lograrlo no basta con terminar la guerra, también se hace necesario congregar a todos los sectores de la sociedad para que aporten sus propuestas y ratifiquen su compromiso con la construcción de un país. 

PROCURAR MORIR ÚLTIMO


Por: Diana Marcela Barajas, directora del Observatorio de Derechos Humanos del IPC

Hace un par de semanas la Comuna 13 y una minúscula, pero importante fracción de la ciudadanía, se unieron para  recordar los horrores de la guerra y los días de Orión  que aún no terminan. Querían exigir verdad, el cese de la violencia, el fin de las desapariciones, el fin de la muerte…

Sin embargo, la estirpe de Ares siguió extendiendo su mano destructiva. Más muerte, más ataques, más violencia, menos libertad y menos tranquilidad se respiran por las calles de la Comuna 13. Ese es el aire que inhalan no solo los guerreros, sino también  jóvenes y mujeres obstinados con la vida y con la justicia, jóvenes y mujeres condenados a vivir bajo amenaza todo el tiempo en el mejor de los casos, porque al fin de cuentas siguen vivos.

En estas dos últimas semanas, han sido principalmente los jóvenes los blancos de la barbarie de Ares. Con un linaje que se enmascara entre la legalidad y la ilegalidad, el dios de guerra se arroja contra esos jóvenes  que se pasean por la calles de la Comuna 13 empuñando la mano de su novia, un cuaderno, una bicicleta o su arte. Ese dios de la guerra no distingue los guerreros, va por los que le apuestan a la paz.

Esta madrugada, DUKE, uno de esos obstinados que desde el arte hip hop le apostó a la paz, fue asesinado. ¡Otro más! Exclamarán algunos de los que no saben nada sobre Orión o sobre Ares y su descendencia siniestra. Entretanto, sus cómplices culturales y sociales, su familia y sus amigos experimentan una pérdida irreparable, como también esta ciudad, así no lo sepa.

Otros, seguirán exclamando ¡Basta ya! A ese grito, se debería unir el conjunto de la sociedad. Pues en una ciudad y un país como estos, la ficción de la inclusión ha hecho perder solidaridades y fraternidades a las cuales es necesario volver, porque no existen diferencias entre lo que ocurre en la Comuna 13 y lo que puede ocurrir mañana en cualquier otra comuna de Medellín. Ares está ahí, bajo la tierra y el asfalto o detrás de un escritorio o de un uniforme, levanta fuego en cualquier momento.

A esas personas de la Comuna 13 de Medellín obstinadas con la vida, a pesar de los golpes, hay que procurar morir último. Como dice el cuento de Germán Santamaría, “No es miedo a la muerte, solo es querer que estén más a la hora del triunfo”. Porque algún día tendrá que triunfar la verdad y la justicia y ahí estarán todos ustedes invictos.