Seis millones 500 mil hectáreas de tierra por
devolver, 60 reclamantes asesinados y una avalancha de solicitudes[i];
son algunas de las situaciones que generan incertidumbre sobre la posibilidad de cumplir con la
restitución de tierras en Colombia. La
magnitud de la tarea supera la vía de los procesos individuales y por eso la
Fundación Forjando Futuros y el Instituto Popular de Capacitación promueven la
ruta de las restituciones colectivas para lograr con éxito la devolución de
predios en el país.
La propuesta de Restitución Colectiva de Tierras
en Colombia, será presentada el próximo 15 de agosto en el Palacio
Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá, donde se darán a conocer los detalles
de esta iniciativa que recopiló información, municipio a municipio, en las 12
zonas de mayor despojo en el país. El estudio contiene cifras y datos puntuales
sobre los predios despojados, las personas desplazadas, el fenómeno paramilitar
y los funcionarios públicos vinculados a la para política.
El interés es promover una alternativa que asegure
la viabilidad de la devolución de predios, porque las dos organizaciones
sociales temen que el proceso de restitución termine colapsado; como ocurrió con
la Ley de Justicia y Paz que facilitó la desmovilización de los paramilitares.
Tras siete años de vigencia de esa ley, las
víctimas registradas en Justicia y Paz superan las 352 mil personas, pero hasta
la fecha sólo se han logrado tres sentencias en firme y siete en primera
instancia. El principal inconveniente es que los casos se han adelantado mediante
procesos individuales, desbordando la capacidad de la justicia.
Lo mismo podría ocurrir con la devolución de
predios, pues según la Unidad Especial de Restitución de Tierras se calcula que
en Colombia habría unos 360 mil casos para resolver. Y aunque el gobierno aseguró
que para el 2014 habrá 134 jueces y 60 magistrados dedicados a la restitución, seguramente
las dificultades continuarán porque, según Forjando Futuros y el IPC, cada
funcionario tendrá que conocer 2 mil 687 casos lo que hace inviable la
restitución judicial.
Por eso toma fuerza la ruta colectiva de restitución de tierras, contemplada
en el parágrafo único del artículo 82 de la Ley de Víctimas, Ley 1448 de 2011. Este
parágrafo, según Gerardo Vega Medina, presidente de la fundación Forjando
Futuros, “se refiere
a la restitución en territorios vecinos, en zonas donde haya ocurrido un daño
colectivo, en una misma época y por un mismo victimario.”
Para Vega Medina esta es una de las tres rutas
que deberían priorizarse para garantizar la restitución. Las otras dos serían:
“las adjudicaciones masivas o por barrido geográfico a través
del INCODER, en las zonas de violencia generalizada o sistémica; y las
macro-restituciones gestionadas por la fiscalía ante los tribunales de Justicia
y Paz”.
De acuerdo con lo anterior, las devoluciones
colectivas podrían realizarse en las 12 zonas priorizadas por el Gobierno
Nacional, que son: Catatumbo, Magdalena, Cesar, Montes de María, Nariño,
Putumayo, Sur de Córdoba, Urabá, Bajo Cauca Antioqueño, Resto de Antioquia, Sur
del Meta y Tolima. Estas áreas representan casi el 50% del territorio afectado
por despojo o abandono forzado en el país.
Adicionalmente la propuesta de las organizaciones
sociales incluye recomendaciones para contribuir con el éxito de la restitución,
según afirmó Diego Herrera Duque, presidente del Instituto Popular de
Capacitación, quien piensa que la protección de los reclamantes de tierras es
un tema clave.
Algunas recomendaciones
para el éxito de la restitución
En materia de seguridad, Diego Herrera expresó que
se han hecho propuestas tan básicas como “la prohibición del porte de armas en
las zonas de restitución, incluso de aquellas armas que tengan salvo conducto
porque todos sabemos que en su momento las Convivir era unas instituciones
legales que favorecieron el despojo y a los actores ilegales.”
Hasta la fecha han sido asesinados 60 reclamantes y
por eso, aunque ya fue creada la Unidad de Protección del Ministerio del
Interior, Herrera Duque piensa que es necesario “mantener
una política de seguridad para las víctimas reclamantes de tierra en aquellas
zonas donde el despojo ha sido más crítico y donde se aspira a que la
restitución colectiva sea el medio más eficaz para devolver predios.”
Otra sugerencia
es que el gobierno nacional debería hacer públicos los nombres de los
políticos, empresarios o ilegales, que están o estuvieron vinculados a procesos
de testaferrato y apropiación ilícita de tierras.
Según
Herrera Duque se busca hacer público lo que hoy es privado, para que “haya mayor transparencia frente a los procesos judiciales y las investigaciones.
Digamos que para nosotros es lamentable que haya un manto de impunidad y que
mucha parte de la sociedad no conozca quiénes son realmente los que están
investigados, en qué van sus procesos judiciales y efectivamente cómo ha
operado la justicia, en estos casos, para salvaguardar a las víctimas y
garantizarles la realización de sus derechos, entre ellos el derecho a la
tierra.”
De igual forma, el líder social manifestó que el
gobierno debería fortalecer las labores de inteligencia para tratar de desenmascarar
a quienes dirigen el “aparato organizado de poder en el país. O sea que son estructuras mucho más complejas y que no es solamente
la acción detrás de quien ejecuta el acto, sino que detrás de eso hay otros
actores con mucho peso que también hacen parte de esa estructura criminal que
está entre la legalidad y la ilegalidad.”
Finalmente
Diego Herrera aseguró que la seguridad jurídica es un aspecto muy importante en
el proceso de restitución, por lo que es indispensable que la inversión de la carga de la prueba no
pierda peso como instrumento jurídico. “Un principio
fundamental es la buena fe de los despojadas, o sea hay que creerle primero a
las víctimas antes que a los victimarios o a quienes comenzaron con esa
práctica de despojo.”
Con este tipo de recomendaciones, en la propuesta
de Restitución
Colectiva de Tierras en Colombia, se espera que la devolución de
predios pueda ser una realidad y un proceso construido entre el gobierno y la
sociedad civil, para que no termine causando desesperanza entre los colombianos
y esencialmente entre las víctimas del conflicto armado.
Artículo relacionado:
[i] Cerca de 15 mil 500 solicitudes de
restitución, hasta el primer semestre de 2012, según cifras de la Unidad Especial
de Restitución de Tierras.
No hay comentarios:
Publicar un comentario