Editorial por José Girón Sierra
Socio del Instituto Popular de Capacitación
La afirmación de que la paz en Colombia se
viste de los colores de las regiones, es completamente cierta. La realidad es
elocuente: los imaginarios que al respecto se tienen en Caloto, Medellín,
Yopal, Bogotá o el Catatumbo, no son los mismos. Para quienes la confrontación
armada con la guerrilla inunda su
cotidianidad, sus demandas distan mucho de quienes en lo urbano acusan otras
expresiones de las violencias como las que se derivan de la vida intrafamiliar
y las acciones de las organizaciones urbanas que se articulan al narcotráfico y
el paramilitarismo. Podría sonar exagerado, pero para la mayoría de las ciudades capitales el
conflicto con las guerrillas es algo lejano.
Por eso hablar de la paz en general acusa una inexactitud de fondo que, aunque se
reconoce, no tiene las consecuencias debidas sobre todo cuando se habla de construir
e implementar políticas. Buena parte del fracaso de muchas políticas, pensadas
con buenas intenciones, radica en que, por un lado, se han configurado con una
mirada homogenizadora y centralista y sobre todo, han omitido las lógicas del
poder regional, siendo allí donde, muchas de ellas, se hacen exitosas o como suele
suceder, se desfiguran y pervierten. Con el afán de salirles al quite a la
corrupción y a las debilidades estructurales del Estado local, se ha venido en
una lógica regresiva de un centralismo que paraliza y profundiza las inercias
de municipios y regiones, rompiendo con toda posibilidad de legitimar esas
buenas intenciones. Es por ello que los gobernantes al no concebir que el éxito
de una política en Colombia pasa por lo regional y por entregarle al Estado local el poder y las
condiciones para el desarrollo de sus competencias con miras a hacer realidad
lo que apenas está en el papel, a la hora de los balances queden en franca deuda
y le den cabida la desilusión del lectorado y al remoquete de promeseros de turno. Mucha
responsabilidad tienen al respecto los partidos políticos que sin ningún recato
cohabitan en lo local con las clientelas
y toda gama de prácticas ilegales. De manera sintética, sin un Estado local
fuerte en sentido democrático no es posible imaginar que se llegue a buen
puerto incluida una paz duradera y sostenible.
Una ley tan decisiva para la paz en Colombia
como la ley de víctimas y restitución de tierras, es un buen ejemplo de lo que
se afirma. Abordar un tema tan complejo como el despojo de que han sido
víctimas miles de campesinos y el acercarse en grado importante a la verdad de
un conflicto, degradado en extremo, desde los escritorios bogotanos resulta una
real caricatura. Lo más grave es que en gran medida los gobiernos locales, de
manera cómoda, quieren que el gasto lo haga el gobierno central, entre otras
cosas porque esto les permite a algunos no crearse problemas con los victimarios y despojadores
que hacen parte de esa elite económica y política que elige en las escalas más
bajas del estado nacional, o simplemente, es colocar a la paz en el ámbito de
los cálculos electorales. Estas contradicciones y paradojas son a las que muy poco
se les presta atención lo cual no deja de despertar sospechas sobre los
gobiernos que parecieran ignorarlo o que simplemente se hacen los de de la
vista gorda.
En el mismo sentido, debería hacerse mención
del proceso de negociación que se adelanta con las FARC y muy probablemente con
el ELN. Resulta equivocado que, dentro de la comodidad que se mencionaba antes,
se siga pensando en el gobierno nacional y local que el tema del conflicto
armado y la seguridad es sólo de la
cuerda del Presidencia de la República.
Asombra en Antioquia el silencio que al respecto se estila en
Gobernación y Alcaldía, los gobernantes de uno de los territorios más golpeados
por el conflicto con las guerrillas, el paramilitarismo y el narcotráfico.
Según lo acordado en la Habana , se da comienzo
a unos foros sobre la agenda acordada en
torno a los cuales se presentaran las iniciativas que permitan darle forma al
pacto al cual deseamos vehementemente que se llegue. El problema no radica en
si la manija de este asunto tan crucial no la quiera soltar el Presidente
Santos, el problema es que las regiones no pueden ser un convidado de piedra
y le es obligatorio jugar un papel
destacado desde su dirigencia y sociedad civil organizada en jugársela para que
este proceso sea exitoso atendiendo a sus propias particularidades. En
Antioquia en particular, temas como el
despojo de tierras, la
democratización de la sociedad
expresada en la inclusión y una participación ciudadana eficaz, la introducción
a un tema de tanta incumbencia para Antioquia como el narcotráfico y el tema de
la seguridad urbana, asumida como un problema que va más allá de estrategias
punitivas, sería un grave error de nuestros gobernantes caer en la praxis de
que esto no es conmigo, pues el costo podría ser muy alto.
¿Por qué no crear el Consejo departamental y
municipal de paz? ¿Por qué no crear mesas paralelas a los foros que convoquen
el gobierno y guerrilla y producir propuestas e iniciativas en donde gobierno y
ciudadanía incidan en la agenda convenida?
José Girón Sierra
Diciembre 2012
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