Editorial por: José Girón Sierra
Socio del Instituto Popular de Capacitación, experto en temas de paz y conflicto
Cuando
el gobierno reconoció la existencia de un conflicto armado en Colombia
negado durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, una de las
implicaciones de dicho reconocimiento era por lo menos la aceptación de
que en Colombia existían actores armados que disputaban el poder y que
esa disputa se hacía por canales de la guerra no por los canales de la
legalidad. Si además de esto, el gobierno ha decidido, y lo ha sostenido
de manera vehemente, que no es posible el cese al fuego sino que éste
será una consecuencia, si a él se llega con la firma del pacto del fin
del conflicto armado entre Estado colombiano y FARC, se admite que las
acciones armadas bien sean del gobierno o de la guerrilla, al margen de
sus impactos y consecuencias, no deberían repercutir en sí mismas en el
proceso de negociación.
Sin
embargo la realidad ha sido otra. Desde el Ministerio de Defensa y con
los medios de comunicación como caja de resonancia, las acciones armadas
ofensivas y defensivas de la guerrilla han sido utilizadas no sólo para
cuestionar en general el proceso de negociación sino para
deliberadamente cuestionar a las FARC y tender un manto de incredulidad
persistente sobre lo que dicen y hacen sobre todo en su propuesta de
pactar un cese al fuego. Se da por sentado que las acciones armadas
adelantadas por el gobierno son legítimas. En el marco de una
confrontación armada como la que vive Colombia es de esperarse que el
Estado capture y dé de baja a guerrilleros y que éstos a su vez lleven a
cabo lo mismo, a nadie le podría caber en la cabeza que esto podría ser
válido para unos pero vedado para los otros. Por ello, el comunicado leído por el gobierno a raíz de los policías retenidos recientemente por las FARC, acusa una importante inconsecuencia.
Por
ello negociar en medio del conflicto es la peor de las opciones, pues la
guerra adquiere la dinámica de estar al servicio de las posiciones en
la mesa de negociación por un
lado pero, por otro, no sólo impide la construcción de confianzas tan
necesarias para los acuerdos sino que crea un terreno resbaladizo que
jalona más hacia un escenario de ruptura que de construcción y
consolidación del proceso. No dejaremos de reiterar que bajo estas
condiciones este proceso camina en el borde del abismo y en ello no hay
otro responsable sino el Gobierno.
Desde
el comienzo de estas negociaciones ni el Gobierno ni la guerrilla han
sido claros cuando de las víctimas se trata. Han sido irritantes sus
poses de víctimas. Predomina la vaguedad y la inconsistencia en
sus pronunciamientos. El gobierno elude sus responsabilidades
históricas en la génesis de éste conflicto y quiere minimizar, cuando no ocultar,
su papel en la degradación de esta guerra bajo el falso dilema de
defender a cualquier precio la moral de la tropa. La guerrilla, por su
lado, no se diferencia mucho del
gobierno, su postura frente a hechos tan significativos como el
desplazamiento y el despojo de tierras sólo deja un mal sabor y una
profunda preocupación. Que el 30% de los reclamantes de tierras acusen a
las FARC de ser responsables, según informe del Ministerio de
Agricultura, es un hecho que la guerrilla debe explicar y no escudarse
en que esto es obra de la mala propaganda orquestada por sus enemigos.
La
guerrilla necesita ser creíble, es sin duda su mayor urgencia, y para
ello debe mostrarle a la sociedad Colombia y a la comunidad
internacional sobre lo irreductible de su vocación de paz y eso exige
decisiones osadas y menos discursos cargados de ideología. Como
en su momento lo hizo el IRA, las FARC deberían, entre otras, declarar
unilateralmente un cese al fuego en acciones ofensivas y aplicar el DIH
en las acciones defensivas. Es indispensable que desde la política y no
desde la guerra, las FARC neutralice a los enemigos públicos y ocultos
de la paz.
La
iniciativa en la guerra y en la política hoy la tiene el gobierno y, en
las disputas y contradicciones al interior de la elite, podría ganar la
tesis de que es posible la derrota militar de la insurgencia. ¿Será
que la insurgencia después de todo no se aleja en nada de esta misma
tesis pero bajo la idea de que sigue siendo válida la lucha armada?
El proceso reclama transparencia. El gobierno y las FARC podrían ser víctimas ahora sí de su propio invento o estrategia,
de seguirle jugando a las inconsistencias e inconsecuencias. Ojalá sea
la cordura y la reflexión lo que prime y no la pasión y la
irracionalidad ante los nuevos e inevitables hechos de guerra.
José Girón Sierra
Enero 2013
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