jueves, 20 de septiembre de 2012

“Cuco Vanoy” aceptó cargos por masacres en Antioquia


El 22 de octubre de 2012 se reanudará en Medellín la audiencia de formulación de cargos al ex jefe paramilitar Ramiro Murillo Vanoy, alias “Cuco Vanoy”, extraditado en junio de 2008 a Estados Unidos. En la primera parte de la diligencia el ex comandante del Bloque Mineros de las AUC aceptó los 98 cargos formulados hasta ahora en su contra. Los hechos incluyen seis masacres en Antioquia, entre ellas las de Las Granjas, El Aro y Peque.

Las masacres en las que la Fiscalía estableció la responsabilidad de Murrillo Vanoy, ocurrieron entre 1990 y 2004, dejando un saldo de 56 personas muertas, en su mayoría señaladas por los paramilitares como auxiliadoras de la guerrilla.

“Cuco Vanoy” tiene 3 mil 522 víctimas acreditadas ante la Fiscalía 15 de la Unidad de Justicia y Paz y en total el ente acusador le formulará 192 cargos por delitos como: homicidio agravado con fines terroristas, secuestro simple, tortura, hurto calificado, desaparición forzada, creación de escuelas paramilitares y desplazamiento forzado.

A Murillo Vanoy también se le atribuye el reclutamiento de 360 menores de edad en el Bajo Cauca Antioqueño, de los cuales 35 fueron entregados al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar después de la desmovilización del Bloque Mineros.

Entre los primeros 32 hechos que aceptó “Cuco Vanoy”, en audiencia del 12 de septiembre, se encuentran cuatro masacres cometidas por hombres bajo su mando en: Puerto Bélgica, Las Juntas, La Granja y Medellín.

De acuerdo con el relato de la Fiscal 15 de la Unidad de Justicia y Paz, Patricia Hernández, la masacre de ocho personas del corregimiento Puerto Bélgica de Cáceres, Bajo Cauca Antioqueño, ocurrió el 15 de diciembre de 1990. Ese día en horas de la madrugada, 20 hombres armados irrumpieron en el comando de policía del corregimiento para asesinar al inspector, Apolinar Rivera Trespalacio, a quien señalaban de ser colaborador de las FARC.

Los paramilitares también asesinaron a la esposa y el padre del inspector, a su secretaria y al cónyuge de ésta. Tras salir del comando los hombres de Murrillo Vanoy asesinaron a otras dos personas que transitaban por la calle, acusándolas de ser auxiliadoras de la guerrilla por deambular por el corregimiento a altas horas de la madrugada.

Finalmente el grupo armado llegó hasta la casa del carnicero Bernardo Gaviria a quien también acusaron de ser colaborador de las FARC. El comerciante fue sacado de su vivienda y asesinado en la esquina de su negocio.


Prosiguiendo con la formulación de cargos, la Fiscalía argumentó la responsabilidad de “Cuco Vanoy” en la masacre de cuatro personas ocurrida en la vereda Las Juntas del municipio de Valdivia, Norte de Antioquia, el primero de abril de 1996.

Durante la incursión en la vereda Las Juntas los paramilitares, quienes se hicieron llamar “Los Mochacabezas”, retuvieron a cuatro personas que fueron torturadas y luego asesinadas. Además le advirtieron a la comunidad que acabarían con los colaboradores de la guerrilla.

De acuerdo con el relato del ente acusador, el múltiple crimen fue perpetrado por hombres de Murrillo Vanoy que tenían la misión de liberar a un hijo del empresario antioqueño, Gustavo Upegui López, al parecer secuestrado por la guerrilla.

Vale recordar que Upegui López, quien era accionista mayoritario del Envigado Fútbol Club, fue investigado en 1998 por la presunta conformación de grupos armados ilegales, pues se le acusaba de tener nexos con “La Oficina” de Envigado. El empresario fue asesinado el 3 de julio de 2006, en su finca de recreo en el municipio de San Jerónimo, Occidente Antioqueño.

La siguiente masacre, en la que la Fiscalía estableció responsabilidad de Murrillo Vanoy, ocurrió el 11 de julio de 1996 en el corregimiento La Granja del municipio de Ituango, Norte de Antioquia. Hasta este poblado del Norte de Antioquia llegaron 22 paramilitares que obligaron a cerrar los establecimientos abiertos al público y, de manera selectiva, mataron a cinco personas acusándolas de ser auxiliadoras de la guerrilla.

Una de las víctimas fue el profesor, Jairo de Jesús Sepúlveda Arias, quien fue retenido el 11 de julio. Su cuerpo apareció al día siguiente, con cuatro impactos de bala, en un paraje de la carretera que conduce de Ituango hacia Medellín.

Finalmente “Cuco Vanoy” aceptó los cargos como responsable de la masacre de cuatro personas en la Unidad Parques del Estado, contigua a la sede de la Cuarta Brigada del Ejército en Medellín. En este operativo, según la Fiscalía, habrían participado miembros de la fuerza pública, como lo declaró el ex jefe paramilitar en versión libre.

Los hechos ocurrieron el 28 de febrero de 2004. Ese día tres presuntos miembros de la Cuarta Brigada ingresaron a dicha unidad residencial y en el apartamento 916 del bloque 4 asesinaron a Fredy Hernán Berrío Torres, Oscar Peñaranda Ortiz, Rafael Arias Arias y Jesús Antonio Carvajal Mazo.

El asesinato de estas cuatro personas se habría originado porque Fredy Hernán Berrío, quien presuntamente compraba base de coca en el Bajo Cauca Antioqueño, se habría negado a pagarle una multa de 460 millones de pesos a “Cuco Vanoy”. La sanción le habría sido impuesta por sacar droga de la región, sin autorización del ex jefe paramilitar. 

El Aro y Peque

Torturas, desplazamientos, secuestros, robo de ganado y asesinatos con arma blanca o elemento contundente, son algunos de los delitos que tienen en común las masacres de El Aro y Peque, sobre las cuales “Cuco Vanoy” aceptó su responsabilidad en la audiencia del 19 de septiembre de 2012 en Medellín.

Según reportó la Fiscal 15 de la Unidad de Justicia y Paz, en la masacre del corregimiento El Aro del municipio de Ituango, Norte de Antioquia, participaron diferentes bloques paramilitares, entre los cuales había 50 integrantes del Bloque Mineros enviados por Murillo Vanoy.

En esta masacre ocurrida entre el 22 y el 31 de octubre de 1997, los paramilitares mataron a 16 personas, de las cuales algunas fueron torturadas y asesinadas con machetes o elementos contundentes. Uno de los crímenes más atroces fue el de Marco Aurelio Areiza, un comerciante de 64 años a quien, luego de asesinarlo, le cercenaron los genitales y le sacaron los ojos, según el informe de la necropsia presentado por la Fiscalía.

En la incursión al corregimiento los paramilitares también violaron a cuatro mujeres y secuestraron a 19 hombres quienes fueron obligados a arriar el ganado que les robaron a los campesinos. Además, durante la retirada, le prendieron fuego a varias viviendas del lugar. Estos hechos originaron el desplazamiento de mil 475 habitantes de El Aro, de los cuales 234 denunciaron el hurto de reses y otros bienes de su pertenencia.

Varias de estas situaciones se repitieron en la masacre de Peque, en el Occidente Antioqueño. Para esta incursión, en la que también participaron varios bloques paramilitares, “Cuco Vanoy” habría dispuesto a 800 hombres bajo su mando, comandados por Wilson Mejía Selgado, alias “Picapiedra”[i], y Roberto Vargas Gutiérrez[ii], alias “Gavilán”, entre otros.

En el relato de los hechos, la Fiscal 15 de Justicia y Paz reveló que la masacre de Peque al parecer se perpetró porque a los hermanos Castaño –fundadores de las autodefensas en Urabá- se les habían hurtado 3 mil 500 reses de sus fincas en Córdoba. Según la información de los paramilitares ese ganado habría sido robado por la guerrilla y llevado hasta Peque.

Durante la incursión paramilitar a este municipio, ocurrida entre el 3 y el 8 de julio de 2001, fueron asesinadas 10 personas, entre ellas un menor de edad; secuestrados 52 hombres fueron secuestrados y  desplazadas 2 mil 155 personas, de las cuales 34 denunciaron el hurto de ganado y bienes.

El primer homicidio ocurrió en el sitio La Meseta donde fue asesinado Joan Antonio Ortiz Tuberquia. Al día siguiente, el 4 de julio, el grupo de autodefensas ingresó al casco urbano de Peque, donde reunión a la población y seleccionó a 52 hombres que fueron utilizados para arrear el ganado. Dos de estos arrieros, un menor de edad y Carlos Alberto Oquendo, serían asesinados durante la retirada paramilitar.   

Ese día fue asesinado Francisco Antonio Higuita Higuita, quien se dirigía del corregimiento Los Llanos hacia Peque cuando interceptado por los paramilitares que lo obligaron a cargar varias maletas para luego matarlo, en el sector Las Partidas, golpeándolo con elemento contundente.

Una de las escenas más terroríficas que se vivieron en Peque, ocurrió el 5 de junio, cuando el grupo armado realizó un “pasillo de la muerte”, conformado por dos filas de paramilitares en medio de las cuales debían caminar los habitantes. Al final del “pasillo” había un encapuchado que señalaba a los presuntos auxiliadores de la guerrilla, quienes luego eran asesinados.

Ese mismo día, en la vereda Las Faldas, torturaron y asesinaron a los hermanos Reinel de Jesús y Miguel Ángel Higuita Cano, quienes fueron extrangulados. En esa misma vereda fue encontrado, el 10 de julio, el cadáver de Marcos Alberto Gómez Chavarro, que presentaba heridas de arma blanca y cercenamiento de la lengua.

Los cargos por ésta, y por las otras masacres, fueron aceptados por Murillo Vanoy durante la audiencia de formulación de cargos realizada los días 12 y 19 de septiembre en Medellín, a través de video conferencia. Esto debido a que el ex jefe paramilitar permanece recluido en una cárcel de Miami, Estados Unidos, donde purga una condena de 24 años de prisión por narcotráfico.

De acuerdo con la agenda programada por el magistrado de Justicia y Paz, Olimpo Castaño, la formulación de cargos a “Cuco Vanoy” debería terminar entre los días 22 y 23 de octubre, para iniciar con la imputación el miércoles 24 de octubre.



[i] Posteriormente cabecilla de “Los Paisas” y principal enlace de la alianza entre esa banda y “Los Rastrojos” en el Bajo Cauca Antioqueño. “Picapiedra” fue detenido en 2010 por conformación de BACRIM.

[ii] Actualmente jefe de la banda “Los Urabeños” en el departamento de Córdoba.

Guerra entre Rastrojos y Urabeños podría reactivarse en el Bajo Cauca


La detonación de un explosivo contra una vivienda y la captura de un hombre que ocultaba 71 granadas de fragmentación, revivieron el temor de algunos habitantes de Caucasia, Bajo Cauca Antioqueño, de que puedan reactivarse los enfrentamientos entre “Los Rastrojos” y “Los Urabeños”, que entre 2010 y 2011 se caracterizaron por los ataques con granadas.

Un líder civil de esa población manifestó que al parecer se rompió el pacto que desde noviembre de 2011 había entre estas dos bandas criminales y afirmó en los últimos días han ocurrido desapariciones de moto taxistas y asesinatos de personas que se niegan a pagar extorsiones.

Contrario a esto, el alcalde de Caucasia, José Nadin Arabia Abisaad, entregó un parte de tranquilidad, expresando que no existen riesgos de que se reactiven los enfrentamientos entre bandas criminales y asegurando que en su municipio no ha habido graves alteraciones del orden público.

”En el barrio Villa Granda no hubo un atentado, sucedió una cuestión aislada que sucede en cualquier municipio del mundo, o sea, una persona tiró un artefacto ahí que ni siquiera hizo daño a la vivienda ni lesionó a nadie. Hay gente loca en todas partes, son cosas totalmente aisladas a problemas de inseguridad”, explicó el mandatario local refiriéndose al explosivo que presuntamente fue lanzado contra una vivienda, el jueves 13 de septiembre.

Sobre este hecho el líder civil indicó que en la casa donde fue lanzado el explosivo “vivía la esposa de un balastrero que fue asesinado hace casi un mes en las partidas para Caracolí. Ahí también vivían la sobrina y el hijo del difunto y al parecer el atentado iba dirigido contra uno de ellos dos.”

Pero el comande de Policía del Bajo Cauca, coronel Álvaro Cardoso Díaz, informó que “no se ha podido establecer si en el barrio Villa Granda estalló una granada. Ya estableceremos que pasó, porque sí se nos hace raro que estalló y no hubo heridos.”

Sin embargo el oficial confirmó que en la región hay presencia de bandas criminales y reveló que las autoridades están realizando labores de inteligencia y planes de registro, para controlar los homicidios y el uso de armas de fuego.

Mediante estos operativos, el lunes 17 de septiembre en un hotel del centro de Caucasia, la policía capturó a un hombre que tenía 71 granadas de fragmentación, 790 cartuchos para fusil calibre 5.56 mm y dos uniformes camuflados.

De acuerdo con la información entregada por el comandante de la Regional 6 de la Institución, general José David Guzmán Patiño, el armamento pertenecía a la banda “Los Urabeños” e iba a ser “utilizado para atentar contra los integrantes de la banda criminal a la cual se están enfrentando y contra la población civil y la fuerza pública.”

El general Guzmán aclaró que el arsenal tenía como destino el Nordeste Antioqueño pues, según él, la problemática de bandas criminales se trasladó del Bajo Cauca hacia esa subregión. “Tenemos un desplazamiento de 'Urabeños' que van hacia el Nordeste donde hay una facción de 'Rastrojos'. Estos últimos se han unido con el ELN, y también con las FARC en algunos sectores, y están enfrentando a 'Los Urabeños'.”

Pero el líder civil de Caucasia aseguró que “Los Rastrojos” están tratando de ingresar al Bajo Cauca por la vía que comunica a Zaragoza con el municipio de Segovia, en el Nordeste Antioqueño. “Ellos vienen guerreando porque vea que en El Bagre, en Zaragoza y en Tarazá la cosa está delicada, y en Caucasia el problema intenta volver.”

Esta situación se habría originado porque en el Bajo Cauca se rompió el pacto de no agresión que había entre “Rastrojos” y “Urabeños”, el cual no se había consolidado en el Norte Antioqueño, donde nunca cesaron los enfrentamientos entre ambos grupos.

Marinillos dispuestos a enfrentar posible demanda de NOPCO


Alegres y satisfechos se sienten los habitantes de Marinilla, con la decisión de la Corporación Autónoma Regional Rionegro Nare (CORNARE) de negarle la licencia ambiental a la empresa de químicos NOPCO, la cual pretendía abrir una planta de producción en esa población del Oriente Antioqueño. La compañía presentará recurso de reposición y de resultar afectada en segunda instancia interpondrá una millonaria demanda contra el municipio.

De acuerdo con el veredicto de la corporación autónoma regional, la empresa “NO cumplió con la totalidad de los requisitos establecidos en los términos de referencia entregados por la Corporación, ni de los requerimientos realizados por CORNARE (…) adicionalmente la actividad NO es compatible con los usos del suelo para el sitio donde se pretende desarrollar el proyecto, (…) por lo tanto no es factible otorgar licencia ambiental para el proyecto de Industria Química NOPCO Colombiana S.A.” 

Y aunque no ocultaron que la expectativa por la decisión que tomaría CORNARE era grande, los opositores del proyecto siempre sintieron un aire de triunfalismo porque para ellos el fallo no podía ir contravía del Plan de Ordenamiento Territorial. Así lo afirmó Albeiro Ramírez, un promotor de las movilizaciones ciudadanas contra NOPCO, quien expresó que “la comunidad ha sido consciente de que en el POT, esa empresa, solamente por ser de químicos, no podía asentarse en Marinilla.”

Por esa razón los opositores no sienten temor frente la eventual demanda que podría interponer NOPCO contra el municipio de Marinilla, pues la compañía ya había edificado su planta, amparada en la licencia de construcción que le otorgó la anterior administración, y lo único que requería para entrar en funcionamiento era el permiso ambiental que debía otorgarle CORNARE.

La planta de 3 mil 235 metros cuadrados, fue construida en el sector Belén Norte y demandó una inversión cercana a los 11 mil millones de pesos. Sin embargo, la nueva administración municipal le planteó a CORNARE que no había suficiente claridad sobre la forma como se otorgó la licencia de construcción para edificar una planta de químicos en una zona urbana donde, de acuerdo con el POT, están prohibidas este tipo de industrias.

Así lo explicó el actual secretario de Planeación Municipal, Juan Fernando Gómez, quien expresó que “haciendo una revisión de la actividad industrial que tiene la empresa Nopco y haciendo la comparación con los usos del suelo, estipulados por el (POT), nos dimos cuenta que era incompatible. En este momento estamos investigando a fondo que fue lo que pasó.” 
Juan Javier Gómez, ex candidato a la Alcaldía de Marinilla, y uno de los opositores del proyecto, señaló que al parecer hubo inconsistencias cuando se le otorgó la licencia de construcción a NOPCO y reveló una situación que, para él, resulta muy extraña.

Una técnica, Martha Isabel Taborda, le entregó un documento al entonces Secretario de Planeación diciéndole que la empresa no podía estar ahí. Igualmente, en su momento, un técnico de Agricultura hizo lo mismo y, a través de un memorando, les advirtió al señor Francisco Ramírez, quien era el Alcalde, y a Adriana Tamayo, su secretaria de Gobierno, que la compañía no podía estar ahí. Curiosamente después, el 6 de septiembre de 2011, el secretario de planeación de la época le otorgó la licencia de construcción con usos del suelo para c2 –industria pesada-”, aclaró Juan Javier Gómez.

Vale anotar que con base en el código CIIU (Clasificación Industrial Internacional Uniforme) la empresa NOPCO es categoría c1, de alto riesgo ambiental, lo cual le impediría asentarse en el sector de Belén, donde se construyó la planta, porque se trata de una zona urbana en la que sólo se permiten industrias hasta la categoría c2.

El secretario de Planeación Municipal, Juan Fernando Gómez, confirmó que, en su momento, “si existieron dos observaciones técnicas que recomendaban no instalar la empresa allí”, sin embargo aclaró que se trató de documentos no formales, los cuales no ingresaron al proceso mediante el cual se expidió la licencia de construcción.

Todos los implicados en este proceso: la empresa, la Alcaldía, el Concejo Municipal y la comunidad, aportaron sus pruebas e hicieron sus denuncias ante CONARE, durante la audiencia pública que se realizó el pasado 8 de agosto, cuando cerca de tres mil personas marcharon desde Marinilla hasta la sede la corporación autónoma, en el municipio de El Santuario, para pedir que le negaran el permiso ambiental a la empresa de químicos, como efectivamente sucedió.

A través de su derecho al recurso de reposición NOPCO espera demostrar que ha cumplido con todos los requisitos, para de esa manera obtener la licencia ambiental en la decisión de segunda instancia. De ratificarse la negativa de CORNARE, la empresa evalúa la posibilidad de interponer una millonaria demanda contra el municipio.

Así lo explicó el gerente financiero de NOPCO, Carlos Santiago Díez. “El recurso de apelación que estamos estructurando para ser presentado básicamente tiene tres temas: el primero es sobre una documentación que efectivamente se presentó y que ahí dice que no se entregó, entonces vamos a comprobar que eso sí fue entregado. El segundo es que hay otra información que nunca se exigió en los requerimientos originales y que ahora están diciendo que no se entregó. Y el tercero es que se habla de que no se cumple con el POT, cosa que no es competencia de CORNARE sino que tiene que ver con el municipio de Marinilla, porque tiene que ver es con la licencia de construcción y el uso del suelo, y en ese aspecto nosotros tenemos la licencia de construcción vigente hasta julio de 2013.”

El gerente financiero de NOPCO reveló que “en este momento se está elaborando todo el plan de la demanda que se va a instaurar contra el municipio por estos hechos”, y agregó que “si dentro de todo este proceso hay lugar a una conciliación y a un acuerdo que le permita a NOPCO seguir avanzando en su proceso de operación, pues estamos dispuestos a llegar a ese acuerdo sin necesidad de llegar a las últimas instancias, si por el contrario eso no se da, pues llegaremos a las últimas instancias jurídicas.”

Frente a este anuncio el concejal de Marinilla, Félix Giraldo, evocó el adagio según el cual “lo que empieza mal termina mal.” El edil afirmó que “desde que empezaron el proceso lo hicieron mal y estos son los resultados. La misma negativa de la licencia indica que no tuvieron todos los procesos en forma. Por eso si hay una demanda contra Marinilla creo que el municipio tiene todos los argumentos jurídicos y técnicos para defenderse. Ya tendrían que proceder contra las personas que, al parecer por debajo de la mesa, les dieron los permisos.”

Para Juan Javier Gómez, la demanda de la empresa “tampoco nos preocupa porque ellos no tenían nada, simplemente tenían una solicitud y construyeron sin los permisos reglamentarios; y el hecho de que demanden no indica que van a ganar.”

Al respecto, Albeiro Ramírez manifestó que “la parte jurídica la manejan las autoridades, lo que nos corresponde a nosotros, los ciudadanos, es velar por los intereses de la comunidad y eso es lo que hemos estado haciendo. O sea que si demandan o no, eso no es culpa de nosotros, y si al pueblo le toca pagar por eso, pues las consecuencias las tendrá que sufrir quién haya participado en esta situación.” 

Asegurado ex paramilitar por homicidio de campesinos en San Rafael


Por el presunto asesinato de cuatro campesinos del municipio de San Rafael, Oriente Antioqueño, un fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH profirió medida de aseguramiento, con detención preventiva sin beneficio de excarcelación, contra el ex paramilitar José Alexander Osorio Morales, alias “Candado”, quien purga una pena de 40 años de prisión.

De acuerdo con la investigación del ente acusador, el ex integrante del Bloque Héroes de Granada de las AUC, habría participado en el asalto a una finca del municipio de San Rafael ocurrido el 24 de abril de 2004, cuando un grupo armado ató y degolló a  Evelio Henao Marín, a su esposa Enith Pineda García, a su hijo de 15 años y al administrador de la propiedad, Gilber Daza Valencia.

Por estos hechos la Fiscalía acusó a alias “Candado” de homicidio en persona protegida, en curso homogéneo y sucesivo. Actualmente Osorio Morales paga una condena en la cárcel de El Pedregal de Medellín, por los delitos de homicidio en persona protegida, desplazamiento forzado y concierto para delinquir.

Tres detenidos por el homicidio de un reclamante de Urabá


Como Rosiris del Carmen Ibáñez Rivas, Eduvigis Villar León y Luis Eduardo Echeverry Sánchez, fueron identificadas las tres personas que según la Fiscalía habrían participado en el homicidio del reclamante de tierras de Urabá, David de Jesús Góez Rodríguez, baleado el 23 de marzo de marzo de 2011 cuando salía de un centro comercial, en el suroccidente de Medellín.

Uno de los detenidos ya estaba preso en la cárcel El Pedregal, donde fue notificado de la medida en su contra, mientras los otros dos fueron capturados por las autoridades en el municipio de Necoclí, Urabá Antioqueño. A los tres una Fiscal de Derechos Humanos y DIH les imputó cargos por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir.

David de Jesús Góez Rodríguez, quien al momento de su muerte tenía 70 años de edad, fue uno de los fundadores de la asociación de reclamantes Tierra y Vida, desde de la cual lideró un proceso de reclamación junto a 120 familias que fueron despojadas de sus predios en la zona de Tulapas, municipio de Turbo.

El sector de Tulapas, donde Góez Rodríguez reclamaba la finca El Descanso cuya extensión era de 146 hectáreas de tierra, es conocido como la zona donde nació la denominada “Casa Castaño”, conformada por los hermanos Fidel y Vicente Castaño, que lideró la creación de las Autodefensas de Urabá.

Según la Fundación Forjando Futuros, David de Jesús Góez era testigo clave en procesos contra paramilitares de Urabá por casos de usurpación de predios y antes de su muerte se había desplazado a Medellín por amenazas contra su vida.

Ratificada condena a tres militares por falso positivo en Urrao


Por el homicidio de dos campesinos menores de edad, quienes fueron presentados como guerrilleros  muertos en combate, la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia confirmó la condena de 29 años y siete meses de prisión contra tres uniformados de la Cuarta Brigada del Ejército.

La decisión afecta al capitán, Jaime Alonso Pinto Colmenares, y a los soldados regulares, Carlos Mario Escudero Cano y Dixon Arturo Mena, quienes fueron condenados, en segunda instancia, por los delitos de homicidio agravado y secuestro simple agravado.

Los hechos ocurrieron el 20 de marzo de 19997 en la vereda La Loma, del municipio de Urrao, Occidente Antioqueño, donde los uniformados retuvieron de manera ilegal a dos campesinos de 15 y 17 años de edad.

Tres días después los jóvenes fueron presentados por el ejército como guerrilleros de las FARC muertos en combate, según lo estableció un Fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH.

La defensa de los uniformados había apelado la decisión de primera instancia argumentando que el Juzgado Primero Adjunto del Circuito Especializado de Antioquia no valoró debidamente la totalidad de las pruebas recaudadas. Sin embargo el Tribunal Superior ratificó la condena en segunda instancia.